
Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad
Los 24 gobernadores presentaron dos proyectos que ponen en discusión fondos para las provincias. Se trata de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del Impuesto al Combustible, que piden que vayan automáticamente a las provincias. Los ATN son recursos equivalentes al 1% de la masa coparticipable, creados por la Ley 23.548 para atender emergencias y desequilibrios financieros provinciales. Plata que todos los gobiernos nacionales manejaron de manera discrecional, utilizándolos como caja para gobernadores aliados. En 2024 el presidente Javier Milei ejecutó sólo el 7,3% y en el primer semestre del 2025 el 20,2%. Dinero que fue directo a pagar la deuda y para la especulación financiera. En el caso del Impuesto al Combustible, el proyecto dispone de esos fondos para la coparticipación, pero en ninguno de los casos queda claro a dónde irán los fondos.
Ahora bien, los mandatarios provinciales han sido cómplices de garantizar la gobernabilidad nacional y, recién ahora en un año electoral, están obligados a desmarcarse. Los gobernadores, desde todos los partidos patronales, los oficialistas como Jorge Macri y Alfredo Cornejo o los que fueron abiertamente funcionales como Maximiliano Pullaro, Claudio Vidal, Raúl Jalil, Carlos Sadir o Martín Llayora (que ahora se presentan en un frente electoral) o lo que son opositores como Kicillof, aplicaron el ajuste en sus provincias, lo que se puede ver reflejado en el salario de docentes, trabajadores de la salud y estatales.
La mayoría de los gobernadores fueron parte del Pacto de Mayo, creyendo que podían negociar dinero a cambio de votos a leyes como fue el caso de la Ley Bases y el paquete fiscal. Los mismos que no movieron un dedo ante los recortes de las transferencias para obra pública o del Fonid. Sin su colaboración (radicales, PRO, peronistas o de partidos provinciales) y de sus legisladores y legisladores, no se explica cómo el gobierno de Milei, que tiene amplia minoría en el Congreso, promulgara vetos o la ratificación del DNU para avanzar en una nueva estafa con el FMI por 20.000 millones de dólares. De ahí salieron los 87 “héroes” que comieron el “asadito” luego de sacarle una migaja a las y los jubilados.
Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad hemos planteado que es correcto que esa plata vaya a las provincias, pero que no podemos darle un cheque en blanco a los gobernadores, sino que tiene que ir a satisfacer las necesidades populares. En el caso de los ATN hemos planteado que ese 1% vaya para salarios de las y los docentes, trabajadores de la salud y municipales y lo que va a la Nación a las universidades y el Garrahan. En el caso del Impuesto al Combustible que busca coparticiparse, se destine a los fines que ya tenía: plan de viviendas, obras de infraestructura hídrica y a Vialidad Nacional para las rutas y caminos nacionales, que hoy son un verdadero Cromañón en potencia. Y que ese dinero sea controlado por las y los trabajadores y no por los gobernadores para que la plata vaya a dónde tiene que ir: al pueblo trabajador de las provincias.










