Escriben Clara Brunetto, secundaria de zona sur, y Lautaro Díaz, secundario de Río Gallegos

El sábado 12 de septiembre se realizó el Encuentro Nacional de Papel Secundario (ENPS), la agrupación de estudiantes secundarixs de nuestro partido. Jóvenes de distintas provincias nos reunimos para discutir, debatir y ponernos al día sobre las problemáticas de cada regional. En medio de la deserción estudiantil más grande de la historia, vemos la importante necesidad de que nos organicemos. Después del debate votamos resoluciones para dar pelea por los derechos estudiantiles y la defensa de la educación pública.

En las distintas intervenciones quedó claro que en ninguna provincia del país los gobernadores y el presidente tienen la voluntad de solucionar la enorme deserción estudiantil que se vive por culpa de la falta de dispositivos o conexión. Frente a esto se acordó la exigencia de dispositivos y la liberación de datos para ingresar en cualquier plataforma educativa, sitio web y aplicaciones de videoconferencia.

Miles de escuelas se caen a pedazos, algunas ni siquiera tienen las instalaciones preparadas para garantizar la seguridad de la comunidad educativa. Quedó clara la gran necesidad de un aumento inmediato del presupuesto educativo, que planteamos que se realice sobre la base del no pago de la deuda externa y la aplicación de un verdadero impuesto a las riquezas.

El ENPS contó con el saludo de Jorge Adaro, secretario adjunto de Ademys, quien comentó la gran lucha que están dando los docentes de CABA junto a la comunidad educativa para evitar el regreso a clases en el marco de la pandemia y el aumento de los contagios. No faltó en el encuentro y en las resoluciones el apoyo a la docencia y la exigencia de apertura de paritarias.

Este encuentro no solo contó con discusiones sobre lo educativo, sino que condenamos el gatillo fácil, exigimos justicia por Facundo Castro y nos sumamos al reclamo de Cristina Castro de ¡fuera Berni! El gobierno es responsable.

Que se apruebe el proyecto de ley de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Separación de la Iglesia y el Estado. El 28 de septiembre nos movilizamos por la Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Exigimos al gobierno nacional la declaración de emergencia nacional en violencia de género con presupuesto. Que se cumplan los protocolos de prevención y sanción por los casos de acoso y violencia machista. Verdad y justicia por Anahí Benítez. Basta de femicidios, los gobiernos son responsables.

Las problemáticas ambientales también estuvieron presentes en el encuentro y por eso resolvimos este 25S sumarnos a la convocatoria de la Huelga Mundial por el Clima.

Estos fueron los ejes de discusión en las intervenciones. Por último, se votó impulsar una campaña de fotos y difusión con los reclamos de lxs secundarixs. Y a 44 años de La Noche de los Lápices gritamos bien fuerte ¡LOS LÁPICES SIGUEN ESCRIBIENDO! Por eso el 16 de septiembre a las 19.30, a través del Instagram @Papel_Secundario_Nacional, realizaremos una charla junto con Laura Marrone.

Sigamos peleando por una educación gratuita, pública, laica, científica y de calidad.

Escribe Guillermo Sánchez Porta

Este 17 de septiembre se realizará una nueva Jornada Nacional del Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC). Nuevamente los sindicatos, directivos, delegados, dirigentes y agrupaciones sindicales que integramos el PSC vamos a organizar diferentes acciones en todo el país. Como en Misiones, donde hay una enorme lucha docente, indígena, campesina y de tareferos. Y en Salta, Jujuy, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego. Docentes, estatales, trabajadores de la salud, obreros de diferentes sindicatos, movimientos sociales y juveniles, partidos de izquierda, saldremos a reclamar contra el ajuste de las patronales, las multinacionales, el gobierno nacional y los gobernadores, que están haciendo que la crisis la paguemos los trabajadores y el pueblo. Mientras le dan aumento a la bonaerense y a las policías de diferentes provincias, se niegan a aumentar salarios a los trabajadores y reabrir las paritarias. Los trabajadores de la salud y la salud pública siguen sin los fondos necesarios para enfrentar el tremendo crecimiento del coronavirus. Y, ante la toma de tierras por la falta de viviendas de millones de familias, la respuesta es la represión y el desalojo, en vez de construir barrios populares para resolver el problema y dar trabajo a millones de desocupados, reactivando la economía con obras públicas. Los gobiernos patronales prefieren usar el dinero para pagarle a los fondos buitres y subsidiar a las grandes patronales.

La burocracia sindical de la CGT y las CTA sigue en el pacto social con el gobierno y los empresarios, dejando correr este ajuste y boicoteando las luchas, allí donde los trabajadores salimos a pelear, pese a ellos. Los únicos que estamos apoyando e impulsando las luchas somos los que integramos el PSC y los partidos del FIT Unidad y la izquierda.

Por eso es muy importante participar en esta jornada del 17 de septiembre, en cada lugar, según las acciones que se organizaron, teniendo en cuenta la pandemia y el aislamiento social. Hay que robustecer el PSC, para que se siga fortaleciendo un polo de coordinación y organización de los luchadores antipatronales y antiburocráticos para construir una nueva conducción del movimiento obrero, democrática y combativa, autónoma de todos los gobiernos.

En CABA y el Gran Buenos Aires hemos organizado una caravana que partirá a las 15.30 de avenida Belgrano y Jujuy, hasta 9 de Julio y el Obelisco. Allí se encontrará con las delegaciones de sindicatos combativos, movimientos sociales y partidos de izquierda, y a las 16.30 seguirán la marcha, en caravana y movilizados, cuidando el distanciamiento social, hacia Plaza de Mayo, donde se realizará el acto central de cierre de la jornada nacional de lucha. Allí hablarán los dirigentes del PSC, como el ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero; Alejandro Crespo, del Sutna; Mariana Scayola, de Ademys, entre otros. Llamamos a quienes puedan asistir en auto o moto a sumarse a la caravana y a todos al acto en la Plaza de Mayo.

Escribe Jorge Adaro, secretario adjunto de Ademys

La docencia misionera salió a pelear por un aumento del sueldo básico y el blanqueo salarial para recuperar el escalafón docente. Hoy una maestra cobra un salario inicial de 25.000 pesos y recién mejora después de quince años de antigüedad. El salario básico actual es de 7.000 pesos y el gobierno, en complicidad con la burocracia de UPDM-Ctera a la cabeza, quiere aumentarlo solo a 9.200 pesos. Esto fue rechazado por la docencia en lucha, que exige un básico de 12.800 pesos. La situación se agrava porque el gobierno no ha realizado ninguna propuesta para resolver la situación de los docentes.

El conflicto se fue extendiendo a otros sectores empobrecidos como consecuencia del tremendo ajuste que se está aplicando, y hoy hay bloqueos en las rutas 12 y 14, sostenidos por la docencia junto con movimientos de indígenas y campesinos y tareferos, quienes rechazan un emprendimiento empresarial de plantación de eucaliptos en las tierras donde ellos siembran. La crisis se profundiza aceleradamente en una provincia donde, antes de la pandemia, se había decretado la “emergencia alimentaria”, reflejando el hambre creciente en amplias franjas de la población. De no haber respuestas favorables a los que luchan, esta semana se realizaría el bloqueo en la zona norte de la provincia, en Montecarlo, lugar histórico y emblemático donde se desarrollaron y ganaron varias luchas de los trabajadores y campesinos misioneros.

La conducción nacional de Ctera y CTA, al igual que lo hace la CGT, ha dejado abandonados a los docentes y sectores en lucha. Es urgente que rompan la tregua y llamen a una medida de fuerza nacional para apoyar a la docencia y al pueblo de Misiones. Y no sería solo por Misiones, sino por Chubut, desde hace un año sin aumento salarial y con pagos en cuotas y atrasados,  sin cobrar el aguinaldo y con miles de suplentes que acaban de ser despedidos. En La Rioja hace nueve semanas que están de apagón virtual por aumento salarial. Los docentes de CABA también rechazaron un bono por única vez, que ofreció el martes pasado Larreta, como en Santa Fe, Córdoba, Santa Cruz, Buenos Aires y demás provincias, que exigen aumento, trabajo y condiciones laborales e infraestructura escolar.

El gobierno nacional es el principal responsable del estado de la situación educativa en todo el país. Para resolver esto necesitamos de manera urgente un fondo de emergencia que grave a las grandes empresas y que se deje de pagar la deuda externa.

Desde Docentes en Marcha llamamos a organizar lo antes posible una reunión nacional de la oposición para apoyar a la docencia misionera y exigir y coordinar un plan de acción nacional e impulsar una campaña de fotos y una movilización a la Casa de la Provincia de Misiones. Este conflicto será tomado en la jornada del 17 de septiembre del Plenario Sindical Combativo, que culminará con un acto en la Plaza de Mayo.

Solidaridad con los choferes de Plusmar

Los 850 trabajadores de la empresa Plusmar, de media y larga distancia, no trabajan desde marzo y solo están cobrando la mitad de su sueldo básico a través del ATP. Los delegados de UTA no apoyaron los reclamos de los choferes y responden a la conducción burocrática y propatronal de Roberto Fernández. Por eso, desde abajo surgieron los autoconvocados que organizaron dos movilizaciones al Ministerio de Trabajo y al Obelisco para reclamar el pago de sus salarios. 

Durante tantos meses de reclamo, los choferes se mantuvieron organizados de manera independiente, tanto de la conducción de Fernández como de Bustinduy, actual opositor, pero que fue parte de la misma conducción burocrática en UTA durante años. 

Por eso los choferes empezaron a juntar alimentos que consiguen solidariamente entre las líneas de colectivos y distribuyen entre los trabajadores para seguir organizados y reclamando por su salario. En ese sentido, el 3 de agosto recibieron una gran donación de los mecánicos aeronáuticos nucleados en Ustara, que habían juntado mucha comida para bancar la ocupación del hangar de Latam durante dieciséis días, cuando frenaron el vaciamiento de la multinacional. 

Ese hecho de solidaridad entusiasmó a los choferes, que ahora definieron crear una cuenta en Mercado Pago (31123 20281) para recibir donaciones de otros trabajadores. Así se logró que el gremio docente Ademys aporte 5.000 pesos y la Lista Roja del gremio telefónico Foetra otros 5.000 pesos. Entre nuestros compañeros de Izquierda Socialista arrancamos con un primer aporte de 3.000 pesos y llamamos a redoblar la campaña de solidaridad con los choferes de Plusmar en la clase trabajadora.

Salta. Patronal azucarera no frena la producción por contagios masivos. El sistema de salud colapsó

El sindicato de azucareros responsabiliza a la patronal del Ingenio Seaborg, ex El Tabacal, por tapar información, por no querer detener la producción frente a un brote de contagios, por la falta de protocolos sanitarios y por exponer a los trabajadores fuera de convenio. La empresa negó todo desde el primer momento, pero los contagios no se detienen. La única verdad es que las muertes se siguen sumando y el sistema sanitario del departamento de Orán, de la provincia de Salta, colapsó. En el sistema de salud ya no hay lugar.

Un médico del hospital de Orán explicó: “Estamos realmente atropellados por esta situación. Independientemente de que no tenemos gente, ya estamos cansadísimos, agotados mentalmente, porque son todas malas noticias”. Continuó: “Ya no sé qué estamos haciendo. Necesitamos que venga gente, que nos den una mano, que vengan médicos, enfermeros capacitados. Nosotros no podemos hacer nada más, hasta acá llegamos”.

El gobernador peronista, Gustavo Sáenz, le permite a la patronal del Ingenio Seaborg continuar haciendo dinero a costa de la salud y la vida de los trabajadores mientras desconoce el desesperado pedido de auxilio del personal de la salud. 

Corrientes. Patronal textil se niega a aplicar protocolo 

En la planta industrial de la histórica textil Tipoití se registraron cincuenta y un casos positivos de coronavirus y al menos catorce entre los familiares de los trabajadores.  

De los cien obreros del primer turno, ingresaron solo diez ante el temor a los contagios. Expresaron que desconocen si se realizó la desinfección correspondiente y que no se comunicó el protocolo para evitar más contagios. Mientras tanto, aguardan la notificación desde la empresa.

La comisión interna afirma que la patronal no ha informado la totalidad de los resultados del segundo hisopado al personal. Tampoco se cumplieron los catorce días de aislamiento para determinar el alta.

La patronal textil ignoró los síntomas compatibles informados por los trabajadores y los obligó a seguir trabajando a dos turnos, aun cuando se conoció el primer caso positivo el 28 de agosto.

Desde la comisión interna advierten que no volverán a trabajar hasta tanto haya garantías de las condiciones  sanitarias y laborales para realizar las tareas.

No docentes reclaman asambleas

La agrupación No Docentes en Lucha, trabajadores universitarios, difundió un volante reclamando asambleas a las conducciones de Fatun y Apuba por aumento de salarios y la reapertura de paritarias. A su vez, también exigen condiciones de teletrabajo (computadoras, internet, etcétera), protocolos sanitarios, jardín materno/paternal, recategorizaciones y pase a planta permanente de contratados y trabajadores de seguridad y limpieza, entre otros reclamos. 

www.facebook.com/NodocentesEnLucha

Santa Cruz. Municipales denuncian represión

El lunes 7 de septiembre se presentó en el Juzgado de Pico Truncado una denuncia por la represión sufrida el último 21 de mayo por parte de miembros de la policía de Santa Cruz, infringida a manifestantes que se encontraban en el frente del municipio tras haber sido despedidos por el intendente Osvaldo Maimo, del Frente de Todos.  

Se trata de 208 municipales que incluyó el intendente saliente Omar Fernández, del Partido Socialista Santacruceño, y que la nueva gestión decidió desconocer y despedir en diciembre de 2019. El 21 de mayo se encontraban aguardando los resultados de una supuesta reunión a la que funcionarios municipales habían convocado, cuando fuerzas de infantería comenzaron a reprimir con balas de goma y a perseguir a los trabajadores por las calles de la ciudad. El saldo fue de diecisiete detenidos, varios que ni siquiera estaban en la manifestación. Estuvieron demorados dieciocho horas y no intervino la Justicia. Fueron aprehendidos, esposados, golpeados, violentados durante horas, sin dar lugar a las visitas de familiares, abogados ni representantes sindicales.

Luego de más de tres meses, las víctimas nunca fueron recibidas por la Defensoría, no les devolvieron sus objetos personales, no actuaron funcionarios judiciales de oficio por la represión sufrida ni fueron los damnificados llamados a declarar en la causa que les armaron cuando los dejaron en libertad en la tarde del 22 de mayo. Desde Izquierda Socialista nos solidarizamos con el reclamo de los municipales.

El pasado martes 8 de septiembre, la policía colombiana mató en Bogotá, con descargas de una pistola Taser, a Javier Ordóñez, abogado de 46 años. Al día siguiente se generó una ola de fuertes protestas en la capital colombiana, que luego se extendieron a otras ciudades, como Cali, Medellín, Popayán, Pereira y Manizales.

Por las redes sociales circularon los videos cuando los policías sometían a Ordóñez, colocándole sus rodillas sobre el cuello, y por lo menos durante dos minutos le daban choques eléctricos con la pistola. En los videos se puede oír cuando el abogado les decía a los policías: “Ya, por favor, ya, no más. Por favor, no”, y a las personas que filmaban exigirles a los policías que lo dejaran tranquilo, que estaba pidiendo “por favor” que no continuaran con las descargas eléctricas.

Se repetían así, con mucho parecido, las imágenes del asesinato en los Estados Unidos de George Floyd a manos de la policía. Un nuevo caso de brutalidad policial que se repite una y otra vez en el marco capitalista.

Al día siguiente del asesinato, la indignación causada por estas imágenes estalló en todo el país. Miles de manifestantes arremetieron contra patrullas de la policía y los llamados Comandos de Acción Inmediata (CAI), módulos de la policía ubicados en distintos lugares de la ciudad. Hasta ahora ya han sido asesinadas unas trece personas por las fuerzas de seguridad del Estado y habría más de doscientos heridos como consecuencia de la represión del gobierno de Iván Duque.

Este asesinato fue precedido de cincuenta y cinco masacres de jóvenes en distintas partes del país en las que han muerto 228 personas, todo con la complicidad del uribismo y el gobierno de Duque, que trató de minimizar estos hechos diciendo que no eran masacres sino homicidios colectivos.

En Colombia es habitual la violencia policial y militar, situación que se ha agravado en el marco de la cuarentena establecida para evitar los contagios del Covid-19.

El pasado año, en el marco del paro nacional de noviembre, fue asesinado el joven Dilan Cruz a manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), unidad de elite de la policía que reprimió brutalmente las protestas, lo que llevó a que muchas organizaciones sociales y de derechos humanos solicitaran la eliminación del Esmad. En mayo también fue asesinado por la policía Anderson Arboleda, joven afrodescendiente.

Detrás de las protestas que se desataron contra la violencia policial y en repudio al asesinato de Ordóñez está el fantasma de la desigualdad y la pobreza que crecen en Colombia, agravadas por los efectos del coronavirus en la economía. No es casual que los manifestantes hayan arremetido contra las sedes bancarias, a las que muchos colombianos hacen responsables de la situación social del país, junto al gobierno uribista de Iván Duque, cada vez más desprestigiado y sumido en una profunda crisis política.

La movilización popular fue de tal magnitud que el gobierno se vio obligado a pedir perdón a los familiares de Ordóñez. Sin embargo, buscan minimizar el hecho diciendo que se trata de hechos aislados, de “manzanas podridas” que habría en la policía, cuando en realidad se trata de un aparato represivo que, mediante la violencia, intenta frenar el gran descontento popular que se viene acumulando en Colombia y que se puso de manifiesto en 2019 con el masivo paro nacional de noviembre. A este aparato represivo se suman los cuerpos paramilitares, amparados por el Estado, responsables de las masacres que han recrudecido en los últimos meses.

Desde la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI), repudiamos el asesinato de Ordóñez, exigimos juicio y castigo para los policías responsables del asesinato y llamamos a impulsar una amplia y unitaria solidaridad internacional con el pueblo y los trabajadores colombianos. En tal sentido, nos sumamos a través de nuestros compañeros de Colectivos Unidos a las marchas del próximo lunes 13 en Bogotá, Cali, Medellín y otras ciudades, convocadas por el Bloque por el Paro Indefinido, la Coordinadora Nacional Sindical, Social y Popular y otras organizaciones, en el marco de la conmemoración del paro nacional del 14 de septiembre de 1977.

Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI)

12 de septiembre de 2020