Escribe Gastón Godoy

La desaparición de Facundo Castro tomó relevancia nacional y la exigencia de su aparición es un reclamo muy extendido. Desde Izquierda Socialista exigimos su aparición con vida inmediata y responsabilizamos al gobierno. Deslindar la responsabilidad del gobierno y hacer silencio sobre estos hechos debilita la lucha por los derechos humanos y contra la impunidad de ayer y de hoy. La propia ONU se pronunció y pidió “inmediatez y exhaustividad” en su búsqueda debido a la fuerte campaña. En Pedro Luro, donde vive Facundo con su familia, se realizó una marcha con miles de vecinos que reclaman aparición con vida. Una acción que se replicó en varias ciudades de la provincia de Buenos Aires, como en La Plata, donde Izquierda Socialista participó junto a la Multisectorial.

Lamentablemente, el de Facundo no es un caso aislado, sino que se inscribe en una serie de desapariciones y asesinatos a manos de la maldita policía en muchas provincias del país. Sucede hoy con este gobierno peronista de Alberto Fernández, como antes con el de Macri, y también con el de Cristina.

Facundo Astudillo Castro fue visto por última vez el 30 de abril a las 15.30 mientras era subido a un móvil de la policía bonaerense en la ruta 3, en las afueras de Mayor Buratovich, localidad lindera a Pedro Luro. Es el último lugar donde tres testigos aseguran haberlo visto, que está camino a Bahía Blanca, la ciudad a donde Facundo se dirigía. 

¿Qué hizo el gobierno hasta el momento?

Transcurridos más de setenta días, no hay noticias sobre el paradero de Facundo. Afirmamos que hay una responsabilidad del gobierno nacional de Alberto Fernández y del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, porque este hecho se enmarca en la represión (que afecta sobre todo a la juventud), los asesinatos por gatillo fácil y la desaparición de personas, prácticas que se realizan a lo largo y ancho del país y que han aumentando durante la cuarentena. Porque el mayor poder de acción que le dio el gobierno al aparato represivo para “garantizar” que se cumpla la cuarentena legitima aún más estos hechos aberrantes y contrarios a las libertades democráticas.

Pretenden encubrir la desaparición de Facundo con argumentos plagados de inexactitudes. Son bien conocidos los antecedentes de la policía bonaerense y su prontuario de desapariciones forzadas y asesinatos, por eso la familia de Facundo pidió que se la aparte de la investigación. Más cuando todavía no brindaron testimonio ni han ido a declarar los policías que subieron a Facundo al móvil, algo que a esta altura es inadmisible. No puede desconocerse tampoco el respaldo político que se le brinda a la policía, en eso tienen responsabilidad el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y la ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic, una figura que Alberto Fernández quiso construir como “distinta” de su antecesora, Patricia Bullrich, porque es antropóloga, pero en lo concreto no hay diferencias con la política que vienen llevando adelante, más bien son una continuidad.

En relación con el patrullero (todos tienen GPS) al que fue subido Facundo, el abogado de la familia, Leandro Aparicio, declaró: “Es muy simple, solicitamos ese dato para poder identificar a los dos policías que se habrían llevado a Facundo, pero no hay respuesta, todo lo demás es buscarlo donde no estuvo”. (Página/12, 13/7). Ante algunas versiones que diversos medios hicieron circular sobre personas que habrían visto a Facundo en Bahía Blanca, su mamá Cristina aclaró que “lo único certero que hay es que los últimos que lo vieron fueron los policías de ahí. Él nunca llegó a Bahía Blanca y así me lo dijo su ex novia”. Aparicio dijo que esos datos se los pidieron también a Kicillof, porque pasaron veinte días desde que enviaron una solicitud al fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez y no obtuvieron respuesta. Por otra parte, el otro abogado de la familia, Luciano Raúl Peretto, denunció amenazas (mientras estaban en un basural buscando pruebas) por parte del subcomisario de Mayor Buratovich, Pablo Reguillon, quien fue relevado de su cargo.

Finalmente, el gobernador Kicillof, esquivando cualquier tipo de responsabilidad, afirmó: “No vamos a encubrir a nadie, pero tampoco prejuzgar a nadie”. Repite lo hecho por Daniel Scioli, quien “no prejuzgó” cuando en la provincia desaparecieron Jorge Julio López y Luciano Arruga, también con la bonaerense involucrada. Ante esta nueva desaparición, una vez más lo único claro es que la policía, la Justicia, el gobierno provincial y el nacional poco hacen por esclarecer qué sucedió con Facundo, más bien actúan en el sentido opuesto.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad exigimos la inmediata aparición con vida de Facundo. Que se terminen los casos de gatillo fácil y la represión. Alentamos a continuar las campañas de visibilización en las redes, a acompañar las movilizaciones y reclamamos el desmantelamiento del aparato represivo.

Escribe Ariel Nápoli

Lucas Verón estaba festejando su cumpleaños número 18 el jueves pasado en Villa Scasso, La Matanza. Con un amigo fueron en moto a un maxikiosco. Dos policías los persiguieron y asesinaron a Lucas a sangre fría.

Un vecino del barrio accionó la alarma vecinal y varios salieron a la calle. Ahí vieron a Lucas tirado junto a la patrulla que conducían los homicidas y a su amigo gritando que la policía les había realizado varios disparos.

El amigo de Lucas fue amenazado por la policía para que diga que “venían de robar en algún lugar”. Frente a este intento de encubrimiento, una delegación del Suteba La Matanza estuvo presente en la fiscalía general de San Justo el día lunes acompañando a la familia del joven para reclamar justicia, cárcel a los policías asesinos y el desplazamiento del fiscal de la causa ante las denuncias de encubrimiento.

El fusilamiento de Lucas se dio el mismo día en que el ministro de Seguridad Sergio Berni se hizo presente en un acto en La Matanza en el que arengó a la policía por su “valentía y compromiso”. Esa misma policía dirigida por Berni y Kicillof ya asesinó a ocho jóvenes víctimas de casos de gatillo fácil en lo que va de la cuarentena en el Gran Buenos Aires. Los casos no se dan solamente en la provincia de Buenos Aires, en todo el país suman sesenta los fusilados por la policía durante el confinamiento.

Por eso desde Izquierda Socialista reclamamos ¡basta de gatillo fácil, justicia por Lucas Verón! Kicillof y Fernández son responsables.

Escribe Guillermo Sánchez Porta

El lunes 13 de julio se realizó una nueva reunión de la Mesa Nacional del Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC). Como dice el comunicado del PSC, “participaron Rubén “Pollo” Sobrero, secretario general de la Unión Ferroviaria Oeste; Ileana Celotto, secretaria general de la AGD-UBA; Guillermo Pacagnini, secretario general de la Cicop; Alejandro López, secretario general del Sindicato Ceramista de Neuquén; Mariana Scayola secretaria general de Ademys; Sebastián Tolosa, del Sutna-Merlo y secretarios generales y dirigentes de sindicatos” de diferentes lugares del país. Estuvieron también la dirigente ferroviaria Mónica Schlotthauer (poco después se verificó su contagio de Covid-19), Jorge Adaro de Ademys, Angélica Lagunas de ATEN Neuquén, Pablo Almeida de ATE Ministerio de Economía, entre otros. 

Se debatió un balance de lo actuado por el PSC reivindicando las acciones realizadas, como la radio abierta frente al Ministerio de Trabajo en CABA, las diferentes actividades en el país apoyando las luchas en curso (Neuquén, Córdoba, GBA, etc.), el plenario nacional virtual del 27 de mayo, la jornada nacional de lucha del 16 de junio con acciones en muchas provincias y una conferencia de prensa frente el Obelisco, en CABA, en medio de la pandemia que golpea fuerte al AMBA.

Se coincidió en que el PSC se está fortaleciendo como polo de referencia para los que luchan, ante la defección de la burocracia sindical de la CGT y las CTA, logrando incorporar en las diferentes actividades a nuevos luchadores independientes y converger con muchos en las luchas cotidianas. Y que ese es el camino a seguir. Hubo polémicas con los representantes del MST/Ancla cuando nosotros marcamos la postura política y metodológicamente equivocada que tuvieron en la jornada de lucha del 16 de junio, llamándolos a que mantengan la unidad en los acuerdos y debatan leal y fraternalmente las diferencias que siempre van a aparecer. Y, fundamentalmente, que se respeten las posturas que toman los sindicatos que integran el PSC, priorizando la unidad y las acciones genuinas de los trabajadores. 

En la reunión también aprobamos una declaración con eje en el llamado a luchar “para que la crisis no la paguemos los trabajadores”, “por un impuesto progresivo a las grandes riquezas y a las rentas para financiar la emergencia sanitaria, económica y social”. “En el momento que la curva de contagios está en crecimiento, Alberto Fernández, Axel Kicillof y Rodríguez Larreta se aprestan a flexibilizar aún más la cuarentena”, denuncia el comunicado. “El funcionamiento pleno de la mayoría de las industrias involucra a casi tres millones de trabajadores del AMBA, en muchos casos bajo condiciones laborales ajenas al cumplimiento de cualquier protocolo por parte de las patronales”. 

“Mientras las patronales son subsidiadas, al amparo del pacto UIA-CGT-gobierno, se multiplican los despidos (hubo casi 300.000 en dos meses) y se rebajan los salarios. El ministro Guzmán renegocia la deuda externa con los especuladores internacionales cediendo a sus multimillonarias exigencias. Renegociación que contempla las reformas laboral y jubilatoria y la entrega –como garantía de pago– de los recursos naturales de nuestro país”. 

“La contracara es el hambre, los despidos, el desconocimiento de los convenios colectivos, la flexibilización y superexplotación del teletrabajo, los salarios de pobreza y el contagio masivo de la población, sin los recursos sanitarios para su asistencia. Todo esto ocurre con la complicidad directa de la CGT y también de las CTA”.

Ante esto, la Mesa del PSC ratificó las propuestas y el programa, como “la prohibición de despidos y suspensiones, aumento general de salarios y jubilaciones, ayuda social, seguro universal al desocupado, asistencia estatal a las cooperativas y gestiones obreras y medidas de fondo como la nacionalización bajo control de sus trabajadores del sistema de salud, el no pago de la deuda externa y la ruptura con el FMI, la nacionalización de los hidrocarburos, la banca, el comercio exterior y todos los recursos estratégicos y las empresas privatizadas”.

Uno de los puntos más importantes de la reunión fue aprobar el ingreso a la mesa nacional del PSC del Movimiento de Agrupaciones Clasistas (MAC), corriente sindical del PTS, quienes después de más de dos años de rechazar integrarse cambiaron su posición y pidieron su incorporación. Con esta resolución el PSC se fortalece con el ingreso de nuevos luchadores y se sigue potenciando como un polo nacional de coordinación de luchadores antiburocráticos y antipatronales, en la pelea por una nueva dirección en el movimiento obrero. 

La reunión también definió, entre otras cuestiones, impulsar la realización de plenarios en las próximas semanas en distintas provincias. Lanzar una campaña nacional en defensa de las fábricas ceramistas recuperadas bajo gestión obrera de Neuquén. Apoyar las luchas en curso y el paro de los Suteba Multicolores del 15 de julio. Impulsar una acción por la aparición con vida de Facundo Castro. Y llamar a una nueva reunión de Mesa Nacional, ya con la integración del MAC, para armar el cronograma de plenarios provinciales en las próximas semanas y posteriormente un nuevo plenario nacional para impulsar y coordinar los conflictos y un plan de lucha.

Llamamos a todos los luchadores a sumarse y fortalecer la unidad del sindicalismo combativo en el PSC.

Escribe Federico Novofoti, Izquierda Socialista, La Plata

Cuando asumió Kicillof anunció que no permitiría el uso de la caja de IOMA por fuera de la obra social. Pero en junio, junto al ministro de Salud, Daniel Gollán, y el presidente de IOMA, Homero Giles, informaron la entrega de 400 millones de pesos mensuales a las cámaras empresarias Acliba y Fecliba.

Esta decisión cayó como un balde de agua fría entre los afiliados, mientras sufren el abandono de la obra social, que niega y/o retrasa por meses la atención. Ahora los médicos de La Plata (AMP) decidieron dejar de atender a los afiliados de IOMA por falta de pago. A IOMA aportan el 4,8% de su salario 2,6 millones de afiliados. Kicillof confirmó que tenía superávit por encima de los 1.000 millones de pesos anuales, pero hay miles de prestaciones que se niegan o reducen y un permanente aumento de los copagos (bonos que deben abonar los afiliados) por consulta médica.

¿Dónde fue a parar todo ese dinero? El gobierno se apropia de los aportes de IOMA, los utiliza a su antojo y mucho va al pago de la deuda externa provincial. Hay innumerables denuncias que aseguran que es una caja negra de la corrupción política, con funcionarios del PJ y Cambiemos, burócratas de UPCN y Suteba y la policía que integran el directorio, desde el cual hacen negociados con cámaras empresariales y algunos profesionales de la salud, pagos con sobreprecios en medicamentos, insumos, material descartable y prótesis; sobrefacturación, compras directas y pago de consultas o internaciones nunca realizadas.

Mientras, la obra social sigue adeudando hasta ocho meses a prestadores –médicos, acompañantes terapéuticos (ATS), cuidadores, fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos–, generando incertidumbre sobre la continuidad de la atención. La Agremiación Médica Platense (AMP) reclamó pagos en tiempo y forma a médicos de consultorio y anunció un nuevo aumento en los copagos y el corte de prestaciones en medio de la pandemia.

Este vaciamiento provocó una merma en prestaciones y coberturas a los afiliados, que se ven obligados a peregrinar y a presentar amparos judiciales para lograr atención. En estos años hubo más de veinte muertes por abandono de IOMA, cinco desde que gobierna Kicillof. Múltiples iniciativas vienen realizando familiares de pacientes abandonados por IOMA, que organizan acciones para lograr que cumpla con las prestaciones y ya están coordinando en una comisión, junto con afiliados afectados, la defensa del IOMA.

Repudiamos la utilización de los fondos de IOMA por fuera de las prestaciones. Que se garantice la completa atención de todos los afiliados ya. Que se pague en tiempo y forma a los profesionales prestadores. Impulsamos la democratización del IOMA, con un directorio votado por los trabajadores afiliados en forma directa, con control y auditoría para terminar con la corrupción.

Exigimos a los dirigentes de los sindicatos estatales ATE, Suteba, UPCN y demás, que asuman la pelea en defensa del IOMA y llamamos a apoyar todas las acciones en defensa del IOMA, como las convocadas por la junta interna de ATE IOMA y la Lista Multicolor de Suteba.

Escribe Pedro Rodríguez, referente de la oposición en UTA

Siguen los reclamos en todo el país ante la falta de pago. El lunes, los choferes de Córdoba fueron reprimidos y ocho detenidos, mientras realizaban una movilización. En Río Negro hay paro desde el 2 de julio y siguen sin respuestas. En las marchas gritaban “choferes presentes, la UTA ausente!”. También hay protestas en La Rioja, Santa Fe. Somos esenciales pero no nos pagan, se adeuda aguinaldo, el 18,3% de aumento del 2019, y en algunas provincias se pactó una rebaja salarial! un manoseo que no se aguanta más.

Roberto Fernández, secretario general de la UTA, sólo llamó a medidas parciales ante la presión por abajo. Está jugando con fuego y más preocupado por los subsidios a las patronales que por los salarios de sus afiliados. Tiene miedo de perder el control y donde puede levanta las medidas por migajas, dividiendo la lucha. Eso a pesar de que hay sobradas razones para una lucha nacional, mientras crecen los contagios por Covid–19 y se revela el boicot patronal a las medidas de seguridad.

Pero a pesar del rol traidor de Fernández las luchas siguen. Hay una rebelión por abajo que se sigue desarrollando. Y mientras se pelea, va quedando cada vez más claro el robo de los subsidios. ¿Cómo puede ser que un sistema que necesita subsidios tenga como resultado empresarios millonarios y trabajadores arañando la canasta familiar? Es evidente que de este negociado muerden todos, funcionarios, la UTA y sobre todo las patronales. Es por eso que mientras nos organizamos hay que discutir cómo salir del callejón de los subsidios, sin perjudicar a los usuarios. Si las patronales no bancan, aprovechemos para debatir seriamente  la necesidad  de la nacionalización del transporte, bajo control de los trabajadores y bajo convenio de UTA.

Un capítulo aparte merece Miguel Bustinduy, quien posa de combativo. Intenta montarse sobre el genuino reclamo de los trabajadores sobre los salarios adeudados pero, igual que Fernández, bloquea la unificación del AMBA con el Interior en un verdadero plan de lucha. No impulsa plenarios ni asambleas para discutir esta situación y las medidas a seguir. Bustinduy solo quiere ganar simpatizantes en las bases del interior, donde se conoce menos su trayectoria patoteril de 30 años, primero al lado de Palacios y luego de Fernández. Al igual que Fernández, impide la presentación de listas opositoras en las líneas que representa (DOTA).

La experiencia de estos meses de lucha casi permanente nos debe servir para dar pasos en la construcción de una nueva alternativa, totalmente distinta a la de estos dos viejos aliados. Nada bueno puede venir de quienes manejan el sindicato hace 30 años. Es fundamental seguir luchando hasta cobrar, pero luego, debemos seguir discutiendo como barrer a todos los traidores de nuestro gremio. Quienes hoy toman en sus manos la lucha por lo que nos deben, tiene que ser nuestros futuros delegados y dirigentes. Mientras nuestro sindicato, sus seccionales y los cuerpos de delegados de cada línea estén en manos de estos traidores, la situación no va a mejorar. Queremos una UTA democrática y de lucha, mientras seguimos luchando por la caída y derogación del estatuto proscriptivo de la UTA. Que impide presentar lista opositora a nivel nacional, y que ha sido avalada por los distintos gobiernos.

¡Por un plan de lucha nacional ya! Pago inmediato de todas las deudas salariales y el aguinaldo. No a la rebaja salarial. Bono de emergencia de 20.000 pesos para todos. Apertura inmediata de paritarias. Por una obra social de calidad para los afiliados, controlada por los trabajadores. Protección efectiva por parte de la patronal y el gobierno ante el coronavirus, cumplimiento de los protocolos. Reincorporación de todos los despedidos por razones políticos sindicales. Por la defensa de nuestro Convenio Colectivo de Trabajo  460/73.