Escribe Mónica Schlotthauer, diputada nacional Izquierda Socialista / FIT Unidad

En estos días Cristina Kirchner manifestó su preocupación por la salud y esbozó algunas propuestas. Es un tema sensible que necesita respuestas urgentes por las serias falencias observadas durante la pandemia que el Frente de Todos no resolvió. Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad presentamos un proyecto de ley con nuestras propuestas y seguimos apoyando a los trabajadores de la salud en el camino para lograr un sistema de salud único, estatal, gratuito y de excelencia para todas y todos.

Es importante decir que los cuatro años de macrismo fueron desastrosos para la salud pública. El presupuesto para el sector, que desde el gobierno peronista kirchnerista venía bajando año a año, con Macri y Vidal llegó a uno de los peores niveles históricos. Pero queda claro que el deterioro de la salud pública ha sido una constante de los últimos gobiernos, es lo que demuestran las innumerables luchas que dieron los trabajadores del sector teniendo que autoorganizarse para superar las traiciones de la burocracia sindical, como aconteció en Neuquén. Sin embargo, en períodos electorales, los políticos patronales renuevan sus promesas con supuestas soluciones para resolver los problemas de la salud que ellos mismos generaron.

La vicepresidenta declaró: “Vamos a tener que repensar todo el sistema de salud en la Argentina para hacer un uso más eficiente de los recursos”, lo que causó un revuelo en los sectores de la medicina prepaga y la dirigencia de la oposición patronal de Cambiemos. Hasta la burocracia sindical se puso nerviosa ante la posibilidad de perder los recursos de las obras sociales que le permiten hacer caja. La cuestionan porque, supuestamente, es una propuesta para estatizar el sistema, algo que sectores kirchneristas y el propio gobierno peronista se apuraron en desmentir. 

Es evidente que el peronismo kirchnerista, que gobernó doce años en los que se profundizó el deterioro del sistema de salud, no lo va a estatizar ahora. Lo que está “repensando” la vicepresidenta se basa en un proyecto del Instituto Patria, de donde no se desprende la estatización. El proyecto, denominado Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino, habla de un “sistema mixto” donde el “subsector público” trabajará con “mecanismos de regulación ágiles y transparentes para el subsector privado”. Dicen que se va a beneficiar a los trabajadores, pero no cambian la estructura económica del sector, con lo que las prepagas continuarán garantizando sus ganancias. 

Es parte de lo que ya hizo el kirchnerismo y que hoy vemos en la provincia de Buenos Aires, tercerizar y privatizar partes del sistema de salud. Cuando un hospital público no tenga un tomógrafo o camas suficientes, por ejemplo, tercerizarán el servicio. El Estado no va a crear instalaciones propias para paliar los déficits, le va a pagar a los privados para que presten el servicio. Continuarán enviando fondos del Estado para financiar el sistema privado de salud. Lo que pone nerviosas a las prepagas, a la oposición patronal y a la propia burocracia sindical es quién va a controlar los fondos destinados al sector. Es la pelea por el cofre de la salud.

Por la creación de un sistema nacional único de salud

Desde Izquierda Socialista y el FIT-Unidad, rechazamos esta política de participación público-privada del Frente de Todos, que en realidad es una propuesta que tiene el objetivo de fomentar el negocio privado de la salud. Por eso hemos presentado desde nuestra bancada, con asesoramiento de miembros de la Cicop, un proyecto de ley de emergencia* que, sin ambigüedades, propone crear el sistema nacional único de salud (SNUS), que reunirá la totalidad de las instalaciones, recursos físicos y tecnológicos destinados al cuidado de la salud. El subsector privado y el de la seguridad social deberán integrarse transitoriamente al SNUS hasta tanto se establezca su definitiva incorporación al sistema estatal.

Nuestro proyecto establece la gratuidad absoluta de todas las prestaciones y contempla que “la provisión de medicamentos, vacunas y prótesis será de carácter gratuito y universal y quedará a cargo del Estado nacional”. El artículo 10 propone implementar “una política salarial que haga innecesario el pluriempleo de los trabajadores de salud” y, sobre el personal de enfermería, “tendrá la categoría de profesional de la salud y así será considerado a todos los efectos”.

Descartamos la tercerización de los servicios, tanto de la atención sanitaria como de los servicios generales. Y finalmente decimos que “el financiamiento del subsector estatal provendrá de la unificación de los presupuestos actuales de las distintas jurisdicciones en un solo fondo, que será inmediatamente triplicado proviniendo tal financiamiento de Rentas generales y el no pago de la deuda externa”.

No hay salida para la salud pública con las políticas  que vienen aplicando los diferentes gobiernos patronales desde hace décadas. Todos responden a las recomendaciones de los organismos financieros internacionales que dependen del imperialismo. Llamamos a los usuarios de la salud pública y a los trabajadores del sector a sumarse a estas propuestas para luchar en defensa del hospital público y por la reorganización y centralización de los recursos y esfuerzos en un sistema nacional de salud único para garantizar que el pueblo tenga acceso a una salud pública universal, gratuita y de excelencia para todas y todos.

*Ver el texto completo del proyecto en

 www.izquierdasocialista.org

Escribe Martín Fú

La Unión Argentina de Salud, la cámara que nuclea a las empresas privadas de medicina prepaga, nuevamente pidió actualizar el valor de las cuotas. Así lo ha difundido en los medios Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical, quien hizo una presentación judicial exigiendo a la Superintendencia de Seguros de Salud que les permita aumentar las cuotas a un universo de seis millones de personas, en su mayoría asalariados formales, 13,6% del total de la población.

Según datos del Ministerio de Salud, existen alrededor de setecientas prepagas y mutuales, siendo las principales OSDE, Swiss Medical Group, Galeno, Omint y Medicus. Se ocupan de financiar los servicios que prestan clínicas, sanatorios y centros de diagnóstico privado. Es este último sector el que viene negándose reiteradamente a negociar paritarias para sus trabajadores, sobreexplotados y con sueldos miserables. Recordemos que fue beneficiado por el gobierno de Alberto Fernández con la disminución de las contribuciones patronales y el programa de subsidios Repro II, por el cual el Estado paga parte de los salarios cubriendo un monto mayor por trabajador que en el resto de las actividades.

Envalentonados, quizás porque el gobierno les facilitó  camas públicas ante la saturación del sistema de terapia intensiva de la medicina prepaga, exigen también la creación de un fondo estatal para cubrir los costos de los llamados “tratamientos catastróficos de alto costo y baja frecuencia”.

La sed de ganancias de la medicina privada no reconoce límites. En 2020 redujeron hasta 90% las prestaciones a sus afiliados a pesar de haber recibido 100.000 millones de pesos en ayudas por parte del Estado mientras sus afiliados seguían pagando la cuota plena (Infobae, 2/1/2021).

Desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad somos claros, es necesario fortalecer el sistema de salud y mejorar las condiciones laborales y salariales de todos los trabajadores de la salud. Para lograrlo, en lo inmediato, debe centralizarse todo el sistema bajo control estatal. No para que el Estado subsidie a la medicina privada, como pretenden Belocopitt y su cámara, sino para que brinde los beneficios que corresponden a sus afiliados.

Escribe Martín Fú

Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, incluyó en su viaje a Washington la búsqueda de consenso con la multinacional yanqui Pfizer. Como ya lo han manifestado, los personeros de la multinacional pretenden que se quite la causal de “negligencia” del texto de la ley ya aprobada por el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, que otorga inmunidad a las multinacionales farmacéuticas con respecto a los efectos colaterales de las vacunas, “salvo en caso de negligencia”.

Pfizer pretendía que se modificara la ley, para lo cual Juntos por el Cambio anticipó su voto favorable. Como esta solución es políticamente inviable para el peronismo, y tampoco era posible satisfacer a Pfizer con el texto del decreto reglamentario, se comenzó a estudiar otra posibilidad, una especie de seguro brindado por alguna institución financiera internacional. Esta institución apareció y Claver Carone, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), anunció que este organismo, del cual la Argentina forma parte, está estudiando la posibilidad de crear un seguro que brinde las garantías que busca la multinacional.

Precisamente, con este funcionario de una de las principales instituciones financieras internacionales del sistema imperialista mundial, es con quien se reunió Sergio Massa buscando encontrar una solución que recomponga las relaciones con Pfizer. Quizás, de esta manera podría vender la vacuna a la Argentina con la seguridad de no ser demandada en caso de efectos indeseados. También se vería complacido el gobierno norteamericano, que subsidió con 7.500 millones de dólares la producción de Pfizer y Moderna, que usan el mismo principio farmacéutico.

Juntos por el Cambio está dispuesto plenamente a rehacer la ley de acuerdo a las necesidades de la multinacional. El Frente de Todos, en virtud de su doble discurso, está buscando una fórmula que disimule su aceptación de las condiciones fijadas por Pfizer. Desde el FIT Unidad rechazamos las exigencias leoninas de la multinacional y exigimos al gobierno que libere las patentes para masificar la producción nacional que garantice vacunas para todas y todos.

Escribe Liliana Olivero, legisladora provincial (m.c.) Izquierda Socialista / FIT Unidad y referente de la izquierda cordobesa

El tratamiento de la pandemia en Córdoba es un fracaso. Schiaretti pasó en pocos días de vanagloriarse de la cantidad de camas, a un colapso sanitario donde se elige a quién darle una y a quién no. En las últimas dos semanas las muertes por Covid-19 aumentaron 72%, colocándonos segundos en todo el país, detrás de la provincia de Buenos Aires.

Es que, aunque Schiaretti se presente como alternativa dentro del peronismo, sus medidas durante la pandemia no han sido muy diferentes de las de Alberto Fernández. Defendiendo la sacrosanta propiedad privada, también estuvo en contra de incautar las millones de vacunas de Garín y, lejos de priorizar la salud pública, continuó su vaciamiento al servicio de la salud privada. Por eso la infraestructura sanitaria colapsa, el personal es insuficiente, precarizado y con salarios de pobreza. Incluso, en el pico de la segunda ola, despidió a setenta y dos trabajadores/as de la salud y ahora persigue al personal que denuncia todo esto.

A ello se suma su criminal política de mantener la presencialidad educativa, con docentes que en alto porcentaje no tienen el esquema de vacunación completa y un gran número aún que no tiene ni una dosis. Esta política refleja su negacionismo, con restricciones insuficientes, en pos de mantener las ganancias de los grandes empresarios, que muestra su otro negacionismo, el de la crisis económica que ahoga a la mayoría de la población. Por eso, en lugar de otorgar subsidios a los sectores populares, a los pequeños comercios y talleres, usa esa plata para el pago de la deuda provincial y para su campaña electoral. Esta es la pandemia de la desocupación, los bajos salarios y la pobreza, que a fines de 2020 en el Gran Córdoba trepó a 42%, es decir que, a hoy, es probable que casi la mitad de estos cordobeses sean pobres. Según La voz del interior, “un universo de casi 69.000 cordobeses padeció el descenso social en materia de ingresos”. La inflación a mayo es de 22,87% y el salario de miles de empleados públicos y docentes aumentó solo 14% hasta ese mes. Ni qué decir de los jubilados, a los que les aplicó un brutal ajuste. Mientras tanto, el gobierno gasta millones en propaganda política y en megaobras no prioritarias, como la autovía de montaña, por la que va a desembolsar 100 millones de dólares y destruyendo el ambiente.

Nada de esto fue denunciado por la oposición de Cambiemos. Al contrario, han acompañado las principales medidas, y ante la posibilidad de que puedan ganar las próximas legislativas en la provincia alertamos que, como lo hicieron con Macri, legislarán contra los trabajadores.

La única alternativa real es la que levantamos desde el Frente de Izquierda Unidad, quienes seguimos acompañando las luchas de los trabajadores, de la salud, las mujeres y de los distintos conflictos, como el de los veintisiete estudiantes de la UNC procesados por luchar.

Este año tenemos el desafío de mantener nuestras bancas y conquistar otras. Por eso discrepamos con la postura levantada por Laura Vilches (PTS) y Luciana Echevarría (MST), que han planteado la posibilidad de que el FIT Unidad presente distintas listas en las PASO. Aunque pueda caer bien, es una política equivocada, divisionista, que nos debilita en la verdadera pelea contra las variantes peronistas y de Juntos por el Cambio llevándonos a una pelea fratricida para ver a qué candidato del FIT Unidad hay que votar. Ya todos coincidimos en un único programa y los acuerdos de rotación de las bancas hacen que todos las podamos compartir. Por eso, a la falsa unidad de ir separados en las PASO le respondemos: lista única del Frente de Izquierda Unidad y de toda la izquierda, sin PASO, para enfrentar a los candidatos del ajuste permanente.

Escribe Mercedes de Mendieta, legisladora de Izquierda Socialista / FIT Unidad CABA y presidenta de la Comisión de Violencia Institucional

El viernes 18 de junio se realizó una audiencia pública convocada por la presidencia de la Comisión de Seguimiento de Violencia Institucional de la Legislatura porteña que presido, en conjunto con las presidencias de las comisiones de Mujeres, de la legisladora Laura Velazco (Frente de Todos) y de Derechos Humanos, de Victoria Montenegro (Frente de Todos). El objetivo era presentar el informe preliminar de la Misión de Solidaridad Internacional y Observación de Derechos Humanos de Colombia en el marco de la rebelión popular en curso contra las medidas de ajuste del FMI y el gobierno represor de Duque.

De la audiencia participaron miembros de la comitiva que viajó a Colombia, como la diputada Laura Velazco, representantes de la Correpi y el CELS junto con organizaciones colombianas y diversos organismos de derechos humanos y organizaciones políticas. Contamos también con la presencia de Norita Cortiñas y la adhesión de Mirta Baravalle y Elia Espen, de Madres Plaza de Mayo Línea Fundadora, referentes de Izquierda Socialista/FIT Unidad, como mi compañero de bloque, el legislador porteño Pablo Almeida, y el diputado nacional Juan Carlos Giordano, así como la legisladora porteña Amanda Martín (PO), Alejandrina Barry (PTS) y Celeste Fierro (MST).

Esta audiencia se dio en el marco de una fuerte convulsión en América latina, con procesos de rebelión popular que enfrentan el ajuste, el hambre, la precarización y pelean por cambios de fondo, como en 2019 cuando el pueblo chileno se levantó contra Piñera. Ahora, en Colombia, la movilización lleva más de cincuenta días enfrentando al gobierno derechista y represor de Duque, con fuerte protagonismo de la juventud, les trabajadores, las mujeres y los indígenas y que obtuvo un primer triunfo tirando abajo las reformas tributaria y de salud.

El informe preliminar mostró cómo la represión del reaccionario Duque combinó la utilización de la policía nacional, el escuadrón antidisturbios y fuerzas paramilitares contra las movilizaciones, que realizaron asesinatos a sangre fría, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y violencia político-sexual, que recae sobre los cuerpos de las mujeres y diversidades, con abusos sexuales y violaciones. Desde nuestra comisión exigimos el fin de la represión y el juicio y castigo a los culpables.

Entre los participantes, estuvieron presentes referentes de organizaciones de Colombia que pelean en las calles y sufren a diario la represión, como el caso de Nohora Torrenegra, de la Asociación de Educadores del Atlántico, y Joaquín Linero, presidente del Sindicato de Maestros de Santa Marta, del Colectivos Unidos, parte de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores (UIT-CI) quienes hicieron intervenciones destacadas relatando la represión diaria y la lucha por ¡fuera Duque!

Desde las bancas que ocupamos en la Legislatura, al igual que la UIT-CI, venimos siendo parte de la solidaridad internacional con el pueblo colombiano. Tenemos la tarea de seguir denunciando la violación sistemática de derechos humanos en Colombia y peleando por la hermandad de los pueblos que luchan en nuestro continente contra las políticas de ajuste de los gobiernos capitalistas y la represión. ¡Viva la rebelión del pueblo colombiano! ¡Basta de represión! ¡Abajo Duque!