Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Son más de 2.500 familias las que están sobreviviendo en Guernica, en la zona sur del conurbano bonaerense. El predio tiene unas 100 hectáreas aproximadamente y está abandonado. Es allí donde, con chapas, bolsas de nailon y algunas maderas, se armaron unas casillas precarias con las que vienen resistiendo el frío y las lluvias desde hace meses. La mayoría de las personas asentadas allí son las más afectadas por la crisis social y económica que deja la pandemia. Son personas que trabajan de changas, feriantes, o en casas particulares que en los últimos meses, por la falta de trabajo, han sido desalojadas de las piezas que alquilaban por no poder pagarlas.

Las mujeres que están allí con sus hijxs a cargo le enviaron una carta a Elizabeth Gómez Alcorta y Estela Díaz, titulares de los ministerios de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y Buenos Aires, respectivamente. Les piden que intercedan frente al desalojo inminente, pero por ahora las flamantes ministras no han dicho una sola palabra. Tampoco respondieron la carta. En el final del texto agregan que tienen miedo al desalojo y que esa decisión las arrojará nuevamente a la calle de donde vienen, y lo que están defendiendo es el derecho a la vivienda también de lxs tres mil niñxs que se encuentran allí.

El silencio de las funcionarias avala la postura de los gobiernos de Alberto Fernández y Axel Kicillof, quienes sí tienen una respuesta al problema de la vivienda, desalojo y represión. Es lo que pasó el viernes pasado en la toma de Ciudad Evita, partido de La Matanza, municipio gobernado desde hace casi cuarenta años por el peronismo. Esto se suma al discurso de Berni, quien a través de un video publicado en las redes los primeros días de septiembre hizo propaganda de su política represiva. Se lo ve orgulloso, mostrando que desalojó 868 tomas de terrenos y que, producto de ello, encarcelaron a 524 personas.

Desalojo inminente

La orden de desalojo está en marcha y se espera que se ejecute entre el 23 y el 25 de septiembre. De concretarse, será una muestra más de cómo a este gobierno, por más que diga lo contrario, en realidad no le importan los derechos de las personas más humildes. Por eso, desde las organizaciones feministas y de izquierda estamos acompañando las tomas y su justo reclamo, el derecho a la vivienda. Sabemos que las tomas de tierras y el drama de la falta de viviendas no es una problemática nueva, sino todo lo contrario, lleva décadas por la falta de políticas públicas que resuelvan el grave déficit habitacional que hay en el país. Son 3,5 millones de familias las que no tienen acceso a una vivienda adecuada y cuatro millones de personas viven en 4.400 villas miseria a lo largo y ancho del país, según los datos del Observatorio Social de la UCA. Por eso insistimos en que la represión y el desalojo ejecutados por el gobierno no son una solución.

La pandemia está profundizando la miseria y la pobreza, en especial entre mujeres y niñxs. Ejemplo de ello es lo que se ve en la toma de Guernica, que muestra el crecimiento de la feminización de la pobreza. Las mujeres somos las primeras despedidas en épocas de crisis por tener los trabajos más precarios. Esta situación desigual es la que combatimos desde Isadora y te invitamos a organizarte con nosotras para transformarla juntas. Para ello es necesario pelear contra este gobierno que profundiza el ajuste contra la clase trabajadora con la excusa de la pandemia, mientras les garantiza ganancias millonarias a los poderosos de siempre.

Exigimos una solución inmediata al problema habitacional actual con la implementación de un plan de emergencia basado, en primer lugar, en la utilización de espacios que oficien como albergues comunitarios para garantizar el techo y el abrigo de las miles de personas que hoy duermen a la intemperie, en una casilla, y luego en la confiscación de tierras y viviendas ociosas de millonarios. A la vez, peleamos por la implementación de un plan de viviendas que solucione el drama habitacional de millones de familias. Este plan debe llevarse a cabo sobre la base del no pago de la deuda externa y el cobro de un verdadero impuesto a las grandes fortunas, como el que propone el Frente de Izquierda Unidad.

Escribe Nicolás Núñez, diputado porteño electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Dos informes publicados en la semana ayudan a comprender cuál es el rumbo que nos tienen preparado el capitalismo y sus gobiernos. Por un lado, uno que graficó el aumento de la desigualdad en el marco de la pandemia, y por otro, uno que dio cuenta de la dinámica de la masiva extinción de especies a escala planetaria en las últimas décadas. Veamos de qué tratan.

Oxfam es una ONG global que viene recolectando año a año cifras que muestran la realidad de la enorme desigualdad social imperante en el mundo. A partir de sus informes, hoy en día sabemos que el 1% más rico de la población mundial tiene más riquezas en sus manos que casi 7.000 millones de personas. O que la mitad de la humanidad vive con menos de 5,50 dólares al día. Un monto que, en parámetros de nuestro país, es el equivalente a afirmar que viven en el límite o por debajo de la línea de indigencia. En los primeros meses de la pandemia se lanzaron ríos de tinta y compungidos discursos evocando a que la crisis del coronavirus abriera la posibilidad de desandar ese camino de desigualdad para ir hacia un “capitalismo más humano”. Ahora, el último informe Oxfam nos pinta el panorama global de qué pasó en la realidad, y no en las palabras, al calor de la crisis del coronavirus.

Acercándonos al millón de fallecidos, hay que sumar a ese saldo 400 millones de personas que perdieron su trabajo y 500 millones que fueron empujadas a la pobreza. Mientras eso sucedía en el polo más empobrecido de la humanidad, en el otro extremo, empresas como Microsoft y Google distribuyeron entre sus accionistas dividendos por 21.000 millones de dólares y 15.000 millones de dólares respectivamente. Los grandes laboratorios farmacéuticos que recibieron enormes ayudas económicas de los gobiernos, como Johnson & Johnson, Merck y Pfizer, ya distribuyeron 16.000 millones de dólares entre enero y agosto. Las seis principales multinacionales del petróleo (Exxon Mobil, Total, Shell, Chevron, Petrobras, BP), mientras declaraban pérdidas por 61.700 millones de dólares para llorarle a los gobiernos (y terminar recibiendo subsidios, flexibilización laboral y luz verde para la destrucción ambiental), entre enero y julio han repartido dividendos por el valor de 31.000 millones de dólares entre sus accionistas. En este marco, se prevé que treinta y dos de las empresas más rentables del mundo se lleven, de conjunto, ganancias por 109.000 millones de dólares más que lo promediado en los cuatro años anteriores, y en ese proceso los veinticinco billonarios más ricos del mundo incrementaron su patrimonio, tan solo entre marzo y mayo, en 255.000 millones de dólares.

Oxfam estima que implementar un impuesto a las ganancias extraordinarias, como el que se aplicó durante la Segunda Guerra Mundial, tan solo a las treinta y dos empresas “más afortunadas” de este período, hubiera permitido generar los recursos para financiar pruebas de detección y vacunas para la totalidad de la población del planeta, y aun después de eso quedaría plata para fomentar la investigación y ayudar a los profesionales de la salud. ¿Cuántos cientos de miles de vidas se podrían haber evitado perder de esta manera? Imposible saber. De lo que sí tenemos ya certeza absoluta es que este sistema, que prioriza la ganancia de un puñado de empresas por sobre la salud de miles de millones, solo nos deparará más pobreza, más desigualdad y más muertes evitables.

¿Planeta vivo?

El otro testimonio del que queremos dar cuenta es el Informe Planeta Vivo 2020. Se trata de un relevamiento de 21.000 poblaciones animales silvestres vertebradas elaborado por la organización WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza) y la Sociedad Zoológica de Londres. En esta ocasión, dieron cuenta de que entre 1970 y 2016 se redujo en promedio el 68% de las poblaciones silvestres registradas –mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios–. Si bien no existen al día de hoy herramientas para medir el conjunto de la vida sobre la faz de la Tierra, este relevamiento es una clara señal de la tendencia a la que arrastra al mundo entero la depredación capitalista.

Los principales motores de esta tendencia hacia la extinción masiva de especies son el avance del agronegocio, la deforestación, la sobreexplotación de los mares y el tráfico ilegal de animales, en el marco del proceso de calentamiento global. Ya en 2019 la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas señaló que un millón de especies de animales y plantas se encontraban en peligro de extinción. Ante la publicación del informe de la WWF, la propia ONU tuvo que salir a admitir que, de los veinte puntos que ciento noventa países se comprometieron a cumplir en 2010 en pos de salvaguardar la biodiversidad, seis fueron cumplidos “parcialmente”, y el resto, ni de cerca.

El 25S salimos en todo el mundo a decir “socialismo o catástrofe”

La crisis del coronavirus es otra señal de alerta de a dónde nos empuja este sistema, ordenado en torno de la ganancia capitalista. La Huelga Mundial del Clima del 25S tiene que servirnos para combatir a escala mundial no solo a los gobiernos capitalistas, sino también al escepticismo de quienes plantean que ya no hay nada por hacer. A la realidad de monstruosa desigualdad y destrucción ambiental que graficamos en estos párrafos tenemos que responderle con más organización, con más lucha y con más compromiso por construir una alternativa política que pueda colaborar en torcer el rumbo de esta historia. La disyuntiva es cada vez más clara, socialismo o catástrofe.

Escribe Ariel Napoli

Desde principios de 2000, cuando Klaukol se instaló en La Matanza, los vecinos del barrio Las Mercedes, en Virrey del Pino, sufren la contaminación medioambiental provocada por la emanación de metales pesados. Entre treinta y cincuenta camiones cargados con arena llegan a la fábrica diariamente. Esa arena es mezclada con agregados tóxicos, aditivos, gases y aerosoles. Del tratamiento de este cóctel contaminante se desprenden partículas de sílice cristalina, clasificada como cancerígeno humano, y metales pesados en el agua. La contaminación abarca 10 kilómetros a la redonda de la planta. Un relevamiento realizado por vecinos determinó que, en un radio de diez manzanas, en los últimos diez años murieron cerca de ciento cincuenta personas, y en total ya son cien las personas muertas a causa de la contaminación que provoca esta fábrica. Cuando en 2009 explotó una chimenea, el barrio quedó envuelto en una nube de polvo que cubrió el cielo. Al poco tiempo, vecinos del barrio fueron desarrollando patologías severas comunes, enfermedades respiratorias, leucemia y casos de cáncer que se multiplicaron de modo exponencial. Comenzaron a investigar y se encontraron con que estaban respirando aire contaminado.

Frente a esta situación, se organizaron como vecinos autoconvocados contra la contaminación de Klaukol con la consigna “Klaukol nos mata”. Como parte de su lucha, han presentado denuncias en distintos ámbitos judiciales durante diez años que llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, la actividad contaminante persiste, y mientras el Poder Judicial y los gobiernos de turno no dan respuesta a este problema, la gente se sigue muriendo.

La única respuesta que obtuvieron los vecinos frente a esta problemática fueron las amenazas de matones enviados por la patronal de Klaukol. En 2016 dos hombres interceptaron a punta de revólver a Susana Aranda, principal referente de la lucha de los vecinos, y la obligaron a tragarse dos pilas. La compañera siguió viva de milagro.

Como si esto fuera poco, el pasado miércoles 9 de septiembre los vecinos convocaron a una concentración frente al municipio de La Matanza que fue reprimida por la policía comandada por el intendente Espinoza. Cuando la manifestación ya había concluido la policía inició una cacería que terminó con once manifestantes presos.

Repudiamos esta represión y le exigimos a la Justicia y a los gobiernos provincial y nacional que intercedan en esta problemática para que Klaukol nos deje de matar.

Escribe Lautaro, dirigente de la Juventud de Izquierda Socialista y estudiante procesado

El día 10 de septiembre, la Cámara Federal de Apelaciones rechazó los recursos presentados por las defensas de lxs veintisiete estudiantes procesadxs por la ocupación pacífica del Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba. Confirman así el procesamiento dictado por el juez Hugo Vaca Narvaja y la ex fiscal Graciela López de Filoñuk y la decisión política de ir al juicio oral. La causa de “usurpación por despojo” se inició con el gobierno de Macri en 2018 y continúa bajo el gobierno de Fernández con la complicidad de las autoridades universitarias y el rectorado de Juri y Yanzi Ferreira a la cabeza. Es necesaria la más amplia unidad para rechazar este nuevo intento de criminalizar la protesta.

Atacan el derecho a la organización y a la lucha estudiantil

Para estudiantes y trabajadores de la educación universitaria 2018 no fue un año más. Luego de años de pasividad, docentes y estudiantes entramos en la escena de la lucha nacional con un conflicto que recorrió todas las universidades del país.

Entrado el segundo semestre, el gobierno de Macri impulsó un brutal ajuste a la educación que desató la bronca del conjunto de la docencia. Como nunca, todos los gremios docentes universitarios se vieron obligados a impulsar un paro que llevó a un cese total de actividades durante cinco semanas.

En ese marco, el movimiento estudiantil se plegó apoyando masivamente el reclamo docente y sumando reivindicaciones propias. Se produjeron movilizaciones nacionales con hasta 80.000 personas en el centro de Córdoba. La masividad dio pie a una fuerte radicalización del movimiento estudiantil, que ocupó pacíficamente edificios en más de cincuenta universidades del país.

La ocupación del Pabellón Argentina, por la que ahora se nos acusa de “delincuentes”, fue una más de ese enorme proceso. Nuestro procesamiento expresa la decisión política y persecutoria de imponer una medida ejemplificadora para amedrentar y disciplinar a quienes se atrevan a enfrentar las políticas de ajuste de los gobiernos. Esto se suma a la ofensiva contra estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de Río Negro a quienes también les elevaron la causa a juicio oral y vienen padeciendo sanciones académicas, como la exoneración del ámbito universitario por las ocupaciones del rectorado en la ciudad de Roca.

En el caso de la Universidad Nacional de Córdoba, el argumento del tribunal encabezado por el juez Vaca Narvaja, supuesto defensor de los derechos humanos, fue que la protesta resultó “excesiva” y “desproporcionada en relación con el fin perseguido, e incluso se mantuvo cuando el conflicto había sido ya resuelto” (La Voz, 11/9/2020). Es decir, la Justicia se adjudica el derecho de definir y resolver sobre una lucha estudiantil cuyas decisiones fueron votadas democráticamente por masivas asambleas. Este conflicto no fue solo por salario docente, sino también por más presupuesto, becas, condiciones dignas de cursado, etcétera. Situación que en pandemia, y como consecuencia del congelamiento presupuestario, lejos está de resolverse. Por el contrario, la virtualización forzosa acentúa la precarización docente y no docente y la falta de oportunidades reflejada en cifras récord de abandono estudiantil por falta de insumos y herramientas para cursar en la virtualidad.

Amplia unidad contra la criminalización de la protesta. Las conducciones estudiantiles deben ponerse a la cabeza de la lucha

Ante la crisis y miseria crecientes los gobiernos, en lugar de atender las necesidades más urgentes del pueblo trabajador, priorizan salvar al empresariado, las multinacionales y los bonistas, al tiempo que fortalecen el aparato represivo y avanzan con la criminalización de la protesta.

Solo la organización unitaria y la lucha pueden impedir este nuevo atropello contra el derecho a la protesta. Las movilizaciones en Córdoba y en el resto del país el 16 de septiembre, en un nuevo aniversario de La Noche de los Lápices, deben ser el primer paso en este sentido. Necesitamos la más amplia unidad para impulsar una fuerte campaña de exigencia a la FUA, la FUC y demás conducciones estudiantiles para que se pongan a la cabeza de rechazar este enjuiciamiento. Desde la Juventud de Izquierda Socialista llamamos a que abandonen su inmovilismo, se pronuncien contra la criminalización de los estudiantes y convoquen a espacios de debate y organización para resolver un plan de lucha y su coordinación en todo el país para derrotar esta política represiva, logrando el desprocesamiento ya de todxs lxs estudiantes.    

Escriben Clara Brunetto, secundaria de zona sur, y Lautaro Díaz, secundario de Río Gallegos

El sábado 12 de septiembre se realizó el Encuentro Nacional de Papel Secundario (ENPS), la agrupación de estudiantes secundarixs de nuestro partido. Jóvenes de distintas provincias nos reunimos para discutir, debatir y ponernos al día sobre las problemáticas de cada regional. En medio de la deserción estudiantil más grande de la historia, vemos la importante necesidad de que nos organicemos. Después del debate votamos resoluciones para dar pelea por los derechos estudiantiles y la defensa de la educación pública.

En las distintas intervenciones quedó claro que en ninguna provincia del país los gobernadores y el presidente tienen la voluntad de solucionar la enorme deserción estudiantil que se vive por culpa de la falta de dispositivos o conexión. Frente a esto se acordó la exigencia de dispositivos y la liberación de datos para ingresar en cualquier plataforma educativa, sitio web y aplicaciones de videoconferencia.

Miles de escuelas se caen a pedazos, algunas ni siquiera tienen las instalaciones preparadas para garantizar la seguridad de la comunidad educativa. Quedó clara la gran necesidad de un aumento inmediato del presupuesto educativo, que planteamos que se realice sobre la base del no pago de la deuda externa y la aplicación de un verdadero impuesto a las riquezas.

El ENPS contó con el saludo de Jorge Adaro, secretario adjunto de Ademys, quien comentó la gran lucha que están dando los docentes de CABA junto a la comunidad educativa para evitar el regreso a clases en el marco de la pandemia y el aumento de los contagios. No faltó en el encuentro y en las resoluciones el apoyo a la docencia y la exigencia de apertura de paritarias.

Este encuentro no solo contó con discusiones sobre lo educativo, sino que condenamos el gatillo fácil, exigimos justicia por Facundo Castro y nos sumamos al reclamo de Cristina Castro de ¡fuera Berni! El gobierno es responsable.

Que se apruebe el proyecto de ley de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Separación de la Iglesia y el Estado. El 28 de septiembre nos movilizamos por la Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Exigimos al gobierno nacional la declaración de emergencia nacional en violencia de género con presupuesto. Que se cumplan los protocolos de prevención y sanción por los casos de acoso y violencia machista. Verdad y justicia por Anahí Benítez. Basta de femicidios, los gobiernos son responsables.

Las problemáticas ambientales también estuvieron presentes en el encuentro y por eso resolvimos este 25S sumarnos a la convocatoria de la Huelga Mundial por el Clima.

Estos fueron los ejes de discusión en las intervenciones. Por último, se votó impulsar una campaña de fotos y difusión con los reclamos de lxs secundarixs. Y a 44 años de La Noche de los Lápices gritamos bien fuerte ¡LOS LÁPICES SIGUEN ESCRIBIENDO! Por eso el 16 de septiembre a las 19.30, a través del Instagram @Papel_Secundario_Nacional, realizaremos una charla junto con Laura Marrone.

Sigamos peleando por una educación gratuita, pública, laica, científica y de calidad.