Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional electa Izquierda Socialista/FIT Unidad
Mientras el reclamo por la emergencia en discapacidad crece en las calles, Javier Milei marcó un nuevo enemigo: Ian Moche, un niño de doce años con Trastorno del Espectro Autista y activista por los derechos de las personas con discapacidad. Todo comenzó cuando su mamá, Marlene Spesso, difundió en una entrevista en el streaming Gelatina los reaccionarios dichos del director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, quien, en un encuentro en 2024, les dijo que “tener un hijo con discapacidad es un problema de la familia, no del Estado” y agregó: “¿Por qué yo tengo que pagar un peaje y vos no?” Aunque Spagnuolo y el gobierno intentaron desmentirlo, estos dichos reflejan la ideología de un gobierno que sostiene que donde hay una necesidad, no hay un derecho. Pero que Milei, desde su cuenta de X, impulse una campaña de odio y persecución contra un niño de doce años demuestra lo inescrupuloso y bajo a lo que se puede llegar.
La motosierra del ultraderechista ha reducido en un 23% los fondos destinados a pensiones no contributivas por invalidez laboral para 2025 y, con la excusa de aplicar una “auditoría”, se estima que podrían darse de baja hasta 300 mil pensiones. Una persona con discapacidad que trabaja cuatro horas por día en un Taller Protegido cobra 28 mil pesos por mes. A lo que se suma el incumplimiento del cupo laboral del 4%, que apenas hoy se cumple en un 2%. Las y los acompañantes terapéuticos y otros trabajadores del sector cobran 3 mil pesos la hora, a 90 días y con un nomenclador que rige sus salarios congelado desde diciembre de 2024.
Frente a este ajuste deshumanizante, el jueves pasado se realizó una masiva movilización de personas con discapacidad, familias, en el marco de un paro de 72 horas de prestadores y trabajadores de servicios de discapacidad, que se unió con las y los trabajadores del Garrahan en el Ministerio de Salud. El principal reclamo es la emergencia en discapacidad, que finalmente se tratará en la sesión del Congreso Nacional del 4 de junio, siempre que se logre el quórum. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, su sanción implicaría una erogación de entre el 0,22% y el 0,42% del PBI. El gobierno ya deja correr que, ante una posible sanción, vetaría la ley con la excusa de que “no hay recursos”. Por eso, creemos que la lucha de los colectivos de discapacidad y sus familias, y de las y los trabajadores del sector, debe unirse al conjunto de los reclamos de la clase trabajadora, exigiendo a la CGT y a las CTA un nuevo paro nacional de 36 horas y un plan de lucha. Plata para las personas con discapacidad y sus trabajadores, no para el FMI.
