Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional electa por Izquierda Socialista/FIT Unidad

El Régimen Penal Juvenil vuelve a poner a las pibas y los pibes en la mira del ajuste. Mano dura, más cárcel y menos derechos como respuesta a una crisis social que el propio gobierno profundiza.

La Cámara de Diputados dio media sanción el pasado jueves 12 de febrero al Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de punibilidad de 16 a 14 años. Se trata de un nuevo avance en la política de criminalización de las pibas y los pibes, que el gobierno busca convertir en ley el próximo viernes 27, cuando el proyecto sea tratado en el Senado junto con la modificación regresiva de la Ley de Glaciares.

Contra todas las opiniones de especialistas en materia penal y de los organismos de derechos de las infancias y adolescencias, Javier Milei y Patricia Bullrich avanzan en su plan de mano dura. Para lograr la media sanción en Diputados contaron con la complicidad del PRO, la UCR, el MID, Encuentro Federal que responde a Miguel Ángel Pichetto, la Coalición Cívica, Provincias Unidas (que aportó 17 votos, incluido el del diputado Martín Lousteau) y distintos bloques provinciales ligados a gobernadores peronistas, como el de Tucumán. El resultado fue 149 votos a favor y 100 en contra, entre estos últimos el 100% de las bancas del FIT Unidad.

La nota de color la dio el diputado Ramiro Gutiérrez, del espacio que responde a Sergio Massa, quien aportó su presencia para garantizar el quórum que habilitó el debate en el recinto. En el marco de las sesiones extraordinarias y de la ofensiva ultraderechista del gobierno, buscan ahora convertir este proyecto en ley en el Senado. Se trata de un grave retroceso en materia de derechos y garantías, que lejos de resolver el problema de la inseguridad, lo profundiza.

Bajar la edad o aplicar mano dura no reduce el delito

Bajo el argumento de “delito de adulto, pena de adulto”, el gobierno presenta a las infancias y adolescencias como responsables de una inseguridad que crece al calor de la motosierra de Milei y el FMI. Con este régimen penal, adolescentes de 14 y 15 años podrán ser juzgados penalmente y recibir penas como si fueran adultos, que en casos de delitos graves llegan hasta 15 años de prisión.

Las experiencias internacionales son contundentes. Estudios de Unicef, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la propia Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU muestran que reducir la edad de imputabilidad no baja el delito, sino que lo aumenta. En Ecuador, donde la edad de punibilidad es de 12 años, el índice de delitos pasó de 6 a 46 cada 100 mil habitantes. En Brasil y Uruguay, donde la punibilidad comienza a los 12 y 13 años respectivamente, los niveles de violencia no disminuyeron. Dinamarca y Georgia incluso dieron marcha atrás luego de comprobar los efectos regresivos de estas políticas.

Otro dato revelador: de los diez estados con mayor tasa de crímenes violentos en Estados Unidos, seis tienen pena de muerte. Son los más duros, pero no los más seguros (Clarín, 12/2).

¿Qué muestran realmente los datos?

En Argentina hay 3,6 millones de pibas y pibes de entre 13 y 17 años que el gobierno busca criminalizar. El 47% vive en la pobreza y el 15% en la indigencia. En 2022 fallecieron 15.144 jóvenes por muertes evitables, y el 31% de esos casos fue por suicidio.

Además, la campaña punitivista se monta sobre una falsedad: la tasa de criminalidad en el país bajó de 4,2 en 2024 a 3,7 en 2025. Según Unicef, sólo el 0,45% de las chicas y chicos de entre 12 y 17 años cometió algún delito. El gobierno oculta esta realidad para poner el foco donde no está el problema: en la juventud pobre.

Políticas integrales, no cárcel para la juventud

El encarcelamiento temprano no reinsertó nunca a nadie. Hoy en Argentina un juez puede disponer la internación de menores de 16 años en institutos, aun sin condena firme. En muchos casos, estos espacios funcionan como cárceles encubiertas, con malas condiciones de detención, violencia institucional y vulneración sistemática de derechos.

Para combatir la inseguridad, que golpea principalmente a las y los trabajadores y a los sectores populares, no sirven las respuestas represivas. Eso es solo más criminalización. Lo que se necesita es desmantelar las mafias que operan al amparo del poder político, judicial y policial; terminar con el plan motosierra de Milei y el FMI y destinar presupuesto a políticas integrales que fortalezcan el sistema de protección de las infancias y adolescencias.