Escribe Noelia Agüero, legisladora provincial Izquierda Socialista/FIT Unidad

Schiaretti y su modelo peronista cordobesista mostraron en las últimas semanas su decisión de llevar a fondo la política de ajuste, miseria y represión para el pueblo trabajador. Llevan casi un cuarto de siglo gobernando a favor de los grandes empresarios y el FMI, modelo que pretende llevar como candidato a presidente.

En un contexto de enorme crecimiento de la crisis social y económica, de un 40% de pobreza, con una inflación de más del 102% interanual que golpea los bolsillos de las y los trabajadores ocupados y desocupados, activos y jubilados, los gobiernos nacional y provincial son responsables.

En ese marco, la Justicia de Córdoba, dependiente del poder político, a través del fallo del juez Fernández López, efectuó imputaciones en contra de al menos seis dirigentes sociales y gremiales que se movilizaron en la jornada nacional de la Unidad Piquetera el pasado 5 de abril. Una medida ilegal y arbitraria, antipopular y anti obrera. Este fallo es la concreción, en los hechos, de los proyectos de criminalización de la protesta que desde 2022 intentan imponer tanto el PJ cordobés como sus socios de Juntos por el Cambio.

Desde nuestra banca repudiamos estos hechos a través de un comunicado y de un proyecto legislativo, pero también acompañando a Tribunales al secretario general de ATE-CTA Autónoma, Federico Giuliani, y participando en la conferencia de prensa organizada por la Multisectorial contra la criminalización de la protesta social.

Vamos a seguir defendiendo el derecho a reclamar y a movilizar, reivindicando las luchas de la salud, de la docencia, de los trabajadores ocupados y desocupados por el derecho a la comida y a una vida digna.

Solo con la más amplia unidad, organizados y en las calles podremos combatir el ajuste, el hambre y la criminalización de la protesta social. ¡Luchar no es delito!
 
 
 

Escribe Noelia Agüero, legisladora provincial Izquierda Socialista/FIT Unidad

En los primeros meses de 2023 el brutal ajuste de los gobiernos arrasa con los bolsillos de los trabajadores. En Córdoba, el peronista Schiaretti toma deuda millonaria en dólares para obras faraónicas y gasta millones en publicidad electoral pero no resuelve los graves problemas de la provincia, a pesar de contar con superávit: los conflictos salariales de los estatales, las demandas de los sectores más empobrecidos o la reparación y acondicionamiento de escuelas y hospitales. Por el contrario, gobiernan para el empresariado rico y el agro.

Desde los primeros días de febrero nos movilizamos por la reincorporación de 24 trabajadores despedidos de Atanor Río Tercero; continúan los despidos encubiertos a las trabajadoras precarizadas de Paicor; se profundiza el conflicto de Salud; se abre el ciclo lectivo con un contundente No Inicio y una masiva movilización docente por salario y condiciones laborales. También continúan las protestas contra los femicidios y la falta de presupuesto y políticas para protección de las mujeres y disidencias y las niñeces. Schiaretti y el PJ cordobés son responsables del robo jubilatorio del 82% móvil, de la destrucción y saqueo ambiental, del gatillo fácil y de la pobreza e indigencia que asciende a más del 60%.

El PJ y la oposición patronal de Juntos por el Cambio vuelven a la carga con los proyectos para criminalizar la protesta social y aplicar mayor represión para hacer pasar el ajuste. Buscan limitar el derecho a la protesta callejera, imponiendo la media calzada y el “protestódromo”; y multar, enjuiciar y encarcelar a quienes luchan.

En 2022 frenamos el avance de estos proyectos, a través de la organización y la movilización, coordinando con los sectores en lucha. Desde Izquierda Socialista impulsamos la conformación de una multisectorial que sumó a gremios, organizaciones sociales, los partidos del FIT Unidad y otros espacios políticos para derrotar a los partidos patronales y su intento represivo. También, al gobierno le jugó en contra el resonado caso del crimen vial cometido por el legislador González, un hecho que ha dejado a la vista el entramado de impunidad, corrupción y complicidad entre la justicia y el poder político.
Desde Izquierda Socialista llamamos al conjunto de las organizaciones a reactivar la multisectorial y, a través de la unidad de los luchadores en las calles, dar por tierra con estos proyectos y la política represiva y ajustadora de los partidos patronales.

Escribe Noelia Agüero, legisladora provincial Izquierda Socialista/FIT Unidad

El actual gobernador de Córdoba, el peronista Juan Schiaretti, lanzó su candidatura presidencial junto al ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. Con un discurso “anti grieta” intenta captar a las y los votantes decepcionados a la vez con la oposición patronal de Juntos por el Cambio y con el gobernante peronista del Frente de Todos.

Recordemos que esta variante peronista ya fracasó en 2019 con Alternativa Federal. En ese momento terminó desarmándose, ya que Massa terminó en el Frente de Todos y Pichetto en Juntos por el Cambio. Ahora se pretende reeditar el espacio buscando acercar a sectores del peronismo como el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y de la burocracia sindical como Cavalieri del sindicato de Comercio.

Este nuevo armado peronista presentado como “tercera vía” es un nuevo engaño. La mejor muestra es su propio candidato a presidente y su actuación al frente de nuestra provincia. En Córdoba se viven los mismos flagelos que se padecen en el resto del país. La pobreza tiene índices más altos que el promedio nacional, con una inflación que destruye el poder adquisitivo. Con la desocupación y los bajos salarios sucede lo mismo, lo que generó la enorme rebelión de la salud y las luchas docentes. La destrucción ambiental, con los permanentes incendios forestales para beneficiar el negocio inmobiliario y agroindustrial, también tiene a la provincia encabezando las políticas de saqueo. Ni hablar de los casos de gatillo fácil, donde está en pleno desarrollo el juicio por el asesinato y posterior encubrimiento policial de Blas Correa. Los femicidios crecen año a año en la provincia. Incluso su ex jefe de defensa civil, Diego Concha, está detenido por este delito, mientras en el Polo de la Mujer, sin presupuesto, las trabajadoras están precarizadas al extremo.

El reciente crimen vial provocado por Oscar González, legislador peronista de Schiaretti y presidente de la legislatura, quien mató a una docente y dejó gravemente heridas a dos adolescentes, desató una enorme crisis provincial cuando empezaron a conocerse los encubrimientos de la policía y del poder judicial, garantizando hasta hoy la impunidad.

La realidad es que la tercera vía de Schiaretti no tiene nada nuevo. Es la aplicación, con otro discurso, de la política de ajuste y saqueo que viene implementando el gobierno del Frente de Todos, como antes lo había hecho el de Macri. Recordemos que los diputados de su corriente política, en el Congreso nacional y en las legislaturas, votaron cuanta ley de ajuste necesitó el gobierno nacional, empezando por la gran estafa del acuerdo con el FMI. En síntesis, en Córdoba tenemos una muestra de porqué Schiaretti no es en absoluto una salida para el pueblo trabajador.

Escribe Noelia Agüero, legisladora provincial Izquierda Socialista/FIT Unidad

Al igual que el presupuesto 2023 que se votó en el Congreso de la Nación, el plan económico del peronista Schiaretti y Hacemos por Córdoba es un traje a medida del FMI, cumple con todas sus exigencias en cuanto a recortes y ajustes en las áreas más sensibles, ataca el salario de los estatales, golpea los bolsillos del pueblo trabajador con impuestazos y tarifazos y le garantiza las ganancias y la exención impositiva a los grandes grupos empresarios.

En un contexto nacional y provincial de profundización de la crisis económica y social, con una inflación que en diciembre llegará a tres dígitos y con los altísimos índices de pobreza e indigencia que mantiene la provincia de Córdoba, este presupuesto es un plan de ajuste y miseria que deja en claro cuáles son las prioridades del gobierno: menos salud, menos educación, menos trabajo y más precarización laboral y, por supuesto, más obra pública faraónica de campaña electoral para asegurar los votos de la próxima elección.

En este marco se desarrolla en la provincia una enorme rebelión de los equipos de salud que han salido, de manera autoconvocada, a luchar por salario y condiciones laborales con miles de trabajadores tomando las calles el miércoles 16 y convocando a una nueva multitudinaria marcha el miércoles 23. Mientras tanto Hacemos por Córdoba en conjunto con la oposición patronal discuten leyes de criminalización de la protesta social para hacer pasar, vía la represión, el mayor ajuste en el próximo periodo.

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad rechazamos de manera contundente este presupuesto y llamamos a movilizar, junto a la Multisectorial, contra los planes de ajuste de Schiaretti y Hacemos por Córdoba y contra todo intento de criminalizar y regular el derecho a la protesta social.

Plata para salud, educación, vivienda y las más urgentes necesidades del pueblo trabajador, no para la deuda externa y el FMI.

Escribe Noe Agüero, legisladora provincial Izquierda Socialista/FIT Unidad

Todo indica que la irresponsabilidad, la impunidad y la negligencia fueron los componentes que llevaron a la muerte a la docente Alejandra Bengoa, a que su hija Marina y su amiga Alexa, ambas de catorce años, estén hoy peleando por sus vidas. Fue otro crimen vial y el asesino al volante fue Oscar González, legislador de Córdoba, presidente provisional de la Legislatura y miembro destacado del Jury de Enjuiciamiento (encargado de juzgar a los jueces). En su trayectoria ocupó distintos ministerios provinciales: el de Seguridad, de Salud, de Gobierno y fue vicegobernador. Es una especie de señor feudal en Villa Dolores y el departamento San Javier.

El sábado 29 de octubre en el Camino de la Altas Cumbres González manejaba un auto BMW de alta gama, por eso pudo salir ileso del terrible impacto. Conducía a más de 150 kilómetros por hora y se cruzó de carril a la salida de una curva, a pesar que la doble línea amarilla se lo impedía. Así chocó de frente al automóvil Sandero de la docente, quien falleció en el acto.

A partir de allí el aparato del PJ se movilizó para tapar todo. La policía controló la escena impidiendo filmar y sacar fotos, pero permitió que allegados a González pudiesen sacar de su auto dado vuelta bolsos negros cuyo contenido se ignora, alterando la escena del crimen. Lo que no pudieron evitar es que salieran a la luz toda la impunidad, los privilegios y la corrupción, que recorre al PJ y también a la UCR y al PRO de Juntos por el Cambio.

González tenía asignados por el Tribunal Superior de Justicia cuatro autos de alta gama secuestrados en causas judiciales. Uno era el BMW que conducía, y otros se los repartía con legisladores radicales y de PRO, cuyos bloques sospechosamente le votaron una licencia hasta fines de noviembre y como sanción solo pidieron que renuncie a la presidencia provisional de la Legislatura.

Además se supo que González es millonario, pues posee una docena de inmuebles de gran valor en Córdoba, y que en su declaración jurada les asignó valores muy por debajo de su valuación fiscal. También es dueño de un valioso inmueble fantasma en San Javier, que no figura en los registros catastrales e impositivos.

Es por todo esto que desde Izquierda Socialista le proponemos al Frente de Izquierda que en el recinto pidamos cárcel común y efectiva ya para González y su expulsión de la Legislatura, sabiendo que solo la movilización de los familiares y la población que repudia este crimen son la única garantía de que haya verdadera justicia.