Escribe Atilio Salusso

"La ley permite que el presidente expropie una fábrica para la seguridad del país. ¿Cuándo se hará cargo el presidente Biden de la fábrica de vacunas covid Pfizer en Kalamazoo y comenzará a operar las 24 horas del día, los siete días de la semana? Cientos de miles murieron. Envíe tropas a Kalamazoo", le reclamó el famoso cineasta y documentalista Michael Moore al flamante presidente de Estados Unidos a través de su twitter.

De esta manera le salió al cruce a Biden quien había dicho al recibir la primera dosis de la vacuna que "no había nada de qué preocuparse".

El reclamo de Moore obedece a la crisis tremenda ocasionada por el faltante de vacunas culpa de las multinacionales. Y con su audaz propuesta, muestra una salida ante la emergencia para que el Estado yanqui se haga cargo de producir millones de vacunas para combatir el mal.

Escribe Atilio Salusso

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, envió un proyecto de ley sobre el impuesto al salario (Ganancias, cuarta categoría) para que dejen de pagarlo 1,2 millones de trabajadoras, trabajadores y jubilados, elevando el piso de 78.000 a 150 mil pesos brutos para los primeros, quedando exceptuados quienes perciban 124.500 de bolsillo mensuales. Aun así van a seguir abonando ese impuesto el 37% de trabajadores y jubilados (733.000 asalariados) y decenas de miles de autónomos y monotributistas, quienes seguirán siendo víctimas de este robo.

Siempre desde la izquierda vinimos denunciando que el impuesto al salario es un robo, que el salario no es ganancia y que por lo tanto ningún trabajador bajo convenio o jubilado debería pagarlo. En un año electoral, y atento a que el gobierno viene perdiendo base social, Massa ahora presenta este proyecto.

Yendo a cifras, el proyecto permitiría que le sean devueltos 40.000 millones de pesos anuales (alrededor de 280 millones de dólares, el 0,1% del Producto Bruto Interno) a los beneficiarios si la ley se llegara a votar. Pero tengamos en cuenta que fue el propio gobierno el que eliminó el IFE, dinero que el gobierno usará ahora para financiar este proyecto. Dicen que el costo para el gobierno sería “neutro”, porque a su vez desactivaría una rebaja de ese mismo impuesto a las empresas vigente desde 2017. Y si de comparaciones hablamos, el gobierno dispondría para tal fin de ingresos por 280 millones de dólares, cuando este 1° de febrero pagó 300 millones de la misma moneda al FMI.

El propio proyecto deja claro que todos los gobiernos metieron la mano en el bolsillo de las y los trabajadores y jubilados con este impuesto, mientras eran eximidas grandes patronales, se bajaban retenciones al agro, petroleras y mineras o se daban subsidios millonarios a distintos sectores capitalistas. Hasta el propio Massa dijo: “hoy paga más en proporción una enfermera o barrendero que una empresa minera o un bingo”.

El propio texto señala que desde 2003 (cuando asumió Néstor Kirchner) pagaban el impuesto 499.331 trabajadores; en 2013, en pleno gobierno de Cristina, esa cifra ascendió a 2.831.000; con Macri pasó de 1,6 millón a 2,1 millón, y en 2020 llegó a 2,3 millón. Si se aprueba esta ley, 1,2 no estarían alcanzados.

Millones de trabajadores junto al sindicalismo combativo y la izquierda vinieron luchando desde hace años en forma consecuente por la eliminación del impuesto al salario. Pero alertamos que el proyecto oficial, que está hecho bajo la consigna de que este gobierno le “está poniendo plata en el bolsillo de la gente”, se apresta a fijar paritarias en torno al 29/30% en 2021 (cuando la inflación será del 45/50%) y también cuando se le acaba de meter la mano en el bolsillo a las jubiladas y jubilados con el cambio de la movilidad jubilatoria. Y que cuando perciban los aumentos de las actuales paritarias muchos van a seguir comprendidos en dicho impuesto.

¡Que ninguna trabajadora, trabajador, jubilada o jubilado pague Ganancias! ¡Que paguen ganancias los bancos, las multinacionales y los grandes empresarios que no fueron tocados con el denominado “impuesto a la riqueza” del gobierno!

Escribe Adolfo Santos

Alarmado por la estampida inflacionaria, el gobierno peronista del Frente de Todos busca mecanismos para evitar que las negociaciones salariales acompañen esa escalada. Con el apoyo de los grandes empresarios y la complicidad de la burocracia sindical, el gobierno quiere amarrar las paritarias a la inflación prevista en el presupuesto 2021, fijada en 29%. Un número irreal si consideramos que en diciembre ese índice llegó a 4% y que en enero será algo similar. No por casualidad la mayoría de los analistas económicos calculan que en 2021 la inflación estará entre el 45 y 50%.

Desde el gobierno han iniciado la campaña de que este año quieren que los salarios le ganen a la inflación. Cristina dijo que había que “alinear salarios, tarifas e inflación”. Hugo Yasky de la CTA oficial y diputado nacional llegó a afirmar que está muy entusiasmado con que el ministro de Economía Martín Guzmán enarbole ese discurso, mostrando, dice, a un ministro “inédito” por sus conceptos. Pero detrás de todo esto se encubre un nuevo robo salarial.  

La propuesta del gobierno va a terminar generando un nuevo año de pérdidas salariales en relación a la inflación. Que ya fueron altísimas después de la inflación macrista de 2019, que alcanzó un índice oficial de 53,8%. Tampoco se pudieron recuperar los salarios en 2020 con una inflación que superó el 40% en relación a los alimentos, un rubro fundamental en el presupuesto de una familia trabajadora. Atar las paritarias a un número inflacionario ficticio como es el 29% previsto en el actual presupuesto, será un nuevo golpe en el bolsillo popular.

Queda al desnudo el doble discurso del gobierno de Alberto Fernández. La defensa de los más vulnerables ya se demostró una mentira. Los jubilados perciben ingresos de hambre (perjudicados con una movilidad que no contempla la inflación), se eliminó el IFE, cada vez menos sectores reciben subsidios para sobrevivir a la crisis agravada por la pandemia y el salario pierde por goleada frente a la inflación. 

Por eso la propia burocracia sindical tiene que salir a desmarcarse. La CGT declaró que no van a permitir un “techo salarial” mientras los últimos aumentos de los alimentos devoran los salarios y que van a insistir para que las paritarias terminen 3 o 4 puntos por encima de la inflación. Claro que nadie les cree a estos traidores que en 2020 firmaron un reajuste del 28% para el salario mínimo frente a una inflación del 40% en los productos de la canasta básica.

Una prueba de esta falsa combatividad es el acuerdo que acaba de firmar la Asociación Bancaria. En la primera paritaria importante del año que incluye a 103 mil trabajadores, Sergio Palazzo se jactó de haber firmado un aumento de 29% para 2021, exactamente lo que quiere el gobierno, foto mediante con el propio presidente. Encima de ser un acuerdo a la baja, la recomposición será escalonada -11,5% en enero, 11,5 en abril y 6% a partir de agosto-. Alineado con el gobierno, Palazzo declaró en su cuenta de Twitter: “…los bancarios cerramos una gran paritaria… Lo hicimos sin conflictos y afianzando nuestros derechos”.

No podemos aceptar “sin conflictos” que nos regulen el salario con una inflación imaginaria mientras los grandes empresarios elevan los precios sin ningún control y obtienen todo tipo de beneficios fiscales de parte del gobierno. Todos los días vemos como suben los precios, sobre todo de los alimentos y bebidas, los que más inciden en el bolsillo del trabajador. En lo que va de 202, ya tuvimos tres aumentos de combustibles con un promedio de 8% a nivel nacional y un máximo de 9,7% para la nafta súper en la Capital. Por eso es inaceptable que el gobierno quiera limitar los acuerdos salariales a una inflación irreal.

Sin dudas, Alberto Fernández no podría avanzar con medidas de este tipo sin la complicidad de la burocracia sindical. Por eso ante cada negociación salarial es necesario presionar desde las bases y exigir que ningún dirigente sindical firme un acuerdo sin que sea aprobado por los trabajadores en asamblea. Impulsando luchas por la base podemos presionar a los burócratas y obligarlos a un plan de lucha para conquistar salarios y jubilaciones en relación a la inflación real y para que nadie reciba menos de los 82.000 pesos calculados por la junta interna de  ATE Indec para una familia tipo. Para eso es necesario apoyar todas las luchas y junto con el sindicalismo combativo continuar trabajando para construir una nueva dirección para la clase trabajadora.

Escribe José Castillo

La realidad es más transparente que cualquier discurso. O doble discurso, para ser más preciso: decir una cosa y hacer exactamente la contraria. El gobierno de Alberto Fernández repite como una letanía: “estamos negociando un acuerdo con el FMI que nos permita pagar y a la vez crecer”. Lo acaba de repetir en su discurso virtual en el Foro de Davos y en sus reuniones telefónicas con los jefes de gobierno de Alemania, Ángela Merkel, y de Francia, Emmanuel Macron. La directora general del FMI Kristalina Georgieva ya entendió el juego y le hace coro, asegurando que se está trabajando en un acuerdo que garantice las metas fiscales (léase el ajuste para pagar la deuda) y a la vez “sea sustentable con el crecimiento y la atención a los más vulnerables”.  

Volvamos a la realidad. Mientras continúa la pandemia y crece la pobreza, el gobierno de Alberto Fernández sigue pagando una deuda fraudulenta y usurera. El año pasado, entre pagos a los bonistas privados, el dinero que se le giró por intereses al propio FMI y los desembolsos a otros organismos internacionales, se fueron 6.000 millones de dólares. Este año se debutó con 300 millones que se le abonó con reservas del Banco Central al propio Fondo en concepto de “intereses” y “cuota” por pertenecer al organismo. 

Y se vienen más pagos a buitres y usureros. Diversas provincias tienen vencimientos de deuda en 2021. La tan publicitada negociación “exitosa” del año pasado con los bonistas privados obliga a que ya en julio de este año empiecen los pagos a estos buitres. 

Pero lo más importante, y lo que es efectivamente objeto de negociación, son 5.200 millones de dólares que vencen este año. 2.200 corresponden a un pago que debe realizarse en mayo al Club de París y el resto son los dos vencimientos (en setiembre y diciembre) al propio FMI. 

El gobierno del Frente de Todos negocia “patear” esos vencimientos para el 2025. A cambio de un ajuste, por supuesto,que significará más hambre y marginación para el pueblo argentino. Esto es lo que no se dice, y está en el centro de las mentiras del gobierno: todos, absolutamente todos los planes de ajuste del FMI en el planeta, y entre ellos los más de 20 que lleva firmados la Argentina desde 1956, se hicieron para “ahorrar” plata que garantice cumplir con los pagos de deuda, a costa del salario, los puestos de trabajo, las jubilaciones, la salud y la educación de los países que lo firmaban. 

El gobierno tiene como prioridad lograr este acuerdo. Si se firma, en el corto plazo obligará a un ajuste mayor al actual, estrictamente monitoreado por el Fondo, y pagado como siempre  y una vez más por el pueblo trabajador. Y en el mediano plazo, en apenas unos años,  tendremos la continuidad de la hipoteca de una deuda que sigue creciendo cual bola de nieve. 

Por eso, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad volvemos a insistir: no hay salida pagando esta deuda usuraria y negociando con el FMI. La alternativa es romper con el Fondo y dejar inmediatamente de  pagar la deuda externa. Para así poner todos los recursos al servicio de un programa económico de emergencia, obrero y popular, que priorice las más urgentes necesidades de salario, trabajo, salud, educación y vivienda. 

Escribe Guillermo Sánchez Porta

El gobierno de Fernández se quitó la careta en su doble discurso sobre educación. A través del ministro Trotta no sólo acordó plenamente con Larreta y Acuña el vergonzoso protocolo que presentaron para el regreso a clases presenciales en CABA sino que también avaló e impulsó el cronograma de regreso a la presencialidad en San Juan, Santiago y Santa Fe desde el mismo 17 de febrero y de todo el país en las siguientes semanas. El 12 de febrero harán una nueva reunión del Consejo Federal de Educación (CFE), donde oficializarán este cronograma y protocolos. No hay “grieta” con Juntos por el Cambio, el Frente de Todos y las diferentes variantes del peronismo y los partidos provinciales como el MPN neuquino. Todos han decidido el regreso a la presencialidad de docentes, auxiliares y estudiantes sin que haya ninguna inversión importante en infraestructura, insumos y nombramientos de personal, ni vacunación a docentes, auxiliares y estudiantes que pueda garantizar un retorno seguro. Como bien dicen nuestros dirigentes de Docentes en Marcha en todo el país, es una política “criminal” del presidente y de los gobernadores.

En algunas escuelas de CABA y otras provincias se obligó a docentes y auxiliares a retornar a las escuelas esta semana. Y como venimos denunciando, en la mayoría no se ha garantizado siquiera las medidas mínimas de entregar alcohol en gel, desinfectantes, artículos de limpieza de baños, aulas y cocinas. No hay elementos para tomar la temperatura a quienes ingresan a la escuela. Los relevamientos que están realizando los docentes confirman lo que venían denunciando los sindicatos combativos: no se han acondicionado las aulas con mayor ventilación y arreglos de puertas, ventanas, vidrios, techos.

Los protocolos no resuelve el transporte escolar en las ciudades donde los estudiantes viajan en transporte público con miles de personas que ya, sin el regreso escolar, viajan hacinadas. En el caso de CABA, Larreta y Acuña definieron que el sistema de “burbujas” para el aislamiento sea de 30 chicos, en aulas donde ya están apretados. ¿Dónde está el aislamiento y el cuidado de la salud? Más absurdo es la situación de la docencia, obligada a romper las burbujas porque debe dar clases en todas las escuelas y los cursos que da en situación de normalidad, en 2, 5 o 10 “burbujas” diferentes. Si salta un caso de Covid, automáticamente las burbujas deben aislarse por 14 días. ¡Los “protocolos seguros” son absurdos e impracticables!

Pese a esto, el gobierno nacional y los gobernadores insisten y mienten para dar “tranquilidad”. Larreta y Acuña se niegan a ir a una citación judicial para explicar denuncias de sindicatos. Rechazan participar en cualquier debate público con los dirigentes docentes que los denuncian. Fernández, Trotta y los gobernadores ni siquiera cumplen con su propio “semáforo sanitario” acordado el año pasado que indica que cada un cierto número de casos de Covid por habitante, no se puede regresar a la escuela. Según ese “semáforo” hoy en ninguna provincia se puede regresar. Por eso lo van a “modificar” en la reunión del CFE. Todos serán responsables de la expansión del Covid, de las enfermedades y muertes que puedan suceder en las familias trabajadoras.

El peronismo y Cambiemos coinciden en retomar “como sea” las clases presenciales porque necesitan “normalizar” el sistema productivo, que no haya más trabajadores de licencia por cuidar sus hijos, y garantizar las ganancias de los empresarios. Las escuelas privadas quieren recuperar los cobros mensuales de su negocio educativo. Se apoyan para ello en que la docencia y las familias están cansados de la pandemia y la virtualidad. Pero a medida que los docentes van yendo a las escuelas y los estudiantes y las familias se vayan acercando, la realidad será un cachetazo que hará cuestionar aún más la presencialidad.

Como dicen los docentes, para abrir las escuelas hacen falta recursos, no discursos. Se puede ir a un sistema mixto, semi presencial, combinado grupos pequeños con presencialidad semanal con la virtualidad, hasta que se garantice la vacuna para todos. Pero para eso es necesario invertir dinero en infraestructura, insumos, nombramiento de más personal auxiliar y docente, conectividad y tecnología gratuita para docentes y estudiantes, transporte escolar y salarios dignos. Es necesario, como proponemos desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda, declarar la emergencia educativa nacional con una partida presupuestaria para educación ya. Ese dinero debe salir de los pagos de la deuda externa, quitar los subsidios a la educación privada y fuertes impuestos a las grandes empresas, oligarquía y multinacionales. Llamamos a todos los trabajadores a exigir juntos la emergencia educativa y a apoyar la lucha de los docentes que defienden la educación y la salud de todos.