Por Organizaciones sociales y políticas diversas

A Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez, Presidente de la República de Cuba;
A Esteban Lazo Hernández, Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba;
A Rubén Remigio Ferro, Presidente del Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba;

Al pueblo cubano y la izquierda internacional

En Cuba se manifiesta una crisis estructural profunda. Dicha crisis, en medio de una marcada precarización de la vida, condujo a una parte de la ciudadanía a las calles, los días 11 y 12 de julio de 2021. Las hostiles sanciones estadounidenses, en el marco de una política de agresión y bloqueo que cumple ya 60 años, la incapacidad de la administración del país para solventar las más básicas necesidades del pueblo y la desatención a reclamos sociales, políticos y económicos de la sociedad civil, contribuyeron a la agudización de esta situación y generaron una creciente pérdida de confianza en el discurso gubernamental.

La decisión de comercializar en el mercado interno bienes fundamentales en divisas, ajenas a las posibilidades de acceso de las mayorías, y los efectos de la pandemia, exacerbaron con razón la inconformidad de sectores atravesados por la pobreza y la marginación, relacionadas con el lugar de residencia, el color de la piel, el género y otras categorías de exclusión. La crisis económica y política que padece el país se expresa también en el paulatino deterioro de indicadores sociales de salud, educación, deporte y cultura. Esta decadencia precipita el éxodo masivo de jóvenes, con las consecuencias que ello provoca en las familias cubanas y en la economía en general.

En las protestas sociales de julio, las mayores después de 1959, hubo conductas violentas y enfrentamiento físico de ambas partes, tanto de las fuerzas policiales y de grupos en apoyo al gobierno como de algunos grupos de manifestantes. Mientras estos últimos han sido sometidos a la criminalización y las prácticas punitivas, evidenciadas en el discurso oficial y las condenas desproporcionadas, como claras medidas ejemplarizantes para prevenir escenarios similares futuros, los sectores simpatizantes del gobierno, las fuerzas del orden y los funcionarios responsables de la represión y los excesos de violencia desde el estado permanecen impunes.

En el mes de marzo se llevaron a cabo dos juicios por las protestas. El primero por las que protagonizaron los sectores pobres de Esquina de Toyo y La Güinera en La Habana, donde se condenó, en juicio masivo con penas de hasta 30 años —1.916 años en total— a 127 personas, ocho de ellas con edades entre 16 y 17 años. El segundo por las protestas en San Antonio de los Baños contra 17 manifestantes con condenas de hasta 10 años.

Destaca entre estas últimas, los seis años de prisión para Yoan de la Cruz Cruz, uno de los primeros jóvenes que retransmitió en directo por redes sociales las protestas. La sentencia asegura que «transmitió en directo por las redes sociales lo que acontecía, con lo que provocó que tales actos fueran visualizados dentro y fuera del país y que en diferentes municipios y provincias se imitaran las nocivas acciones».

Según la Fiscalía General de la República, fueron procesadas en total 790 personas, incluyendo 55 entre 16 y 17 años.

Al mismo tiempo, diversos sectores y activismos de la sociedad civil son objeto de acoso constante por parte de las autoridades. Esta persecución y vigilancia toma forma en los aparatos de seguridad policial, que se caracterizan por actuar al margen de la legalidad constitucional y atentar contra la dignidad de las personas. Todo sucede en un escenario de absoluta impunidad, ante la falta de garantías legales para el ejercicio de la asociación libre, entre las personas y grupos ciudadanos con inquietudes de participación en el espacio público. El ciclo de represión se completa con el empleo de los medios de comunicación para desacreditar reputaciones, tildar a todo disenso de mercenarismo y deslegitimar a toda persona u organización que se cuestione la realidad. La derecha respaldada por Estados Unidos y partidaria de sus ataques existe, aquí no hablamos de esa derecha.

Frente a este contexto las personas, colectivos y organizaciones que suscribimos el presente documento, tanto de Cuba como internacionales:

• Hacemos un llamado a la solidaridad internacional con las y los manifestantes injustamente condenados.
• Solicitamos una Ley de Amnistía para las personas injustamente condenadas, como paso necesario que abra las puertas a un socialismo realmente democrático y de iguales.

Para adherir aquí

Primeras adhesiones: