Escribe José Castillo

El gobierno presentó un nuevo proyecto de Ley de “Inocencia Fiscal” con más beneficios para los grandes evasores. Lo insólito es que hace apenas seis meses se había aprobado una ley similar, el 27 de diciembre de 2025, que entró en vigencia en febrero de este año. Igual que aquella, es un intento de aprobar una ley al servicio de los grandes evasores.

¿De qué se tratan estas leyes? Simple y sencillamente, de un gigantesco blanqueo que permite a evasores impositivos, a quienes fugaron millonadas e incluso a más de un empresario vinculado a negocios turbios (narcos, trata de personas, tráfico de armas) traer sus dólares y blanquearlos sin costo ni peligro alguno. No es una exageración. De esta legislación se aprovecharon José Luis Espert (financiado por el narco Fred Machado), Federico Sturzenegger y, hace apenas unos meses, el mismísimo Manuel Adorni.

La Ley de Inocencia Fiscal es un mecanismo que impide a ARCA (organismo estatal de recaudación de impuestos) investigar los bienes e incluso el aumento patrimonial de las personas que se presentan. Incluso si se llegara a descubrir de casualidad alguna evasión fiscal, basta con que el culpable pague el 50% de la deuda para que ya no se lo pueda acusar penalmente. Por supuesto, el objetivo de este proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, que aumenta los montos del anterior, es que cualquiera, sin ningún control, pueda traer y blanquear dólares fugados.

Todos estos privilegios para los millonarios delincuentes de guante blanco se otorgan al mismo tiempo que el FMI exige eliminar el monotributo y, de ese modo, aumentar de hecho los impuestos a los sectores populares. También mientras el gobierno se niega a otorgar alivio alguno a los millones de trabajadoras y trabajadores endeudados.

Hay que oponerse a este escandaloso proyecto y reafirmar, una vez más, que es necesaria una profunda reforma impositiva, donde paguen más los que más ganan, los grandes empresarios y los millonarios, y no el pueblo trabajador.