Escribe Nicolás Núñez, dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad

Una de las imágenes que dejará la Argentina de este comienzo del 2023 es la de una jubilada de sesenta y siete años apostada en el piso de la autopista Dellepiane denunciando ante los medios que sus nietos y madre de noventa años en un octavo piso de las torres de Lugano llevaban días sin luz y luego, incluso sin agua: “no se puede vivir así, treinta años laburé en el Hospital Pirovano para llegar a esto”, sintetizó.

Los políticos peronistas del Frente de Todos, los de la oposición patronal de Juntos por el Cambio y los liberfachos de Milei jamás lo palparán en primera persona, pero efectivamente, como lo señalaba esta jubilada completamente angustiada, el acceso a la luz es una cuestión vital. Se trata de un derecho básico y elemental que hoy en día está secuestrado por empresarios que hacen millones jugando con la salud, el trabajo y la educación de millones que o bien estructuralmente no tienen acceso, o tienen dificultades para pagarlo, o bien padecen cortes de suministro inesperados que trastocan sus vidas en momentos dificilísimos como la ola de calor que sacudió al país en la última semana. A los countries y torres en que viven los políticos patronales no suelen jamás llegarles esos apagones, y en todo caso, cuentan con generadores de respaldo inmediato, esos que no llegan a barrios como Lugano para que no se corte al menos la carga de los tanques de agua para poder hidratarse, higienizarse, tirar la cadena del baño cuando menos.

Para colmo, si uno sigue la noticia por los medios masivos comerciales (en los que las empresas de electricidad ponen mucha plata en pauta o bien tienen inversiones comunes con sus dueños) el problema sería que “no se pueden aumentar las tarifas lo suficiente como para poder sostener las inversiones”. ¡Nos dejan sin luz y la culpa es nuestra por no poder pagar tarifazos todavía más fuertes! La realidad claramente es otra.

En los ´90, y en el marco del remate del país que llevó adelante el gobierno peronista de Carlos Menem, se privatizó el servicio de generación, distribución y suministro con el discurso de que se mejoraría el servicio. Las tarifas altísimas y en dólares (tiempos del 1 a 1) no evitaron el corte de luz más largo de la historia de la Ciudad de Buenos Aires en 1999, y los posteriores años de pesificación con tarifas subsidiadas cristalizaron un servicio paupérrimo que garantizó ganancias millonarias e inversiones completamente insuficientes que saltan a la vista, en particular, cada verano cuando crece la demanda por la necesidad de hacer frente a las altas temperaturas. Remarquemos, además, que cuando se habla de que tenemos tarifas subsidiadas por el Estado, no se trata de ningún regalo de arriba, sino que son los mismos impuestos que pagamos (por ejemplo el IVA del 21% de todo lo que compramos) que son girados para atemperar las boletas de luz y gas sosteniendo los beneficios empresariales. Perdemos por todos lados.

Por otro lado, el complemento del mal servicio de las de tres décadas de privatizaciones, es que según diversos estudios, en torno a un tercio del país vive en condiciones de “pobreza energética”, entendida como aquella situación en que se debe destinar más del 10% de los ingresos al costeo del acceso a la luz y el gas. Mientras que, por ejemplo, y antes de que entren en vigencia los últimos aumentos, durante 2022 Edesur (hoy centralmente en manos de la italiana ENEL) ganó $18.5 millones ¡por día! A su vez, estas empresas reparten ganancias entre sus accionistas mientras adeudan al Estado 220.000 millones de pesos, de los cuales recientemente Sergio Massa, en nombre del Frente de Todos, les perdonó unos 66 millones de pesos y les refinanció 96 cuotas el resto. ¿Podrán las familias que perdieron sus heladeras comprar una nueva en 96 cuotas? ¿Se hará cargo Edesur de esas pérdidas? Ni por asomo. El gobierno dispuso una multa que equivale a una ínfima parte de lo que le regaló a comienzo de enero, y una intervención para auditar el servicio, cuando hace rato que lo que se impone es rescindir el contrato y frenar el intento de la italiana ENEL de hacer un cambio de manos con la empresa.

Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad, venimos insistiendo en que la salida ante esta situación no es otra que la re-estatización del sistema de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo control de sus trabajadores y usuarios. Para que las cuentas cierren con el acceso a la energía garantizado, hay que quitar del medio la variable de la ganancia capitalista de quienes convirtieron en mercancía un derecho. En ese sentido es que tanto en el Congreso nacional con nuestro compañero Juan Carlos Giordano, como también lo hicimos recientemente en la Legislatura Bonaerense con nuestra compañera Graciela Calderón, hemos presentado proyectos de salida ante esta crisis que plantean una serie de puntos para revertir la situación de forma urgente:

• Declarar la emergencia en la generación, transporte y distribución eléctrica.
• Compra inmediata de materiales y generadores eléctricos e ingreso a planta permanente de personal idóneo para la reconexión de usuarios sin servicio.
• Resarcimiento económico para los damnificados de cumplimiento inmediato.
• Declarar de nulidad absoluta los contratos de concesión sin indemnización alguna.
• Crear la “Empresa Eléctrica del Estado”, que operará bajo control, gestión y administración de los trabajadores y organizaciones de usuarios electos democráticamente.
• La incorporación con plenos derechos a planta permanente de los trabajadores y trabajadoras que revistan en empresas tercerizadas.
• Crear una comisión investigadora compuesta por trabajadores elegidos democráticamente y revocables para supervisar el traspaso del sistema eléctrico actual a la Empresa Eléctrica del Estado, y con plenos poderes para investigar y denunciar todos los ilícitos de los responsables y cómplices del saqueo privatizador.

La salida no son los tarifazos, sino terminar de una vez por todas con el lucro con las condiciones de vida de las vecinas y vecinos como la jubilada que terminó siendo reprimida por la policía de Larreta.