Escribe Adolfo Santos

La traición de los dirigentes de la CGT no nos sorprende. Su falta de propuestas para enfrentar el plan motosierra que viene talando derechos y conquistas, está a la vista. Ahora acaba de dar un paso inaceptable: se incorporó al Consejo que pretende llevar adelante el Pacto de Mayo.

La CGT aprobó la participación de Gerardo Martínez en la mesa armada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para debatir cómo se irán aplicando las propuestas del Pacto de Mayo. El dirigente de la Uocra, uno de los sectores más afectadas por el ajuste, se sentará junto al siniestro Federico Sturzenegger, en nombre del gobierno; Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, por las provincias; Carolina Losada en representación del Senado; Cristian Ritondo, acusado por enriquecimiento ilícito, por Diputados; y Martín Rappallini por la UIA. Nadie puede imaginar que, de los personajes que integran esta mesa, pueda salir una sola medida a favor de las y los trabajadores.

El Pacto de Mayo, lanzado el 9 de julio de 2024 en la histórica Casa de Tucumán, junto a veinte gobernadores de todos los partidos (UCR, PRO, PJ), tiene un objetivo totalmente opuesto al pacto por la Independencia de 1816. Ideado por Javier Milei y Sturzenegger pretende profundizar el ajuste y la entrega con proyectos al servicio del poder económico. Entre sus principales cláusulas propone las reformas previsional y laboral para retirar derechos, medidas para aumentar el ajuste fiscal, la “explotación de los recursos naturales” y defender la “inviolabilidad de la propiedad privada”, es decir, los bienes, tierras y fortunas de los bancos, los grandes empresarios y las multinacionales.

Repudiamos la presencia de la CGT en esa mesa cuyo objetivo es discutir el “modelo de país” que proponen Milei y el FMI. Un modelo que busca dinamitar el Estado, destruir la salud pública (como ya lo hace en hospitales como el Garrahan o el Bonaparte), desmantelar el INTA y el INTI, boicotear el Conicet y atacar la universidad pública.

Es el mismo plan que congela paritarias, despide trabajadores y cierra organismos como Vialidad Nacional o el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. El peronista Gerardo Martínez, burócrata acusado de colaborar con la última dictadura, declaró: “Yo no pedí estar ahí, pero será una oportunidad para ser la voz de la CGT”.

No hay ninguna posibilidad de que la central sindical obtenga algún rédito en esa mesa de bandidos. Por nos preguntamos: ¿a quién defiende la CGT?

Quieren avanzar con una reforma laboral que ataca conquistas históricas. Buscan aprobar la ampliación de la jornada laboral, habilitar negociaciones individuales por empresa con condiciones a la baja, desregular el período vacacional, restringir el derecho de huelga y criminalizar la protesta. Ya han flexibilizado el régimen indemnizatorio: la indemnización será depositada en un “fondo de cese laboral” administrado por la Comisión Nacional de Valores, y su valor final dependerá de los vaivenes del mercado. Será un instrumento más de la timba financiera.

La CGT debe despertar de su siesta y convocar a la movilización contra este pacto antiobrero entre el gobierno de Milei, los gobernadores, los patrones y el FMI. La central sindical tiene que organizar la lucha por el salario, contra los despidos, por empleo digno, contra el cierre de organismos públicos y frente a los ataques a la salud y la educación pública. En lugar de eso, está enfocada en organizar para el 7 de agosto una celebración por San Cayetano, una actividad que no afecta en lo más mínimo al gobierno.

Este proyecto económico golpea con cada vez más fuerza a las y los trabajadores, a las y los jubilados y a los sectores populares. Por eso crecen las luchas y las movilizaciones. La CGT debe romper el pacto con este gobierno represivo y hambreador, y convocar a un paro de 36 horas con un plan de lucha para derrotar el proyecto económico de Milei y el Pacto de Mayo.