Escribe José Castillo
Fate es propiedad del Grupo Madanes, actualmente bajo la conducción de su tercera generación. Javier Madanes Quintanilla, uno de los multimillonarios argentinos, llegó a figurar en la revista Forbes con una fortuna personal estimada en 1.500 millones de dólares, ocupando en 2024 el puesto número 12 entre las personas más ricas de la Argentina.
La familia Madanes construyó su fortuna a lo largo de más de 80 años, sobre la base de la explotación de sus trabajadoras y trabajadores y de privilegios otorgados por distintos gobiernos.
Son los dueños de Aluar, empresa a la que accedieron luego de un oscuro proceso de adjudicación, apoyados en sus vínculos con el dictador Alejandro Agustín Lanusse en 1972 y con José Ber Gelbard, entonces dirigente de la CGE y luego ministro de Economía de los gobiernos de Cámpora y Perón. De ese modo se consolidaron como “los dueños del aluminio” en Argentina. Al mismo tiempo, a través de acuerdos con empresas transnacionales automotrices, realizaron grandes negocios con Fate, la empresa de neumáticos. El Grupo Madanes también es propietario de la central hidroeléctrica de Futaleufú, que abastece de energía eléctrica a su planta de aluminio.
Como tantos otros grandes grupos económicos, los Madanes también se beneficiaron durante la dictadura genocida iniciada en 1976. Formaron parte del grupo de empresarios que transfirieron su deuda externa al Estado en la conocida estatización impulsada por Domingo Cavallo en 1982. Según la investigación de Alejandro Olmos, que dio lugar al fallo del juez Ballesteros, el Grupo Madanes se benefició con la estatización de una deuda de 80 millones de dólares, que a valores actuales equivale a unos 300 millones.
Este empresario ha mostrado reiteradamente su perfil antiobrero. En su trayectoria figuran los procesos de flexibilización laboral aplicados en todas sus empresas en 1991, acompañados de despidos masivos. También el acuerdo que llevó adelante con las otras empresas del sector del neumático (Pirelli y Bridgestone) para congelar salarios y disciplinar a las y los trabajadores mediante despidos.
