Aug 13, 2026 Last Updated 6:45 PM, Aug 12, 2026

Capítulo sobre expropiaciones / Un negocio a medida de las empresas

Publicado en El Socialista N° 633
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Escribe Guido Poletti

Uno de los capítulos de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada aprobados en el Senado fue el relativo al cambio del régimen sobre expropiaciones. 

Ya la legislación vigente es tremendamente pro-patronal: plantea que sólo se puede expropiar previa declaración de “utilidad pública” y pagando el valor correspondiente de la empresa o propiedad en cuestión. Así, patronales que han realizado las mil y un tropelías, como echar trabajadores, vaciar la planta, no pagar impuestos o cargas patronales, destruir el ambiente y que además se han embolsado superganancias, luego cuando entregan la empresa todavía exigen el pago por el “valor” de la compañía. E incluso llevan esto a juicio a tribunales internacionales. Tales fueron los casos de YPF o Aerolíneas Argentinas.

Sturzenegger a favor de las grandes empresas 

La definición de “utilidad pública” se hace más restrictiva, se exige una definición específica y concreta, incluyendo el fin perseguido luego de la expropiación, demostrando, se dice textualmente  “que la medida es idónea, necesaria y proporcional”. Todo servido en bandeja para que la empresa sujeta a expropiación pueda ir a juicio y, seguramente, que le dé la razón la justicia patronal.

Se modifica el cálculo del valor del bien a expropiar, incorporando ya no sólo el monto contable sino también “los daños directos” y, peor aún, el “lucro cesante”. ¡Habrá que pagar lo que supuestamente ganaría la empresa en el futuro!

Del mismo modo, el valor del bien se fija tomando como referencia el período previo al anuncio de expropiación. Explicamos: la empresa sujeta a expropiación obviamente ya vale menos, pero se considera su valor “anterior”, obviamente superior.
Por último, se determina que el Estado no podrá tomar posesión del bien antes de haber pagado efectivamente la expropiación. Un “vía libre” para que las patronales vacíen la empresa. 

En síntesis, una legislación desvergonzadamente pro patronal y pro-imperialista, a la medida de lo que se puede esperar de este gobierno entreguista.

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