Escribe Juliana García, militante de derechos humanos

El plan sistemático de apropiación de niñas y niños fue uno de los rasgos más brutales del terrorismo de Estado desplegado por la última dictadura cívico-militar. Se comprobó incluso judicialmente que existió una política organizada para apropiarse de las hijas e hijos de personas detenidas desaparecidas y criarlos bajo los valores del régimen. El propio Poder Judicial lo estableció años más tarde en el juicio conocido como “Juicio Plan Sistemático de Apropiación de Menores”.

El terrorismo de Estado asesinó, desapareció, saqueó bienes y, además, robó identidades. Muchas niñas y niños fueron secuestrados durante operativos junto a sus padres y otros nacieron en cautiverio.

Para ello se montaron maternidades clandestinas dentro de centros clandestinos de detención. Las mujeres embarazadas secuestradas solían recibir un trato diferenciado: los represores buscaban que los embarazos llegaran a término. Después del parto, los bebés eran apropiados y las madres, en la mayoría de los casos, asesinadas.

La apropiación se concretaba mediante inscripciones falsas como hijas e hijos propios, con la complicidad de médicos o funcionarios que certificaban nacimientos inexistentes.

Frente a ese horror, la resistencia comenzó desde abajo. En 1977 surgieron las Madres de Plaza de Mayo y, ese mismo año, doce mujeres entendieron que además de buscar a sus hijas e hijos debían encontrar a sus nietas y nietos nacidos en cautiverio. Así nació la organización Abuelas de Plaza de Mayo en octubre de 1977.

Durante años la búsqueda fue casi artesanal: recorrer juzgados, seguir pistas y sostener la memoria en un país atravesado por el silencio y el miedo. En los años noventa el Estado creó la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) para acompañar esa tarea.

Hasta hoy se lograron 140 restituciones, aunque se estima que alrededor de 500 niñas y niños fueron apropiados. La cifra sigue siendo aproximada: varias mujeres embarazadas nunca fueron identificadas o no se sabía que estaban gestando al momento del secuestro.

Todavía hoy se siguen encontrando casos, pero el contexto político actual vuelve más difícil esa tarea. El gobierno de Javier Milei, que ha relativizado los crímenes de la dictadura y reivindicado la teoría de los dos demonios, recortó recursos destinados a las políticas de memoria y debilitó áreas del Estado dedicadas a la búsqueda de las y los nietos apropiados.

Organismos históricos como Abuelas enfrentan dificultades para sostener sus equipos técnicos, mientras la Conadi se encuentra reducida en personal y presupuesto. En un país donde todavía faltan cientos de nietas y nietos por encontrar, ese vaciamiento afecta directamente la posibilidad de restituir identidades.

La historia de las Abuelas demuestra que la búsqueda es también una construcción colectiva. Fue la persistencia de esas mujeres, acompañadas por trabajadores, estudiantes y organizaciones sociales, la que permitió que muchos nietos y nietas recuperaran su identidad.
Y mientras quede una sola nieta o nieto por encontrar, esa lucha seguirá abierta.