Escriben Izquierda Universitaria Psico y Juventud Izquierda Socialista PsicoUBA

En el último tiempo, diversos casos mediáticos, como el de Felipe Petinatto y el de Chano, trajeron repercusiones y debates en relación a la ley de salud mental. Desde una conferencia de prensa en el Senado se pidieron modificaciones en la Ley Nacional de Salud Mental, especialmente al artículo sobre las internaciones. Este discurso fue aprovechado políticamente por Patricia Bullrich, Vidal y Larreta del PRO. También los medios de comunicación, como Infobae y La Nación, hicieron eco de este pedido.

La Ley Nacional de Salud Mental, ¿qué dice?

La ley 26.657, aprobada en el 2010 tras una gran lucha histórica de trabajadores de la salud mental y de usuarixs, explicita la garantía de derechos para el acceso a la salud mental. Así, el trabajo en salud mental debe ser reconocido por el Estado con un presupuesto que posibilite la existencia de equipos interdisciplinarios en hospitales, dispositivos y espacios comunitarios para el libre acceso de quien lo requiera. La alusión a la que suscriben los políticos reaccionarios y los medios de comunicación diciendo que la ley prohíbe la internación es falsa. La internación existe como recurso terapéutico ante el corrimiento de peligro del paciente o de terceros. Pero esta internación exige diagnósticos y trabajos dinámicos para evitar que el encierro sea un recurso duradero, sin que se pierda el lazo social con familiares y amigxs.

El principal problema que tiene la ley es que no se cumple. Principalmente, porque se requiere que el presupuesto de salud mental reciba un 10% del total del presupuesto de salud. Hoy en día, el presupuesto de salud mental es del 1,37%. Una miseria. Más teniendo en cuenta que el presupuesto total de salud es menos de la mitad que lo que se destina para pagar deuda externa.

Por su parte, el gobierno nacional del Frente de Todos hace un doble discurso sobre la importancia de la ley, pero no ejecuta un presupuesto que permita el buen funcionamiento en esta área tan importante y cada vez más necesaria, especialmente tras la pandemia. La ministra de salud, Carla Vizzoti, reconoce que se ha avanzado muy poco con la ley, que los hospitales neuropsiquiátricos y monovalentes no han cerrado como tales y que casi no se han construido otros dispositivos para que lxs trabajadores y padecientes puedan habitar.
Por esto, lo que se debe garantizar es el cumplimiento efectivo de la ley, con un presupuesto basado en el no pago de la fraudulenta deuda externa y rompiendo el acuerdo con el FMI.

Escribe Pilar Barbas, dirigenta de la Juventud Izquierda Socialista

El viernes se realizó la asamblea universitaria de la Universidad de Buenos Aires donde se eligió rector.

La elección definida entre cuatro paredes, a espaldas de toda la comunidad educativa, impuso a  Roberto Gelpi (Nuevo Espacio/Franja Morada), ex decano de la facultad de Medicina, como rector, y a Emiliano Yacobotti como vice rector.

En una convocatoria alejada de los verdaderos reclamos que tenemos como estudiantes, docentes y no docentes de la UBA, la asamblea no discutió ni los salarios docentes, ni los cientos de cargos ad honorem, ni las condiciones deplorables de cursada que tenemos por falta de presupuesto. No se planteó discutir el brutal ajuste en educación, profundizado por el pacto con el FMI acordado desde el gobierno de Alberto Fernandez y Juntos por el Cambio.

Así, se  perpetuó la dirección en los órganos de cogobierno de radicales, peronistas y kirchneristas en nuestra universidad, que con Roberto Gelpi como rector dejará pasar el ajuste en la universidad como lo hizo Alberto Barbieri, adecuándose a la miseria presupuestaria.

Ni hablar de lo terrible de que el vicedecano sea Emiliano Yacobitti, diputado por Juntos por el Cambio que tiene causas abiertas por usar fondos de la universidad para la campaña de Lousteau, profundizando un modelo de universidad opuesto al que necesitamos.

En este contexto se vuelve fundamental, desde la independencia política, luchar por la democratización de la UBA. Para pelear contra los gobiernos ajustadores, como lo es el actual gobierno de Alberto Fernandez, que prioriza juntar dólares para pagar la deuda antes que para la educación. Y denunciar a la FUBA y las conducciones de los centros de Nuevo Espacio/Franja Morada, peronistas y kirchneristas que no se opusieron a esta elección ni organizaron a les estudiantes.

Desde la Juventud de Izquierda Socialista peleamos por otro modelo de universidad,  independiente políticamente de los gobiernos y las multinacionales. Por una universidad pública para toda la clase trabajadora.

El martes 21 de junio los partidos que integramos el FIT Unidad nos enteramos por los medios que el Congreso del PTS resolvió lanzar las precandidaturas presidenciales para las elecciones de 2023 con su actual diputada nacional, Myriam Bregman, y el también diputado Alejando Vilca. Fue una sorpresa para quienes integramos el Frente de Izquierda y también para miles de simpatizantes y luchadores.

Por supuesto que PTS y cualquiera de los partidos que formamos el Frente tenemos el derecho de resolver internamente lo que sea. Pero vemos completamente equivocado que a más de un año de las elecciones se lancen candidaturas para empezar a debatir sobre la fórmula presidencial del FIT Unidad cuando tenemos que enfocarnos en apoyar las luchas, la marcha del 9 de julio y postular en unidad al programa del Frente de Izquierda para combatir el hambre, la pobreza y el sometimiento nacional.

Por su parte, el MST anticipó en su periódico de hace unos días que la manera de fortalecer al FIT Unidad es ir preparando la competencia en las PASO del año que viene. Son planteos también completamente errados. Las necesidades del pueblo trabajador pasan por otro lado.

Ya llegará el momento de debatir al interior del Frente de Izquierda y en todo el país cuáles son las principales y mejores candidaturas para postular el año que viene en las elecciones. Apelando, como siempre lo planteamos desde Izquierda Socialista, a llegar a acuerdos equilibrados que eviten el desgaste de competir entre nosotros. Hoy las urgencias son otras.

Llamamos a las compañeras y compañeros de los partidos del FIT Unidad a centrarnos en las luchas y en la pelea política contra el gobierno del Frente de Todos y las oposiciones patronales  de Juntos por el Cambio y Milei, impulsando con fuerza con nuestra militancia frentista la marcha del 9 de julio en todo el país.

El pasado lunes 27 de junio se realizó una conferencia de prensa en las puertas de Comodoro Py, en repudio al ataque judicial por parte del fiscal federal Guillermo Marijuán al dirigente del Polo Obrero Eduardo “Chiquito” Belliboni, y del Partido Obrero Gabriel Solano. Estuvieron presentes el legislador porteño electo por Izquierda Socialista, Pablo Almeida, Romina del Plá (PO), Myriam Bregman (PTS) y Vilma Ripoll (MST), entre otros.

Dicho ataque se dió en el marco de la persecución por parte de los grandes medios de comunicación a las organizaciones piqueteras y a los movimientos sociales que luchan en las calles contra el hambre y el ajuste del gobierno del Frente de Todos y el FMI. Fue promovido por todo el arco político patronal: desde la ultraderecha de Espert y Milei con su Movimiento Anti Piquetero Argentino, hasta la propia Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, quien en sus últimas declaraciones afirmó que “debería haber menos planes sociales” y ser controlados por el Estado, es decir, por sus amigos intendentes.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad nos solidarizamos con los compañeros del Polo y el Partido Obrero y repudiamos el ataque sistemático a quienes sufren diariamente la desocupación y los altos niveles de pobreza y salen a las calles a exigir trabajo, salud y vivienda digna.

Como lo hicimos a lo largo de estos veinte años, desde Izquierda Socialista/FIT Unidad estuvimos acompañando a las familias de Maximiliano Kosteki y Dario Santillán la búsqueda de justicia completa y castigo a los asesinos materiales e intelectuales de la masacre de Avellaneda. Denunciamos que la impunidad que gozan hoy funcionarios como Felipe Solá, Aníbal Fernández o Eduardo Duhalde, entre otros, solo se explica por el encubrimiento que todos los gobiernos desde Néstor Kirchner hasta Alberto Fernández llevaron adelante. Así lo expresó el padre de Darío, Alberto Santillán, en el acto de cierre de la jornada de este domingo 26, reiterando que los asesinos de ayer no pueden ser los salvadores de hoy en referencia a que muchos de ellos son funcionarios del gobierno del Frente de Todos.

Vale recordar que tras la masacre, el gobierno  de entonces y los medios hegemónicos como Clarín, salieron  a decir que “los piqueteros se habían matado entre ellos” intentando demonizar a quienes se movilizaron contra el hambre y la desocupación. En aquel momento, la respuesta no se hizo esperar y el repudio generalizado a la represión y al asesinato de dos luchadores tampoco. Miles salieron a las calles, y por eso Duhalde tuvo que llamar a elecciones anticipadas, para no ser el siguiente en la lista de presidentes que desde diciembre de 2001 fueron echados por la movilización. Los reclamos de Maxi y Dario siguen vigentes: trabajo, salud, vivienda y educación, que se deben garantizar en vez de pagar la deuda externa. Por eso decimos no al FMI y sus planes de ajuste.