Por Prensa UIT-CI

Miles de personas se movilizaron este sábado en Barcelona, Estado español contra el aumento excesivo de las tarifas de electricidad, que por los manifestantes fue considerado como la “estafa de la luz”.

La marcha fue convocada por diversos colectivos y sindicatos como la Alianza contra la Pobreza Energética, el Sindicato de Inquilinos y la CGT.

En el Estado español se vienen produciendo aumentos constantes de la factura eléctrica. En el año se acumula un incremento de 570%.

El servicio eléctrico fue privatizado en el Estado español en el año 1997. El mercado está concentrado en 4 grandes empresas: Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP. Entre las 4 controlan el 88, 6% del mercado en el país.

Muchas de las consignas que se gritaban en la marcha y se reflejaban en las pancartas, iban dirigidas contra las empresas privadas: «Endesa, Iberdrola, están robando al pueblo» o «las eléctricas nos roban y los gobiernos colaboran».

La marcha era contra los aumentos de las tarifas pero también contra la “pobreza energética”, “y para no pasar frío en invierno”. Los organizadores de la protesta argumentaban que esta “pobreza energética” es consecuencia del estancamiento de los salarios y las pensiones, que no permiten hacer frente a los precios del combustible, que han subido un 23%, situación que se reproduce en otros países de Europa y en el mundo, o la cesta básica de alimentos, que se ha incrementado un 15%.

Nuestros compañeros de Lucha Internacionalista, sección de la UIT-CI en el Estado español, en su más reciente periódico (No. 176, noviembre 2021) dedicaron su editorial a este tema, planteando la necesidad de la expropiación de las empresas eléctricas para frenar los aumentos de las tarifas.

A continuación dicho editorial de Lucha Internacionalista (UIT-CI en Estado español):

Organizar la lucha contra los presupuestos del Gobierno PSOE e IU-Podemos

Paremos la subida de la luz: ¡expropiación de las eléctricas ya!

El miedo a unas elecciones anticipadas hace que los dos socios de Gobierno PSOE e IU-Podemos quieran aguantar la legislatura, aunque la confrontación entre ellos va a más. El PP, tras el efecto Ayuso de mayo, suma en las encuestas para formar gobierno con Vox. Las elecciones generales están previstas para finales de 2023, pero es tanta la debilidad del gobierno ya ha empezado la precampaña. Sánchez podrá o no capear la situación en estos próximos dos años, pero si no avanzamos al calor de la lucha (pensionistas, interinas, represión…) contra sus políticas en la construcción de una alternativa a la izquierda de IU y Podemos, el próximo gobierno será del PP y de Vox.

El Gobierno Sánchez-Díaz se sostiene inestablemente sobre dos muletas: parlamentariamente con ERC, junto al PNV, Bildu, y el BNG. Y socialmente con las direcciones de CCOO y UGT que le han firmado la subida irrisoria del SMI, la reforma de las pensiones, el Icetazo y la prórroga de los ERTEs. A cambio, el gobierno subió el 56% la financiación pública de los sindicatos.

Las tensiones internas del gobierno se agravarán, porque la situación de la clase obrera y los sectores populares es dramática y su política se pliega a las exigencias de la UE y la patronal. Lo hemos visto ya con derogación de la Reforma Laboral del PP, que era un compromiso del acuerdo de gobierno. El 20 de mayo de 2020 el PSOE pactó con Bildu -a cambio de su voto a favor del estado de alarma- la derogación «íntegra» de la reforma laboral, pero al día siguiente se desdijo. En el documento que entrega Madrid a Bruselas para recibir los fondos Next Generation/UE ya sólo se hablaba de reforma, no de derogación. Pero nada de esto provocó ni el escándalo de IU-Podemos, ni la llamada a la movilización de CCOO y UGT. En mayo, en el congreso de UGT, como en octubre en el de CCOO, Yolanda Díaz aseguraba que derogarán la reforma laboral, pero Nadia Calviño y el propio Sánchez han contradicho/matizado esta afirmación, cuando quieren tener resuelta la reforma este noviembre. ¿Volverán a tragarse el sapo CCOO y UGT o llamarán a salir a la calle?

Tras ello sólo faltó la decisión de Meritxell Batet de dejar sin escaño al diputado de IU-Podemos Alberto Rodríguez, en una dudosa aplicación del reglamento ante una sentencia. Que los poderes judiciales –en este caso Marchena y el Supremo- juegan a desgastar al gobierno es una evidencia, y que el PSOE se pliega una y otra vez, también.

IU-Podemos está pagando las flagrantes renuncias del gobierno (ley Mordaza, reforma laboral…) y la política abiertamente monárquica y propatronal (represión, protección de la Corona, subida de la luz, entrega de los fondos europeos a las grandes empresas…) con una crisis interna galopante, que ya se había evidenciado con el abandono de Pablo Iglesias. La reacción llega de la mano de Yolanda Díaz, bendecida por Iglesias, el aparato del PCE y ahora por la dirección de CCOO. Su «frente amplio» electoral es una nueva refundación del PCE, engullendo a un Podemos a la deriva: nuevas siglas por un viejo reformismo que es imposible bajo el capitalismo actual. Por su parte, Sánchez ha logrado acallar la oposición interna de los barones en el reciente congreso del PSOE en Valencia, con votaciones en la búlgara, una balsa de aceite si los comparamos con los precedentes. Un pequeño respiro.

Pero algo está cambiando: más de 15.000 pensionistas se movilizaban el 16 de octubre en Madrid en una marcha convocada por la COESPE, contra el acuerdo de pensiones pactado entre el gobierno y CCOO y UGT y el Pacto de Toledo, exigiendo una auditoría de las cuentas después de años de políticas de expolio desde los distintos ejecutivos. Unos días después, el 28 de octubre, una importante huelga contra el Icetazo desafiaba al gobierno con decenas de miles de interinas en las calles. Dos movilizaciones en menos de un mes convocadas contra el gobierno Sánchez-Díaz, con el boicot explícito de CCOO y UGT, que demuestran que su monopolio de la acción sindical de masas se resquebraja.

Ahora comienza la tramitación de los presupuestos generales, que suponen una entrega brutal de dinero público a las grandes empresas, y profundizan en la privatización de servicios, mientras reducen la política social al asistencialismo. Es necesario organizar la lucha contra estos presupuestos, en defensa de los sectores públicos y las pensiones, exigiendo una política contra el encarecimiento de la vida y de intervención de precios de servicios básicos. De la misma forma no se puede permitir la brutal subida de la luz a las puertas del invierno. ¡Basta de especulación! ¡Expropiación de las eléctricas para ponerlas bajo el control de la clase obrera y los sectores populares! La movilización unitaria es el camino.