La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Declarar su apoyo a las medidas de fuerza que están llevando adelante las operadoras y los choferes de la ciudad de Córdoba en reclamo de aumento salarial digno, contra el 8% que firmó inconsultamente la UTA nacional, el desconocimiento del convenio colectivo especial que rige para las operadoras y los choferes cordobeses, contra los despidos, la militarización del transporte público y la intervención nacional del sindicato local. Desde el lunes 5 de junio están de paro por tiempo indeterminado culpa de las patronales, el gobierno municipal y provincial, con la complicidad del gobierno nacional.

Repudiamos cualquier intento de considerar al transporte público de pasajeros como “servicio esencial” con el único objetivo de seguir atacando el legítimo derecho de huelga de los trabajadores y sus conquistas laborales.

Señor presidente:

Desde el lunes 5 de junio las operadoras y los choferes de la ciudad de Córdoba llevan adelante un paro por tiempo indeterminado en reclamo de aumento salarial y contra los despidos. Los trabajadores exigen que el acuerdo firmado en la paritaria nacional para 2017 y 2018 sea en un pago y sobre el sueldo bruto del convenio de Córdoba.

El acuerdo, firmado entre Roberto Fernández (UTA) y el ministro de Transporte de la Nación Guillermo Dietrich, es de un 21% escalonado: 8% en junio, 7% en diciembre y el restante 6% en enero de 2018. Sin retroactivo y sin tener en cuenta del “Costo Córdoba” del 11.5% más, que es una antigua conquista.

Frente al justo reclamo que están llevando las operadoras y los choferes, el gobernador de la provincia, Juan Schiarette (PJ), el intendente de la ciudad, Ramón Mestre (UCR), el interventor de la UTA, Luis Arcando, y la Iglesia a través del arzobispo de Córdoba, Carlos Ñañez, se unieron en una cruzada contra los trabajadores en una fuerte campaña pública con todo tipo de amenazas, intimidaciones y hasta telegramas de despidos incluidos.

A su vez, repudiamos la política de militarización de la ciudad que está llevando adelante el intendente con el aval del gobernador que pusieron a funcionar un servicio paralelo de colectivos a cargo de gendarmes y policías. Así, los gobiernos montaron una feroz campaña para enfrentar a usuarios y trabajadores, tal cual hicieron a principio de año Macri y Vidal contra los docentes convocando a supuestos “voluntarios” para que les den clases a los chicos.

Señalamos que es una vergüenza que los mismos políticos patronales que pretenden que las operadoras y los choferes de Córdoba acepten un 8% de aumento, acaban de aceptar un aumento del 100% de los gastos de representación de sus dietas y que desde esta banca denunciamos.

Por otro lado, repudiamos los proyectos de ley que están impulsando diputados de la UCR con la venia del PRO y la Coalición Cívica (Cambiemos) en el Congreso Nacional. Tienen el objetivo de declarar “servicio esencial” al transporte público de pasajeros. Pero lo quieren declarar esencial no para mejorarlo, otorgarles salarios dignos a sus trabajadores (como el aumento que reclaman las operadoras y los choferes de la UTA Córdoba), mejores condiciones de trabajo y terminar con los negociados entre las empresas y los gobiernos de turno, sino para restringir el derecho de huelga. Los gobiernos que ponen el servicio de transporte para engordar las ganancias de las patronales brindando un pésimo servicio, cobrando el boleto más caro del país y pactan con la burocracia de la UTA salarios a la baja, son los mismos que ahora quieren responsabilizar del desastre al que lo llevaron, empujando a los trabajadores a defender sus salarios y condiciones laborales con medidas de fuerza a las cuales hoy quieren cercenar atacando el derecho de huelga.

Repudiamos la campaña que están llevando a cabo la intendencia de la UCR y el gobierno del PJ cordobés (junto al gobierno de Macri y al ministerio de Trabajo) de enfrentar a los trabajadores con los usuarios, cuando los trabajadores y usuarios son los que tienen que unirse para enfrentar a las patronales y a los gobiernos de turno que están llevando el transporte público, un servicio esencial, al desastre, solo en beneficio de las ganancias patronales.

Hacen campaña contra las operadoras y los choferes para encubrir que el origen de la huelga son los salarios miserables, el pacto con la burocracia de la UTA, el no respeto al convenio colectivo de trabajo y los despidos justificados tanto por el gobierno de Mestre (UCR), Schiaretti (PJ) y la burocracia de Roberto Fernández (UTA), cómplice del ajuste y las paritarias a la baja.

Repudiamos que se diga en uno de los fundamentos de esas leyes que “culpa de las medidas de fuerza se priva a los ciudadanos de los servicios esenciales”. No. La privación de los servicios esenciales viene de parte de las políticas privatistas y pro patronales. Al revés, son los trabajadores quienes defienden un servicio eficiente, a costa de tremendas enfermedades laborales (como las que sufren las operadoras y los choferes) y son las patronales quienes tienen unidades que muchas veces funcionan sin mantenimiento, ahorrando “costos”, poniendo en riesgo la vida de los pasajeros. Los usuarios son “víctimas” no de los paros, sino de un servicio privatista pésimo y caro como el que se brinda en Córdoba y el resto del país.

Estas leyes vienen a profundizar el artículo 24 de la ley 25.877 (marzo 2004) dictada bajo el gobierno del peronismo kirchnerista, que declaró esencial a los “servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo”, disponiendo la garantía de “servicios mínimos” para evitar la interrupción. Ahora se le agrega el transporte público de pasajeros (colectivos, trenes y subtes) con el objetivo de impedir la protesta en esos servicios, mientras se los siguen dejando bajo el lucro privado.

Las preguntas que nos hacemos es: si el estado subsidia el gasoil a las patronales del transporte y paga con fondos del estado los aumentos de salario de los trabajadores ¿por qué las empresas siguen siendo privadas? Por eso consideramos que un servicio esencial como es el transporte y más aún cuando hay despidos y ataques laborales de parte de empresarios inescrupulosos, esas empresas deberían pasar a manos del estado (nacional provincial o municipal) para que pasen a funcionar bajo control y gestión de sus trabajadores y organizaciones de usuarios. La única manera de poder brindar un servicio eficiente y accesible para millones de trabajadores y sectores populares que lo necesitan.

Nuestra banca está al servicio de las luchas de los trabajadores, por eso junto al sindicalismo combativo realizamos un acto frente a la casa de la provincia de Córdoba en Capital Federal en apoyo a la huelga de las operadoras y los choferes de colectivos. En esa acción exigimos el paro provincial en Córdoba en apoyo a esta lucha contra las patronales, la burocracia de la UTA y los gobiernos de la UCR y el PJ. Y que la CGT abandone la tregua con Macri y junto a las CTA dispongan una medida nacional.

Por estas razones, solicitamos a los diputados a acompañar este proyecto de resolución.