Venezuela. Contrato petrolero inconsulto

El gobierno de Maduro anunció la firma del contrato laboral petrolero, que nadie conoce. Lo denuncia José Bodas, secretario general de la Futpv (Federación de Trabajadores Petroleros), que tiene más de 50.000 afiliados, es dirigente de C-cura (corriente clasista) y del PSL (UIT-CI). Lo negoció solo Wills Rangel, presidente de la Futpv, a espaldas de todos los trabajadores. Bodas convocó a salir a la lucha en defensa de la contratación colectiva, los puestos de trabajo y por un salario igual a la canasta básica como lo establece el artículo 91 de la Constitución.

Ecuador. Se consuma fraude electoral

El Consejo Nacional Electoral acaba de confirmar que el segundo puesto es para el banquero derechista Guillermo Lasso, dejando fuera de la segunda vuelta al candidato indígena Yaku Pérez por unas décimas de diferencia. Pachakutik, la Conaie y otras organizaciones  indígenas denunciaron el fraude. Una gran marcha desde el sur del país ingresó en Quito este martes 23 exigiendo un nuevo recuento de los votos.

También en Perú. Escándalo del gobierno por la vacunación VIP

El ex presidente Martín Vizcarra (destituido de la presidencia por el Congreso en noviembre 2020), la ex ministra de Salud Pilar Mazzetti y otros altos funcionarios o ex funcionarios, como Pablo Checa Ledesma, del PC -de la traidora CGTP-, familiares  y ¡más de cuatrocientos funcionarios! se aplicaron vacunas de la farmacéutica china Sinopharm. Todo a escondidas del pueblo, en contubernio con los laboratorios que mandan muestras gratis que buscan vender al mejor precio, cuando deberían ser propiedad de la humanidad y no de multinacionales. ¡El presidente y la ministra, a cargo de garantizar la salud del pueblo, usaron las vacunas en experimentación para intereses personales y salvarse ellos mientras el pueblo ha seguido muriendo en sus casas o en hospitales!

Myanmar. El ejército amenaza de muerte a los manifestantes, que igual salieron a las calles

Desde la mañana de este lunes 22 las principales arterias de Rangún, Naipyidó, Mandalay y otras localidades fueron ocupadas por los manifestantes, que reclaman el restablecimiento democrático y la liberación de los presos políticos durante la que podría convertirse en la mayor jornada de protesta desde el golpe de Estado perpetrado por el ejército el pasado 1° de febrero. Antes de estas manifestaciones el ejército anunció que no debían salir, ya que “la confrontación costará vidas”. En los últimos días ya asesinaron a dos jóvenes.

Pablo Hasél entrando en prisión por cantar raps contra la monarquía, la misma semana que Rato sale en libertad condicional tras ser condenado por «apropiación indebida», es decir, robo con las tarjetas black. Una imagen nítida de la justicia monárquica.

La condena a Hasel, como antes en Valtònic, hacen que España sea pionera en la censura a cantantes por sus canciones. Censura que no se aplica cuando unidades del ejército glorifican la División Azul que combatió junto a los nazis, ni cuando vanaglorian la dictadura de Franco.

La reacción sin embargo, del mundo de la cultura ha sido una declaración firmada por más de 200 artistas para reclamar la libertad de Hasél y advierte: «somos conscientes de que, si dejamos que Pablo sea encarcelado, mañana pueden ir a por cualquiera de nosotros, así hasta acallar cualquier suspiro disidente».

Y también inmediata de reacción de la juventud en la calle, con las manifestaciones en más de 50 localidades catalanas y que han sido las más masivas desde el estado de alarma. Hay demasiada rabia acumulada, demasiada impotencia que debe salir, por mucho que el estado aumente la represión. Las movilizaciones se han extendido a todo el estado, donde la respuesta también ha sido la represión. La Plataforma libertad Hasél ha llamado a organizar la lucha con asambleas abiertas en los barrios.

Y esta vez, que los luchadores que sean detenidos, que no se sientan solos, para que no ocurra como con los juicios post-sentencia o los del banco ocupado, en que como decía una abogada penalista, llegamos a un “suicidio judicial”: es tal la desconfianza de la justicia, que se paga la multa y asumen los cargos para evitar el juicio.

Tampoco olvidemos que, quien detuvo a Pablo Hasél y quien ha provocado la represión han sido los Mossos, y se han vuelto a disparar balas de foam, con otra pérdida de un ojo de una compañera. ¡El Gobierno en funciones de ERC y JXC se ha limitado a decir que se abre una investigación!.

¡Disolución de la Brimo!
Libertad inmediata y sin cargos detenidos y detenidas en las manifestaciones
Libertad de Pablo Hasél
Amnistía para todos los y las represaliadas por la justicia monárquica

Lucha Internacionalista, sección de la UIT-CI en el estado español.
18/2/2021
www.uit-ci.org

Alejandro Carvajal, joven de 19 años, preso político, lo están acusando de ser el único responsable material del incendio de la sede de la Universidad Pedro de Valdivia ocurrido el día 8 de noviembre del 2019, en cercanías a Plaza dignidad, Santiago. El compañero entró a la universidad, como cientos ese día escapando de las bombas lacrimógenas que Carabineros tiraba al cuerpo de los manifestantes, y estos lo agarraron mientras escapaba y montaron el caso en base a una farsa: que la mochila de Alejandro, la cual ellos incautaron, tenía un líquido acelerante en la tela de la misma. Además al compañero lo filmó un carabinero infiltrado de civil (hecho que la misma fiscalía aceptó) donde se lo ve con una botella de bebida en el patio del primer piso de la sede de la Universidad. Es importante aclarar, que fuentes y testigos del hecho declararon que el incendio comenzó en la terraza de la universidad. Ahora lo condenaron y este viernes 19 leerán su sentencia. La fiscalía está pidiendo 10 años para este joven, completamente inocente. Esta es la línea política del gobierno: encarcelar a los luchadores que salieron a las calles a manifestarse en su legítimo derecho, para aplacar la movilización contra su propio gobierno y amedrentarnos a todos. La lista A darlo vuelta todo, en conjunto con los partidos MST y PTR apoyamos a la familia de Alejandro y exigimos su inmediata liberación y la anulación del juicio. ¡Basta de criminalización de la protesta social! ¡No a los montajes policiales! ¡Disolución de Carabineros por corruptos y asesinos! ¡Fuera Piñera!

Lista a diputados constituyentes “A darlo Vuelta Todo”

Movimiento Socialista de las/los Trabajadores (MST)

Partido de las/los Trabajadores Revolucionarios (PTR)

17/2/2021

Este miércoles 17 de febrero se llevó a cabo el primer día de huelga y una conferencia de prensa que resolvieron democráticamente los y las docentes combativas en el marco de un plan de lucha impulsado por el sindicato Ademys, exigiendo que el gobierno porteño implemente las medidas y los protocolos necesarios para un retorno seguro a la presencialidad en las aulas. Como denunciaron nuevamente durante la conferencia de prensa de hoy, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no amplió la planta de auxiliares de limpieza, no llamó a concurso a nuevos docentes, no arregló las escuelas y mucho menos abrió la discusión paritaria adeudada.

En la conferencia de prensa realizada por Ademys frente a la jefatura de gobierno participó el legislador porteño por el Frente de Izquierda Unidad en representación de Izquierda Socialista, Pablo Almeida expresó: “los grandes anuncios de Larreta, Acuña y Trotta obligan a miles de alumnos, docentes y no docentes a concurrir a las escuelas sin ningún protocolo de seguridad ni medidas de higiene necesarias en el marco de esta pandemia”. Agregó también: “las escuelas no se abren con discursos sino con recursos y los recursos necesarios para resolver una presencialidad segura existen. Son los mismos recursos que el gobierno nacional usa para pagarle al fondo monetario internacional y demás instituciones usureras”.

Por último, la conferencia de prensa llamó a apoyar las distintas jornadas del plan de lucha por un retorno seguro a la presencialidad convocando a la caravana de mañana jueves desde el congreso nacional al palacio Pizzurno a las 17hs.

CONTACTO

Legislador Pablo Almeida: 11-3377-0008 @palmei

Facebook: Pablo F. Almeida

Prensa del legislador: 1161934551

Arrancó el año y crece la preocupación entre los trabajadores y demás sectores populares. Porque los problemas no se resuelven. Es más, muchos se agudizan.

Los salarios y las jubilaciones se siguen deteriorando en medio de una acelerada suba de los precios de los productos de la canasta familiar. Todos los días la noticia es cuál producto aumentó, si fue la carne, el pan, la verdura, la fruta o la nafta. Millones que han perdido sus empleos o su fuente de ingresos viven con el dramatismo diario de no saber cómo hacer para conseguir lo mínimo para sobrevivir. En un país donde crecen la pobreza y la indigencia el gobierno peronista de Alberto Fernández, el que sigue diciendo que “gobierna para los más vulnerables”, ha eliminado hasta el insuficiente IFE que existía el año pasado.

La otra gran preocupación es la situación sanitaria. Las promesas de vacunación masiva que el gobierno de Fernández pomposamente anunció hace casi dos meses siguen en veremos. Pasó diciembre, ya casi termina enero, y ni siquiera se ha terminado de vacunar a todos los trabajadores de la salud. El resto de la población sigue esperando, sin claridad de fechas. Mientras tanto, ante el evidente aumento de los contagios, el gobierno del Frente de Todos y los medios masivos de comunicación hacen foco en “las fiestas clandestinas” o las aglomeraciones en algún balneario, mientras esconden la realidad cotidiana de millones de trabajadores que viajan hacinados en trenes y colectivos. O que pasan largas horas del día con riesgo de contagio sin que las patronales se preocupen por cumplir los más mínimos requisitos sanitarios en los lugares de trabajo.

A todo esto, fogoneado tanto por el gobierno nacional como por la oposición patronal de Juntos por el Cambio, ha entrado con todo el planteo de la vuelta a las clases presenciales. Puro doble discurso que busca un impacto electoral, desde la Nación, desde ningún distrito provincial, y menos que menos en la Ciudad de Buenos Aires, los gobiernos no han hecho absolutamente nada para garantizar las condiciones mínimas para hacer posible la presencialidad. Ni en la infraestructura física de las escuelas, ni en la cobertura de los miles de puestos de docentes y auxiliares necesarios para garantizar las medidas sanitarias ante el Covid-19.

El presidente Alberto Fernández, que cuando asumió hace un año hablaba de “llenar la heladera de los trabajadores” y de que los jubilados iban a ser prioridad antes que los banqueros, inició el año continuando con lo que vienen siendo sus reales prioridades: las reuniones y comunicaciones con el FMI para avanzar en el acuerdo con el organismo y así garantizar el pago de la deuda externa. A cambio, claro, del plan de ajuste que exige el Fondo. Esta realidad, aunque se la quiera esconder, es lo que sucedió en todos los acuerdos firmados desde que existe este organismo, y lo que nuevamente reclama como condición para firmar el pacto con el gobierno del Frente de Todos.

Como vemos, ni el gobierno de Alberto Fernández ni la oposición de Cambiemos están preocupados por resolver los reales problemas del pueblo trabajador. Todo lo que hay son medidas discursivas que se derriten casi inmediatamente, puro doble discurso de políticos patronales que ya han empezado a pensar qué rédito pueden sacar en un año electoral. Y, en la política “en serio”, garantías para las patronales detrás del acuerdo con el Fondo.

En los lugares de trabajo, en los barrios, en las reuniones familiares la preocupación es creciente. ¿Qué va a pasar este año? Nosotros, desde Izquierda Socialista, el Frente de Izquierda Unidad y el sindicalismo combativo decimos que la única salida es empezar a organizarnos para exigir respuestas y soluciones concretas. Frente a las direcciones burocráticas sindicales, de la CGT o de las CTA, que mantienen su pacto con el gobierno y los acuerdos salariales a la baja y solo aparecen preocupadas por sus propias cajas de las obras sociales, tenemos que reclamar que se salga a pelear por un aumento salarial de emergencia. Para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar, hoy calculado por la junta interna de ATE-Indec en 82.000 pesos. Y al mismo tiempo, frente a los planes de ajuste que surgen del acuerdo con el FMI, insistimos en la necesidad de un plan económico alternativo de emergencia que comience por no pagar la deuda externa y romper los lazos políticos y económicos que nos atan al FMI y que continúe con un auténtico impuesto a las grandes riquezas y con la nacionalización de la banca y el comercio exterior para así poder contar con los recursos que permitan atender las dos pandemias, la sanitaria y la social, y responder así a las más urgentes necesidades de trabajo, salud, educación y vivienda.