Escribe Guido Poletti

Los precios de los productos de la canasta familiar siguen aumentando, semana a semana. Sólo en los últimos seis meses, según las propias estadísticas oficiales, los salarios perdieron el 7%. Que se suma al 25% perdido en los tres años anteriores. Lo mismo pasa con las jubilaciones, la mayoría en el nivel de la indigencia y con una fórmula de reajuste inaugurada en marzo donde ya los precios le ganaron de lejos al aumento.
Mientras esto sucede, el pacto de la CGT y las CTA con el gobierno ya asume características vergonzosas. El salario mínimo fue ajustado a apenas 29.000 pesos, ¡a los que se llegaría el año que viene! Este monto ya hoy representa apenas un tercio de los 92.000 que requiere una familia tipo como mínimo para vivir, según calculan los trabajadores de ATE-Indec.

Los burócratas de los grandes gremios van cerrando sus paritarias con porcentajes de “aumento” que van entre un 30 y un 35%, a pagar por las patronales en cómodas cuotas. Y ya ni siquiera existe lo que formalmente se firmaba en años anteriores, una cláusula gatillo que obligara automáticamente a reabrir la negociación si los salarios quedan retrasados con la inflación. Ahora eso es reemplazado por etéreas “cláusulas de revisión”,de imposible cumplimiento
Los burócratas siguen al pie de la letra el camino trazado por el gobierno: el doble discurso de que los salarios se “recuperarían” este año porque la inflación oficial fue presupuestada en 29%. ¡Cuando en sólo los primeros tres meses del año ya acumula el 13% y se calcula que va a terminar arriba del 50 por ciento!

Pero en las últimas semanas algo empezó a cambiar. Los trabajadores de la salud de Neuquén marcaron el camino. Rebelándose ante la traición de la burocracia de ATE que había pactado un aumento de apenas el 15%, se autoconvocaron, pararon, se movilizaron, hicieron cortes de rutas y, tras una lucha durísima, lograron un incremento de 53% y el pase a planta de 1.350 trabajadores eventuales y precarizados. Surgió la Interhospitalaria, un nuevo organismo de lucha, que permitió alcanzar un triunfo enorme, ya que el aumento se traslada a todos los trabajadores de la provincia.
Es un ejemplo importantísimo de que luchando se puede ganar. Lo demuestra también el sindicalismo combativo con los trabajadores del Neumático del Sutna, que lograron un 54% de aumento. Por eso hoy, más que nunca, hay que apoyar y coordinar todas las luchas. Las que vienen dando los docentes de la Ciudad de Buenos Aires, la de los docentes universitarios; las luchas enormes de los trabajadores de la Salud de los hospitales Larcade, Malvinas Argentinas o la clínica Constituyentes, entre otras. También la dura pelea que están dando  los trabajadores del citrus en Tucumán, los vitivinícolas de Mendoza, los portuarios de la Terminal 5 del Puerto de Buenos Aires, los trabajadores de Ambassador de Ushuaia y los empleados de los servicios fúnebres.

Es la reacción, que recién comienza, contra el gobierno de Alberto Fernández que no otorgó ninguna medida para combatir la pobreza en medio de la segunda ola de la pandemia. Ni en salarios, ni en jubilaciones. Y que incluso se niega a pagar un nuevo IFE. Mientras, como contrapartida, ya lleva pagados desde que gobierna 7.100 millones de dólares a los pulpos acreedores.
¡Se va más plata para la deuda y el FMI que en ayuda social a los efectos de la pandemia!
Por eso, desde la izquierda y el sindicalismo combativo le exigimos a la CGT y las CTAs que rompan el pacto con el gobierno y convoquen a un auténtico plan de lucha por un aumento salarial de emergencia y por la reapertura de todas las paritarias. Porque, como el ejemplo de Neuquén nos lo demuestra, si se pelea, se organiza a las compañeras y compañeros y se debate y vota en asambleas, se unifica y coordina las luchas se puede ganar.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad
 
El escándalo de las vacunas que se producen para AstraZeneca por millones de dosis en Garín, provincia de Buenos Aires, sigue comprometiendo al gobierno nacional. Mientras, por otro lado, crecen los reclamos de trabajadores esenciales y adultos mayores por la vacuna, que no aparece.
El canciller Felipe Solá, quien no venía abriendo la boca sobre el tema, dijo: “Es un gran problema porque tenemos poca información de lo que pasó”. Más que problema o desinformación, Solá intenta tapar la complicidad del Frente de Todos en esto. Y de paso, sigue protegiendo las ganancias privadas del laboratorio mAbxience de Hugo Sigman (que produce aquí millones de dosis), las del magnate Carlos Slim de México (que las tenía que envasar a través del laboratorio Liomont y no lo hizo) y las de la multinacional británica AstraZeneca, que lucra con ello gracias a las patentes. La única verdad es que se producen millones de vacunas que se van de nuestro país.

¿Qué es lo que pasó? Alberto Fernández y el presidente mexicano, López Obrador, anunciaron la vacuna de AstraZeneca producida en Garín como salvadora para nuestros países y Latinoamérica. Dijeron que era una gran iniciativa “pública-privada”. Pero terminó en un fiasco. Ahora se sabe con más detalle lo que firmó el gobierno argentino al revelarse el contrato firmado con esa multinacional.
En noviembre del año pasado el Ministerio de Salud de la Nación compró 22,4 millones de dosis de esa vacuna. El compromiso de AstraZeneca consistía en que iba a entregar 2.300.000 dosis en marzo, 4 millones en abril, otro tanto en junio y 8,5 millones en julio. Pero al día de hoy no ha enviado ninguna, a pesar de que el gobierno ya le pagó 60% de esa compra por 55 millones de dólares.
AstraZeneca también se comprometió a destinar entre 150 y 250 millones de dosis a América latina en el primer semestre de 2021, tampoco cumplió. Se trata lisa y llanamente de una clara estafa. Un incumplimiento de contrato ante el cual el gobierno debería actuar en defensa del país, pero no lo hace.

Además, el contrato entre el gobierno y AstraZeneca fijó cláusulas a favor de la farmacéutica, como que el comprador, el gobierno, “renuncia a cualquier reclamo que surja por la falta de seguridad o eficacia de la vacuna” o que “AstraZeneca será el propietario único de todos los derechos de propiedad intelectual generados durante el desarrollo, fabricación y suministro de la vacuna”, o sea, el gobierno valida la patente de AstraZeneca.
La ministra Vizzotti, por su parte, embretada ante la no aparición de la vacuna, salió a hacer otra promesa. Dijo que el gobierno le propuso al Reino Unido “que la Argentina sea parte de la cadena de producción de la vacuna AstraZeneca desarrollada por la Universidad de Oxford”. Pero a renglón seguido, fuentes oficiales aclararon: “Como gobierno no podemos hacer la vacuna completa, pero podemos gestionar con otros privados para que se pongan de acuerdo en hacer la vacuna” (clarin.com/politica, 3/5/2021). Es decir, el gobierno estaría buscando “un actor privado” que haga el envasado, no apelando a los laboratorios públicos que ya lo hacen, o unificando a los públicos y privados para tal fin como proponemos desde la izquierda y los profesionales de la salud de Fesprosa o los directivos de Cicop. Un nuevo engaño.
Lo concreto es que la Argentina sigue produciendo millones de dosis de la vacuna en Garín y se siguen yendo del país. Por eso apoyamos y somos parte de las luchas del movimiento obrero y popular que reclama las vacunas. Y para que aparezcan, los convocamos a seguir impulsando la campaña unitaria para que se frene su exportación, se incauten, se envasen acá y se destinen a la vacunación de todas y todos de manera inmediata.
 

Escribe Reynaldo Saccone

Las fabulosas ganancias de la industria farmacéutica provienen de los subsidios recibidos de los gobiernos y de la venta anticipada de toda su producción garantizada por convenios leoninos y leyes especiales de protección. Como remate, las patentes consolidan su monopolio de las vacunas. Con las ganancias aseguradas, y protegidas por las patentes, las multinacionales regulan su producción de acuerdo con la ganancia y no en función de las necesidades populares.
Pfizer recibió hace un año un subsidio de 2.500 millones de dólares del gobierno de Trump que, sumado a otros aportes, le permitió financiar el comienzo de la producción y los ensayos clínicos. A mediados del año pasado empezó a firmar los contratos de venta de su producción en los que su posición monopólica y sus personeros en los distintos gobiernos le permitieron obtener condiciones muy favorables. El secretísimo convenio con la Unión Europea, según filtraciones, exime de responsabilidad a Pfizer y Moderna por los efectos secundarios de sus vacunas. Si se produjeran, las indemnizaciones correrán por cuenta de los gobiernos, es decir, las compensaciones por muerte, heridas físicas, mentales o emocionales, enfermedades, discapacidades, pérdida o daños de una propiedad, pérdidas económicas o interrupciones de la actividad económica (La Vanguardia, 22/4/2021).

En la Argentina, el gobierno peronista, en acuerdo con Juntos por el Cambio, aprobó una ley que incluía todas las exigencias de las multinacionales, con el voto solitario en contra del Frente de Izquierda Unidad. Esa ley acepta, entre otras concesiones, la jurisdicción de los tribunales fijada en el contrato. Por ejemplo, Nueva York o Londres. No obstante estas “agachadas”, los laboratorios objetaron también la ley. Más agresivos, los ejecutivos de Pfizer señalaron el “supuesto de negligencia como excepción a la indemnidad en la ley” y “la limitación de bienes” que el laboratorio podría embargar para cobrar el contrato si el Estado no le pagaba. Dos problemas, afirmaron, “que tornan prácticamente imposible la ejecución de la indemnidad”. Para Pfizer, estas menciones resultaron intragables y se retiraron de las tratativas (La Nación, 5/4/2021).
En ningún momento el gobierno peronista denunció la extorsión de las multinacionales, llevadas al extremo por Pfizer. Hasta un pro imperialista fascistoide como Bolsonaro denunció públicamente que el monopolio farmacéutico pretendía un contrato donde no se hacía responsable por los efectos colaterales. Muy por el contrario, desde el gobierno que pretende ser nacional y popular, la asesora presidencial Cecilia Nicolini declaró que “en ningún momento se cortaron las conversaciones con Pfizer” y hoy asistimos a una reedición en las que se vuelven a barajar opciones que satisfagan al monopolio. Claro que, esta vez, avisan que antes de octubre no podrán entregar vacunas en caso de acordar.
El gobierno nacional está dispuesto a ceder a las exigencias de la industria farmacéutica, en este caso de la multinacional Pfizer, cuando debería terminar con su doble discurso y suspender las patentes de vacunas, como firmó junto a decenas de países frente a la Organización Mundial de Comercio (OMC), e incautar las vacunas de Garín.

Escribe Claudio Funes

En una entrevista, el gran artista catalán se refirió a la pandemia que está asolando a los pueblos del mundo.
“Le tengo asco a la pandemia porque provoca mucho daño”. Al ser preguntado sobre las patentes que benefician a las multinacionales farmaceúticas aseguró: “De esta pandemia tendremos que salir todos de la mano curados. Esta pandemia la ganaremos cuando se liberen las licencias de fabricación de los antivirales. Mientras su fabricación no sea libre y gratuita no nos vamos a salvar”.
Otra voz entre las miles que reclaman la liberación inmediata de las patentes de las vacunas.

 

Escribe Reynaldo Saccone

La gravedad de la segunda ola pone en primer plano la crisis del sistema de salud: la saturación de camas, el desborde de los servicios, la escasez de personal y la falta de insumos. Los sistemas pre pagos y las obras sociales sindicales que no pueden dar respuesta a sus afiliados, lejos de ampliar sus prestaciones buscan recostarse en el Estado para mantener sus ganancias. Insumos críticos como el oxígeno y los medicamentos aumentan sideralmente sus precios. La intervención del Estado es cada vez más necesaria para centralizar todos los recursos públicos y privados al servicio de la lucha contra la pandemia.

Las salas de terapia intensiva (UTI) son un sector crítico. El pico de internación en UTI en la primera ola se alcanzó el 26/10/2020 y fue de 5119 pacientes. El pico en la segunda ola actual fue el 3/5/2021 que, superando a la anterior, llegó a 5369. Un estudio de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva muestra que las UTI tienen una ocupación de casi 90%, prácticamente a saturación. De cada diez internados, seis lo son por Covid-19 y de éstos, cinco están con respirador. En cuanto al equipamiento, solo uno de cada cinco UTI lo tienen completo. El resto tiene algún insumo faltante.

En los últimos días se añadió un nuevo problema: la falta de un insumo crítico, el oxígeno. El consumo de este vital recurso se triplicó en las últimas semanas sobre una base que ya venía elevada: el año pasado, la demanda de ese insumo se había duplicado. Esto obligó hace unos días a que el gobierno congelara su precio por noventa días (había aumentado un 1000%) y exigiera a las fábricas a producir al 100% de su capacidad.
No se trata solo de falta de camas de internación e insumos, también está el déficit de recursos humanos capacitados causado por la falta de nombramientos y el empleo precario. Toda esta situación muestra cuán necesario es centralizar en el Estado los recursos humanos y físicos de salud, los hospitales y camas, sean estatales o privados y la producción y distribución de insumos para fortalecer el sistema y poder volcarlo a la lucha contra la pandemia. Para lo cual es necesario financiarlo con un verdadero impuesto a las fortunas y el no pago de la deuda externa.