Escribe Daniel Vera, docente Miembro de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina
Lamentablemente para millones de personas católicas con verdadera fe religiosa, las noticias de los últimos tiempos dan cuenta de modo objetivo que la iglesia católica es una institución encubridora de la pedofilia de sus miembros y de otros crímenes.
Cinco medios periodísticos (El País de España, Correctiv de Alemania, Boston Globe de EEUU, Observador de Portugal y Casa Macondo de Colombia) llevaron durante dos años una investigación que dio como resultado la confirmación que el Vaticano siempre tuvo información de los casos de pederastia en el mundo, que sabe mucho más de lo que admite y nunca ha dicho lo que sabe. La investigación da cuenta que el régimen de Hitler acosó a la Iglesia con campañas de desprestigio y el abuso de menores era una de las acusaciones más utilizadas. Por eso el Vaticano se dio la orden de quemar todo el material de archivo concerniente a casos de inmoralidad de religiosos y sacerdotes. “La principal preocupación no era el reconocimiento de la violencia sufrida por las víctimas, sino la preservación del orden eclesiástico y la protección de la reputación del clero”, opina el historiador español Jabes. La marginación de las víctimas no fue solo el resultado accidental de circunstancias políticas difíciles, como las del régimen nazi, sino más bien una consecuencia estructural de la forma en que el problema fue definido y abordado dentro de la cultura jurídica e institucional de la Iglesia. Una de las investigadoras, Anna Kassin, dice que “el Vaticano ordenó anteponer el bien de la Iglesia al de los niños”.
En Argentina, una investigación de Horacio Verbitsky aparecida a los 50 años del golpe cívico, militar y eclesiástico, da cuenta que en 1978 el Episcopado católico sabía lo que ocurría y lo encubrió. No es una novedad: es una confirmación de lo que sabíamos. El dictador Jorge Videla le confesó a la cúpula de la Iglesia Católica argentina en 1978 que los detenidos-desaparecidos habían sido asesinados. Los prelados informaron al Vaticano y se ofrecieron para asistir a la Junta Militar en el manejo del tema, pero resolvieron no pronunciarse en público. La desaparición forzada de personas era un sistema que se realizaba en nombre de la salvación de la “civilización cristiana”. Pio Laghi, Primatesta y otros obispos de la Conferencia Episcopal no sólo asesoraron a la Junta sobre cómo manejar la cuestión de los detenidos-desaparecidos. También le ofrecieron sus “buenos oficios” para informar a algunas familias del asesinato de sus hijos garantizando que no lo hicieran público.
En la reciente resolución de la ONU que declara la trata de esclavos como el crimen de lesa humanidad más grave de la historia, recuerda entre los instrumentos legales que legitimaron esta atrocidad, a las bulas papales de 1452 y 1455 que autorizaban la reducción de africanos a "esclavitud perpetua".
En el Estado Español, bajo el paraguas del Instituto Pontificio Juan Pablo II, la Universidad Católica de Valencia otorgó títulos oficiales a investigaciones que vinculan la homosexualidad con la pedofilia y proponen el uso de fármacos para reprimir la orientación sexual. Un engranaje de créditos universitarios que sirvió de base teórica para las hoy ilegales terapias de conversión. Y el mismo Estado ha logrado, a través de la Defensoría del Pueblo, ser garante para que la iglesia cumpla con su deber en un programa de reparación a las víctimas de violencia sexual eclesiástica.
Como decimos desde la Red de Argentina, no estamos contra la fe de nadie sino contra los delitos de cualquiera. Toda esta información demuestra que la iglesia católica ha dejado una herencia de millones de sobrevivientes a lo largo de su existencia. Para evitar que se sigan cometiendo estos delitos es que luchamos por sacar a dios de la Constitución Nacional y decimos con toda nuestra fuerza:
¡SEPARACIÓN YA de la IGLESIA del ESTADO!
