El pasado 6 de julio, el canciller Felipe Solá anunció una alianza entre la dictadura china y el gobierno argentino, para la producción de carne porcina para el abastecimiento del mercado chino. Se trata del mismo funcionario, quien fuera Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca en el año 1996 bajo el gobierno menemista, responsable de la autorización para el desembarco de la soja transgénica de Monsanto y de la implantación del actual modelo industrial agrotóxico en nuestro país.
Este acuerdo surge de la necesidad de la dictadura capitalista china de abastecerse de carne porcina luego del brote de Peste Porcina Africana, que comenzó en 2018 y se extiende hasta hoy, y obligó a los productores de ese país a deshacerse de un 40% de su producción. Lo que los llevó a una crisis de desabastecimiento, un aumento del precio de la carne porcina y a la desconfianza de los consumidores en los productos de cerdo y derivados. Recuperarse de esta crisis podría llevarles hasta diez años. Es por eso que buscan de este modo garantizar el abastecimiento para su población, externalizando así las consecuencias ambientales y sociales que pueda significar la implantación de cientos de granjas industriales de producción porcina en los territorios de nuestro país.
Existe un memorándum de entendimiento entre la Asociación Argentina de Productores Porcinos (AAPP) y la Asociación china para la Promoción y Desarrollo Industrial de China, cuyo acercamiento entre las partes fue propiciado por la compañía Biogénesis Bagó que actúa con sede propia en Shanghai y produce vacunas para bovinos y cerdos en el país asiático desde 2017. Empresa que hizo grandes negocios con el estado argentino con la Gripe A en 2009.
El acuerdo implicaría convertir a la Argentina en uno de los mayores productores industriales de carne porcina a nivel mundial, pasando de una producción de seis a cien millones de cerdos en los próximos 8 años. Con inversiones proyectadas en U$S 27.000 millones pudiendo generar hasta U$S 20.000 millones anuales por exportaciones. Este modelo precisaría también la producción de 20 millones de toneladas de maíz y 5 millones de toneladas de porotos para alimentar a estos animales, expandiendo la frontera agrícola y los desmontes para alimentar esta desorbitada producción con el objetivo, en última instancia y como viene siendo hace décadas, de generar divisas para el pago de deuda externa.
Este tipo de producción es completamente insustentable. Los animales son hacinados en galpones generando gran cantidad de desechos y efluentes que no son tratados de formas correctas, generando focos de contaminación y la incubación de nuevos virus. Los cerdos son modificados genéticamente para ser más “productivos” y las respuestas inmunológicas se ven deterioradas por la gran cantidad de antibióticos que les son administrados para mantenerlos a salvo de distintas enfermedades que surgen y se propagan rápidamente, producto de esta forma de producción y reproducción. Esto sucede a pesar de que, hasta la Organización Mundial de la Salud ha requerido a sus países miembros que reduzcan el uso de antibióticos o sustancias para tratar ciertas infecciones, debido a que esto aumenta el riesgo de que se genere resistencia a los mismas y derive entonces en un proceso zoonótico, generando nuevas enfermedades.
El gobierno nacional de Alberto Fernández y el provincial de Juan Schiaretti (Córdoba sería la locación predilecta del proyecto), definen “afrontar” la crisis pandémica importando las fábricas de nuevas amenazas como el coronavirus. Solo basta hacer notar que recientemente se descubrió en granjas industriales en China un virus conocido como G4 EA H1N1, del cual los investigadores temen que pueda mutar y expandirse fácilmente.
Desde Ambiente en Lucha y la Juventud de Izquierda Socialista, nos oponemos a este acuerdo que viene a profundizar el modelo del agronegocio tóxico con beneficios para unos pocos y en detrimento de toda la población, con la excusa de la reactivación económica. Ya han pasado más de veinte años de este modelo que se ha mostrado completamente ineficaz para combatir el hambre, pudiendo terminar este año con el 40% de la población de nuestro país, por debajo de la línea de pobreza. Un país soberano produce su propio alimento y las políticas públicas deberían ser pensadas para satisfacer las necesidades de su pueblo y no el pago de una deuda usuraria y fraudulenta. De nada sirve siquiera mencionar la soberanía alimentaria y retroceder en la expropiación de una empresa clave del sector agroindustrial para luego impulsar este tipo de acuerdos que dejarán zonas de sacrificio a lo largo de nuestro territorio, como lo son los distintos pueblos fumigados y o víctimas de los proyectos megamineros.
Para el jueves 23 de Julio a las 18hs diversas organizaciones ambientalistas están organizando un tweetazo con la convocatoria: “#BASTADEFALSASSOLUCIONES, No queremos que Argentina se convierta en una factoría de cerdos ni una fábrica de nuevas pandemias”. Desde la Juventud de Izquierda Socialista nos sumamos a la actividad. Frenemos el acuerdo binacional cómo el pueblo de Mendoza y de Chubut está frenando el avance de la megaminería: con unidad y movilización contra los planes anti-ambientales del gobierno.
