Recientemente, el gobierno de Nicolás Maduro, en negociaciones con sectores de la oposición patronal encabezada por Enrique Capriles, liberó a 110 perseguidos políticos. Sin embargo, continúan presos Rodney Alvarez y muchos otros trabajadores encarcelados por luchar. A continuación reproducimos un extracto de una nota del Partido Socialismo y Libertad (PSL), UIT-CI.

Estas negociaciones contaron con la intermediación del reaccionario presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan, en coordinación con la Unión Europea y el conocimiento de Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano, evidenciándose una vez más los lazos del imperialismo, tanto europeo como estadounidense, con los referentes de la oposición patronal venezolana, interfiriendo en los asuntos internos.

En principio, celebramos la liberación de todas estas personas porque estamos por la defensa de las libertades democráticas, la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos, independientemente de las preferencias políticas y religiosas de los afectados.

Entre los liberados se encuentran varios trabajadores, médicos y profesores universitarios. Rubén González, dirigente sindical de Ferrominera del Orinoco, quien había sido sentenciado a más de cinco años de cárcel por un tribunal militar […] Nicmer Evans, profesor universitario y comunicador, fue detenido luego de criticar al gobierno […], entre otros.

También fueron liberados diputados, líderes políticos y activistas de los partidos patronales, por los cuales reclamó Capriles.

Estas liberaciones constituyen una cortina de humo ante los graves problemas de hambre, miseria y salud que aquejan al pueblo venezolano. El gobierno se presenta como “benefactor” de una acción de libertad que utilizará a favor del fraude electoral anunciado para el 6 de diciembre en acuerdo con sectores de la oposición patronal. Esta liberación no es gratuita.

Pero también demuestra el terror que la oposición y el gobierno sienten ante la acción autónoma e independiente de sectores sociales organizados y movilizados que puedan asumir no solo en la exigencia de libertad de los presos, sino también por protestar en plena cuarentena contra los salarios de hambre […] y la falta de atención para los trabajadores y sus familias […] en la pandemia, la falta de servicios: gas, agua potable, gasolina, cortes de electricidad, malos servicios telefónicos y de internet y la exigencia de equipos de bioseguridad para los trabajadores de la salud. Además de que existe un amplio sentimiento de desconfianza por parte del pueblo ante las muestras del fraude electoral en proceso fraguado desde el gobierno.

Pero entre los liberados no se menciona a trabajadores como Rodney Álvarez, Marcos Sabariego, Bartolo Guerra, Darío Salcedo, Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba, entre otros –son muchos más– por quienes un amplio número de organizaciones políticas, sindicales, populares hemos hecho campaña y acciones de calle y por las redes sociales exigiendo su libertad […]

El PSL denuncia que a todos se les violó el debido proceso, se les forjaron y amañaron expedientes, culpándolos y criminalizándolos, a razón de las necesidades políticas y económicas del gobierno.

El sistema de justicia en Venezuela está podrido. Se restringen las libertades democráticas, incluso los derechos establecidos en la Constitución. Por eso asumimos la exigencia de libertad de todos los presos políticos y especialmente de los trabajadores, dirigentes campesinos y populares que no tienen voz, cuya defensa no es asumida por las centrales sindicales ni los partidos patronales.

Hacemos un llamado amplio e incluyente a los sindicatos de base, las organizaciones de derechos humanos, al activismo de género, a las corrientes y grupo sindicales y de trabajadores, a las organizaciones gremiales, movimientos de jubilados, a multiplicar los esfuerzos por la exigencia de libertad de los trabajadores presos […] Las organizaciones y dirigentes sindicales deben pronunciarse por la libertad de los trabajadores presos, sin distingos políticos o ideológicos. Se trata de defender a los presos que son nuestros, porque son trabajadores o dirigentes populares. Nosotros debemos romper el silencio por ellos y evidenciar con nuestra lucha que podemos arrancarlos del secuestro al que los han sometido el gobierno y los partidos patronales al guardar silencio. Ahora se hace más visible el cerco que ha tendido este gobierno antiobrero e impopular.

Exigimos la libertad de todos los presos políticos.

Exigimos la libertad de todos los trabajadores presos.

Exigimos la libertad de Rodney Álvarez, Marcos Sabariego, Bartolo Guerra, Darío Salcedo, Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba, los trabajadores de la salud y demás detenidos.

Por la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores – Cuarta Internacional (UIT-CI)

Nicaragua enfrenta una agobiante crisis social y económica, en cuyo marco la lucha por la liberación de los presos políticos y la denuncia del continuo hostigamiento a los luchadores sociales y sus familiares es de enorme importancia. Al 5 de agosto se contabilizaban noventa y nueve presos políticos, de los cuales diez se encuentran encarcelados desde antes de la rebelión de 2018.

A pesar de que en junio de 2019 se emitió una amnistía, que redujo el número de presos políticos… las agrupaciones de defensa de los presos políticos describen la continuidad de la persecución. La amnistía también tuvo un gran repudio popular por estar diseñada para dejar en la impunidad los crímenes represivos del propio orteguismo, que asesinó a más de cuatrocientas personas. La persecución contra toda forma de disidencia obrera, estudiantil y popular ha continuado con expulsiones masivas de estudiantes en las universidades públicas y la realización de numerosos montajes judiciales.

Entre los presos hay personas que no han sido acusadas, o que han sido absueltas de los falsos crímenes imputados, pero se las retiene arbitrariamente. Uno de los métodos preferidos por los policías orteguistas es fabricar acusaciones de posesión de drogas para encarcelar a activistas opositores y luchadores sociales e imponerles largas condenas de prisión. El estudiante Kevin Solís fue condenado a diez años de prisión, sometido a confinamiento solitario y torturas luego de que un simpatizante de Ortega lo acusara de haberle robado el equivalente a 15 dólares.

La salud de decenas de presos se ha deteriorado como consecuencia de las pésimas condiciones sanitarias de las cárceles. Más de cuarenta detenidos denunciaron haberse contagiado de Covid-19.

Varios presos políticos y sus familiares acusan a los partidos de la oposición tradicional y el empresariado, que han pactado en numerosas ocasiones con Ortega desde que volvió al poder en 2007, porque hacen muy poco por lograr su libertad.

Apoyamos los intentos de sectores de la juventud y el pueblo trabajador nicaragüense para constituir una alternativa política para luchar consecuentemente por las libertades democráticas y contra el capitalismo explotador y saqueador en Nicaragua. Llamamos a las organizaciones obreras y populares latinoamericanas y del mundo a solidarizarse con la exigencia de libertad para todas las personas presas por razones políticas en Nicaragua.

Petitorio para sumar firmas a esta campaña

Nosotros y nosotras, activistas e integrantes de organizaciones políticas, sindicales, campesinas, de mujeres, estudiantiles y populares, exigimos al gobierno de Nicaragua la inmediata e incondicional liberación de todas las presas y los presos políticos.

Firmas: 

Enviar a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Brasil. Gran huelga de trabajadores del correo por derechos laborales y contra su privatización

Hace dos semanas están en huelga nacional los trabajadores del correo. El gobierno ha desconocido setenta cláusulas del acuerdo colectivo, reduciendo pagos extras por trabajar los feriados, los planes de salud y otros. Más de ciento veinte trabajadores fallecieron por Covid-19. Estos ataques intentan avanzar en la privatización del correo.

Adriano Dias, de la Coordinación de la Corriente Socialista de los Trabajadores (UIT-CI) y delegado sindical de Correos RJ, hizo un llamado a los trabajadores para permanecer en huelga y exigir que las direcciones sindicales, como el Sintect-RJ, organicen acciones concretas para fortalecer la lucha. Del mismo modo, se llama a la CUT, CTB, Força Sindical, UGT a organizar el apoyo efectivo a la huelga del correo a través de acciones concretas y unificando campañas salariales y luchas.

Leer también en Combate Socialista https://cutt.ly/hfpdw7e

Bulgaria. Masivas protestas exigen que se vaya ya el gobierno derechista

Al menos cien personas resultaron heridas, entre ellas ochenta policías, que intentan victimizarse después de la represión, y 126 manifestantes fueron detenidos durante las protestas que vivió el miércoles Sofía, capital de Bulgaria, en el este de Europa. Fue la jornada más violenta de estos dos últimos meses desde que comenzaron las marchas exigiendo la renuncia del gobierno. Bulgaria, el país más pobre de la Unión Europea (UE), atraviesa una de las peores crisis políticas e institucionales desde 1989, cuando cayó el régimen estalinista del Partido Comunista.

Las protestas empezaron la mañana del miércoles, cuando se reanudó la actividad parlamentaria.

La intensa ola de protestas revela el profundo descontento de la población con el gobierno actual, una coalición de conservadores y ultranacionalistas que encabeza el primer ministro Boiko Borisov desde 2009. En un intento por calmar los ánimos, Borisov propuso hace pocas semanas abandonar el cargo si el Parlamento aprueba una iniciativa para redactar una nueva Constitución. Pero la oferta no convenció a los manifestantes, que la ven como un engaño, un mero intento del gobierno para ganar tiempo.

Turquía. Murió abogada de derechos humanos que estaba en huelga de hambre

La semana pasada, después de 238 días de huelga de hambre, murió la abogada Ebru Timtik. Había sido detenida junto con cientos de otros abogados por su compromiso con la defensa de los derechos civiles en Turquía. El régimen turco, bajo la presidencia de Recep Tayyip Erdogan desde hace diecisiete años, se basa en elecciones periódicas y una democracia formal. Sometió a la Justicia con métodos dictatoriales, mientras atropella los derechos humanos de la mayoría de la población y persigue a la oposición política, especialmente a la minoría kurda.  

Ebru Timtik fue condenada a trece años de cárcel y estaba en huelga de hambre desde febrero en protesta contra las condiciones penitenciarias y las violaciones de los derechos de las que había sido víctima. Repudiamos este nuevo asesinato de Erdogan.

Estado español. Docentes en huelga exigen protocolos en las aulas por el coronavirus

En Galicia, los sindicatos CIG, Comisiones Obreras, STEG y CSIF convocaron a una huelga el día 10 en los colegios de infantes y primaria, y el 16 en los secundarios, FP y enseñanzas de régimen especial. Son los días en los que están previstos los inicios de clases en esos centros. Con la protesta reclaman que Educación elabore otro protocolo, que contemple más personal y recursos, mayores medidas de seguridad que garanticen una mejor salud y menos cantidad de alumnos por aula, según los metros cuadrados de cada sala, para que se cumpla el requisito de distanciamiento, como indican el Ministerio de Educación y la OMS.

Por motivos similares, se anunciaron huelgas de la enseñanza en el País Vasco para el 15 de septiembre.

La desaparición de Facundo Castro Astudillo ha conmocionado al país. Cada vez surgen más elementos que demuestran la responsabilidad de la policía bonaerense y del gobierno, tanto en el hecho en sí como en su posterior encubrimiento. Vergonzosamente, en una copia burda de lo que hace unos años hacía Patricia Bullrich para defender a la Gendarmería, hoy desde el gobierno peronista y sus periodistas afines se hace correr la hipótesis de que se trató de un “accidente”. Repudiamos estas maniobras, apoyamos la lucha y las denuncias de la madre de Facundo y nos seguiremos movilizando exigiendo castigo a los culpables.

Mientras tanto, la pandemia sigue su curso ascendente. Los casos se siguen contando de a miles y el tan temido colapso del sistema de salud ya empieza a llegar a algunas ciudades. Tal es el caso de Cipolletti, en la provincia de Río Negro, donde los médicos ya se ven obligados a elegir a quién le dan asistencia respiratoria y a quién no. La apertura de actividades, justo en el momento de mayor número de contagios, mostró su irresponsabilidad y peligrosidad, incluso en aquellos lugares donde más se suponía que se podía hacer con todos los cuidados, estalló la burbuja sanitaria del equipo profesional de Boca Juniors, con catorce jugadores contagiados.

En otro orden de cosas, sigue la crisis política en las alturas, en una pelea totalmente alejada de las reales preocupaciones populares. Entre el gobierno peronista y la oposición patronal de Juntos por el Cambio continúan peleándose por la reforma judicial. Se trata de una disputa por ver quién maneja los jueces, cruzado con la búsqueda de impunidad para las causas de corrupción de unos y otros. Ahora esto llevó a una crisis por el funcionamiento virtual, o no, del Congreso. Pero no debemos confundirnos, en los temas fundamentales todos los políticos patronales están de acuerdo: pagar la deuda externa, ir a un nuevo acuerdo con el FMI y subsidiar a los empresarios. En síntesis, hacer que la crisis la paguen los trabajadores.

El gobierno peronista de Alberto Fernández, desde la semana pasada, trató de recuperar la iniciativa política. Lo hizo con la presentación, injustificablemente tardía, del tantas veces anunciado “impuesto a la riqueza”, que ni de lejos está a la altura de las necesidades de la emergencia. Casi la mitad del destino de los fondos no irá a resolver ningún problema relacionado con la pandemia –ni sanitario ni social–, sino a subsidiar a los empresarios. Además, y para hacer una mínima comparación con el proyecto presentado por el Frente de Izquierda Unidad, se podría recaudar cinco veces más que con el del gobierno. Esto es así porque no incluye a las empresas –sólo está dirigido a las personas– y el monto a pagar por la riqueza de cada millonario es mínimo. 

Pero sin duda, la mayor puesta en escena se realizó este lunes en la Casa Rosada. El ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente Alberto Fernández, con la presencia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, festejaron el cierre de la renegociación de la deuda externa con los pulpos acreedores privados. Un festejo compartido no solo por los presentes en esa reunión, aplaudieron toda la oposición patronal, el conjunto de los empresarios y los economistas del establishment. Más aún, también felicitaron el acuerdo el FMI, el Papa y los jefes de gobierno de las principales potencias del mundo.

Lo decimos una y mil veces, los únicos que no tienen nada para festejar son los trabajadores y los sectores populares. Primero y principal porque no es cierto que nos hayamos sacado de encima la carga de la deuda. Ya en julio del año próximo tendremos que empezar a pagar a esos buitres, la quita de capital es casi inexistente y ni qué hablar de los vencimientos a partir de 2024, una montaña enorme, tan impagable como la actual. Pero, y principalmente, porque todavía falta la renegociación más importante, la de la deuda con el FMI. Al ajuste actual se le sumará uno mayor el año próximo.

Expliquémonos. Aunque el gobierno del Frente de Todos lo disfrace con discursos progresistas, o vendiendo que se vienen “las 60 medidas para reactivar”, la realidad es que hay un ajuste en curso que está cayendo sobre las espaldas de los trabajadores. La inmensa mayoría no ha tenido aumento alguno mientras los precios de los productos de primera necesidad siguen subiendo. Muchos incluso han visto reducidos sus sueldos 25%, gracias a la complicidad de la burocracia de la CGT. A esto tenemos que sumarle los 700.000 suspendidos, que cobran porciones aún menores de sus ingresos habituales. Y los más de 300.000 despedidos. Aclarando que todos estos números son solo de los trabajadores en blanco, por lo que habría que sumar un número mayor aún de aquellos que están en negro. También siguen perdiendo todos los jubilados, sin excepción, desde la suspensión de la fórmula de reajuste a partir de diciembre pasado. Por contrapartida, los millones de cuentapropistas, monotributistas y aquellos que viven de changas tienen que arreglárselas con el absolutamente insuficiente IFE, de 10.000 pesos por familia, cada dos meses.

Pero lo peor está por venir, el acuerdo con el FMI exigirá un ajuste mucho mayor. Así lo reconoció el propio ministro de Economía Martín Guzmán en el evento del lunes pasado. Lo dijo técnicamente, seguramente a propósito para que el pueblo trabajador no lo entendiera, mientras el establishment y los funcionarios del FMI tomaban nota. El gobierno se propone reducir a 4,5% del PBI el déficit fiscal de 2021, desde el 8% actual. Lo bajamos a tierra para que se comprenda, “bajar el déficit” quiere decir achicar el gasto público. Guzmán está diciendo que van a hacer un ajuste de 1,4 billones de pesos (14.000 millones de dólares). Eso es casi el doble de toda la ayuda social, IFE incluido, gastada durante la pandemia. Ese es el ajuste que ofrece el gobierno al Fondo para comenzar la negociación. Sabiendo que el FMI, encima, va a exigir que se le sume el compromiso de realizar una reforma previsional (léase mayor ajuste todavía sobre los jubilados actuales y futuros) y otra laboral, donde se quiere avanzar más a fondo aún con la flexibilización y el ataque a los convenios colectivos. 

Como lo demuestran los trabajadores de Latam, los docentes de varias provincias, los textiles de Río Grande en Tierra del Fuego, los choferes de Rosario, las compañeras y compañeros del gremio de pasteleros, los trabajadores de prensa de varios medios, no se deja pasar el ajuste sin luchar. Aunque aisladas por la más absoluta tregua de la burocracia, tanto de la CGT como de las CTA, los trabajadores siguen dando pelea. Por eso resulta fundamental brindarles todo el apoyo y ayudar a su coordinación, como lo estamos haciendo desde el Plenario del Sindicalismo Combativo.

Pero además, frente a un gobierno que nos invita a “festejar” el acuerdo con los pulpos acreedores y que ahora nos quiere vender la posibilidad de un pacto “progresista” con el Fondo Monetario, resulta más importante que nunca postular un programa alternativo, de emergencia, que priorice realmente los problemas generados por las dos pandemias, la sanitaria y la social. Comenzando por el cobro de un impuesto a las grandes riquezas, tal como lo planteamos en nuestro proyecto del Frente de Izquierda Unidad. Y, por sobre todo, dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI para poner todos los recursos al servicio de atender las más urgentes necesidades populares. Ese es el programa que levantamos desde el Frente de Izquierda Unidad. Te invitamos a apoyarlo y a luchar con nosotros para imponerlo.

Escribe Martín Fú

Este miércoles se dará a conocer el resultado oficial de la autopsia del cuerpo encontrado en las cercanías de Bahía Blanca que, según trascendidos, incluyendo opiniones de la propia madre, tiene serias posibilidades de tratarse de Facundo.

El mismo día que comenzó la autopsia, el pasado martes, Cristina Castro fue recibida por el presidente Alberto Fernández en la residencia de Olivos. Posteriormente a la reunión, la madre de Facundo declaró que se tocaron varios temas pero, aclaró, “busco que me den respuestas”. En el mismo sentido, afirmó, “prefiero hechos, no palabras”, frente a promesas y supuestas preocupaciones del presidente por esclarecer la desaparición de Facundo.

El jueves, en la reunión con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, Cristina Castro le pidió personalmente la renuncia del ministro de Seguridad, Sergio Berni, a lo que el gobernador solo atinó a contestar “le voy a pedir que no hable más”(Página/12, 28/8). Los abogados de la querella le solicitaron a Kicillof que brinde protección a los testigos de la causa, que son seguidos y amedrentados por la policía bonaerense, y que entregue un listado con el seguimiento de los patrulleros y las modulaciones (comunicaciones) entre los vehículos policiales. Kicillof le prometió a la madre de Facundo volcar más efectivos en la calle, a lo que Cristina Castro contestó, en una entrevista posterior, “más policías son más chicos asesinados”. Cristina afirmó, en sintonía con lo que le exigió al presidente, “no vengo a hacer amigos, vine a buscar respuestas, no promesas o palmadas en la espalda”.

En distintas entrevistas en los medios, posteriores a las reuniones con Fernández y Kicillof, Cristina Castro, junto con los abogados Leando Aparicio y Luciano Peretto, describieron el fuerte encubrimiento que se lleva adelante por parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la mecánica de los falsos testigos –la mayor parte policías de Bahía Blanca– y cómo el ministro Berni no solo encubre, sino que opera fuertemente a favor de la impunidad, creando pistas y testimonios inexistentes para que la verdad no aparezca.

Cristina Castro siguió apuntando al secretario de Seguridad bonaerense al afirmar que “Berni tiene muchos chicos desaparecidos, chicos que entran a una comisaría y aparecen suicidados, chicos que salen a las calles y en un retén policial los acribillan”. Para la agencia Télam, a la salida de la reunión con Kicillof, Cristina reforzó la teoría de la responsabilidad de la bonaerense considerando que, aunque Berni “pinte a la policía como carmelitas descalzas, son ellos los que tienen que dar respuestas”. También apuntó a los periodistas que venden carne podrida y que los medios reproducen. El lunes tuvo un cruce al aire en C5N, donde desmintió a Pablo Duggan y Paulo Kablan, pidiéndoles a ambos que “dejen de mentir e inventar noticias”, acusándolos de ser funcionales a Berni y a los medios de Bahía Blanca, La Brújula y La Nueva, que hace meses operan abiertamente en pos del encubrimiento policial haciendo circular noticias falsas. 

Un dato se conoció en la última semana. Un patrullero se desvió de su zona de cuadrícula hasta el sector donde el 15 de agosto pescadores encontraron el cuerpo que está siendo periciado y se detuvo en el lugar por un lapso de treinta y cinco minutos. Esto ocurrió el 8 de mayo, el móvil fue ubicado por el sistema de geolocalización (GPS) que tienen los vehículos de la bonaerense. Berni rápidamente salió a intentar desprestigiar la prueba, argumentando que se trataría de una falla en el sistema, a pesar de que se procedió al secuestro del vehículo y el libro de guardia de la dependencia a la que pertenece. Otra prueba más que incrimina a la nefasta policía bonaerense al mando de Berni.

El jueves 27, la militancia de Izquierda Socialista acompañó a Cristina en el acto y movilización convocados por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia en el marco de la VI Marcha contra el Gatillo Fácil en Plaza de Mayo. Cristina Castro saludó la jornada haciendo uso de la palabra y remarcando que el dolor la hermanaba con los padres y familiares de otras víctimas del gatillo fácil y la violencia institucional: “Tengo miedo que nos sigan matando a nuestros jóvenes, nos sigan desapareciendo a nuestros pibes. Son asesinos y están comandados por Sergio Berni. No me voy a callar hasta que tengan a todos y cada uno de los responsables tras las rejas. Habíamos dicho nunca más, y cuando dijimos nunca más era en serio. Si tenemos que salir a la calle lo vamos a hacer. ¡Nunca más!”

Desde Izquierda Socialista seguimos denunciando y movilizados contra el encubrimiento y la impunidad de los gobiernos que continúan manteniendo y reforzando el aparato represivo, desapareciendo jóvenes y trabajadores. Es necesario sumar al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense, una comisión investigadora independiente para llegar a la verdad, que debería estar integrada por organismos de derechos humanos independientes de los gobiernos, profesionales idóneos, organizaciones sociales y políticas, junto con personalidades destacadas e intachables para saber qué hicieron con Facundo.

Exigimos la renuncia de Berni y seguimos afirmando que la bonaerense y el gobierno son responsables. ¡Castigo a todos los culpables!