Escribe José Castillo
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una nueva baja de las retenciones a las exportaciones agrícolas. Así, las retenciones a la soja se reducen del 26 al 24%; las de subproductos de soja, de 24,5 al 22,5%; trigo y cebada, de 9,5 al 7,5%; maíz y sorgo, de 9,5 al 8,5%; y girasol, de 5,5 al 4,5%. Todo esto implica un costo fiscal (es decir, menores recursos que resigna el Estado nacional) por 700 millones de dólares, que pasarán a manos de pulpos como las transnacionales Bunge, ADM y Cargill (Estados Unidos), Cofco (China) o Dreyfuss (Francia). Con esta rebaja, las retenciones agropecuarias se ubican en su nivel más bajo de los últimos diecinueve años.
Las asociaciones patronales agrarias (Sociedad Rural, Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas) “agradecieron”, pero exigieron más: la derogación de todas las retenciones. El gobierno dijo estar de acuerdo y señaló que esta reducción forma parte de lo que llaman su “plan permanente de reducción de derechos de exportación”.
No sólo el comercio exterior está totalmente extranjerizado y concentrado en un puñado de monopolios, sino que además gozan de todos los privilegios habidos y por haber. A eso hay que sumar los puertos privados y la inminente privatización de la Hidrovía del Paraná.
Frente a semejante entrega, hay que hacer exactamente lo contrario: más y no menos impuestos a los ricos y privilegiados. Se hace más urgente que nunca lo que desde siempre planteamos desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad: hay que nacionalizar el comercio exterior, creando un organismo estatal que centralice todas las operaciones de importación y exportación, tal como lo hizo el IAPI en la década del ‘40; reestatizar los puertos; y garantizar el control estatal (nacional y de las provincias involucradas) sobre la traza del río Paraná. Sólo así, todas las divisas que genere el comercio exterior podrán ser apropiadas por el Estado y destinadas a resolver las más urgentes necesidades populares.
