El día 15 de abril, en medio de la cuarentena decretada por el gobierno nacional, la totalidad de trabajadoras y trabajadores de los programas PPP, PIP, XMi y Pila fueron avisados -mediante mensajes de texto- que se eran “suspendidos hasta próximo aviso”, información que luego fue confirmada por Laura Jure del Ministerio de Promoción y Empleo y de la Economía Familiar.
El gobierno de Schiaretti deja a la deriva a más de 4000 trabajadores y trabajadoras que quedaron sin su principal fuente de ingreso, miles de familias quedan sin su plato de comida. Ni siquiera se reconocen los días trabajados en abril desde los hogares, ya que el último cobro remite a los haberes de marzo. Este atropello es una nueva evidencia de que el DNU que prohíbe los despidos y suspensiones por 60 días no es cumplido ni siquiera por los mismos gobiernos.
Estos programas muestran la situación de precariedad de miles de jóvenes, profesionales recién recibidos, y personas que se encuentran ganando salarios de miseria. Planes que parten de salarios desde $4500 a los $9500. Muy por debajo del nivel de indigencia que está en $19000, sin contar con derechos laborales básicos como son jubilación, aguinaldo, vacaciones, boleto obrero, entre otros, y por tan sólo un año de duración.
El gobierno argumenta que en medio del aislamiento social no pueden llevarse a cabo las “jornadas de entrenamiento”, una burla completa a jóvenes que vienen trabajando a la par de sus compañeras y compañeros de planta permanente y teniendo las mismas responsabilidades.
El gobernador Schiaretti durante la cuarentena ha dejado sin trabajo a miles de personas, al no renovar convenios (como ocurre con las compañeras del Programa Córdoba con Ellas). Así como las y los docentes a quienes no se les renovaron las horas o los cargos interinos ya que no se realizaron los correspondientes actos públicos. Con esto se incrementa aún más el 40% de pobres informados por INDEC en nuestra provincia. Situación a la que se suma las amenazas de rebajar los salarios de los estatales, o de pagar los sueldos con bonos. Denunciamos que todas estas medidas son tomadas en complicidad con la burocracia sindical de Pihen, quien no ha tomado ninguna medida en defensa de las y los trabajadores.
Ante esta situación acompañamos a las y los autoconvocados que se vienen organizando para que el gobierno de marcha atrás con la medida y recuperen sus puestos de trabajo.
¡Es mentira que no hay plata! Ante la crisis, hay que terminar con todas las exenciones impositivas a las grandes empresas, dejar de pagar la deuda externa provincial y crear un fondo de emergencia, imponiendo un impuesto extra a las grandes empresas, clínicas privadas, bancos, latifundios y exportadoras. Y también a las grandes fortunas, como los Urquía, los Nores Martínez, los Allende y tantos otros. ¡La crisis deben pagarla los capitalistas! ¡No las y los trabajadores!
Liliana Olivero
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Noelia Agüero
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