Escribe Lucha Internacionalista – Seccion de la UIT-CI en Estado Español

26/02/2026 A cuatro años del inicio de la invasión rusa, lo que debía ser una operación relámpago para establecer un régimen afín al Kremlin se ha convertido en una guerra de desgaste que ya se ha cobrado cientos de miles de vidas. El frente está casi estancado, el ejército ruso continúa perpetrando crímenes de guerra. El año 2025 ha sido el más letal para la población civil con 3.218 muertos y 8.901 heridos, un aumento del 37% respecto a 2024. Y ahora Moscú cuenta con el apoyo de los Estados Unidos de Trump, que reclaman la entrega de territorio ucraniano al invasor. Trump ha dado alas a Putin y ha recortado el apoyo militar a Ucrania en más del 90% para doblegarla. El agotamiento es evidente, pero la gente continúa resistiendo.

El invierno está siendo muy duro, aún más que los anteriores, mientras Rusia ha intensificado los ataques sobre infraestructuras civiles y deja constantemente sin electricidad ni calefacción a grandes partes del territorio ucraniano en un intento de desmoralizar la resistencia. En los territorios bajo ocupación, al este, la población padece un régimen de terror policial y rusificación forzosa. En el frente, la línea se ha desdibujado con los medios de guerra actuales. La guerra de drones ha impuesto otras condiciones de terror y ya no podemos hablar de la línea del frente, sino de una franja de 20 km a ambos lados.

Trump quiere imponer un plan de paz a Zelenski a medida de Putin. El acuerdo pretende legitimar la ocupación con la idea de congelar el frente actual. Significa premiar la agresión rusa y ceder el 20% del territorio ucraniano (Crimea y el Donbás). Rusia dilata la negociación a la espera de avances significativos en la línea del frente que no llegan. Witkoff, el enviado especial de Trump, afirmó que la “causa principal” de la guerra era que Ucrania era un “país falso”, reproduciendo el discurso del Kremlin. El magnate estadounidense intercambia favores con Putin esperando que este le retribuya en otros intereses estratégicos para Washington, como ha hecho al permitir con la abstención, sin recurrir al veto, los planes de Trump para la colonización de Gaza en el Consejo de Seguridad de la ONU, o con el silencio ruso ante el ataque de los EUA a Venezuela. Ucrania es para Trump solo una moneda de cambio.

El gobierno de Zelenski, al ligar su destino al financiamiento y armamento del imperialismo, de la OTAN, los EEUU y la UE, y no a la movilización independiente de su pueblo, se ha encontrado dependiendo de sus políticas y, aún más, atrapado ante el cambio de amo en Washington. El pueblo ucraniano se enfrenta a un gobierno endeudado, que ha aplicado leyes contra los y las trabajadoras en favor de los grandes oligarcas, y a la amenaza de un futuro como colonia económica tras la entrega de explotaciones de las tierras raras a los EEUU. Estas políticas debilitan el esfuerzo del pueblo trabajador ucraniano para hacer frente a la invasión rusa.

Pero la prolongación de la guerra comienza a pasar factura al Kremlin. Cada vez le es más difícil conseguir soldados para el frente. Los mandos militares piden 400.000 más y tienen que recurrir al reclutamiento de mercenarios. El pago de los sueldos y de las indemnizaciones por muerte se disparan y los costes de la guerra han obligado al Kremlin a presentar unos presupuestos con aumento de impuestos y recortes de las partidas sociales en sanidad, educación y servicios sociales. Ha crecido la inflación y cae el apoyo inicial a la invasión mientras continúa la represión sistemática de toda manifestación de crítica a Putin.

La estrategia de Trump también intenta debilitar a los imperialismos europeos, como en las propuestas para convertir a Europa en gendarme mediante una zona desmilitarizada patrullada por tropas europeas. Esto implica explorar la debilidad de los imperialismos europeos y otra forma de hacer pagar la deuda que la administración Trump exige como pago por sus servicios en la OTAN. La impotencia de la UE se evidencia, así como la división con gobiernos como el de Orbán en Hungría, abiertamente defensores de la agresión rusa.

Los aumentos comprometidos en la cumbre de la OTAN del 5% de gasto militar no tienen que ver con el suministro de armamento a Ucrania, que no supone ni la mitad del aumento en gasto militar de la UE en los últimos 3 años. Rechazamos la doble moral de los gobiernos de la UE, que hablan de apoyar a Ucrania y condenan la invasión rusa, justificando una política de sanciones y aislamiento internacional de Rusia, mientras se niegan a aplicar las mismas medidas ante el genocidio brutal del pueblo palestino. Mantienen a Israel como socio preferencial, con comercio de armas, en concursos y competiciones deportivas. Lo mismo hace el Gobierno de Sánchez-Díaz: a pesar de los aspavientos y las declaraciones, sigue comprando y vendiendo armas a Israel y colaborando con el genocidio.

Hacemos nuestro el llamamiento de la plataforma rusa “izquierda por la paz sin anexiones”: “Los rusos conscientes, la izquierda antibélica, debe aprovechar la situación actual para difundir la información sobre los crímenes inhumanos de Rusia en Ucrania. La empatía por los cortes de calefacción es posible considerando que a menudo el capitalismo ruso ha dejado sin calefacción a los trabajadores de Rusia. (…) el estado ruso no lleva a Ucrania la liberación, sino oscuridad, frío, muerte, dictadura… y por eso hay que resistir”.

El alineamiento de Trump con Putin deja sin política a la supuesta izquierda que divide el mundo en dos bloques irreconciliables encabezados uno por los EEUU y la OTAN y el otro por Rusia y China. La colaboración interimperialista, por muchas tensiones que tengan por el reparto del pastel, también se demuestra en el apoyo de Rusia a Israel, con el aumento de hasta el 70% del trigo que recibe Israel y hasta el 50% en derivados del petróleo. Rusia solo gesticula ante el ataque del imperialismo de los EEUU a Venezuela o el bloqueo a Cuba. Rusia es también un imperialismo capitalista que explota y oprime.

Los imperialismos y los gobiernos dictatoriales son los enemigos irreconciliables de los trabajadores y los pueblos. Nosotros estamos contra toda opresión imperialista. Estamos con la resistencia ucraniana ante la invasión rusa. De la misma manera, estamos con la resistencia palestina contra el imperialismo sionista. La única paz justa vendrá de la derrota de la invasión rusa. El pueblo ucraniano tiene el derecho a armarse para defenderse de la agresión. Es necesario reafirmar la solidaridad internacional con la lucha del pueblo ucraniano, con sus organizaciones sindicales y de izquierda. Rechazamos cualquier pacto a espaldas de la voluntad popular.

¡Fuera las tropas rusas de Ucrania! Retirada inmediata de los invasores.
¡No al plan de rendición de Trump! Rechazo a cualquier pacto secreto entre potencias que decida sobre la soberanía de los pueblos.
Solidaridad contra la represión a los y las activistas rusos y bielorrusos contra la invasión.
¡Por una Ucrania independiente, al servicio de los trabajadores y las trabajadoras!
¡Solidaridad con la resistencia en Ucrania y Palestina! Contra la paz de los cementerios. 

Germán Resquín, ex delegado de la fábrica textil Barpla, cerró en 2025, y militante de A Luchar e Izquierda Socialista, expresó la solidaridad y  apoyo incondicional a las y los compañeros de la metalúrgica Aires del Sur, que deja en la calle alrededor de 140 familias. 

La situación es de suma gravedad. Desde la UOM se está haciendo un bono solidario para ayudar a las familias trabajadoras, que ya no pueden sostener los gastos mínimos, como la comida, los alquileres y los servicios. Llamamos a toda la población a solidarizarse y acompañar la lucha para evitar el cierre de la fábrica y la pérdida puestos de trabajo.

En el dia de ayer la UOM de Rio Grande resolvió ocupar la planta y ponerla bajo control de sus trabajadores.  Este jueves se realizará una acto en la puerta con la presencia solidaria de trabajadores de otras fábricas y que acompañará nuestro partido.

Las Centrales Sindicales y los gremios deben ponerse al servicio de la lucha. Esta semana hay que parar y entre todos los sectores organizar un plan de lucha para derrotar la intención de despoblar La Isla, para entregársela a EEUU y el FMI. Hay que unir esta lucha con la que se da contra la reforma laboral esclavista.  Por eso, esta semana hay que llamar y adherirse al paro de 36 horas y movilizar.

NO AL CIERRE DE AIRES DEL SUR
DEFENSA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
DERROTEMOS LA REFORMA LABORAL ESCLAVISTA
POR NUESTRO DERECHO A VIVIR EN TIERRA DEL FUEGO 

El caballito de batalla de Javier Milei sigue siendo que “bajó la inflación”. La realidad es que esta viene subiendo de manera sistemática desde mayo. Después de un enero que dio 2,9%, febrero arrancó con todo: la carne subió más de un 10%, transformándose en un auténtico producto de lujo. El gas aumentó 12,5%, el agua 4% y los colectivos en el AMBA 31,5%. Y esto seguirá en los meses siguientes, ya que una parte central del ajuste son los aumentos mensuales de las tarifas de los servicios públicos.

Mientras tanto, todos los salarios, públicos y privados, tercerizados, precarios, jubilaciones, lo que fuera, vienen perdiendo muy fuerte contra la inflación. Ya es vox populi el “no me alcanza”. Hasta el año pasado, quien estaba en blanco “tarjeteaba”, o incluso pedía un préstamo personal, simplemente para comprar comida o artículos de limpieza. Hoy eso se está cortando rápidamente: casi el 10% ya no puede pagar la tarjeta o esos préstamos.

A esto se suma la catarata de despidos, con cifras de vértigo. Cerraron 21 mil empresas en la era libertaria, con la pérdida de más de 300 mil puestos de trabajo. Por eso FATE y su lucha son un espejo en el que se miran miles de trabajadoras y trabajadores. Va quedando cada día más claro que la reforma laboral esclavista no es “para generar más puestos de trabajo” ni para “formalizar a los informales”, sino para despedir más fácil y más barato, y superexplotar a quienes quedan.

Milei, por su parte, se prepara para festejar sus supuestos triunfos del verano, como la propia reforma laboral o la baja de la edad de imputabilidad, mientras vuelve a viajar a Estados Unidos para reunirse con el establishment.

¿Qué pasa, mientras tanto, con el pueblo trabajador? Se puede sintetizar en una afirmación: crece la bronca. Esto se expresó con contundencia en el paro general del 19F, por más que algunos medios hayan intentado disimularlo. También se ve en la enorme solidaridad con las y los trabajadores del neumático y su lucha. Esa bronca es la base para sostener que, aun cuando el gobierno pueda hacer pasar leyes como la reforma laboral esclavista, no está claro cómo podrá implementarlas. Seguramente habrá resistencia y pelea.

Lo que cae de manera vertical es la confianza en que el gobierno ultraderechista pueda dar una salida. Se desvanece la expectativa de reactivación económica, de más trabajo o de mejoras salariales. Queda claro que lo único que ofrece el oficialismo es más ajuste y más entrega. Al mismo tiempo, se mantiene fuerte el “no volver atrás”, de no creer que la salida sea el regreso del peronismo. Todo esto muestra que existe una búsqueda de una salida política diferente.

Crece el número de decepcionados con el peronismo. Ya no solo por el desastre que fue la gestión de Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa, que allanó el camino al actual gobierno ultraderechista, sino también porque hoy no enfrentan el ajuste. Esto se ve con claridad en el rol de la CGT, pero también en un peronismo que ni siquiera puede garantizar que sus legisladores voten en contra de los proyectos más reaccionarios de La Libertad Avanza, como quedó demostrado con la reforma laboral esclavista.

Muchos fueron rompiendo con el oficialismo en estos dos años, al ver la realidad del ajuste y las políticas reaccionarias de la ultraderecha. Sin embargo, hubo una franja que, asustada por la campaña de que “si no ganaba Milei se acababa el apoyo de Trump y nos hundíamos”, volvió a votar a La Libertad Avanza en octubre, con una esperanza ya mucho más débil de que algo mejorara. Hoy vemos rápidamente cómo muchos de ellos se arrepienten.

El interrogante de millones es por dónde está la salida a esta crisis. Nosotros respondemos con claridad: la única alternativa para el pueblo trabajador, para la juventud, para el movimiento de mujeres y disidencias, para todas y todos los que sufren las consecuencias de la motosierra del FMI, es el Frente de Izquierda Unidad. Es la única fuerza que está presente de manera incondicional, apoyando todas las luchas, como ahora la de FATE. Es la que exige a la CGT que convoque a un nuevo paro general de 36 horas y a un verdadero plan de lucha. Es la única fuerza que se opone frontalmente y vota de manera unánime en el Congreso contra todas y cada una de las políticas de este gobierno ultraderechista.

Y también es el Frente de Izquierda quien plantea un programa alternativo, obrero y popular. Un programa que empieza por dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI, como paso fundamental para poner todos los recursos al servicio de resolver las necesidades más urgentes del pueblo.

Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad convocamos a las tareas de la hora. En primer lugar, apoyar todas las luchas, empezando por la de las y los trabajadores de FATE contra el cierre y los despidos. Y, al mismo tiempo, prepararnos para un gigantesco 24 de Marzo en unidad, donde, a 50 años del golpe genocida, repudiemos a este gobierno ultraderechista, entregador, reaccionario y negacionista, con cientos de miles en las calles y plazas de todo el país.

Escribe Adolfo Santos

Tras el paro nacional, el oficialismo logró aprobar una reforma laboral regresiva con apoyo de la oposición patronal y la complicidad sindical. Mientras el Senado se prepara para darle sanción definitiva, tenemos que exigir a la CGT  un paro de 36 horas y un plan de lucha nacional.

A pesar del importante paro general del 19F, el gobierno logró la aprobación del proyecto de Reforma Laboral en la Cámara de Diputados. La medida, convocada por la CGT, tuvo un alto acatamiento en el transporte, los servicios públicos y sectores de la industria. Fue una clara demostración de repudio a una reforma retrógrada y a un plan motosierra que elimina derechos, destruye el salario, el empleo y las jubilaciones.

Si el viernes 27 el Senado aprueba el proyecto votado en la Cámara Baja, algo altamente probable, se consumará un grave retroceso en los derechos y conquistas de las y los trabajadores. Para avanzar en este ataque, el gobierno contó con el apoyo de los partidos patronales. En primer lugar, del PRO y la UCR, que actúan alineados con las políticas reaccionarias de La Libertad Avanza (LLA). Pero también con sectores del peronismo de distintas provincias como Catamarca, Tucumán, Salta, Santa Cruz y el cordobesismo del gobernador Martín Llaryora.

La aprobación de esta reforma fue escandalosa. Sin debates previos y sin la participación de las organizaciones de trabajadores, el proyecto (elaborado en estudios jurídicos de grandes grupos empresariales) fue votado mediante un trámite exprés. Se liquidaron conquistas laborales históricas sin que sus principales afectados pudieran expresar su opinión. Gran parte de las y los diputados presentes ni siquiera conocían el texto que estaban votando. Incluso senadores y senadoras reconocieron desconocer el contenido del artículo 44, que habilitaba una reducción salarial de entre el 50 y el 75% para quienes soliciten licencia por enfermedad. Una verdadera vergüenza.

Ni siquiera los propios representantes de LLA podían defender el proyecto con argumentos serios. Nadie quería hacerse cargo. El objetivo era aprobar una ley al servicio de los intereses de las grandes empresas. En el caso del PRO, además, había un interés directo: el traspaso de la justicia laboral nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. En nombre de una supuesta lentitud de la justicia laboral (sin mencionar que el 50% de los cargos de magistrados están vacantes) el gobierno avanzará en despidos masivos de trabajadores judiciales para entregar el sistema al foro porteño, históricamente pro patronal.

“La Justicia del Trabajo es el último resorte que tiene un trabajador o una trabajadora para que se reconozcan derechos violados. Ahora, nada va a limitar a un empresario en el abuso de su posición de poder, donde se va a pretender pisotear la dignidad humana”, expresó Maia Volcovinsky, secretaria adjunta de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación.

La CGT nunca estuvo a la altura

En ningún momento la burocracia sindical de la CGT se colocó a la cabeza de la lucha contra la Reforma Laboral. Apostó todas sus fichas a la negociación parlamentaria para introducir modificaciones menores, intentando preservar las cajas sindicales y apostando a eventuales fallos judiciales de inconstitucionalidad. Solo cuando estalló el escándalo público por la rebaja salarial ante licencias por enfermedad se vio obligada a convocar al paro, empujada por la bronca generalizada que crecía en la base.

Sin embargo, no delineó ningún plan de lucha previo, ni siquiera cuando el proyecto se trató en el Senado el día 11. Ese día llamó a movilizar, pero su columna ni siquiera llegó a la Plaza Congreso. Fue la expresión de la bronca de la base de los principales sindicatos lo que garantizó el fuerte paro del 19F, demostrando a los dirigentes burocráticos de la CGT que hay condiciones para luchar contra la motosierra de Milei.

No es casual que un sector de la dirigencia sindical intente diferenciarse del núcleo duro de la CGT. Saben que las trabajadoras y los trabajadores no aguantan más los bajos salarios, los despidos y la precarización y tratan de responder a esa presión. En ese marco, gremios ligados al peronismo kirchnerista conformaron el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que nuclea a las CTA, la UOM, ATE nacional, la Federación de Aceiteros, APLA, la CATT, Molineros, Conadu, Viales y la Asociación Obrera Minera, entre otros, participaron de las movilizaciones del 11 y el 19, aunque tampoco ingresaron a la Plaza Congreso. Realizaron actos en las inmediaciones y plantean, correctamente, la necesidad de un paro de 36 horas con movilización como próximo paso.

Que la CGT llame a un paro de 36 horas y un plan de lucha

La aprobación del proyecto de Reforma Laboral nos coloca importantes tareas. Hay condiciones para seguir la pelea, la clase trabajadora no está derrotada. Tendremos que prepararnos para enfrentar el brutal ataque que prepara el gobierno y las patronales contra nuestros derechos. Más que nunca tenemos que construir la mayor unidad posible para enfrentarla aplicación de la reforma y el plan motosierra del gobierno y el FMI. 

Desde el Plenario del Sindicalismo Combativo, de los movimientos piqueteros independientes y de las jubiladas y jubilados en lucha, junto a la izquierda, hemos impulsado acciones frente al Congreso en cada sesión. Llamamos a darle continuidad al 19F con un paro de 36 horas y un verdadero plan de lucha para enfrentar los ataques del gobierno y las patronales.

Así lo expresaron Rubén “Pollo” Sobrero, secretario general de la Unión Ferroviaria Seccional Oeste y dirigente de Izquierda Socialista, y Mónica Schlotthauer, diputada provincial bonaerense y delegada ferroviaria, en Plaza Congreso: “Tenemos que exigir a la CGT un paro de 36 horas con movilización y un plan de lucha. Para dar la pelea cuando vuelva a tratarse en el Senado y también para lo que viene. Porque aun si la ley se aprueba, van a tener que aplicarla, y esa será otra pelea”.

Para avanzar en esas medidas, en cada lugar de trabajo es clave exigir asambleas y pronunciamientos de los cuerpos de delegados para reclamar que la CGT convoque a la lucha nacional contra la reforma laboral, por aumento salarial, contra los despidos y en apoyo a las y los trabajadores de FATE.

Escribe Adolfo Santos

El proyecto de reforma laboral impulsado por Javier Milei implica un brutal retroceso en las condiciones de vida y de trabajo de las y los trabajadores. En las últimas semanas se abrió un fuerte debate en torno al artículo 44, aprobado por mayoría en el Senado, que reducía el salario entre un 50 y un 75% durante las licencias por enfermedad. La indignación fue inmediata y varios legisladores llegaron a admitir públicamente que habían votado el texto sin siquiera haberlo leído.

Frente a la reacción social y ante el riesgo de que el proyecto quedara trabado en Diputados, el gobierno decidió retirar ese artículo durante el tratamiento en esa cámara. Sin embargo, lejos de dar marcha atrás con el espíritu general de la reforma, mantuvo intacto el núcleo de las modificaciones regresivas. La ministra Patricia Bullrich llegó a admitir que la eliminación del artículo 44 permitió destrabar otros puntos centrales del proyecto, dejando en evidencia que el objetivo no es crear empleo ni modernizar el trabajo, sino avanzar en una quita sistemática de derechos para beneficiar a las grandes patronales.

Uno de los ejes centrales de la reforma es el abaratamiento de los despidos.

El proyecto crea un Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con un aporte equivalente al 3% del salario, que se deposita en una cuenta individual administrada por entidades financieras. Ese porcentaje se saca de las contribuciones patronales que hoy van al Anses, lo que implica un desfinanciamiento directo del sistema previsional. De este modo, el costo del despido se vuelve previsible y sensiblemente menor para el empleador. Además, en el cálculo indemnizatorio dejan de computarse conceptos como el aguinaldo, las vacaciones y otros haberes, reproduciendo un esquema que remite a la experiencia de las AFJP.

La reforma también profundiza la precarización laboral.

Se establece un sistema de banco de horas que desregula la jornada de trabajo, habilitando extensiones de hasta 12 horas sin pago de extras, bajo la promesa de compensación futura. Las vacaciones, a su vez, podrán ser fraccionadas a criterio del empleador, dificultando el descanso real y la organización de la vida cotidiana.

Otro punto clave es el ataque a la negociación colectiva.

Se promueve la negociación por empresa en detrimento de los convenios por rama y se habilita la caída de cláusulas si no hay acuerdo en paritarias. Al mismo tiempo, se reduce del 6 al 5% el aporte patronal a las obras sociales, agravando la crisis de un sistema ya golpeado.
La reforma también ataca las organizaciones sindicales.

Limita las asambleas en los lugares de trabajo y restringe el derecho de huelga al ampliar la definición de servicios esenciales, obligando a garantizar guardias mínimas que vacían de contenido ese derecho constitucional.

La conducción de la CGT vuelve a quedar expuesta. Tras meses de negociaciones y participación en el Concejo de Mayo, solo bajo presión desde abajo convocó al paro del 19 de febrero. No alcanza. Hace falta continuidad y un plan de lucha nacional para enfrentar la reforma esclavista, luchar por salarios, contra los despidos y en defensa de las y los trabajadores de FATE.