Escribe Mercedes Trimarchi, legisladora electa (CABA) por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda-Unidad

Finalmente se conoció el veredicto condenatorio para las dos acusadas por la muerte del niño pampeano. La madre, Magdalena Espósito Valenti y su pareja, Abigail Paéz fueron declaradas culpables del delito de “homicidio calificado por alevosía y ensañamiento”. Páez, además, fue condenada por abuso sexual gravemente ultrajante. Si bien la pena (años que pasarán en la cárcel) se conocerá en una próxima audiencia el 13 de febrero, la calificación del delito que hizo el tribunal derivará, correctamente, en prisión perpetua para ambas.

El caso no puede dejar de provocar conmoción por los hechos aberrantes que se fueron relatando a lo largo de las diferentes audiencias. En el tiempo que duró el juicio se evidenció que Lucio vivió todo tipo de violencias, maltratos, abusos, aislamientos y golpes que finalmente terminaron con su vida. Un verdadero calvario para un niño que apenas sobrevivió cinco años. Más allá del alivio con el que se vivió la condena, es importante reflexionar acerca de la situación de las niñeces en nuestro país.

La violencia hacia las infancias es moneda corriente. Desde los gobiernos, sean peronistas del Frente de Todos o de la oposición patronal de Juntos por el Cambio, con su política permanente de exclusión de las infancias y desfinanciación en áreas específicas contra la vulneración de derechos de las niñeces, hasta las propias prácticas violentas de crianza en el ámbito doméstico, hacen que hoy las niñeces se encuentren en un verdadero estado de vulnerabilidad. La Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes (2019-2020) de Unicef Argentina revela que el 59% de chicas y chicos entre 1 y 14 años experimentó prácticas violentas de crianza; el 42%, castigo físico (incluye formas severas, como palizas y golpes con objetos), y el 51,7%, agresión psicológica (como gritos, amenazas, humillaciones). Datos que hacia el 2022 se mantuvieron estables. A su vez, los datos de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires, para el el tercer trimestre de 2022 establece que 8 de cada 10 niñas, niños y adolescentes sufrieron violencia por parte de sus progenitores.

Más allá de los datos, de lo que se trata es de dejar de naturalizar la violencia hacia las infancias para terminar con ella. Esta es una de las tantas tareas que llevamos adelante desde el movimiento feminista. Por eso repudiamos la campaña orquestada por los sectores reaccionarios que arengó frases como “la violencia no tiene género” o “el silencio de las feministas” que puso el foco en que la madre de Lucio y su pareja llevaban el pañuelo verde. Alentando campañas homofóbicas y en contra de la lucha por el derecho a decidir. Como si el hecho de ser lesbianas y pelear por el derecho al aborto tuviera algo que ver con las prácticas aberrantes que provocaron el asesinato del niño pampeano.

La falta de presupuesto es el principal obstáculo para garantizar derechos.

La ley 26.061 de Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes se sancionó en septiembre 2005, y la 26.150 que crea el Programa de educación sexual integral, un año después en octubre de 2006. O sea que ya están al borde de alcanzar la mayoría de edad y sin embargo, seguimos peleando por presupuesto para capacitación y su verdadera implementación. Alertamos que la Ley Lucio próxima a aprobarse en el Senado, se convertirá en papel mojado, si no se le destina presupuesto para ser aplicada y que verdaderamente se capacite a quienes están en la función pública y trabajan con las infancias.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda-Unidad denunciamos al gobierno nacional del Frente de Todos y también a los provinciales (sean peronistas, radicales, kirchneristas y macristas) que vienen sosteniendo una política de recorte presupuestario en áreas tan sensibles para las niñeces como son la salud y la educación. Políticas de ajuste que están al servicio de cumplir con el acuerdo del FMI y pagar la deuda externa. De esta manera se desfinancian políticas públicas y así, llegamos a otra cifra lamentable: la mayoría de las niñas y niños en Argentina se encuentran en situación de pobreza. Si los distintos gobiernos patronales con sus insuficientes “Políticas de Estado” siguen mirando para otro lado, lamentablemente tendremos más casos como el de Lucio en el que ya no quedará más nada por hacer. Por eso, debemos seguir exigiendo el fin de las violencias hacia las infancias y junto a ello, presupuesto para garantizar todos los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Demandas que solo lograremos con la movilización independiente de los gobiernos patronales que son los responsables de esta grave situación.