Escribe Claudio Funes

Desde que la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de Amado Boudou a cinco años y diez meses por la causa Ciccone Calcográfica se está discutiendo si debe volver o no a la cárcel. Mientras tanto, el ex vicepresidente de Cristina sigue en su casa, con todos los lujos, en “prisión domiciliaria”.

En este lapso, Boudou consiguió que se le redujera diez meses el tiempo que debería pasar encerrado. Así, ya estaría cumpliendo la mitad de su condena y podría pedir permiso para salidas transitorias.  Reforzando la posibilidad de no volver a prisión.

La condena a Boudou, dictada en su contra el 7 de agosto de 2018 fue ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal y el ya mencionado fallo de la Corte. Las pruebas son contundentes: Boudou es un corrupto.

Pero el kirchnerismo desarrolla una intensa campaña por su libertad a través de una solicitada que se publicó en distintos medios periodísticos y en redes sociales. En ella se advierte una “persecución política contra militantes y dirigentes de la experiencia Kirchnerista”. Lleva la firma de, entre otros, el ex presidente de Brasil, Lula Da Silva  y del ex presidente de Ecuador, Rafael Correa. La solicitada agrega: “estamos en presencia de una guerra que se despliega a través de medidas judiciales, fabricación de noticias que manipulan la opinión pública y el intento de crear un clima de odio e intolerancia en la población”.

El kirchnerismo habla de “presos políticos”, ubicando en esa categoría a Boudou. Obviamente que detrás de todo esto está la búsqueda de impunidad para la propia Cristina Fernández, involucrada como cabeza en innumerables causas de corrupción durante su gestión.

Mientras tanto el macrismo se mantiene expectante ante los vaivenes de la situación. Ellos también llevaron adelante grandes negociados cuando fueron gobierno, fueron tan corruptos como los kirchneristas y tienen abiertos innumerables juicios, destapados por la misma justicia patronal que va y viene de acuerdo a los distintos momentos políticos.

Para nosotros la discusión es bien concreta: Amado Boudou no es un preso político, es un político corrupto condenado, es un hombre educado que utilizó sus cargos en el gobierno para hacerse de dinero sucio. Como corrupto debe cumplir en la cárcel su condena a prisión efectiva y devolver todo el dinero robado al pueblo. Lo mismo le cabe a todos los políticos patronales, del signo político que sean, que se vienen enriqueciendo a costa de robarle al pueblo trabajador.

Escribe Martín Fu

El gobierno está analizando en este año electoral la posibilidad de suspender las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) programadas para agosto, previa a las generales de octubre, postergarlos o unificarlas con las generales. Un sector de los gobernadores peronistas (y algunos que responden al macrismo) le habría acercado este pedido a Alberto Fernández como un gesto de “austeridad” en medio de la pandemia, para que supuestamente se prioricen los gastos en vacunación y evitar la afluencia masiva de gente en las escuelas para sufragar. ¡Debate en paralelo cuando los mismos actores están alentando la vuelta a las clases presenciales!

Con el pedido de suspensión de las PASO se pone sobre el tapete la crisis política y las peleas internas de los partidos patronales, tanto del oficialista Frente de Todos oficial, como de la oposición de Juntos por el Cambio. En el kirchnerismo esto es más que evidente, teniendo en la voz de Máximo Kirchner uno de quienes está a favor de realizar las PASO y las generales en el mismo día para “dirimir” los lugares en la lista y así poder ganar espacio en la provincia de Buenos Aires para su sector en competencia con caciques que responden al albertismo o al massismo.

Más allá de las especulaciones que se puedan hacer, desde la izquierda siempre hemos rechazado las PASO desde su implementación. Y lo seguimos haciendo. Fueron creadas por el kirchnerismo en 2009 (votada con el aval de los radicales) diciendo que iban a “transparentar la política”.

Denunciábamos entonces: lejos de democratizar la vida partidaria tratan de imponer una alternancia en el poder de los partidos patronales proscribiendo a la izquierda y a la centroizquierda. Las internas abiertas nada tienen que ver con mayor democracia, transparencia y participación. Por el contrario, la obligatoriedad a presentarse en ellas supone una mayor intromisión del Estado en la vida interna de los partidos. La ley impide que los afiliados de un partido decidan el mecanismo que democráticamente determine cuáles serán sus candidatos. Su carácter “abierto” genera la posibilidad de que sean los aparatos clientelares tradicionales, no “la ciudadanía” ni los afiliados, quienes diriman las internas de otros partidos de acuerdo a sus propias especulaciones. Y fundamentalmente repudiamos las PASO porque fijan un piso (filtro) del 1,5 % de los votantes como condición para tener derecho a presentar candidatos a presidente, diputados y senadores nacionales. Es decir, vulnera el derecho democrático a presentar candidatos y a ser elegido.

Este piso proscriptivo sólo buscan mantener en la “competencia” electoral a los partidos tradicionales, aquellos que cuentan con más recursos, son financiados por las grandes patronales y que pueden bancar costosas campañas en los grandes medios pagando hasta a periodistas para que sean sus voceros. Muchas veces, a pesar de una gran campaña militante y el apoyo de los votantes, en algunas provincias la izquierda no ha superado el piso exigido.

No superar el piso de las PASO niega el derecho a que nos puedan acompañar con su voto quienes no se sienten representados por los partidos patronales y ven en la izquierda y sus propuestas una alternativa. Las PASO buscan borrar a la izquierda revolucionaria y a sus propuestas para los trabajadores y los sectores populares de la puja electoral. No quieren que los luchadores que conforman las listas del Frente de Izquierda puedan ocupar las bancas en las legislaturas y el Congreso para denunciar las políticas patronales a favor del FMI, las jubilaciones de miseria, los ajustes o los acuerdos a espaldas del pueblo trabajador y mucho menos toleran que nuestros diputados acompañen las luchas y sean voceros de las mismas en las palestras legislativas donde los políticos patronales se dedican a elaborar y votar leyes a favor de los grandes intereses económicos.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad denunciamos que las PASO son un engaño y una traba más para que la izquierda tenga una voz en las elecciones y se postule como una alternativa en el proceso electoral, postulando una salida de fondo para el pueblo trabajador. Por eso no nos movemos por ninguna especulación electoral: ante el debate de qué hacer con las PASO proponemos que lisa y llanamente se eliminen.

Eliminar las PASO, a su vez, debe ser parte de una reforma política que comprenda, entre otras cosas, la eliminación también de todos los mecanismos tramposos, como las colectoras, sumatorias de votos y otras variantes; terminar con los pisos que se usan como causales de caducidad de las personerías políticas partidarias (como no sacar el 2% de los votos en dos elecciones consecutivas o no mantener un piso de afiliaciones, lo que obliga a afiliar todos los años); eliminar el piso del 3% del padrón electoral para tener acceso a la representación parlamentaria en la Cámara de Diputados, entre otras reformas que sí se deberían implementar.

Escribe Agustín Gigli, dirigente de Izquierda Socialista Esquel

Luego del fuerte apriete de Alberto Fernández al PJ chubutense, el gobernador Arcioni convocó a una sesión extraordinaria para el 5 de febrero para aprobar, de una vez, la zonificación minera en Chubut. El jueves 4 de febrero se convocó a una jornada nacional contra la minería en Chubut. Fue un día histórico para la movilización antiminera. Logramos nacionalizar la lucha como nunca antes, se sumaron decenas de ciudades en todo el país. Para esto tuvo un rol central la Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones, de la que formamos parte, que respondió al llamado de la UACCh (Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut).

Para poder sesionar el 5 en Diputados se convocó a la Comisión de Ambiente. Pero la comisión no pudo “modificar” el proyecto de zonificación (el 128/20) y pasó a un cuarto intermedio para el jueves. La presión de la enorme movilización dio resultado. Ese día tampoco pudo “concluir con su tarea” y suspendieron la sesión extraordinaria del viernes. Paralelamente la jueza Arbilla de Esquel hizo lugar al recurso presentado por vecinos dictando la suspensión de la sesión hasta que se resuelva la cuestión de fondo respecto a la falsedad ideológica y la ilegalidad del proyecto de Arcioni. Seguramente también influenció el lapidario informe del CenPat-Conicet que se conoció en la semana, que solicita retirar el proyecto oficial y tratar la Iniciativa Popular.

Algunos sectores del peronismo quieren adjudicarse la suspensión del tratamiento de la ley y dicen que hay que seguir “mejorándola”. No es así. No la pudieron aprobar debido a la lucha en la provincia y en el resto del país, donde ambientalistas y la izquierda nos movilizamos contra el saqueo y la contaminación. Así, se hizo una importante y gran marcha en CABA donde estuvieron los diputados nacionales Juan Carlos Giordano y Mónica Schlottahuer, entre otros dirigentes de Izquierda Socialista y del Frente de Izquierda. ¡Algunos periodistas de Rawson hablaron de los gritos de Arcioni en la casa de gobierno al enterarse que sus planes no pueden avanzar!

Como hay mucho en juego, la repartija aumenta con tal de aprobar la zonificación. Por dar un ejemplo, Arcioni decidió otorgar un 2% de las regalías por minería a la burocracia de los sindicatos mineros que tengan afiliados en los proyectos, unos 200.000 dólares anuales sólo por el proyecto Navidad. También se esclareció lo que significa para el gobierno un fondo anticíclico: se inmoviliza el 10% de las regalías recibidas para pagar salarios de las mineras si es que la actividad disminuye a causa de una baja del valor del mineral. Así, el Estado pasa a ser garante de los salarios de las multinacionales, con plata de las regalías provinciales.

Desde Ambiente en Lucha e Izquierda Socialista seguimos impulsando la movilización junto a las asambleas y organizaciones ambientales para lograr que se retire el proyecto de zonificación y se apruebe sin modificaciones el proyecto de ley impulsado por Iniciativa Popular.

Izquierda Socialista junto a su militancia y Ambiente en Lucha en la marcha y acto en CABA desde la Casa de Chubut, Obelisco y la Secretaría de Minería junto a organizaciones ambientalistas, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia y otras agrupaciones sociales y de la izquierda. En el acto habló nuestro diputado Gringo Giordano junto a otros referentes.

Escribe Rodolfo Sánchez,  Izquierda Socialista Bariloche

Al momento de escribir esta nota se cumplen 13 días desde el comienzo del incendio forestal de grandes proporciones en la zona de El Bolsón. El fuego ya consumió más de 7.000 hectáreas de bosque andino, viviendas, galpones y mató muchísimos animales.

Al contrario que otras regiones del país, los meses de verano son la estación seca en la zona Andina patagónica. Las altas temperatura que superan los 30 grados, la bajísima humedad ambiente y el viento, son una combinación fatídica para la propagación del fuego.

En 2020, bajo este mismo gobierno de Alberto Fernández con su ministro de Medio Ambiente Juan Cabandié y su secretario Sergio Federovisky, se quemaron aproximadamente 900 mil hectáreas en 22 provincias argentinas. Los incendios más resonantes y que duraron meses fueron a lo largo del río Paraná, afectando 300 mil hectáreas. Otra cantidad similar se dio en las sierras de Córdoba.

Para 2020 el Plan Nacional de Manejo contra el Fuego tuvo asignado 8.7 millones de dólares de presupuesto, una suma ridícula si se tiene en cuenta que el costo para remediar los daños producidos por los incendios (aproximadamente 1% del PBI) ronda en los 4.000 millones, aunque el relato oficial es que los incendios fueron consecuencias del fenómeno climático de El Niño.

En la Plaza Pagano, los vecinos de El Bolsón se autoorganizan y reciben donaciones para asistir a los brigadistas y bomberos voluntarios que en Río Negro hace años luchan por tener una ART. El Intendente Bruno Pogliano (del partido provincial Juntos Somos Río Negro), más preocupado por el turismo, los negocios inmobiliarios y fiel lacayo del magnate Lewis, presionado por las llamas que están cerca del Barrio Unión, pidió al gobierno nacional que enviara más recursos. El mismo Cabandié contestó que ya mandaron todos los recursos disponibles, o sea tres aviones, tres helicópteros y 101 brigadistas. Una triste realidad, sumada al relato durante el gobierno de Cristina Fernández de que estaba comprando 26 aviones hidrantes para combatir los incendios forestales. La gobernadora Arabela Carreras (de Juntos Somos Río Negro) acaba de declarar la emergencia. “Desde 1964 no se veían estas condiciones meteorológicas excepcionales”, dijo. Una falacia completa, porque los incendios en la zona andina patagónica son probables en verano por sus altas temperaturas y baja humedad. Simplemente recordemos las 15 mil hectáreas quemadas en Bariloche durante 1996, con Menem como presidente y María Julia Alsogaray en medio ambiente.

Gobierno tras gobierno se escudan en situaciones climáticas excepcionales y veraneantes imprudentes, pero lo concreto es la falta de presupuesto, medios y recursos materiales y humanos para prevenirlo, ya que los pocos brigadistas que hay suelen tener situaciones de trabajo precarizadas a través de contratos temporales.

¡Basta de que se tiren la pelota entre los distintos gobiernos! ¡El gobierno nacional, el provincial y municipal deben poner todos los recursos necesarios en la emergencia para frenar el fuego!