Escribe Reynaldo Saccone, expresidente de la Cicop

Hay cien muertos por fentanilo contaminado de los cuales el juez federal Ernesto Kreplak ha certificado hasta ahora 87. En estos días el Instituto Malbrán determinará la cifra de víctimas precisa. Hasta ahora prácticamente duplica las víctimas fatales de la masacre de Once del 2012 y solo es superada por los 194 muertos producidos por el incendio de Cromañón en 2004.

Este medicamento similar a la morfina se usa solamente en ambiente hospitalario y generalmente en áreas cerradas. Su producción es limitada y no se vende en farmacias, lo que debiera facilitar una estrecha vigilancia por parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías Médicas (Anmat), el organismo encargado de velar por la calidad de medicamentos, alimentos y otros productos de uso médico e higiene.

En los primeros días de diciembre de 2024, la Anmat inspeccionó los laboratorios productores: HLB Pharma en San Isidro y titular de la marca; y el Laboratorio Ramallo, donde realmente se fraccionaba la droga en pésimas condiciones que los inspectores catalogaron como “deficiencias críticas mayores”. Irresponsablemente la Anmat no incautó el lote y el 18 del mismo mes la partida cuestionada salió a la venta y se distribuyó durante casi seis meses. Hubo que esperar las 18 víctimas del Hospital Italiano de La Plata (nueve de las cuales murieron) para que, finalmente, el 13 de mayo se ordenara el retiro de productos y se presentara la denuncia penal. Córdoba y Rosario, en realidad, se habían adelantado por varias semanas a suspender la distribución y aislar los lotes contaminados.

Resultado de una política criminal y empresarios inescrupulosos

No fue fatalidad ni accidente. Podría haberse previsto y evitado si hubiera funcionado correctamente la Anmat. Pero esta no cumplió su rol por la combinación de dos aspectos de la política del gobierno ultraderechista. Por un lado, la acción de la motosierra que disminuyó su personal (quedaron diez inspectores para atender 300 laboratorios). Por el otro la desregulación, que no es otra cosa que permitir a las grandes empresas rebajar la calidad de su producción o, directamente, adulterarla (como en este caso) para aumentar sus ganancias.

Un tercer protagonista es Ariel García Furfaro. Sin antecedentes en el rubro (aunque estuvo preso entre 2002 y 2005 por lesiones graves), compró un laboratorio en el sur de Rosario que explotó en 2016 y destruyó casas vecinas. Al año siguiente, abonó la compra de un segundo laboratorio con once cheques sin fondos, operación por la cual aún está judicializado. (La Nación, 28/5/2025). La compra en 2017 de HLB Pharma también lo envolvió en un proceso judicial por el cual pesa sobre él una inhibición general de bienes (La Nación, 28/5/2025). Resulta obvio que este empresario solo puede operar gracias a que posee fluidos contactos en los sucesivos gobiernos incluido el actual, desde donde parece que le han soltado de la mano.

El ministro de Salud, Mario Lugones, por ser responsable de la Anmat, Federico Sturzenegger por desregular y aflojar los controles, el “exitoso” empresario Furfaro y los funcionarios directamente implicados deben ser investigados y condenados por haber causado esta tremenda tragedia.

Por un sistema de salud único, estatal, gratuito y de excelencia para todos, controlado por sus trabajadores y usuarios

En recientes reuniones de la Cámara de Comercio Argentina Norteamericana, Sturzenegger ha reafirmado su decisión de quitar regulaciones y obligaciones a las empresas. Lugones, por su parte, volvió a anunciar la intención del Gobierno nacional de acabar con la idea de que la salud es un derecho y lograr que cada uno pague de su bolsillo su atención; repitió que el Estado no tiene que hacerse cargo de la salud pública. Las muertes del fentanilo han mostrado hacia dónde llevan estas ideas demenciales.

Así el reclamo de los familiares de las víctimas, como la lucha que vienen librando las y los trabajadores del Garrahan nos muestran el camino para frenar el avance del gobierno y de los empresarios sobre los derechos de la clase trabajadora y el pueblo. Solo con la lucha vamos a conservar y mejorar la salud pública. Desde Izquierda Socialista y el FITU llamamos a la más amplia unidad de acción para defender el derecho a la salud de las y los trabajadores y a derrotar los planes entreguistas del gobierno ultraderechista y sus aliados. Luchemos por resolver el desastre sanitario actual generado tanto por los distintos gobiernos peronistas como los de signo liberal. Por un sistema de salud único, estatal, gratuito y de excelencia para todos, controlado por sus trabajadores y usuarios.