Escribe Laura Eggers, secretaria de prensa de Aten Capital y dirigenta de Izquierda Socialista 

Con una masiva movilización de varias cuadras se desarrolló el paro y la jornada de lucha convocados por una asamblea de cerca de 2.500 docentes en la combativa seccional Capital de Aten. También participaron otras seccionales combativas, como Plottier y Senillosa. A su vez, se sumaron sectores de la salud pública, que salieron bajo la cobertura legal de la CTA Autónoma.

El reclamo central fue la reapertura de la mesa salarial, una demanda pendiente desde que la conducción provincial TEP, de orientación kirchnerista, aceptó mediante maniobras y fraude un acuerdo que no recuperaba lo perdido a lo largo de 2024 y 2025. La caída del poder adquisitivo en la provincia de Vaca Muerta se siente mes a mes, ya que los precios en Neuquén siguen el ritmo del petróleo y el gas. La producción hidrocarburífera crece aceleradamente y, con ello, las exportaciones y el ingreso por regalías al gobierno de Rolando Figueroa. Sin embargo, Figueroa, que respalda la política nacional de Javier Milei, aplica su motosierra. Por eso los ingresos crecientes no se transforman en mejores salarios, ni en viviendas, ni en mejoras en la salud y la educación públicas.

La burocracia provincial, el día previo al paro, salió en los medios a decir que la medida era ilegal, alentando a la comunidad educativa a hostigar a la docencia en lucha. La ministra de Educación respaldó esa declaración. Un combo perfecto entre burócratas y gobernantes que no alcanzó para debilitar la jornada, que fue masiva, con un acatamiento cercano al 90% en las escuelas de la capital neuquina.

Los cantos también apuntaron a la Ctera, a la que se le exigió que rompa su acuerdo con el gobierno y convoque a un plan de lucha nacional, en un contexto de conflictos que ya atraviesan a numerosas provincias.

Escribe Atilio Salusso

El martes 14 de abril, las y los trabajadores de FATE protagonizaron una importante marcha a Plaza de Mayo. Ese día se enteraron de un fallo judicial muy importante. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó un embargo a la patronal, del grupo Madanes Quintanilla, por 3 mil millones de pesos para que se paguen los salarios adeudados desde que se produjo el lockout (cierre de la planta) de manera intempestiva.

Este logro es un triunfo de una lucha sostenida por sus trabajadores desde hace casi dos meses, con la ocupación pacífica de la planta, ubicada en la provincia de Buenos Aires, además de marchas, movilizaciones, festivales y fondo de huelga. En la marcha participaron distintas organizaciones en apoyo: el Plenario del Sindicalismo Combativo, con el dirigente Rubén “Pollo” Sobrero; la secretaria general de Ademys, Soledad Mosquera; la CTA, encabezada por Hugo “Cachorro” Godoy; internas combativas, partidos de izquierda y nuestro diputado nacional electo, Juan Carlos Giordano, quien estuvo en la cabecera de la movilización.

Esta lucha es contra la patronal de FATE y contra el gobierno de Javier Milei, que se jacta del cierre de empresas. Pero también es contra el gobernador peronista Axel Kicillof. Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, denunció en el acto que Kicillof no los recibió, a pesar de que hace 15 días solicitaron una audiencia. Además, en la Legislatura provincial se presentó un proyecto para que se cumpla con una ley que faculta al Poder Ejecutivo a declarar la ocupación temporaria de la fábrica, ponerla en funcionamiento y garantizar los puestos de trabajo. Kicillof, que viene diciendo que “hay que ponerle un límite a Milei”, se niega a implementar esa medida en la emergencia, lo que demuestra que su discurso es para la tribuna. Hay cientos de despidos en fábricas en la provincia de Buenos Aires, ante los cuales no se da ninguna respuesta.

Una vez más, le damos todo el apoyo a las y los trabajadores de FATE en la pelea por la reapertura de la planta, la única que produce cubiertas para camiones y colectivos, tan necesarias. Esta lucha estará representada en el acto unitario del 1° de Mayo en Plaza de Mayo.

Escribe Mercedes Trimarchi, Diputada electa en CABA por Izquierda Socialista en el FIT-Unidad

Las denuncias falsas por motivos de género representan menos del 1% a nivel mundial, según datos de ONU Mujeres de 2024. En Argentina, de acuerdo con datos elaborados en 2025 por el Consejo de la Magistratura, menos del 3% de las denuncias penales serían falsas y estarían vinculadas principalmente a delitos económicos. La idea que el gobierno pretende instalar acerca de una supuesta “epidemia” de denuncias falsas no solo es reaccionaria, sino también engañosa.

A continuación, se presentan algunas conclusiones de un documento elaborado por diversas organizaciones de la sociedad civil que se oponen al proyecto de ley S-0228/2025, el cual propone aumentar las penas para quienes denuncien falsamente situaciones de violencia de género o abusos. Entre las firmantes se encuentran el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Católicas por el Derecho a Decidir Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales, Amnistía Internacional, la Fundación Mujeres por Mujeres y Ni Una Menos, entre otras.

“Este problema no se soluciona con medidas que incrementen las barreras para las víctimas y que, en la práctica, podrían fortalecer la impunidad de los agresores. En todo caso, el principal problema que debe resolverse para abordar de manera eficiente el fenómeno que hoy se señala como ‘denuncias falsas’ es la falta de celeridad en la resolución de los procesos judiciales en general, y de los penales en particular.

No todo hecho que no haya podido acreditarse responde a una ‘falsa denuncia’. Existen numerosos casos en los que los propios fiscales presentan acusaciones que no logran probarse en juicio, y no por ello se presume que las fiscalías actúen guiadas por ‘falsas denuncias’. En ocasiones, lo que sucede es que no se ha logrado reunir la prueba necesaria, en el marco del debido respeto de las garantías del proceso penal, para alcanzar una condena. En todo caso, lo importante sería lograr que la resolución (en uno u otro sentido) no se extienda indefinidamente en el tiempo y que se lleve adelante de un modo que evite la revictimización de las personas involucradas en el proceso”.

Escribe Mercedes Trimarchi, Diputada electa en CABA por Izquierda Socialista en el FIT-Unidad
 
La vicejefa de Gobierno porteño, Clara Muzzio, expresó el 10 de abril en su cuenta de X que “el ‘trabajo no remunerado’ dentro del hogar no existe” y lo justificó afirmando: “Tenemos que estar advertidas de que sostener que la vida en nuestra propia casa implica el reconocimiento económico es una infección de la ideología de género en el hogar”.

Subida a la ola reaccionaria de la ultraderecha conservadora, la presidenta de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires no solo niega el trabajo dentro del hogar (y el tiempo dedicado a él), sino también las consecuencias que se desprenden para quienes lo realizan, mayoritariamente mujeres.
Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021) del Indec, las mujeres en Argentina dedican, en promedio, seis horas y media diarias a las tareas de cuidado y limpieza dentro del hogar, mientras que los varones dedican aproximadamente la mitad, tres horas y media. La primera consecuencia es que las mujeres cuentan con tres horas menos al día para estudiar, realizar actividades recreativas o simplemente descansar. Es decir, tienen menos tiempo libre. Esta falta de tiempo explica, en parte, por qué acceden a trabajos más precarios y peor remunerados, lo que contribuye a la feminización de la pobreza y a una brecha salarial del 25%.

En segundo lugar, las mujeres realizan un trabajo que demanda, en promedio, seis horas diarias sin recibir remuneración. De acuerdo con el último informe de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género (2020), en nuestro país el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado representa el 15,9% del Producto Bruto Interno, es decir, de todo lo que produce la economía nacional en un año. Se trata del sector de mayor aporte dentro de la economía, incluso por encima de la industria (13,2%) y el comercio (13,0%).

¿Por qué no se remunera este trabajo? En gran medida, porque vivimos en una sociedad capitalista y patriarcal que busca obtener ganancias de casi todas las actividades. En ese marco, los gobiernos utilizan diversas instituciones (como las iglesias, los medios de comunicación, las redes sociales y el sistema educativo) para inculcar, desde edades tempranas, la idea de que estas tareas deben ser realizadas por las mujeres por amor y no a cambio de un salario.

Escribe Nicolás Núñez, dirigente de Ambiente en Lucha e Izquierda Socialista

La aprobación de la modificación de la Ley de Glaciares reconfiguró el escenario político y social en torno a la defensa del agua. Desde el movimiento socioambiental venimos señalando que no se trata de un hecho aislado, sino de un punto de inflexión dentro de una disputa más amplia contra la avanzada extractivista que impulsan todos los gobiernos.

En el Congreso, el resultado expuso un consenso que atravesó distintas fuerzas políticas. La Libertad Avanza logró imponer su orientación, pero lo hizo en articulación con gobernadores y bloques que habilitaron la reforma. En contraposición, el Frente de Izquierda Unidad fue el único espacio que sostuvo el rechazo con la totalidad de sus bancas.

También es necesario señalar responsabilidades concretas, como la del senador nacional por San Juan, Sergio Uñac, y la del diputado Nicolás Massot, quien, tras reunirse con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, aportó un voto clave para avanzar con esta modificación. Esto refleja una convergencia política que excede por mucho a la ultraderecha libertaria.

Al mismo tiempo, creemos que es fundamental entender que la pelea por la Ley de Glaciares no empezó ahora ni terminará con esta votación. Es parte de una lucha histórica en defensa del agua y los territorios, con avances y retrocesos. Hoy tiene un nuevo hito en la jornada plurinacional de lucha del 8 de abril, realizada ante la sesión en Diputados. Hubo 70 puntos de convocatoria en todo el país, con una extensión territorial sin antecedentes. Frente al Congreso, con un verdurazo, movilización y festival, miles de personas protagonizaron la movilización socioambiental más grande realizada en la capital del país.

Desde el Frente de Izquierda Unidad y las organizaciones que impulsamos, como Ambiente en Lucha, sostenemos que la respuesta no puede quedar solo en el plano institucional. La historia reciente demuestra que cada conquista se defendió en las calles y con organización. Allí conquistamos la ley, y en ese mismo terreno la haremos valer, más allá de lo que ocurrió en el Congreso.

Desde la Campaña Plurinacional “La Ley de Glaciares NO se toca” impulsamos una semana de acciones en todo el país y acompañamos iniciativas judiciales promovidas por organizaciones ambientalistas. Cerca de un millón de personas ya manifestaron querer ser parte de la demanda judicial más grande de la historia, que señala la inconstitucionalidad de la modificación aprobada por el Congreso. También buscamos articular con otros conflictos, como el universitario, con clases públicas y acciones en defensa del agua.

A su vez, advertimos que la ofensiva no se agota en la Ley de Glaciares. El gobierno ya anticipó avances sobre la Ley de Bosques y el cambio de uso del suelo en territorios incendiados. Por eso, entendemos que estamos ante un proceso abierto que exige más organización, más lucha y más unidad para defender nuestros recursos.