Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop y miembro de Izquierda Socialista/FIT Unidad

El 5 de enero el ministro de Economía Martín Guzmán reunió en un almuerzo a las grandes patronales del agro, el comercio, la industria automotriz y las de consumo masivo. También estuvieron los ministros de Agricultura Julián Domínguez, de Desarrollo Social Juan Zavaleta, de Salud Carla Vizzotti y dirigentes burocráticos de la CGT como Héctor Daer, Antonio Caló y Andrés Rodríguez. Ante ese significativo cónclave los empresarios mostraron su preocupación por el nivel de ausentismo que en algunas industrias alcanza el 20%. La ministra Vizzotti “tranquilizó” a los presentes anunciando que “por ahora no está en los planes del Gobierno cerrar la economía” (La Nación, 6/1/2022) y quedaron en armar una mesa de trabajo entre el Ministerio de Salud, las empresas y los sindicatos para “reducir el nivel de ausentismo y que no se pare el crecimiento de la economía”. Dicho más claramente, desarmar los protocolos laborales de bioseguridad que protegen la salud de los trabajadores en beneficio de las patronales.

Un primer paso para lograr un regreso rápido al trabajo de los afectados por Covid-19 se dio hace unas semanas cuando el gobierno acortó sensiblemente los plazos de aislamiento. Los fundamentos de esta medida son controvertidos por muchos especialistas. En Estados Unidos, por ejemplo, la poderosa Asociación Médica Americana se opuso tajantemente a una medida similar.

En otro gesto hacia el empresariado, el gobierno peronista dejó vencer el decreto que incluía el coronavirus como una enfermedad de carácter profesional para la totalidad de los trabajadores dependientes, perdiendo la cobertura que daban las ART. Las empresas deberían hacerse cargo ahora de las ausencias ocasionadas por el Covid-19, pero la habilitación del autotest les permitirá burlar esta obligación. Ninguna patronal pagará los días de aislamiento sin un test positivo. Para obtenerlo el trabajador deberá entonces hacer una cola de horas en el sistema público o comprar el test a 2.500 pesos, con el riesgo aumentado, de obtener un falso negativo y por ende volver infectado al trabajo.

El gobierno del Frente de Todos se desentiende de la salud

El gobierno peronista ha decretado que la pandemia ya no es una preocupación y ha abandonado cualquier tibio intento de combatirla. Ha dejado el sistema de salud a su propia suerte, haciendo caso omiso de los datos de la realidad y los consejos de los científicos. Como no podría ser de otra manera, la cifra de contagios ha alcanzado niveles insólitos. Solamente en los últimos catorce días los infectados sumaron 830.000.

Es cierto que, finalmente y muchos meses después de lo que se hubiera podido, nuestro país ha logrado una alta tasa de vacunación (76% con dos dosis) que mitiga la agresividad viral, pero se duplicaron las muertes en este período y los internados en UTI crecieron de 1.000 a 1.600. Tampoco se debe olvidar que hay siete millones de habitantes que no han recibido ninguna dosis que aportan los dos tercios de ocupantes de las camas de UTI. Cuanto más afectados por el coronavirus haya, más pacientes complicados y más muertes habrá, aunque sea en menor proporción que en la primera y segunda ola.

El caos del sistema de salud

El gobierno nacional y los gobernadores peronistas, radicales y de PRO, junto con centenares de intendentes de todo pelaje político, han quitado de los presupuestos las partidas destinadas a la emergencia creada por la pandemia. Así, con el apoyo de la burocracia sindical, han dejado en la calle a miles de trabajadoras y trabajadores contratados mientras los de planta permanente, deben enfrentar el aumento de la demanda con sueldos de hambre. Sin reposición de los faltantes históricos, la carencia de recurso humano ha llevado al caos el sistema de salud. Esperas prolongadas, turnos alejados y la casi imposibilidad de ser atendido por las complicaciones del Covid-19 (una vez recibida el alta epidemiológica) afectan a millones.

Como el recurso humano, los insumos también se están agotando. El brusco crecimiento de la demanda de testeos ha llevado a la crisis del insumo. El gobierno ha optado por cargar en los bolsillos de los usuarios su costo dándoles un ultimátum: “o hacés colas de horas en los hospitales o lo pagás en el privado”. El único test diagnóstico certero, la PCR, casi no se hace en los hospitales, pero se ofrece desde 7.000 pesos en la industria privada, suma difícil de pagar para la mayoría de los trabajadores y sectores populares. Tests que podrían ser producidos en el país en laboratorios estatales y entregados gratuitamente a la población. Al habilitar su provisión privada, se corre otro riesgo: perder el control de la vigilancia epidemiológica y anarquizar el seguimiento de la pandemia.

Para terminar con largas horas de colas en los hospitales y combatir la pandemia se necesitan medidas de fondo

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad venimos planteando que es necesario centralizar todos los recursos para una respuesta unificada en todo el país y que al mismo tiempo sea igual para todos y todas. En primer lugar, completar la vacunación de toda la población. No se trata solo de citar y esperar que la gente se presente. Habrá que vacunar en los lugares de trabajo y en los domicilios mientras se desarrolla una campaña informativa sobre los beneficios de la vacunación.

En segundo lugar, testeos masivos para rastreo y seguimiento del virus, retomando las medidas de aislamiento selectivo. Aplicar nuevamente los protocolos en los lugares de trabajo y todas las medidas de bioseguridad que disminuyan la exposición al virus, como por ejemplo la lucha de los ferroviarios del Sarmiento impidió que la empresa anulara un protocolo de seguridad que los trabajadores habían obtenido. Licenciar a los trabajadores de riesgo y subsidiar a quienes el aislamiento impida desarrollar sus ocupaciones habituales, como cuentapropistas, trabajadores informales y otros. En tercer lugar, restaurar el sistema de salud completando los planteles y retomar a todo el personal despedido afectado a la pandemia para poder encarar estas tareas con sueldos dignos y estabilidad laboral. En cuarto lugar, nacionalizar todo el sistema público y privado de salud para que todos los recursos humanos y tecnológicos sean centralizados por el estado nacional. El Estado debe producir los tests y se debe proporcionar gratuitamente a toda la población como así también las vacunas, reactivos y demás insumos médicos.

Para poder financiar este plan deberá hacerse lo contrario de lo que propone el gobierno peronista en materia de finanzas públicas. En lugar de ir creando reservas para pagar la deuda externa, habrá que dedicarlas a sostener estas medidas. En lugar de perdonar impuestos a las multinacionales y empresarios millonarios enriquecidos durante la pandemia, habrá que obligarlos a tributar a un fondo especial para proteger la salud del pueblo trabajador. Solo así, con un sistema de salud estatal, financiado por el Estado y controlado por usuarios y trabajadores se podrá garantizar una atención de excelencia para todas y todos.