Escribe Fernanda Giribone, dirigenta de Izquierda Socialista

La modificación parcial de la Carta Magna, iniciativa del Gobernador Gerardo Morales, pretende avanzar en restricciones para las protestas. Busca “reglamentar” las marchas, manifestaciones y reclamos acorde a los estándares de Naciones Unidas, asimismo pretende habilitar el cobro de multas para las contravenciones.

La reforma de la constitución provincial, que hace días propuso el Gobernador en un ostentoso acto, apunta a fortalecer el régimen policíaco y represor y busca, por sobre todas las cosas, limitar la capacidad de lucha y organización de los trabajadores y el pueblo. En este camino uno de los puntos fundamentales que plantea es la prohibición de los cortes de ruta, así como también la sanción ante lo que la justicia pueda considerar "usurpaciones de espacios públicos y de la propiedad privada".

En medio de una creciente crisis económica, que no para de agudizarse, ninguna de las necesidades del pueblo trabajador está en discusión para el gobernador Gerardo Morales que, por el contrario, bajo el lema de "Institucionalizar la paz" pretende prohibir -o restringir al máximo- las luchas y protestas para facilitarse la tarea de ajustar los bolsillos de los jujeños. Morales prepara así el terreno para aplicar los planes de ajuste que exige el FMI reforzando el plano represivo porque, para poder pagar la deuda externa, todavía tienen que lograr aplicar más ajuste, tarifazos y más inflación para pulverizar nuestro salario.

Otro punto fundamental de la reforma es “prohibir el indulto a quienes hayan sido juzgados por actos de corrupción”, lo que es un verdadero peligro de la mano de la Justicia adicta al ejecutivo de nuestra provincia, que desde el Ministerio Publico de la Acusación viene fabricando causas contra luchadores. Recordemos que, en el marco, de estas causas armadas, hace meses se realizaron varios allanamientos a locales de distintas organizaciones, y se están impulsando causas contravencionales a referentes políticos de la oposición, mientras otros se encuentran “investigados”.

Mientras Gerardo Morales hace este preocupante planteo, que está avalado por sus socios del PJ, algunos pocos referentes del PJ provincial se rasgan las vestiduras diciendo que esta reforma constitucional, si bien no contempla la posibilidad de una re-reelección del ejecutivo provincial, será utilizada de alguna manera por Morales para perpetuarse en el poder. Estos dichos dejan en claro cuáles son las prioridades de cada uno.

Si bien, desde Izquierda Socialista no descartamos esta posibilidad, consideramos que esa, de ninguna manera es la preocupación principal del pueblo trabajador, que ve día a día desvanecerse el poder adquisitivo de su salario ante la inflación, mientras la burocracia sindical hace oídos sordos y deja pasar el ajuste. Y consideramos que la verdadera salida para el pueblo pasa por impulsar un plan económico obrero y popular que reactive la economía, y genere nuevos puestos de trabajo con mejores salarios. Debemos dejar de pagar la millonaria deuda externa y utilizar ese dinero para priorizar las reales y urgentes necesidades de nuestro pueblo: salarios y jubilaciones dignas, trabajo genuino, y más plata para educación, salud y vivienda.