Escribe Mercedes Trimarchi, diputada en CABA (mc) por Izquierda Socialista/FIT Unidad.

Tras los incendios forestales que arrasaron miles de hectáreas en la provincia de Chubut, la embajada de Estados Unidos anunció una “donación” de 70.000 dólares al gobierno argentino para colaborar con la emergencia. El acta fue firmada por el embajador Peter Lamelas quien en sus redes sociales advirtió que “Ser socio de la Argentina también significa estar presentes cuando nos necesita”. Pese a que desde el gobierno intentan presentarlo como un gesto solidario, el anuncio no es más que una operación de maquillaje del imperialismo norteamericano y una nueva muestra de la subordinación del gobierno ultraderechista de Javier Milei a los intereses de las grandes corporaciones extractivistas.

El monto anunciado resulta irrisorio frente a la magnitud de la catástrofe ambiental que atraviesa la Patagonia. Setenta mil dólares no alcanzan ni para cubrir una mínima parte de los costos de prevención, equipamiento o recomposición de las zonas afectadas. Es, literalmente, un vuelto para el gobierno de Trump, pero funcional para construir un relato de falsa preocupación humanitaria mientras se profundiza el saqueo extractivista de los bienes comunes. Estados Unidos no actúa por solidaridad. 

Es una burla, además, si tenemos en cuenta los 4.200 millones de dólares que se pagaron de intereses de deuda externa a principios de enero, y los 2450 millones de dólares que Caputo devolvió del supuesto “swap” a través del cual Estados Unidos intervino de cara a las elecciones de 2025. Lo que Argentina “necesita” de Estados Unidos es que dejen de saquearnos y no migajas.

Su injerencia en la región responde a intereses estratégicos ligados al control del petróleo, el gas y los minerales críticos que abundan en la Patagonia. En ese marco, esta “ayuda” busca reforzar su presencia política y económica para garantizar condiciones favorables a los intereses de las multinacionales.

Pero este escenario no podría sostenerse sin la responsabilidad directa del gobierno de Milei. Mientras agradece las migajas del imperialismo, su gestión desfinancia y subejecuta de manera sistemática el presupuesto del Sistema Nacional de Manejo del Fuego en un contexto de crisis climática que vuelve cada vez más frecuentes y devastadores los incendios. La motosierra no se detiene ni siquiera frente a una emergencia ambiental con un ajuste fenomenal, abandono de las provincias y precarización de quienes combaten el fuego. A esto se suma el impulso del gobierno para avanzar en modificaciones de la Ley de Glaciares, una norma clave para proteger las reservas de agua dulce y los ecosistemas de alta montaña. Bajo el discurso de “liberar la inversión”, se busca habilitar la megaminería y los negocios petroleros en zonas protegidas, profundizando un modelo extractivista al servicio de las corporaciones y en contra del ambiente y la vida de las comunidades. 

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad denunciamos esta doble hipocresía: la del imperialismo estadounidense que simula ayuda mientras saquea, y la de un gobierno nacional que ajusta, desfinancia y entrega los bienes comunes a capitales extractivistas. Frente a los incendios en Chubut, hace falta un plan integral de prevención y combate del fuego, con presupuesto suficiente, salarios dignos y equipamiento adecuado para las brigadas que combaten el fuego. Te invitamos a organizarte con Izquierda Socialista y Ambiente en Lucha para dar estas peleas con más fuerza y enfrentar el saqueo, el ajuste y la destrucción ambiental capitalista.

Catástrofe anunciada en La Patagonia, como todos los años. El saldo es de terror. Más de 15.000 hectáreas quemadas de bosques nativos en Chubut (La Patriada, Epuyén, el Hoyo, el Pedregoso y el Coihue). Es decir, 15 millones de metros cuadrados, con casas incendiadas, pérdida de ganado, galpones, huertas, maquinarias de trabajo.

Se ha declarado que el incendio está ‘contenido’. El siguiente estado es ‘controlado’ y el final ‘extinguido’, lejos aún de ello. Se han reactivado focos de incendio en la zona de Puerto Patriada. “No han cambiado significativamente las condiciones de peligro”, dice el propio Sistema Provincial de Manejo del Fuego. “El suelo humea y los árboles siguen prendidos por dentro”, comentan los moradores. Más de 500 brigadistas siguen trabajando en la zona sur donde predomina el negocio de la madera, con plantaciones exóticas como los pinos, que funcionan como combustible inflamable.

Ante la desidia del ultraderechista Milei, su público negacionismo del cambio climático (a pesar de la palpable evidencia de sequía extrema, altas temperaturas, fuertes vientos, baja humedad, derretimiento de glaciares), y la quita presupuestaria de fondos para prevenir y combatir los incendios, vecinas, vecinos, brigadistas, bomberos, militantes de hecho contra el fuego, dan la vida para parar los incendios.

Milei hizo un video de traje en Inteligencia Artificial saludando a un bombero. ¿Algo más siniestro? El ajuste brutal y el negacionismo explícito destruye y mata. Sí, literal.

Las y los trabajadores de Parques Nacionales cuentan con 400 brigadistas cuando se necesita el doble, percibiendo 800 mil pesos de salario. Las partidas asignadas, insignificantes, han sido sub ejecutadas. La caída real fue del 70% con respecto a 2023.

El ahora Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció la intención de derogar las leyes de tierras (que pone límite a la extranjerización) y del Manejo del Fuego, para darle otro uso a las superficies afectadas, generando rápidos negocios agro-ganaderos e inmobiliarios. También está en carpeta modificar la Ley de Glaciares, que los protege, conquistada con enormes luchas.

¡Si hasta el gobierno pasó el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) a la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada! Dicho y hecho. La ministra Alejandra Monteoliva, quien reemplazó a Patricia Bullrich, dijo: “Los indicios preliminares indican que estos delitos están vinculados a grupos terroristas autodenominados mapuches bajo la modalidad de terrorismo ambiental.” ¡Acusan a los pueblos originarios de quemar su propio ganado, parcelas y viviendas precarias! ¡A los que cuidan el agua y el bosque! Racismo explícito. Hasta el fiscal de la causa desmintió esa versión porque no encontró prueba alguna. Un discurso funcional para esconder a los verdaderos responsables, justificando la quema aprovechada por capitalistas, jeques árabes y especuladores para quedarse con las tierras, el agua dulce, minerales, en beneficio del turismo de élite, la especulación inmobiliaria y ventajas logísticos sobre los puertos ligados a la cordillera, como ocurre ahora.

¿Quién repara el daño causado, el ecológico y el de las familias afectadas? El gobierno nacional y el gobernador del PRO Ignacio Torres (acusado por los pobladores por no brindar la ayuda que prometió en los anteriores incendios), tienen que destinar los fondos suficientes para terminar de extinguir el fuego y solventar hasta el último de los perjuicios ocasionados a las y los habitantes de la zona que le pusieron el cuerpo a esta catástrofe evitable y lo perdieron todo.

Foto de portada: Incendio en Epuyén, al lado de la Ruta 40


Escribe Julieta “Mechón” Ocampo, diputada provincial en Neuquén por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Es una tragedia anunciada la de todos los veranos. Este año se repite agravada. La población de la comarca andina “espera” la llegada de los incendios, razón por la cual, muchas trabajadoras y trabajadores, y jóvenes optan por permanecer en la zona ante los riesgos y desastres que se desatan cuando empiezan los incendios. Recordemos que el año pasado se quemaron totalmente 78 viviendas.

Ese pronóstico se cumplió cuando el domingo 4, en Puerto Patriada, comenzó un incendio que dejó varadas a miles de personas que recién pudieron ser evacuadas el lunes 5 a la noche.

Al viernes 9, el fuego ya arrasó cerca de 5.000 hectáreas, y más de diez familias perdieron su vivienda, mientras el fuego sigue avanzando sin control por Epuyén y la ruta 40.

Por razones familiares me encontraba en la zona cuando comenzaron los incendios. Pude presenciar cómo las y los vecinos, junto a las mismas Brigadas Autoconvocadas que participaron el año pasado, activaron rápidamente los circuitos para evacuaciones, prepararon viandas y elementos para los brigadistas y las autobombas, y se pusieron a disposición para apagar los incendios. Es importante recordar que el año pasado se quemaron 32.000 hectáreas de bosque nativo en la Patagonia, el mayor incendio en los últimos nueve años. Sin embargo, el Gobierno de Javier Milei, que es negacionista del cambio climático, decidió traspasar el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), de la órbita de Ambiente, al Ministerio de Seguridad Nacional, más precisamente a la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada. Esto debilita el enfoque ambientalista, abandona una política integral del manejo del fuego, y reafirma la mirada reactiva aplicada por el Estado nacional por sobre la prevención.

Por su lado, la partida presupuestaria del SNMF, que depende del presupuesto nacional, contará con 20.131 millones de pesos, lo que implica una caída real del 69% con respecto a 2023 y del 53,6% con respecto a 2025. Mientras ocurre este desfinanciamiento y desinstitucionalización del manejo del fuego, en el Congreso de la Nación buscan retroceder en la normativa sobre mecanismos preventivos. Encima con un agravante: que durante el 2025, Milei, solo ejecutó el 50% del presupuesto asignado a los bomberos (El Cronista 9/1/2026).

En el presupuesto 2026 no se contemplan, entre tantos otros achiques, las partidas necesarias para la conservación del bosque nativo: mientras que la Ley determina un monto presupuestario del 0,3% del total del presupuesto nacional, en el presupuesto 2026 solo se asigna el 0,0107%, o sea, un recorte enorme. También, el gobierno ultraderechista busca modificar la Ley Nacional de Manejo del Fuego, lo que vuelve más evidentes y sospechosas las causas de los incendios. Con su modificación propone cambiar el uso de superficies afectadas por los incendios forestales intencionales o accidentales, con el fin de generar rápidos negocios agro-ganaderos o inmobiliarios.

Por otra parte, Ignacio Torres, gobernador del PRO en Chubut, es denunciado públicamente por los vecinos de retener aportes internacionales por más de 600 mil dólares para la reforestación autóctona, la conservación de bosque nativo y la reconstrucción de las viviendas que se destruyeron en los incendios del verano pasado. Para desviar su responsabilidad de este desfinanciamiento, Torres, de forma oportunista y con claras intenciones políticas, busca culpar al pueblo mapuche de los incendios para avanzar en la criminalización y represión interna como sucedió el año pasado.

Es evidente, que las y los trabajadores y el pueblo de esta región, sufren cruelmente las consecuencias del cambio climático global y del avance del extractivismo en la Patagonia, que son las causales de lo que está sucediendo. Imaginemos el salto que puede dar esta grave situación si los gobiernos nacional y provincial logran su objetivo de modificar la Ley de Glaciares, permitiendo que en estas mismas zonas pueda aplicarse la explotación de la mega-minería.

Toda la solidaridad con las y los vecinos de la Comarca Andina

Desde Izquierda Socialista y Ambiente en Lucha denunciamos que estos incendios están directamente relacionados con el calentamiento global del clima y el avance del extractivismo sobre el territorio natural para favorecer el negocio inmobiliario, hotelero, y en beneficio de los grandes empresarios extranjeros, como los jeques qataríes o árabes, que buscan ocupar nuestro territorio para el saqueo de nuestros bienes naturales.

También denunciamos al gobierno nacional como a los provinciales que no han invertido en políticas para prevenir los fuegos y poder apagarlos rápidamente, como la compra de aviones, la realización de trabajo preventivo y el pago de salarios dignos a los brigadistas. El avance del ajuste y de los proyectos extractivistas y contaminantes son impulsados por el gobierno de Milei con la complicidad de la falsa oposición patronal de la UCR, el PRO y del peronismo.

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Para acercar donaciones en El Bolsón pueden hacerlo en el CIC (Avenida Los Cipreses 3240) y en el Centro Cultural Galeano (Onelli 2871) de:

- Agua y bebidas hidratantes.
- Frutas y verduras frescas.
- Barras de cereales, frutos secos, caramelos ácidos y cualquier alimento práctico que de energía.
- Elementos para botiquines.
- Elementos de seguridad física (ropa, calzado, guantes, linternas).

Escriben Agustín Gigli (Izquierda Socialista y Ambiente en Lucha) y Nicolás Núñez (por la Dirección Nacional de Izquierda Socialista y Ambiente en Lucha)

Lamentablemente, referentes del PO de Santa Cruz presentaron un proyecto de ley provincial de “Aporte extraordinario de la minería metalífera” que va en contra de las conclusiones que viene forjando el movimiento socioambiental, y a su vez, el propio programa del Frente de Izquierda de Trabajadores Unidad (FITU).

A través de sus referentes locales, el Partido Obrero salió a anunciar en los medios provinciales un proyecto de ley que perfectamente podría haber sido presentado por partidarios del peronismo o de Juan Grabois. Basta leer las dos carillas y medias del proyecto para ver que, como mínimo, las consideraciones del proyecto no articulan con los debates que se realizan en las distintas asambleas del movimiento ambiental que recorre el país y sus instancias de coordinación. 

Tampoco han tomado en cuenta el debate que ya habíamos mantenido en 2023 cuando equivocadamente la propuesta de PO (y PTS) era mantener la explotación megaminera de litio en los salares del norte argentino para apropiarse su renta como forma de solucionar la crisis económica y habitacional de Jujuy. Recomendamos leer los artículos Litio: un debate en la izquierda (https://www.ael.ar/debates/litio-un-debate-en-la-izquierda/) y Debates: el Litio, el PO y el acto divisionista del 17 de junio (https://www.ael.ar/debates/debates-el-po-el-litio-y-el-acto-divisionista-del-17-de-junio/). Y en general, recomendamos basarse en las opiniones por escrito de las corrientes y no presumir posiciones partidarias cómo ha hecho el PTS ante este nuevo debate a partir del proyecto santacruceño.

¿Un proyecto para el gobernador Vidal?

Es muy llamativo ver que la fundamentación del proyecto presentado se basa en el proyecto de Presupuesto 2026 del gobernador Claudio Vidal. No se hace eje en denunciar que se trata de rechazar de conjunto un presupuesto que es de ajuste, que es solidario con la motosierra de Milei, sino que se señala su inaplicabilidad por falta de ingresos al decaer la actividad petrolífera y la suspensión de la construcción de las represas hidroeléctricas, esas represas que afectarán, entre otras cosas al glaciar Perito Moreno. El proyecto no denuncia el presupuesto, sino que busca la forma de que sea viable. Un error colosal. Nos preguntamos ¿si se aprobara este proyecto, habría que manifestarse de acuerdo con el presupuesto 2026 de Vidal? Para que se entienda más claramente aún, ¿acaso Néstor Pitrola presentaría por el PO un proyecto en el Congreso de la Nación para pagar con regalías de megaminería las leyes de discapacidad y Financiamiento Universitario? Entendemos, por la declaración que han terminado por escribir lxs compañerxs del PO a través de Juan García, que la respuesta a esta pregunta es negativa.

Desde la izquierda y las asambleas ambientales denunciamos al código minero vigente desde el menemismo y las demás leyes que configuran el saqueo megaminero, entre otros aspectos, por el bajo porcentaje de regalías que deja la actividad. Pero no lo hacemos para luchar por un aumento de esas regalías, sino como parte de la denuncia global al saqueo. No hay controles estatales, no hay estudios de impacto ambiental científicos, no hay debates democráticos con poder resolutivo (audiencias públicas reales, libres y democráticas), no hay consulta a los pueblos originarios ni a las comunidades con poder de veto. Tampoco hay aportes a las economías regionales o nacional tanto por generación de trabajo, adquisición de insumos ni pagos de regalías, es más, hay competencia (eliminación) con otras actividades económicas. 

Una desviación parlamentarista

Otro error de este proyecto está vinculado al rol que debemos cumplir lxs militantes revolucionarios del FITU en los distintos cargos parlamentarios que con tanto esfuerzo militante logramos conquistar. Desde Izquierda Socialista creemos que no accedemos a estos cargos para proponerle a los diputados patronales como hacer “viables” sus planes de ajuste, ni tras el posibilismo de rebajar nuestro programa en pos de proyectos que sean “votables” por los partidos burgueses (mayoritarios en los parlamentos).

Como lo hacen nuestros compañeros Juan Carlos Giordano, Mónica Schlotthauer, Mercedes de Mendieta y tantos más ocupando bancas nacionales, provinciales o municipales, tomamos el compromiso de luchar junto a los trabajadores contra el ajuste capitalista, denunciando que la única salida es la construcción colectiva de la movilización y de una herramienta política con independencia de clase. Esto lo hacemos desde las bancas. Pero acá los referentes del PO presentan su proyecto de ley sin tener ningún diputado en la provincia. No lo tiene PO ni lo tiene ninguno de los integrantes del FITU. Es decir, que PO presenta el proyecto de ley para que, en el mejor de los casos, lo discutan los partidarios de Vidal, Milei y lxs Kirchner, sin tener ni un sólo diputado que pueda defender en la cámara el proyecto. Es una desviación parlamentarista grande, que lleva a los trabajadores a confiar no solo en la legislatura, sino en los bloques patronales. Lo que hay que hacer es enfrentar en las calles, exigiendo a la CGT y a las CTA que implementen un plan de lucha para derrotar a la motosierra de Milei y Vidal, no buscar fondos para que el gobernador pueda garantizar la aplicación de su presupuesto.

La “crisis” provincial

Los fundamentos del proyecto plantean que existe una “crisis” en la provincia y por eso se comenzó a pagar en forma escalonada los salarios, hay desocupación y los salarios no alcanzan para la canasta básica. Lo dice claro: “la crisis del estado provincial se debe a un recorte en los ingresos que el estado provincial percibía en cuanto a coparticipación federal de impuestos, a lo que se agrega la crisis planteada con la caída de la producción petrolera y la consiguiente merma de los ingresos por regalías hidrocarburíferas”. Nada del pago de la fraudulenta, ilegítima, ilegal e impagable deuda externa. Nada de la motosierra del propio Vidal. La crisis no es solo por políticas nacionales y por la caída de la producción petrolera, sino también por la propia política de ajuste de Vidal: las motosierras provinciales también son responsables de empujar a las economías locales al estancamiento, el desempleo, la caída del consumo y de los ingresos populares.

¿Qué debemos hacer con la megaminería?

Frenarla. La pregunta es cuál es la política correcta, ubicada en cada situación concreta, para avanzar en ese camino.

En Santa Cruz la megaminería está instalada a diferencia de otras provincias como Chubut que se la viene bloqueando desde 2002/2003, y en Mendoza con el gobernador Alfredo Cornejo (UCR), donde la pelea está ahora mismo en curso y con pronóstico abierto. Pulseadas que se enmarcan hoy en el orden nacional con el proyecto de Milei de modificar la Ley de Glaciares. El proyecto en cuestión nada dice contra la modificación de la Ley de Glaciares ni de la avanzada extractivista extrema que comenzó el gobierno peronista y profundizó Milei. Ni que hablar que omite el contexto de criminalización de la lucha contra la megaminería con un tendal de procesadxs, cárcel de activistas como Naum y Damián en Chubut, y recurrentes allanamientos y desalojos de comunidades. 

En primer lugar, el proyecto pero también el debate posterior que suscitó, adolecen de no diferenciar entre minería y megaminería, ni entre los proyectos en curso y los que podrían desplegarse si se modifican la Ley de Glaciares y/o aprovechando el RIGI. Sumado a un revoleo de chicanas inconducentes, han dificultado que del error -para nada minimizable- de la presentación de este proyecto en Santa Cruz el FITU pueda aprender y corregir hacia adelante. Es necesario clarificar, ante lxs miles que en el país ven a nuestro frente como una alternativa política, cuál es el programa de transición hacia dejar atrás y para siempre no solo al extractivismo como forma de depredación inseparable del capitalismo, sino también a las distintas técnicas que como la megaminería y el fracking son en sí intrínsecamente insostenibles, por ser destructivas de los territorios.

Tenemos que partir de que la izquierda socialista y revolucionaria no puede tributar a la ideología profundamente capitalista de que el antagonismo de clase resulta morigerable por la vía de una mayor destrucción de la naturaleza. No podemos sostener como una salida ante la crisis pagar salarios contaminando ríos. Nuestra perspectiva socialista implica pelear por un desarrollo armónico entre los polos que mediados por la técnica componen las fuerzas productivas: la naturaleza y la humanidad. De allí que buscamos que la reorganización de la sociedad que impulse un gobierno de lxs trabajadorxs y el pueblo abandone completamente técnicas que representan lo que el propio Marx dejó pistas para pensar como “fuerzas destructivas”. 

En ese camino, el conjunto de las propuestas y consignas que levantemos son tácticas y dependerán de su potencial para desarrollar la movilización y clarificar sobre la necesidad de esa salida de fondo. Por eso, resulta sumamente correcto que basado en un sinfín de luchas y asambleas territoriales -y por más que ahora el PO pareciera renegar de eso- el programa de constitución del Frente de Izquierda sostenga desde el 2011 el rechazo a la megaminería, el fracking y la prohibición de distintas prácticas contaminantes. 

El PO hoy rechaza estos planteos porque “la prohibición no es una salida en sí misma” si no está llevada adelante por un gobierno revolucionario. Como señalamos ya en el debate en torno al litio, este criterio es profundamente equivocado: niega la posibilidad de que aún bajo gobiernos capitalistas lxs trabajadorxs, asambleas y comunidades locales puedan obtener triunfos por la vía de la movilización. Los 22 años de freno a la megaminería en Chubut no son una “salida en sí misma” pero sí un triunfo popular enorme, y de ahí los recurrentes intentos de distintos gobiernos patronales por enterrar el triunfo del 2003. Lo propio podemos decir de la Ley 7.722 en Mendoza. Estos logros han protegido por décadas al agua de las comunidades locales de la depredación extractivista y mostraron el camino para derrotar a las multinacionales. 

Citamos lo que ya señalamos en el debate del 2023:
“Nunca va a dejar de ser cierto que aisladamente, la estatización de los minerales estratégicos bajo control de sus trabajadores y las comunidades, no resulta en sí una salida definitiva, ni ante el problema económico, ni ante la transición energética.  Ahora, lo propio podríamos plantear ante cualquier problemática (ambiental, económica, salarial, de derechos democráticos, etcétera, todas), que nunca va a poder resolverse en sí misma y definitivamente mientras no terminemos con el poder político de la burguesía. Y por eso, siempre nuestros programas y campañas electorales deben tener la consigna del gobierno de lxs trabajadores y la izquierda. Ahora bien, si fuéramos hasta el final con el planteo de PO, no habría ninguna consigna intermedia, ninguna consigna transicional, en vez de buscar puntos de movilización junto a la clase trabajadora, los movimientos de lucha, las asambleas territoriales, y las comunidades, deberíamos únicamente hacer agitación del gobierno de trabajadores, porque ninguna otra consigna en sí misma resulta una ‘salida”.” 

¿Qué hacer?

Ante lo que plantea Juan García por parte del PO nacional, frente al hecho de que en Santa Cruz “no ha habido grandes movilizaciones contra sus consecuencias ambientales y en general existe una adaptación de un gran sector de la población a este tipo de explotación”, creemos que hay que ratificar el camino de haber buscado en los últimos meses llevar al seno del movimiento obrero y sus organizaciones las problemáticas ambientales, en particular, impulsando las campañas contra el RIGI y ahora contra la modificación de la Ley de Glaciares tal como se ha impulsado desde la nueva conducción combativa de Adosac (Asociación de Docentes de Santa Cruz). De la mano de eso, tenemos que explicar pacientemente porqué estamos por el fin de la megaminería, y que incluso ante conflictos salariales muy duros, criminalizados, reprimidos y extendidos por meses sin respuesta de los gobiernos, hay que rechazar el “atajo” de buscar sacar una tajada de la destrucción de los territorios, lo cual no representa ni siquiera pan para hoy y si es falta de agua para mañana. Para todo eso, entendemos desde Izquierda Socialista, que sería pedagógico que sea retirado el proyecto de regalías presentado en la legislatura provincial.

Hacer confluir a las organizaciones de la clase trabajadora con los espacios de defensa territorial socioambiental, más allá de los episodios puntuales de estallidos populares  como el “Chubutazo” del 2021, se ha demostrado una tarea compleja, trabajosa y lenta, pero que resulta hoy más necesaria que nunca. Tener enfrente un proyecto de ultraderecha de motosierra y extractivismo extremo que a todas luces tiene en su ADN al mismo tiempo reventar los territorios y reventar los derechos laborales nos tiene que, al menos, ayudar a que cada vez más sectores saquen la conclusión de que la lucha anti-extractivista y la lucha de la clase trabajadora son una sola. Que, como se ha dicho del otro lado del Atlántico: “el fin del mundo y el fin de mes son la misma pelea”. Hoy son una y la misma lucha la pelea contra la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares y todos los esfuerzos del FITU deben estar al servicio de ganar esa batalla.

Escribe Nicolás Núñez, referente de Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

La Ley de Glaciares; la megaminería de cobre en Mendoza y de litio en el norte; la reprivatización del río Paraná y de las represas hidroeléctricas; la habilitación para contaminar aún más las napas con agrotóxicos; las petroleras mar adentro y la ampliación del fracking en Vaca Muerta; el anuncio de megacentrales de procesamiento de datos para la inteligencia artificial; y la entrega de una decena de provincias a la empresa israelí Mekorot. Más que nunca, la batalla por el agua está al orden del día de cara al 2026.

Se trata de un problema global. En el último año se registró el récord de 420 conflictos violentos relacionados con el acceso al agua, según el Water Conflict Chronology del Pacific Institute. Desde el ejército de Israel bombardeando grifos comunitarios y matando de sed e imposibilidad de higiene al pueblo de Gaza, hasta el estado mexicano de Veracruz, donde la policía asesinó a dos manifestantes que protestaban contra el acopio y la contaminación del agua por parte de una megafábrica de cerdos, en cada continente se expande la disputa en torno a los recursos hídricos. 

El agua cotiza en Wall Street en un marco en el que el proceso descontrolado de calentamiento global profundiza las sequías; la pérdida de agua dulce por contaminación avanza; y el fracking, la megaminería y las nuevas tecnologías, tanto las renovables como las vinculadas a la inteligencia artificial, consumen ingentes cantidades de agua. Por eso no sorprende lo que ocurre en nuestro país.

Milei, Trump, Netanyahu y los gobernadores peronistas y radicales

Mientras cerramos este anuario, el pueblo de Mendoza, como ya lo había hecho en 2019, se encuentra masivamente en las calles para frenar la megaminería. En el Senado provincial, el gobernador radical Alfredo Cornejo aprobó, con el apoyo libertario y con cinco de los nueve senadores peronistas, habilitar 28 explotaciones megamineras sin estudios de impacto ambiental válidos. Se habilita la actividad en zonas que amenazan el arroyo El Tigre, la ciénaga de Yalguaraz y el río Uspallata.

Cornejo es, además, según el propio Milei, quien le sugirió cómo modificar la Ley de Glaciares para favorecer nuevamente a las mineras. Su propuesta es que cada provincia defina en una mesa de negociación con las corporaciones qué es y qué no es un glaciar o una zona periglaciar. En ese punto coinciden todos los gobernadores de provincias cordilleranas (peronistas, radicales o de partidos provinciales).

Son las mismas provincias que aprovecharon las negociaciones impulsadas por Eduardo de Pedro, de La Cámpora, con el Estado criminal de Israel para que la empresa Mekorot gestione el agua bajo criterios mercantilistas. Y que aportaron los votos para aprobar el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, que dispone que ante situaciones de escasez (de agua, por ejemplo) las empresas tienen prioridad por sobre las personas.

Se trata de los mismos partidos patronales que impulsan la ampliación del fracking y la instalación de plataformas offshore, y que acuerdan con el nuevo proyecto que permite fumigar con venenos a 10 metros de escuelas y barrios. Los mismos que privatizaron en los ‘90 y ahora quieren reprivatizar el río Paraná y las hidroeléctricas.

El agua vale más que todo

Con el ejemplo de la lucha de Mendoza y el impulso de la campaña “La Ley de Glaciares no se toca”, y con la experiencia de las asambleas de todo el país que hace décadas sostienen que “el agua vale más que el oro”, tenemos que redoblar la pelea en defensa de este elemento esencial, no solo para la vida, sino también para actividades productivas centrales como la agricultura, la vitivinicultura y el turismo.

Junto a Juan Carlos Giordano, Mercedes de Mendieta y toda la bancada del FIT Unidad presentamos un proyecto que, en el marco del rechazo a la privatización de AySA en el AMBA, plantea el rechazo a Mekorot y la necesidad de poner en pie una empresa estatal nacional de cuidado y gestión del agua, dirigida por las y los trabajadores y por las comunidades. El agua es vida, y por lo tanto, no puede ser una mercancía.