Escribe Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores

La noche del 17 de octubre, una patrulla de la Policía Nacional atacó el barrio Mata Mosquito, en el distrito municipal Verón-Punta Cana, asesinando brutalmente al obrero haitiano Jems Joacin. Testimonios de los trabajadores que residen en el lugar indican que la pandilla policial, aprovechando la persecución racial desatada por el presidente Abinader y la ministra Faride Raful, se dedicaba a extorsionar, realizando detenciones arbitrarias para exigir pagos por las liberaciones, amenazando con entregar a las víctimas a la DGM. Estas operaciones de extorsión se han intensificado sacando provecho del estado de excepción de facto, así como la definición de una cuota de 10 mil personas expulsadas semanalmente, anunciada por el gobierno el 2 de octubre. Al tratarse de la tercera operación extorsiva en apenas una semana, algunos trabajadores intentaron defenderse, y fue en ese marco que los agentes policiales procedieron a ejecutar con disparos en el pecho a Joacin, quien se encontraba totalmente desarmado y ajeno a la confrontación, realizando una compra en un colmado.

De acuerdo con medios locales, la pandilla policial estaba encabezada por el segundo teniente Berto Marcelo Louis. Medios afines al gobierno han descrito la ejecución como resultado de un “enfrentamiento”, sin embargo es obvio que la acción de los trabajadores de defenderse con piedras de la agresión de los agentes extorsionadores no podía habilitar a los esbirros a ejecutar a balazos a un hombre desarmado. Aún en el caso de que los esbirros hubieran disparado hacia personas que se defendían con piedras no se podría describir como un «enfrentamiento», ya que se evidenciaría un uso desproporcionado e ilegal de la fuerza letal. Tal sería el caso de la ejecución el 22 de octubre en el municipio Enriquillo, en Barahona, del trabajador Yoel Charles, a quien esbirros policiales tirotearon mortalmente cuando presuntamente portaba un machete.

Estas ejecuciones ocurren no solo en el marco del fracaso total de la mal llamada “reforma policial”, que supuestamente debía poner fin a esta práctica ilegal pero institucionalizada, sino también en el contexto de una ofensiva racista oficial con el objetivo de lograr la expulsión de más de 500 mil personas de la comunidad inmigrante haitiana en el próximo año. Según los estimados oficiales más recientes publicados por el Instituto Nacional de Migración, la comunidad inmigrante haitiana está conformada por 553 mil personas. Si bien las deportaciones no lograrán su propósito de expulsar a la totalidad de esta comunidad, pues muchas personas expulsadas retornan, el solo hecho de que la meta de expulsiones coincida con el tamaño oficialmente estimado de la comunidad perseguida es un indicador de la intención de perpetrar una limpieza étnica, un crimen de lesa humanidad. Es muy grave que partidos y organizaciones sociales que se autodenominan democráticas no condenen esta política oficial ni se movilicen para derrotarla.

La lista de crímenes es interminable. El 9 de octubre, militares atacaron a un trabajador haitiano en la comunidad de Las Palmas, en el municipio Oviedo, disparándole por la espalda con una escopeta y propinándole una brutal golpiza. Fue rescatado por miembros de la comunidad y llevado a una clínica. El director local de la DGM, Nibelin Nova Cuevas, afirmó que los militares no estaban actuando en un operativo formal de la DGM. Sin embargo, lo característico de la actual campaña de persecución es el despliegue descoordinado de hordas policiales y militares por todo el territorio nacional a la caza de personas negras, incluso llevando a cabo allanamientos sin orden judicial. Cuando las personas detenidas presentan sus documentos en regla, son enviadas a cuarteles y destacamentos o al tenebroso «Centro Vacacional de Haina» para la revisión de sus documentos, un protocolo abiertamente inconstitucional y discriminatorio.

Es tal el hacinamiento, el hambre y la insalubridad en ese campo de concentración mal llamado «Centro Vacacional» que el 17 de octubre decenas de personas arbitrariamente detenidas se amotinaron, exigiendo agua, comida y una rápida definición de su situación, ya que sufren detenciones indefinidas sin acceso a asistencia legal. Las autoridades negaron que hubiera ocurrido ningún hecho de violencia, pese a las denuncias de que se reprimió violentamente e imágenes en las que aparentemente militares disparan armas de guerra en el interior del campo de concentración. Otros crímenes recientes que han conmocionado al pueblo dominicano y a la comunidad inmigrante han sido el lanzamiento del obrero haitiano Mikelson Germain el 11 de septiembre desde un techo por parte de un agente migratorio, en Verón-Punta Cana, y la detención arbitraria y las amenazas en contra del dirigente domínico-haitiano Franklin Dinol, del Movimiento Reconocido, el 12 de octubre.

Las movilizaciones neofascistas, estimuladas por el gobierno, también se han incrementado. El 27 de septiembre y el 5 de octubre, ondeando banderas estadounidenses e israelíes, agrupaciones neonazis se movilizaron en Santo Domingo por una aceleración de las deportaciones. Una turba de extrema derecha también sitió la sede de MOSCTHA el 8 de octubre, sin que la Policía Nacional interviniera para garantizar su seguridad. El 10 de septiembre una protesta de trabajadores cañeros retirados exigiendo el pago de sus pensiones y el fin del trabajo forzoso, fue hostigada por el sindicato pro-empresarial de Central Romana, afiliado a la central oficialista CNUS.

Exigimos justicia para Jems Joacin y Yoel Charles, llamamos a todas las organizaciones que se reclamen democráticas o de izquierda, las organizaciones sociales y de derechos humanos, a pronunciarse contra la política del presidente Abinader y la ministra Faride Raful que pretende sembrar el terror entre los trabajadores de origen haitiano para lograr su desplazamiento forzoso. Basta de impunidad brindada por la PGR a agentes represivos y paramilitares neofascistas. Basta de apartheid. Es urgente avanzar hacia la organización de una gran movilización nacional contra la violencia racista del gobierno y la ultraderecha.