El Frente de Izquierda Unidad presentó un proyecto de ley alternativo a la propuesta de reforma laboral esclavista impulsada por Javier Milei y sus cómplices. En el mismo postula medidas de fondo para garantizar los derechos de las y los trabajadores, empleo registrado, trabajo genuino y salarios y jubilaciones dignas.
Ante la grave situación de desocupación, informalidad, precarización y pérdida de derechos laborales, el proyecto declara la Emergencia Laboral Nacional y Promoción del Empleo Formal. Durante ese período, el Poder Ejecutivo Nacional deberá garantizar empleo estable, formal y con derechos. Para eso debe derogar todas las normas que hayan profundizado la precarización laboral. Se anula el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y todas sus disposiciones en materia laboral, así como las leyes y decretos de flexibilización dictados durante la última dictadura militar.
Durante la vigencia de esta ley se prohíben los despidos sin justa causa y las suspensiones, tanto en el sector público como en el privado. También se dispone el pase inmediato a planta permanente de la totalidad de trabajadores precarizados, contratados, tercerizados, becarios y monotributistas.
Para generar empleo, el proyecto propone la creación de un Plan Nacional de Obras Públicas, Vivienda y Urbanización Popular, con el objetivo de generar trabajo genuino, mejorar la infraestructura, urbanizar villas y asentamientos y construir 500 mil viviendas populares, lo que permitiría crear más de dos millones de nuevos puestos de trabajo. Impulsa además el Programa de Primer Empleo Joven sin Precarización, dirigido a trabajadoras y trabajadores de 18 a 25 años, y establece una jornada laboral máxima de seis horas diarias o treinta semanales, sin reducción salarial.
El proyecto del Frente de Izquierda Unidad también plantea un aumento general de salarios, jubilaciones y programas sociales para equipararlos al valor de la canasta familiar, con actualización automática mensual según el índice de inflación. El Salario Mínimo, Vital y Móvil no podrá ser inferior al costo total de la canasta familiar publicada mensualmente por las y los trabajadores y técnicos de ATE-Indec.
En relación con las jubilaciones, entre otras medidas, se exige la restitución de la totalidad de los aportes patronales a la seguridad social eliminados por gobiernos anteriores. A su vez, se establece la movilidad jubilatoria al 82% móvil real y se dispone que todos los fondos y sistemas previsionales sean administrados bajo el estricto control de jubilados y trabajadores, mediante comisiones de representantes electas democráticamente.
Para las y los trabajadores de plataformas digitales, se reconoce la relación laboral de dependencia entre las empresas y sus trabajadoras y trabajadores. Se establecen derechos básicos: jornada máxima de seis horas diarias o treinta semanales, provisión empresarial de todos los elementos de trabajo, derecho a vacaciones, licencias por enfermedad y accidentes, cobertura previsional y sindicalización reconocida por las empresas.
Para financiar este proyecto se propone la creación de un impuesto extraordinario y permanente a la renta financiera, a las grandes fortunas, bancos, multinacionales y terratenientes. Estos fondos se incrementan con la suspensión de todo pago de la deuda externa. Los recursos obtenidos se destinarán a los gastos derivados de esta iniciativa.
Finalmente, se prohíbe al Poder Ejecutivo interferir en la actividad de las organizaciones sindicales y en las formas de organización que elijan libremente las y los trabajadores. Tampoco podrá regimentar el derecho de huelga ni la participación en la vida sindical.
El proyecto lleva la firma de los cinco diputados nacionales del FIT-U: Juan Carlos Giordano, Mercedes de Mendieta, Vilma Ripoll, Christian Castillo y Alejandro Vilca.
Ver texto completo del Proyecto de Ley en www.izquierdasocialista.org.ar










