Escribe Mercedes Trimarchi, legisladora electa (CABA) por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de anular el fallo Roe Vs. Wade y frente a las movilizaciones por el derecho al aborto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó un decreto en el que se puntualizan una serie de medidas para garantizar el derecho al aborto. ¿Qué dice el decreto? ¿Cuál es la salida para terminar con la clandestinidad?

Por un lado, el decreto insta al Departamento de Salud a tomar diferentes acciones para garantizar el acceso a los anticonceptivos y píldoras abortivas para quienes deciden interrumpir sus embarazos. Y por el otro, busca aumentar la protección del cuerpo médico que realiza las práctica. Asimismo el texto intenta proteger a las clínicas móviles que realizan los procedimientos en las fronteras de los estados, donde está prohibido, y la confidencialidad en internet de las personas que elijan abortar como por ejemplo los datos vinculados a la geolocalización o la información recopilada por las aplicaciones para monitorear los ciclos menstruales. Según un comunicado de la Casa Blanca, el objetivo del decreto es “proteger la información de salud sensible” y “combatir la vigilancia digital” relacionada con el aborto.
La medida presidencial llega dos semanas después de que la Corte Suprema eliminará el fallo Roe vs Wade que desde 1973 era utilizado como recurso legal en todo el territorio federal. Desde el viernes 24 de junio, fecha en la que se conoció la decisión del máximo tribunal de justicia, al menos nueve estados han instituido prohibiciones casi absolutas al derecho al aborto, solo con la excepción de peligro a la vida de la madre en algunos de ellos. En contraste, otros estados están buscando proteger el acceso al aborto en medio de una infinidad de retos legales para resguardar a las clínicas donde se practican abortos. Todo indica que las consecuencias del retroceso que implica haber eliminado el fallo Roe las sufrirán las mujeres y disidencias de los sectores más empobrecidos del país.

El electoralismo de Biden no es la salida

El presidente Biden declaró que la única manera de “ejercer y restaurar” el derecho de las mujeres de acceder al aborto es “ejerciendo el poder del voto”. “Déjenme explicarles: necesitamos dos senadores que estén a favor del aborto adicionales, además de una Cámara pro-aborto para poder codificar Roe como ley. Su voto puede hacer esto una realidad”. De esta manera, deja en evidencia que su verdadera preocupación no es la pérdida de derechos para millones sino juntar los votos para ganar en las próximas elecciones.

Tal como lo venimos señalando en las declaraiones de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores - Cuarta Internacional (UIT-CI) solo confiamos en la fuerza de la movilización feminista independiente de los gobiernos, de los partidos patronales y de la justicia patriarcal para defender cada uno de nuestros derechos. Con la potencia de la #MareaVerde que trasciende fronteras y se expande por todo el continente, exigimos de inmediato el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.

Escribe Mercedes Trimarchi, legisladora electa (CABA) por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Lesly Ramírez es una mujer joven integrante de una familia salvadoreña dedicada a la agricultura. En junio de 2020, tras ir al baño en una letrina de su casa, sin saberlo comenzó un trabajo de parto precipitado. Ella entró en pánico, se descompensó y tras la emergencia, fue hospitalizada. Luego de recibir tres transfusiones de sangre fue detenida.

Dos años después, el pasado 29 de junio, la justicia patriarcal de El Salvador emitió un fallo condenatorio basado en prejuicios de género como: “Las madres son la fuente de protección de los hijos en cualquier circunstancia de la vida y usted no lo fue”. Por primera vez en la historia desde la penalización total del aborto- hace veinte años atrás- se otorga la pena máxima a una mujer por un aborto involuntario: cincuenta años de prisión.

Así como en 2019 logramos la libertad de Evelyn Hernández, joven salvadoreña condenada a treinta años de prisión tras un aborto espontáneo, debemos rodear de solidaridad internacional a Lesly para revertir este fallo que es una amenaza para todas las mujeres salvadoreñas.                

Escribe Estefanía Uchiha, presidenta CE del ISFD Nº 45

En la semana del 4 al 8 de julio se realizaron las elecciones para el Centro de Estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente Nº 45 “Julio Cortázar”, Haedo (partido de Morón). Con una lista conformada por estudiantes de todas las carreras obtuvimos una importante victoria: 59% de los votos para Estudiantes en Marcha (Izquierda Socialista + Independientes), 28,4% para Acción y Construcción (PO-Tendencia e independientes) y 10,6% para No Pasarán (PTS), entrando nuestra lista completa a la comisión directiva. El estudiantado nos volvió a elegir como conducción ratificando un rumbo basado en la democracia estudiantil, con asambleas y el impulso permanente del cuerpo de delegadxs, que pelea por el segundo ala del edificio de la sede Laiacona, por el boleto educativo gratuito, para que funcione el ascensor para las personas con movilidad reducida y contra la reforma en las carreras de educación superior. Conducción que lucha también por la implementación efectiva de la ESI en los establecimientos educativos y por una ludoteca en el terciario para que las compañeras puedan llevar a sus niñes mientras cursan y las estudiantes de inicial puedan hacer sus prácticas allí. Hemos defendido la educación pública frente a los ataques de los distintos gobiernos que han pasado y hoy lo hacemos contra el ajuste del gobierno de Alberto Fernández, peleando para que la plata se destine a un mayor presupuesto educativo y no al FMI.

Agradecemos una vez más el apoyo y la confianza brindada por el estudiantado y los convocamos a sumarse a la lucha por nuestras demandas y organizarse en Estudiantes en Marcha.

El pasado 2 de julio murió en cárcel común el siniestro genocida Miguel Etchecolatz, quien había sido condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad en la última dictadura militar.
Etchecolatz fue director de Investigaciones de la Policía Bonaerense y mano derecha del general Camps. Fue quien coordinó los “grupos de tareas” fascistas y los centros clandestinos de detención que tenía a su cargo concentraron la mayor parte de las y los detenidos desaparecidos. Fue condenado por el secuestro y asesinato de estudiantes secundarios que reclamaban el boleto estudiantil conocido como la "Noche de los Lápices", entre otros crímenes.

En los ‘80 fue beneficiado por la Ley Obediencia Debida del “demócrata” Raúl Alfonsín y luego condenado cuando la misma se anuló por la movilización popular en 2006. En 2017 fue beneficiado con la prisión domiciliaria en el Bosque Peralta Ramos, Mar del Plata, y el repudio popular logró revocar la sentencia devolviendolo a la cárcel de Ezeiza.

Si Etchecolatz, al igual que Videla, pasó hasta sus últimos días de vida en cárcel común fue fruto de la lucha popular, no de los gobiernos. Si hubiera justicia, éste debería ser el destino de todos los genocidas y cómplices civiles de este capítulo nefasto en nuestra historia. Sin embargo, muchos están en libertad: siete de cada diez genocidas condenados gozan de prisiones domiciliarias; incluso el propio Etchecolatz había sido beneficiado con este recurso semanas antes de su muerte.

Murió impune por la segunda desaparición de Jorge Julio López en 2006, del cual el actual ministro peronista Aníbal Fernández afirmó que “podría estar tomando mate con su tía”, encubriendo la responsabilidad de las bandas ligadas a Etchecolatz. Esa misma impunidad de ayer y de hoy es por la que cada 24 de marzo marchamos de manera independiente con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia: por cárcel común para todos los genocidas y sus cómplices civiles, grandes empresarios, multinacionales, políticos patronales, la cúpula de la Iglesia que bendecía a los genocidas; contra quienes niegan a los 30.000 y reivindican la dictadura como Milei y contra las consecuencias nefastas del plan económico que viene de la dictadura, centralmente con una deuda externa usurera y fraudulenta.
Desde Izquierda Socialista seguiremos ese camino de lucha para terminar con la impunidad,  reclamando la apertura de todos los archivos al gobierno, cárcel común a todos los genocidas y a los cómplices civiles.

Escribe Pablo Almeida, legislador electo por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Durante la semana del 4 al 8 de julio la “Comisión Internacional por la vida y la libertad de las y los presos políticos en Nicaragua”, que integramos parlamentarios y referentes de organizaciones de Derechos Humanos, sindicales, sociales, y políticas de diversos países de Latinoamérica, realizó una intensa actividad en Costa Rica junto a centenares de personas exiliadas por el régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosa Murillo. En la frontera con Nicaragua nos fue negado el acceso al país con un operativo militar y paramilitar descomunal.   

En Nicaragua existen hoy cerca de 190 presas y presos políticos. Fueron privadas de su libertad como parte de la enorme escalada represiva, que dejó más de 350 muertos y miles de heridos, con la que la dictadura gobernante se propuso frenar la rebelión popular que comenzó en abril de 2018 frente a las medidas de ajuste dictadas por el FMI. Fur también su forma de garantizar la permanencia de la dictadura en el poder en las elecciones de 2021, encarcelando y persiguiendo a todos los candidatos presidenciales opositores para garantizar unos comicios fraudulentos.  Entre los presos políticos está Dora María Téllez, histórica comandante del FSLN en la revolución de 1979 y hoy opositora e integrante del Movimiento de Renovación Sandinista (MRS). También jóvenes como Yader Parajón, cuyo hermano fue asesinado durante la represión de 2018, y el líder estudiantil Lesther Alemán, quien se enfrentó públicamente a Daniel Ortega durante el levantamiento.

La Comisión Internacional estuvo encabezada por tres parlamentarios argentinos del FIT Unidad. Las compañeras Luciana Echevarría del MST, Alejandrina Barry del PTS y quien escribe en nombre de Izquierda Socialista. De las secciones de la UIT-CI estuvieron presentes también los compañeros Fabricio Briceño del PSL de Venezuela y Carlos Guevara de Propuesta Socialista de Panamá. Fueron parte también Aurelio Robles y Raúl Pérez del MAS de Panamá, Emilio Téllez de la CSR de México, Antonio Neto del MES de Brasil, Esteban Fernández de la OSR de Costa Rica, María José Lechado del PRT de Costa Rica y Hugo Cedeño de República Dominicana.

Fabricio Briceño (PSL de Venezuela), Pablo Almeida (Izquierda Socialista) y Carlos Guevara (Propuesta Socialista de Panamá), delegación de la UIT-CI

Dicha Comisión desarrolló una intensa actividad en San José de Costa Rica entrevistándose con los distintos colectivos de nicaragüenses exiliados, difundiendo los motivos del viaje ante la prensa desde la Asamblea Legislativa junto a parlamentarios del Frente Amplio de dicho país y ayudando a la organización de la caravana hacia Nicaragua.  

En las primeras horas del 8 de julio comenzó una importante caravana que llegaría a Peñas Blancas, puesto fronterizo con Nicaragua. El gobierno dictatorial de Ortega y Murillo se negó a la solicitud de la Comisión Internacional para visitar a las y los presos políticos, y constatar las condiciones de salud y encierro de las personas tomando en cuenta innumerables denuncias realizadas por familiares y colectivos de ese país.

La negativa del régimen dictatorial al ingreso de la delegación encabezada por tres parlamentarios de izquierda, sumada al inmenso operativo militar montado en la frontera, demuestran con claridad la denuncia que excarcelados, familiares y exiliados venían realizando: en Nicaragua se violan los Derechos Humanos.  

Pese a la negativa al ingreso, la conclusión general es que la comisión cumplió un papel muy importante para desenmascarar a la dictadura que gobierna el país desarmando una a una sus infames mentiras. Y dándole amplificación a la voz de los miles que desde adentro o desde el exilio denuncian lo que se sufre con la dictadura de Ortega y Murillo. Una voz que dice con claridad que este matrimonio gobierna hace más de quince años contra el pueblo y a favor de distintos sectores del imperialismo y sus multinacionales, más allá de la fraseología antiimperialista y de izquierda que aún usa Daniel Ortega. Desde la Comisión pudimos decir con todas las letras que lo que hay en Nicaragua no tiene nada que ver con el socialismo ni con la izquierda y que los sectores políticos o incluso los gobiernos que lo apoyan, como los de Cuba y Venezuela, están apoyando a una dictadura sangrienta al servicio del gran capital que persigue, encarcela y asesina a su pueblo para hacer pasar políticas y  planes de ajuste dictados por el FMI.

Como plantean los distintos colectivos de familiares de personas presas políticas en su carta abierta de agradecimiento al trabajo realizado por la Comisión y como reafirmamos en un encuentro realizado en la Universidad de Costa Rica, el día siguiente a la caravana, queda el enorme desafío de continuar trabajando para rodear de solidaridad internacional la lucha por la libertad de todas y todos los presos políticos y por terminar con toda forma de represión. Ese es el compromiso que asumimos en forma inclaudicable desde Izquierda Socialista y la UIT-CI y por el que seguiremos bregando. En el camino de fortalecer al pueblo nicaragüense para que retome la enorme lucha que comenzó en 2018 para quitarse de encima a la dictadura de Ortega y Murillo y establecer un gobierno de las y los trabajadores y el pueblo que pueda abrir paso a un verdadero socialismo.