Escribe Daniel Vera, docente, militante de Izquierda Socialista, miembro de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina

A 47 años del último golpe cívico-eclesiástico-militar y a 40 años del retorno de la democracia, la huella del modelo económico y social impuesto por el régimen de facto que gobernó durante siete años la Argentina, sigue impregnando la sociedad y el sistema jurídico que nos rige. El 10 por ciento de las leyes que hoy están vigentes fueron sancionadas entre el 24 de marzo de 1976 y el 9 de diciembre de 1983. Entre ellas, buena parte de los beneficios que ostenta hasta ahora la Iglesia Católica.

Seis leyes de los gobiernos de facto (los decretos ley 21.540, 21.950, 22.430, 22.162, 22.552 y 22.950), conceden privilegios económicos al clero de la Iglesia Católica. Sus beneficiarios son arzobispos, obispos, sacerdotes y la formación del clero católico (seminaristas). Esas normas de la dictadura disponen que el gasto que demande su cumplimiento se tomará de Rentas Generales u otros fondos públicos estatales.

En marzo de 2018, con motivo del informe del entonces jefe de gabinete, Marcos Peña, al Congreso de la Nación, se volvió a poner en debate público la cuestión del financiamiento estatal a la Iglesia Católica Apostólica Romana, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. En ese ejercicio, recibió unos $ 130 millones. El reciente Proyecto de Presupuesto nacional 2023 plantea una partida de $ 188.736.068. A esto hay que sumarle las exenciones fiscales, los subsidios educativos y otras ayudas de carácter nacional, provincial y municipal que perciben la Iglesia Católica y sus instituciones.

La historia de nuestro país demuestra las numerosas situaciones en las que el debate político y legislativo estuvo atravesado por la voz oficial de esta institución, subvencionada con dinero público, en asuntos de derechos para la ciudadanía, a los que la Iglesia Católica encontraba “controvertidos” desde el punto de vista de su moral: las leyes de divorcio, matrimonio igualitario, Educación Sexual Integral, interrupción voluntaria del embarazo, entre otras. Su intrínseca misoginia es moneda corriente en estos debates sobre nuestros derechos.

Si bien es cierto que, como toda institución, tiene derecho a expresar su opinión, estos privilegios, solventados por el Estado, menoscaban la igualdad que supone el sistema democrático.

Quienes fuimos víctimas de abusos por parte de curas, obispos o monjas, somos conscientes que no solo luchamos a nivel judicial por la imprescriptibilidad del delito (“el derecho al tiempo de las víctimas”), sino que debemos enfrentar a la Iglesia Católica que, empoderada por el Estado y en connivencia con él, usa todo su poder para revictimizar a quienes nos consideramos sobrevivientes de tales agresiones y a no encontrar justicia. La absolución de las 9 acusadas en la Megacausa del Próvolo 3, el 18 de octubre pasado en Mendoza, es ejemplo suficiente del horror que produce esta connivencia entre estas dos instituciones.

De todos los partidos políticos de nuestro país, solo el Frente de Izquierda-Unidad tiene en su programa la SEPARACIÓN de la IGLESIA del ESTADO.

Por todo lo dicho, nos parece de suma importancia mantener este debate en el ámbito público, para que toda la ciudadanía esté informada y pueda comprender la importancia y alcance de esta lucha que es a favor del pleno y libre acceso a nuestros derechos.