La pandemia causada por el Covid 19 ya ha ocasionado millones de muertos y contagiados en el mundo. Pero a pesar de que se descubrieron varias vacunas en tiempo record, millones observan azorados cómo el gran negocio capitalista que hay detrás de ellas por parte de un puñado de multinacionales farmacéuticas y laboratorios apañadas por los gobiernos imperialistas y capitalistas está impidiendo que haya una producción mundial suficiente para poder inmunizar de manera urgente a la población del planeta. Negocio que es amparado por el régimen de patentes y propiedad intelectual de medicamentos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que consiste en que cada una de esas empresas tiene exclusividad para producir y vender las mismas, cuando debería ser un derecho humano esencial y patrimonio de la humanidad para poder salvar a millones.

Esto sucede mientras el ministerio de Salud procedía a una “vacunación VIP” a sus amigos y allegados, lo que ha producido la renuncia del ministro Ginés Gonzales García y una crisis política nacional. Esto sucede en la Argentina, al igual que en Perú, Chile y otros países mientras la población trabajadora de estas naciones sufren las consecuencias de la pandemia sin perspectiva de una vacuna en el corto plazo.

Ante esto emitimos la presente declaración del FIT Unidad, impulsando una campaña de lucha, en consonancia con la campaña mundial en curso impulsada por distintas organizaciones exigiendo que no rijan las patentes médicas para las vacunas y medicamentos para combatir el Covid-19. Rechazando a su vez el repugnante secretismo y los sistemas de “confidencialidad” de los gobiernos, centralmente por parte de EEUU, Canadá, Inglaterra, la Unión Europea, celebrando contratos con pagos por adelantado para garantizarse la vacuna para esos países, incluso en cantidades que superan varias veces a la de su población, impidiendo el derecho a otros países semicoloniales que puedan acceder a la vacuna para todas sus poblaciones. La Unión Europea, por ejemplo, compró dosis que triplican su población, mientras países del continente africano o de América Latina quedan completamente rezagados. O Israel, país que algunos ponen de ejemplo por encabezar el ránking de vacunación, cuando no se ha vacunado a casi nadie del pueblo palestino.

Las patentes y la propiedad intelectual no son nada más que la apropiación privada por parte de multinacionales imperialistas de un bien común, como lo es el conocimiento científico y técnico que se ha ido acumulando durante décadas producto de múltiples investigaciones en diferentes países (en universidades, hospitales o centros de investigación de todo el planeta) financiado centralmente con millones de dólares con dinero público. Esa propiedad monopólica está provocando todo tipo de crueldades, consecuencia directa de un capitalismo imperialista que se guía por la ganancia privada. Un sistema anárquico e irracional, todo lo contrario a la cooperación internacional para la producción y planificación imprescindibles en función de las necesidades sociales de los pueblos del mundo para que la vacuna se produzca y llegue a todas las personas sin distinción. La lucha consecuente para terminar con la pandemia adquiere características sociales y políticas muy definidas.

La lucha por la liberación de las patentes, y para que se implemente un plan masivo de producción de vacunas, debe ser financiado por el no pago de la deuda externa y un verdadero impuesto a las ganancias a multinacionales, bancos y grandes capitalistas como lo venimos proponiendo desde el FIT Unidad para Argentina, entre otras medidas. Esta es la tarea que está planteada como necesidad urgente ante la catástrofe de la pandemia. La lucha por conquistar la vacunación masiva, es la lucha contra el sistema mismo que apoya su existencia en la propiedad privada, en este caso, de las patentes, atentando contra la salud de toda la humanidad.

Por eso saludamos la campaña que vienen impulsando distintas organizaciones como Médicos Sin Fronteras para que “no haya patentes médicas y que las vacunas, medicamentos y diagnósticos para el COVID-19 lleguen realmente a todas las personas del mundo”, reclamando a los gobiernos la exención de patentes, de métodos de diagnóstico, tratamientos y vacunas.

Luchar contra las patentes para vacunas y medicamentos que son patrimonio de la humanidad es una tarea clave. Como fueron los casos de la vacuna Salk contra la poliomielitis y la penicilina, cuyos inventores Jonas Salk y Alexander Fleming, respectivamente, no patentaron dichas vacunas y medicamentos, o antecedentes de India y Brasil que sorteando las patentes pudieron producir medicamentos para combatir el HIV/Sida.

Por el contenido de esta lucha, que afecta directamente los cimientos de la sociedad capitalista, basada en la propiedad privada de los medios de producción y en la transformación en mercancía de toda la producción social, le cabe a los trabajadores y sus organizaciones políticas y sindicales, comités de lucha, etc., en todo el mundo tomar la iniciativa para que se anulen las leyes de patentes, se nacionalicen los laboratorios y se establezca un plan coordinado de producción y distribución de las vacunas y de todos los insumos médicos necesarios para enfrentar la pandemia. En Argentina la burocracia sindical opera en un rumbo contrario, ya que está asociada con el manejo de la sobras sociales a los intereses que manejan la medicina privada y los grandes laboratorios, mientras que muchos de sus dirigentes, como Hugo Moyano y parte de su familia, escandalosamente entraron en el selecto grupo de privilegiados que se inocularon con las “vacunas vip”.

Una coalición de 99 países liderada por India y Sudáfrica ha solicitado a la Organización Mundial del Comercio que ceda los derechos de propiedad intelectual para que los fabricantes de medicamentos genéricos puedan comenzar a producir las vacunas. Lo mismo viene reclamando Médicos sin Fronteras, la reconocida ONG Oxfam y Amnesty, entre otras. Si bien se trata de un planteo limitado, que se explica por las ataduras de esos mismos estados a los intereses generales del capital, el gobierno argentino, firmante de esta declaración, no hace nada al respecto. Por el contrario, aprobó la ley 27573 -con la rotunda oposición del FIT Unidad-, para darle impunidad e inmunidad a las multinacionales y renunciar a los tribunales locales en caso de juicios y controversias, ley aprobada por el peronismo del Frente de Todos y sus aliados, y la mayoría de la oposición patronal de Juntos por el Cambio, es decir, los diputados que responden a Macri, Larreta, Patricia Bullrich y Carrió.

El presidente Alberto Fernández dijo en el Foro de Davos que la vacuna debe ser un “bien público global” pero ni siquiera se ha pronunciado por la eliminación de la ley de patentes. Es más. El gobierno dice que la vacuna AstraZeneca se produce en Argentina, pero al servicio del Grupo Insud-Pharma (del millonario empresario Sigman) en acuerdo con el magnate mexicano Carlos Slim.

En la Argentina hay al menos seis proyectos  en curso de fabricación de las vacunas con muy poco o nulo financiamiento del Estado, y una parte de las de Oxford-Astra-Zeneca ya se están produciendo en el laboratorio mAxience (del magnate amigo del gobierno Hugo Sigman), pero el gobierno ni siquiera se garantizó que un gran porcentaje de estas últimas queden en el país llevándoselas el laboratorio a México para su envasado. La humanidad no puede quedar al arbitrio de un puñado de empresas cuya única lógica es maximizar sus ganancias. Es necesario luchar por un plan de producción y distribución de vacunas gratis para la Argentina y los países que lo necesiten, al igual que la distribución masiva de plasma, suero equino y todos los medicamentos necesarios para impedir muertes evitables por el Covid-19, en la línea de desconocer el derecho de patentes y de propiedad intelectual convocando a los pueblos de otras naciones a impulsarlo mancomunadamente.

De esta manera impulsamos y nos sumamos a las distintas iniciativas que apunten a movilizar por esta exigencia, llamando a que se pongan todos los recursos económicos, humanos, tecnológicos y de infraestructura para lograr una producción a gran escala de la vacuna y de los medicamentos paliativos, declarándolos de utilidad pública, incluso interviniendo laboratorios y farmacéuticas privadas extranjeras y del país, a fin de contar con todos los insumos y tecnología necesarios bajo control de lxs trabajadorxs y usuarios. Para poner en pie un plan de vacunación universal, gratuita, que sea parte del plan anual de vacunación y poder avanzar hacia la inmunidad colectiva.

Junto con esta pelea, sostenemos una salida global y de fondo, que pasa por la abolición definitiva de todas las patentes y por un sistema nacional único de salud, estatizando los laboratorios, la industria farmacéutica y la medicina privada poniéndolos bajo control y gestión de sus trabajadoras y trabajadores para terminar con el negocio capitalista de la salud y así poder garantizar al pueblo trabajador el disfrute de una salud pública, universal, gratuita y de excelencia, es decir, terminar con el régimen que impone esta situación acusiante a la humanidad.

En ese marco convocamos a luchar en común con todos aquellos que reclaman contra las patentes, por vacunas gratuitas para todxs y un plan de emergencia mundial con libertad de producción en cada país. Llamando a la más amplia unidad para impulsarla, denunciando a las grandes multinacionales farmacéuticas y laboratorios que hacen negocios con la necesidad acuciante de millones.

Llamamos a lograr miles de pronunciamientos y a impulsar unitariamente distintas iniciativas, protestas y movilizaciones a tal fin, impulsando un gran movimiento, coordinando con internas, cuerpos de delegados y sindicatos y distintas organizaciones obreras, populares y de DDHH, personalidades, partidos de izquierda, organizaciones sociales, estudiantiles y de mujeres fomentando también iniciativas de coordinación internacional para tal fin.

Frente de Izquierda Unidad
(PTS, PO, Izquierda Socialista, MST)

El femicidio de Úrsula confirmó la responsabilidad estatal ante la violencia machista. Se vio nuevamente en el accionar de la Policía Bonaerense: una institución no sólo repleta de agentes denunciados por cometer este flagelo, sino que también los encubre para garantizar impunidad. Y no es una cuestión de “capacitación de género”: lo mismo hace con las redes de trata, del narcotráfico, del gatillo fácil, del gran delito, y si es necesario, lo impone con represión. Es su función, y también se vio ante la protesta de familiares y amigues de Úrsula frente a la comisaría donde revistaba el femicida Matías Martínez.


Las declaraciones de Sergio Berni, que “no entiende” por qué el pueblo de Rojas se manifestó ante la comisaría si "la policía no tiene nada que ver", despertaron un repudio enorme. Pero el gobierno de Axel Kicillof volvió a darle su apoyo el mismo día (con un acto de entrega de más patrulleros) y las ministras de Género Elizabeth Gómez Alcorta y Estela Díaz lo convalidaron. Ambas se dicen feministas, pero su gestión está muy lejos de dar respuesta a los reclamos del movimiento de mujeres y disidencias.


Mientras en las calles se reclama justicia para Úrsula y para todas, mientras se exige que cese la represión y la impunidad, mientras se demandan refugios, viviendas, trabajo para paliar al menos la situación de las víctimas, para garantizar que puedan salir de la situación en que se encuentran, la policía de Berni y Kicillof sigue en acción y el gobierno de Alberto Fernández crea nuevos organismos de “coordinación de ministerios” para atender las consecuencias de los hechos consumados, no para prevenirlos. Es lo que sucede con el anuncio de un nuevo Consejo Federal contra los femicidios y travesticidios. ¿Qué cambia? Mucha sarasa, pero poco o ningún efecto real. La proliferación de organismos y ministerios bajo dirección gubernamental no puede ocultar el fracaso de la demagogia: en los hechos, no se destina presupuesto ni se garantizan políticas públicas elementales, que impacten verdaderamente en la situación de quienes sufren la violencia de género. El doble discurso del gobierno queda a la vista.  

Dieciocho denuncias contra Martínez no bastaron para evitar el femicidio de Úrsula. Tampoco las estadísticas que muestran que uno de cada cinco femicidios lo comete un agente o ex agente de las fuerzas de seguridad. Que la justicia es otra institución con responsabilidad, no quedan dudas. Mientras jueces que son electos a dedo y cobran como empresarios archivan las denuncias y garantizan la impunidad, los bloques del Frente de Todos y Cambiemos hacen lo suyo: garantizan un presupuesto de ajuste para pagar millones al FMI, pero no para atender la violencia de género, para destinar los recursos del Estado a construir viviendas o refugios, o para terminar con la precarización de las trabajadoras de los programas de atención. Ahí también está la responsabilidad del Estado, de los gobiernos de turno y de los partidos que sostienen este sistema.

Desde el Frente de Izquierda - Unidad denunciamos el carácter clasista y patriarcal del Estado capitalista y de todas sus instituciones, como la justicia y la policía, que reproducen, legitiman y justifican constantemente la misoginia, la desigualdad y la opresión. Para lograr Ni Una Menos no alcanza con crear más organismos o con reformas parciales. Entre otras medidas, hay que elegir los jueces y fiscales por voto popular, disolver el aparato represivo y aumentar el presupuesto para atender la violencia de género. La lucha contra el patriarcado está más vigente que nunca y lo tiraremos junto con el capitalismo.

Es necesario un gran movimiento de lucha, organizado democráticamente, independiente y en las calles, que haga temblar la tierra. Para lograrlo, para reclamar justicia e imponer nuestras demandas, este 17 de febrero nos manifestamos en todo el país y llamamos a los sindicatos, centros de estudiantes, organizaciones sociales, de derechos humanos, de mujeres y disidencias, a poner en pie un gran movimiento por Justicia para Úrsula y para todas.

Justicia por Úrsula y por todas. Ni Una Menos.
Estado, gobierno, justicia y policía son responsables. Fuera Berni.
Plata para prevención y asistencia a las víctimas, no para la represión y el FMI.

Frente de Izquierda - Unidad

Agrupación de mujeres y disidencias Pan y Rosas (PTS e independientes)
Plenario de Trabajadoras (PO)
Isadora, Mujeres en Lucha (IS)
Juntas a la Izquierda (MST)

Los días lunes 8/2 y jueves 11/2 se llevó a cabo el juicio por la causa armada a Santiago Almirón en los tribunales de Morón. Santiago es un joven de 24 años que llevaba 2 en prisión preventiva por un delito que no cometió.

Su familia y la Coordinadora contra la Impunidad Policial fueron los principales impulsores de la lucha para que se haga justicia y lo liberen. A su vez, denunciaban el accionar de la policía corrupta y represora con complicidad del Poder Judicial.

Luego de 2 años se concretó el juicio que finalizó con el resultado que reclamamos: la absolución de Santi. Una gran victoria de la lucha en las calles.

Es un hecho que criminalizan a la juventud y a la pobreza. Eso sucedió con Santiago, agarraron a un pibe de barrio y le inventaron una causa sin ninguna prueba contundente, sin ningún testigo que lo identifique como el autor material del delito. Un circo de la policía y el Poder Judicial que se lleva puesto a nuestros pibes y pibas.

Desde Izquierda Socialista hemos acompañado a la familia, siendo parte de la organización de la lucha por la liberación.  Nuestro diputado nacional de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad, Juan Carlos Giordano, se solidarizó y apoyó a la familia de Santiago.

Nos alegra mucho esta gran victoria de la absolución. No queremos más causas armadas. Denunciamos a la policía bonaerense respaldada por el Gobierno provincial de Axel Kicillof y el ministro Sergio Berni, que arma causas y amedrenta en los barrios. Denunciamos también al Poder Judicial corrupto.

Esta conquista no impulsa a seguir la pelea junto a todas las familias que atreviesen casos similares.

BASTA DE CAUSAS ARMADAS
LOS GOBIERNOS SON RESPONSABLES

Ayer martes 9 de febrero vandalizaron, en una de las puertas del estadio del Club Ferrocarril Oeste, un mural recordando a los 16 socios y socias detenidos-desaparecidos durante la última dictadura militar. Pintaron sobre los rostros de las y los compañeros “perdon Videla” haciendo una reivindicación del mayor genocida de la historia Argentina. Mañana Jueves 10/2 se realizará la reconstrucción del mural y estará presente el legislador Pablo Almeida.

Almeida expresó: “Desde nuestra banca en la legislatura porteña por el Frente de Izquierda Unidad (Fit-U) en representación de Izquierda Socialista repudiamos la vandalización del mural y exigimos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y al Gobierno Nacional que comiencen una investigación para que se esclarezca el hecho identificando a los culpables.” agregó también: “Acompañaremos mañana de la reconstruccion del mural como acompañamos también todas las luchas por memoria, verdad y justicia”

¡30000 Compañeros y compañeras detenidos-desaparecidos presentes!

CONTACTO

Legislador Pablo Almeida: 11-3377-0008 @palmei

Facebook: Pablo F. Almeida

Prensa del legislador: 1161934551

El mundo sigue convulsionado. Lo mismo pasa en Argentina. Los gobiernos de turno siguen convocando a “convivir con el virus” y a volver a la “normalidad”, mientras crece lo que se han denominado las dos pandemias (la del coronavirus y la del hambre y la miseria global), impactando negativamente sobre millones. Crecen los contagios y las muertes, por un lado, y la pobreza, la desocupación y la desigualdad social, por el otro. Lo que pasa con la vacuna es la muestra de un capitalismo en su fase más descarada al servicio de las ganancias de farmacéuticas y laboratorios. Los gobiernos las subsidiaron millonariamente, se logró producir la vacuna, pero ahora la vacuna no aparece. La culpa es de las multinacionales que especulan con la complicidad de los gobiernos que firmaron con ellas acuerdos secretos y de confidencialidad y se amparan en las patentes, lo que está impidiendo salvar millones de vidas. Eso ha provocado una crisis enorme. Un medio de comunicación llegó a decir que la Unión Europea debería expropiar las patentes. El actor Michael Moore le exige a Biden estatizar Pfizer. Y 99 países de la Organización Mundial de Comercio, encabezados por India y Sudáfrica piden que se levanten las patentes mientras dure la pandemia, lo mismo que Médicos sin Fronteras y otras organizaciones y personalidades.

Por otra parte, millones se hunden en la miseria. Todo ocurre mientras un puñado de megamillonarios acrecientan sus fortunas personales y la de sus empresas. Estados Unidos y la Unión Europea disponen partidas billonarias para salvar a los de arriba (endeudándose a más no poder) al mismo tiempo que dan algunas migajas a los de abajo para evitar convulsiones sociales. La economía de América Latina se hundió un 7% en 2020. La de Argentina un 10%. Ahora anuncian un “crecimiento” de un 4,5% en nuestro país en 2021, por lo que quedaríamos igual un 5,5% abajo.

El gobierno de Alberto Fernández sigue con su doble discurso, diciendo que mientras el mundo está en crisis, Argentina se está recuperando y se va a salvar de la mano del Fondo Monetario. Es lo que dijo en la cumbre de Davos. Habló de que se está saliendo adelante mediante un acuerdo entre gobierno, empresarios y dirigentes sindicales. Pero de la mano de las patronales y la burocracia sindical (el denominado Consejo Económico y Social) lo que se apresta a hacer bajo el eslogan de “alinear salarios, tarifas e inflación”, es dar otro saque al bolsillo popular. La paritaria modelo firmada con los bancarios del 29% oficiará como techo salarial en un año donde la inflación rondará el 45 o 50%. La inflación de diciembre del 4% fue la más alta del año pasado y se prevé un aumento similar en enero, que se conocerá en estos días. Alberto Fernández hace campaña diciendo que los empresarios no deberían aumentar los precios, pero es el propio gobierno el que también los fogonea, autorizando los aumentos de las naftas con YPF, las prepagas, las subas de los Precios Cuidados y dejando las manos libres para que los precios sigan por el ascensor cuando los salarios y jubilaciones van por la escalera. En varias provincias de la mano de los gobernadores la electricidad subirá hasta un 37%. El proyecto de ley para que no paguen Ganancias el 63% de los trabajadores que lo vienen sufriendo es un alivio para 1,2 millones, medida que se toma en medio de un año electoral, y que se financiará con la misma plata que sacó del IFE o de reponer rebajas de ese mismo impuesto a muchas empresas. No es una política para ponerle plata al bolsillo de la gente, sino que esa medida trata de encubrir que millones vienen perdiendo y lo van a seguir haciendo, como los jubilados con el robo de la movilidad jubilatoria, el 50% de trabajadores en negro y millones de trabajadores en blanco que seguirán perdiendo con la inflación.

Decir que Argentina se va a salvar de la mano del FMI es otra gran mentira. “Ella y yo tenemos una mirada parecida sobre lo que le pasa al mundo”, dijo Fernández, refiriéndose a la titular de ese organismo, Kristalina Georgieva, después de su último diálogo, como si el acuerdo que se está cocinando podría ser en beneficio del pueblo trabajador. No es así. Esta semana se pagaron otros 300 millones de dólares al FMI y el gobierno se apresta a firmar un nuevo acuerdo reconociendo 50.000 millones de dólares a un organismo usurero en beneficio de banqueros internacionales, en medio de la agudización de la pandemia. Fernández se la pasó hablando de la vacuna con Macrón y Putín a la vez que les pidió apoyo para llegar a un acuerdo.

El gobierno y Juntos por el Cambio están enfocados en las elecciones de este año. Les preocupan los votos. Debaten si se postergan o no las PASO, según su conveniencia, alejados de las necesidades populares. Sus tironeos mediáticos terminan al compás de acordar políticas comunes, como hizo el ministro Trotta sacándose la foto con su par Acuña de CABA, coincidiendo en llamar a la presencialidad en las escuelas cuando las aulas no están preparadas, a riesgo de aumentar los contagios de alumnos, docentes y padres. Mientras tanto la vacuna no aparece. Solo se ha vacunado el 1% de la población. Y vivimos el escándalo de que todavía ni siquiera lo ha podido hacer todo el personal de la Salud (ni qué hablar de personas en riesgo, trabajadores esenciales o docentes), pero sí lo lograron políticos patronales, gobernadores y funcionarios y hasta se había invitado a vacunarse a Moria Casán y otros artistas. 

Ante todo esto el pueblo trabajador da pelea. Los profesionales de la Cicop de la Provincia de Buenos Aires lograron el 44% en la paritaria, un ejemplo de lo que puede hacer el sindicalismo combativo y democrático. También, aunque en otro terreno, que haya caído la sesión de la legislatura de Chubut que tenía previsto aprobar la ley de megaminería impulsada por Arcioni con el aval del gobierno nacional, es un aliciente para todos los que reclaman. Muestra que también se puede frenar el saqueo de las multinacionales y los gobiernos y se pueden dar pasos si se da pelea.

Llamamos a reclamar un aumento inmediato de salario y de jubilaciones. La referencia son los 82.000 pesos de la canasta familiar, como sostiene la junta interna de ATE Indec. Diciendo no al techo salarial y denunciando y exigiendo a la burocracia de la CGT y CTA que deje de pactar con el gobierno y las patronales y llame a un plan de lucha nacional, empezando por darle todo el apoyo a los docentes para exigir aulas seguras.

Contra la pandemia del coronavirus, llamamos a impulsar la campaña nacional e internacional en unidad con otras organizaciones y personalidades exigiendo que el gobierno nacional desconozca unilateralmente las patentes e inicie un plan de producción de la vacuna con todos los recursos necesarios. En ese sentido se está haciendo firmar un pronunciamiento y hemos presentado un proyecto de ley con nuestro diputado Juan Carlos Giordano (ver notas siguientes).

Y señalamos que Argentina debe dejar de pagar la deuda y no firmar ningún pacto con el FMI, destinando esa plata a reactivar la economía, a un plan de viviendas populares para dar trabajo genuino, entre otras medidas de fondo que levantamos desde la izquierda. Nunca quedó tan claro que el capitalismo no es salida para el pueblo trabajador y que los distintos gobiernos descargan las consecuencias de las pandemias sobre los que menos tienen. Pelear por una salida de fondo para frenarlo y revertirlo es la tarea de la hora.