Escribe Mercedes de Mendieta
Diputada nacional electa Izquierda Socialista FIT-U
El gobierno de Milei viene atacando los derechos de las personas con discapacidad desde una mirada reaccionaria y asistencialista como viene denunciando la Asamblea de Discas en Lucha. La motosierra del ultraderechista ha reducido en un 23% los fondos destinados a pensiones no contributivas por invalidez laboral para 2025, pasando de $3,034 billones a $2,355 billones. Además, se han interrumpido pagos a prestadores de servicios esenciales como transporte, centros de día e internaciones y hogares, dejando miles de personas sin acceso a prestaciones fundamentales y medicamentos. Si bien las pensiones de miseria y la precarización laboral de trabajadoras y trabajadores venían desde los anteriores gobiernos, la situación se agravó y es hoy crítica.
Con la excusa de aplicar una “auditoría” y nuevos obstáculos burocráticos para tramitar el CUD (certificado universal de discapacidad), se estima que podrían darse de baja hasta 200.000 pensiones. Las personas con discapacidad vienen denunciando las terribles condiciones para llevar adelante las auditorías médicas, con larguísimas colas y horas interminables de espera, y que se solicita documentación y actualización de estudios imposible de conseguir en los plazos solicitados. Esto sin contar que las pensiones no contributivas son de unos miserables $260.000, es decir de indigencia. Una persona con discapacidad que trabaja 4 horas por día en un Taller Protegido cobra 28.000 pesos por mes. A lo que se suma el incumplimiento del cupo laboral del 4%, que hoy se cumplen apenas en un 2%.
Lo mismo ocurre con quienes son prestadores de diversos servicios sociales. Por ejemplo, un transportista está cobrando $541 el litro de nafta, cuando sale más del doble, produciendo lo que trae consigo una reducción del servicio.
Ni hablar de la situación que atraviesan las y los acompañantes terapéuticos y otros trabajadores del sector, que cobran 3.000 pesos la hora, cobrando a 90 o 180 días, una barbaridad por dónde se lo mire. El nomenclador que rige sus salarios precarizados está completamente desfasado de la inflación y congelado desde diciembre de 2024, y en muchas cosas se denuncia que las obras sociales ni siquiera lo cumplen. Muchas patronales de centros y escuelas privadas retienen hasta el 50% de lo que paga el miserable nomenclador y están reduciendo personal.
Nada extraña de un gobierno que vocifera discursos de odio hacia las personas con discapacidad, usando términos como "idiota", "imbécil" y "débil mental".
¡Por una verdadera emergencia ya!
Este jueves 29 de mayo la Asamblea Discas en Lucha impulsa una Ranchada y Radio Abierta en la Plaza Congreso, en el marco de un paro de prestadores de 72hs que acompañaremos desde Izquierda Socialista. Entre los principales reclamos se encuentra la exigencia del tratamiento de la emergencia en discapacidad, que tiene dictamen de la Cámara de Diputados en base a un proyecto originario de Daniel Arroyo (UxP). Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) implicaría una erogación de entre $1,89 billones y $3,63 billones, equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI respectivamente. Es decir, estamos hablando de migajas si lo comparamos con los millones que se van al pago de la deuda externa.
Desde FIT-Unidad impulsamos un proyecto de fondo, no solo de emergencia, considerando insuficientes las medidas del dictamen. Por ejemplo, la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social propuesta es del 70% de un haber jubilatorio, cuando debería ser equivalente a una Canasta Básica Total para una persona adulta o, en el caso de ser Jefe/a de hogar, el equivalente a una Canasta Familiar. También que ningún trabajador de salud del sector de discapacidad debería cobrar menos que la canasta familiar y terminar con los retrasos en el pago de sus salarios y la retención de las obras sociales e instituciones.
Advertimos que con el nuevo pacto que el gobierno firmó con el FMI el ajuste sobre discapacidad se va profundizar. Así como ocurre con las y los jubilados, la discapacidad es una de las preferencias de la motosierra de Milei. El gobierno ya deja correr que ante una posible sanción de la emergencia vetaría la ley. Por eso creemos que la lucha de los colectivos de discapacidad y sus familias y de sus trabajadoras/os, tienen que unirse al conjunto de los reclamos de la clase trabajadora, exigiendo a la CGT y a las CTA un nuevo paro nacional de 36hs y un plan de lucha para tirar abajo el plan motosierra de Milei, los gobernadores y el FMI. Plata para las personas con discapacidad y las y los trabajadores del sector, no para el FMI.
