Escribe: Laura Marrone, Legisladora porteña (MC) Izquierda Socialista/FIT-U
Una ley que nos llena de vergüenza acaba de votarse en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Bajo un texto amañado y tramposo, el 18 de junio la Legislatura porteña con la casi totalidad de sus miembros se sumó al acuerdo firmado por el presidente Fernández y la embajada de Israel pocos días antes. El mismo adopta la definición de antisemitismo a todo acto que se realice contra judíos o instituciones judías, según la nueva definición adoptada por la Alianza Internacional para la Rememoración del Holocausto (IHRA). De esta manera si alguien critica al gobierno de Israel estaría cometiendo un delito de antisemitismo, o repudiar la agresión del estado de Israel contra el pueblo palestino estaría siendo “antisemita”.
La nueva definición ahora votada en la Legislatura de Buenos Aires busca confundir a quienes honestamente son solidarios del pueblo judío contra el holocausto y persecución que sufrieron a lo largo de la historia. Desmontemos la trampa. Antisemita no es igual a antisionista. Condenar al estado de Israel es ser antisionista, porque el sionismo es el movimiento político que avala la represión, persecución y expropiación de sus tierras al pueblo palestino. Pero bajo ningún concepto es ser antisemita. Además, el término es equivocado ya que los semitas son muchos pueblos de Medio Oriente, no solo judíos, y muchos judíos no son semitas. Los antisionistas estamos a favor de la creación de un nuevo estado laico, no racista, democrático, donde palestinos y judíos indistintamente semitas muchos de ellos vivan con igualdad de derechos, como existía antes de 1948, cuando las potencias imperialistas enclavaron el estado de Israel en las tierras palestinas.
Tanto nuestra organización nacional, Izquierda Socialista, como la corriente internacional a la que adherimos, la Unión Internacional de Trabajadores y Trabajadoras – Cuarta Internacional (UIT-CI), tenemos una larga y consecuente trayectoria de repudio y combate a toda expresión o ataque racista contra el pueblo judío o cualquier otro pueblo. Pero aquí se trata de otra cosa muy distinta: un engaño que debe ser aclarado y repudiado.
Esta ley surge porque la IHRA, la alianza conformada por los gobiernos de 34 países, promueve equiparar la definición de antisemitismo con el antisionismo. Así, quien se atreva a cuestionar la criminal y genocida política anexionista que Israel está llevando a cabo en estos momentos contra el pueblo palestino de Gaza y Cisjordania sería antisemita, dado que Israel se declara judío. A través de estas acciones de la IHRA, Israel busca cerrar filas de la gran mayoría de los gobiernos en apoyo al “Acuerdo del Siglo” que firmó el presidente israelí Netanyahu y el presidente Trump en enero de este año. Dicho acuerdo otorga a Israel el derecho a seguir anexionando tierras palestinas.
Entre otros puntos, el acuerdo reconoce la soberanía sionista sobre los asentamientos de colonos en Cisjordania, que Jerusalén sea la capital de la entidad sionista y la anexión del valle del río Jordán. Plantea la expulsión de 300 mil palestinos de ciudadanía israelí hacia el pseudo Estado palestino, mientras que le niega el derecho al retorno a 6 millones de refugiados palestinos, que en virtud del acuerdo dejarían de ser considerados refugiados. Se les negaría el derecho a recuperar sus propiedades robadas durante el proceso de colonización o a cualquier compensación económica. A cambio, se reconocería un pseudo Estado palestino a semejanza de los guetos o bantustanes del apartheid sudafricano: sin control de sus fronteras o de su espacio aéreo y marítimo. “Desmilitarizado” en el sentido de que se prohíbe a los palestinos armarse para defenderse de los ataques sionistas. Se le cedería a ese pseudo Estado dos franjas de tierra en el desierto y Gaza se mantendría sitiada. Se considera violatorio del acuerdo el apoyo a cualquier iniciativa de reivindicación nacional y antirracista como el movimiento antisionista de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS).
Esta aberrante propuesta es la continuidad de la agresiva política imperialista y racista de Trump en relación con el tema palestino. En los últimos tres años, el gobierno yanqui ha avalado la ocupación ilegal por parte de las fuerzas sionistas de los Altos del Golán sirios y reconocido a Jerusalén como capital israelí, anunciando que instalará la embajada yanqui en esa ciudad. Cerró la misión diplomática palestina en Washington y eliminó la ayuda humanitaria y el apoyo a la agencia de refugiados de la ONU en Palestina. En diciembre de 2019 firmó una orden ejecutiva contra el movimiento BDS, para criminalizar las críticas a Israel y equipararlas con antisemitismo.
Respecto a la votación favorable en la Legislatura del macrista Juntos por el Cambio y el peronista Frente de Todos, es inadmisible que 3 legisladores que están cumpliendo ahora el mandato del FIT en la Legislatura porteña hayan votado a favor de esta aberración. Rechazamos la votación de Gabriel Solano (PO) y Myriam Bregman y Alejandrina Barry (PTS), y los llamamos a retirar inmediata y públicamente su apoyo, acompañando el correcto voto contrario de la diputada de AyL, Marta Martínez y la posición de Izquierda Socialista, que somos consecuentes con las posiciones que todo el FIT ha planteado contra el genocida Estado de Israel y la persecusión del pueblo palestino todos estos años, con declaraciones, marchas y actos, acompañando el repudio que promueve el pueblo de Palestina.
Desde Izquierda Socialista en el FIT-U siempre nos hemos opuesto a estas iniciativas que buscan legitimar al estado genocida de Israel y somos impulsores del Cómite Argentino de Solidaridad con el Pueblo de Palestina.
Convocamos a todas las organizaciones de derechos humanos, sindicatos, movimiento de mujeres, centros de estudiantes, a pronunciarse contra el acuerdo de Trump y Netanyahu, así como contra esta ley y el acuerdo firmado por el gobierno nacional.
