Escribe Lista Fucsia de docentes universitarios (Izquierda Socialista + Independientes)

El 2024 inició en nuestras universidades con la ratificación de que nos enfrentamos a un gobierno que tiene en su horizonte político que las universidades públicas cierren o avancen en su privatización (directa, arancelaria o por generación de “recursos propios”). La definición de Javier Milei de proponer que arranque el ciclo lectivo con el mismo presupuesto que se había pautado en septiembre de 2022, habiendo atravesado un desierto de nuevos ingresos que hagan frente al 367% de inflación de este periodo, da cuenta de la inocultable intención de estrangular a la educación superior en su expresión pública.   

Va de suyo que la oferta salarial hasta ahora anunciada en la paritaria nacional ratifica esa orientación. Agregar un 6% en febrero al 10% ya acordado previamente, sin ninguna contemplación ante el salto en torno al 65% de la inflación tras la devaluación decretada por el ministro Luis Caputo, sonaría meramente a una burla, sino fuera por tratarse de una política consciente de ataque a quienes sostienen con su trabajo la educación pública en todos sus niveles. Allí se agrega, por tanto, la eliminación del FONID que redunda en una quita en torno al 10% para -también- les docentes de los colegios pre-universitarios. 

La coronación de este ataque en regla fueron la eliminación del consumo subsidiado de servicios públicos como la luz, lo que implica un salto cualitativo en el gasto de cada unidad académica, al mismo tiempo que los presupuestos son congelados; y a su vez, el cierre por decreto de cinco nuevas Universidades creadas a finales del 2023, un claro ataque a la ampliación de la oferta de la educación pública superior. 

Este ajustazo se sustenta en la idea de que el presupuesto de la educación superior es un gasto y amplía los horizontes de la batalla político-cultural que el gobierno nacional encara, atacando a un sector de la sociedad al cual adjetiva de adoctrinador e ineficiente, para a fin de cuentas incluirlo como parte de la famosa “casta”.

Milei es consciente de que la histórica defensa de la clase trabajadora y el pueblo argentino de sus universidades públicas le impiden hoy hacer anuncios abiertos de cierre o privatización de las universidades nacionales existentes. Pero está utilizando su capital político para llevar adelante un ataque de una magnitud jamás vista hacia la comunidad universitaria. En ese contexto se enmarca que desde su cuenta de X (Twitter) difunda comentarios que proponen directamente arancelar o cerrar las carreras humanísticas. Justamente lo que hizo la última dictadura cívico-militar de la que el presidente y la vice resultan ser apologistas. 

Es urgente y necesario ganar las calles para poner en evidencia lo que hay por detrás del debate sobre cifras de congelamiento presupuestario: una política de liquidación de la universidad pública coherente con la visión de un gobierno que tiene por horizonte la voucherización de la educación inicial y media. No estamos ante una discusión paritaria más, sino ante el mismo desafío que también enfrenta el sistema de ciencia y técnica nacional, y el CONICET en particular: un gobierno que apunta al desguace de la producción pública de conocimiento. 

Las autoridades alarman con una mano y ajustan con la otra

Al momento, la reacción de los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional ha sido sacar comunicados y comunicados alertando sobre cómo el presupuesto alcanzaría, a lo sumo, para mantener abiertas las universidades hasta promediar el primer cuatrimestre. En ese sentido se han pronunciado decanatos y consejos directivos a lo ancho y alto de todo el país. 

El problema es que esas advertencias, lejos de apuntar hacia una convocatoria a organizarse de forma interclaustros para enfrentar el ajuste y conquistar el presupuesto necesario -al menos- para sostener abiertas las puertas de las universidades, terminaron siendo la tapadera justificatoria de que las propias autoridades metan mano al achique y ataquen derechos adquiridos por estudiantes y trabajadorxs universitarixs. 

En todo el país vemos como: se recortan la cantidad de materias a las que pueden anotarse lxs estudiantes (todas las universidades del Conurbano); se ataca los sistemas de medios de comunicación de las universidades (Universidad Nacional de Córdoba); se amenaza con cerrar (Sociales-UBA) y ponerle cupo (UNICEN) a los comedores universitarios; se atacan derechos conquistados por lxs trabajadorxs no-docentes; se impulsan cursadas virtuales para achicar gastos operativos (o más bien para trasladárselos a los hogares de docentes y estudiantes); y se avanza con el arancelamiento directo de cursadas como sucede en la sede de Chivilcoy de la UNLP.

Tenemos que rechazar la política de denunciar el ajuste mientras se lo administra. Los derechos conquistados por docentes, no docentes y estudiantes no pueden ser moneda de cambio para sostener abiertas un par de semanas más las universidades. Ni acomodarse a la miseria, ni ir tras la búsqueda privatista de “recursos propios”, son caminos para sostener una universidad pública de calidad al servicio de las necesidades populares.

Hay que poner en pie a la comunidad universitaria

Es en este contexto en el cual las actividades académicas inician el presente ciclo lectivo; donde la administración del ajuste conlleva diferentes discusiones en cada Unidad Académica, que van desde la licuación del salario, la incertidumbre por el desarrollo del cuatrimestres, la posibilidad de permanencia de lxs estudiantes, etc. Y es en este marco que las federaciones docentes deberán discutir cómo organizar un plan de lucha.

Desde la Lista Fucsia (Izquierda Socialista+independientes) entendemos que es necesario un movimiento unitario del conjunto de la comunidad universitaria que salga a enfrentar la amenaza privatizadora de Javier Milei. Es necesario un plan de lucha activo que tenga como uno de sus objetivos llevar al inicio de la cursada el debate nacional, el ejemplo de cómo con la movilización se le pudo poner un primer freno al gobierno y su reaccionaria “Ley Ómnibus”, de esa manera politizar las aulas y los pasillos para poder colaborar para que el movimiento estudiantil vuelva a tener el rol que tuvo ante los ataques del gobierno macrista en 2018, y que tantas veces antes había tenido en apoyo a la lucha docente y por sus propias reivindicaciones. 

Las clases públicas pueden ser una buena herramienta para desarrollar ese diálogo, en un marco en que vaciar las facultades podría dificultar poder concretar esta necesaria articulación. Los paros activos coordinados a nivel nacional entre las federaciones docentes deben ir en camino de buscar que vaya creciendo el activismo hacia medidas concretas de lucha, cortes de calles, y movilizaciones. En cada casa de estudios, podemos impulsar asambleas interclaustros que se propongan coordinar las acciones y poner en pie un pliego de reclamos que tanto rechace la “motosierra” nacional como los “tijerazos” locales. 

En ese camino, además, debemos incorporar el rechazo a la represión y criminalización en la provincia de Jujuy donde dos docentes universitarios, Nahuel Morandini y nuestro compañero de Izquierda Socialista, Iván Blacutt, están procesados por twittear y por luchar respectivamente. Así como también, el reclamo del desprocesamiento de lxs 27 estudiantes de la UNC que están por afrontar un juicio en su contra por las movilizaciones de 2018.

Tenemos además por delante las movilizaciones del 8M y el 24 de marzo, que brindarán el marco de acciones masivas en que desde las universidades podremos difundir nuestros reclamos y buscar amplificar la lucha. 

Claramente no hay tiempo que perder, pongamos en pie en todo el país un gran movimiento en defensa de la Universidad Pública contra la motosierra de Milei y el FMI.