Escribe Clara, Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

En medio de otras reformas y contando con un blindaje mediático excepcional, el jueves 26 se tratará en el Senado la reforma de la Ley de Glaciares 26.639. Esta ley ha estado en la mira de las mineras desde sus inicios, motivo por el cual fue vetada por Cristina Fernández en 2008, para ser finalmente sancionada en 2010 como resultado de una ardua lucha del movimiento socioambiental. La ley protege actualmente a casi 17 mil glaciares, que representan el 1% de la superficie nacional pero cumplen un papel fundamental en el sostenimiento de la vida a lo largo de todo el territorio, al alimentar ríos y fuentes de agua dulce, vitales para la flora y la fauna, así como para la salud y la actividad económica humanas.

Estos ecosistemas ya se encuentran en peligro. Estudios del Conicet revelan que los glaciares de nuestra Patagonia vienen perdiendo masa de manera acelerada como producto de la crisis climática, lo que agrava el estrés hídrico ya endémico en dos tercios de nuestro país. En los últimos años, además, la política hídrica nacional ha profundizado el vaciamiento de las estructuras estatales para dejar en manos privadas la gestión del agua, como evidencian los acuerdos con Mekorot, la empresa israelí con un rol central en el genocidio en Palestina.

Pero ahora nuestros glaciares, principal fuente de agua para consumo, están siendo directamente saqueados por las mineras y corporaciones transnacionales. Al igual que la Reforma Laboral habilitó “negociar derechos a la baja” con las patronales, esta modificación promueve algo igualmente inconstitucional al violar el principio de no regresividad en materia ambiental. Las protecciones alcanzadas, pocas, no pueden retroceder. De aprobarse esta reforma, se encendería una alerta enorme para el conjunto de la legislación de protección ambiental y de adaptación y mitigación frente al cambio climático vigente en nuestro país. De hecho, ya estamos viendo cómo Donald Trump, el principal aliado de Milei, está aboliendo todas las políticas ambientales en Estados Unidos.

¿Qué modifica esta reforma?

Le quita potestad al IANIGLA, la institución nacional encargada de establecer el inventario de glaciares, para transferirla a las provincias. De este modo, cada jurisdicción podrá definir qué sectores son considerados estratégicos y cuáles quedan por fuera de la protección de la ley, habilitando proyectos que hoy están prohibidos y que las mineras intentan impulsar desde hace años para desmantelar esta legislación.

¿Quiénes la impulsan?

Javier Milei promueve esta reforma con la participación directa de los gobernadores que integran las mesas del litio y del cobre, es decir, de las provincias de Salta, Catamarca, Jujuy, Mendoza y San Juan. Se trata de un rejunte que expresa el amplio respaldo político con el que cuenta el extractivismo minero en nuestro país, ya que nuclea tanto a sectores peronistas como radicales que vienen de apoyar, a través de sus senadores, la reforma laboral esclavista, otro regalo para las transnacionales. Ambas reformas fueron señaladas como las mayores preocupaciones por la Cámara de Comercio de Estados Unidos y fueron rápidamente negociadas por este gobierno abiertamente entreguista y cipayo.

Las principales mineras detrás de esta reforma son Lundin Mining y Barrick Gold (canadienses), Chinalco y Shandong Gold (chinas), BHP (angloaustraliana) y Glencore (suiza). Muchas de ellas cuentan con antecedentes de desastres ambientales y contaminación de fuentes de agua en distintos lugares del mundo. En el caso de Barrick Gold, se trata del peor derrame minero de nuestro país, que contaminó cinco ríos con 15 mil litros de cianuro en San Juan, sin que exista hasta hoy una sola condena judicial.

Junto a la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones, comunidades y asambleas ambientales de todo el país venimos desplegando una campaña para romper el cerco mediático y defender el agua como un derecho vital. Si se logra la media sanción en el Senado, daremos aún con más fuerza la batalla en la Cámara de Diputados durante las sesiones ordinarias. Incluso si avanza en esa instancia, continuaremos la lucha en cada provincia y territorio, donde cobra un valor estratégico la red de resistencia que hemos conformado.

¡La Ley de Glaciares no se toca! ¡El agua vale más que todo!