Escriben Alejandra Otero, Presidenta - Puchi Velázquez - Secretaria general

En la Universidad del Comahue, Neuquén, se llevaron adelante las elecciones del Centro de Estudiantes de Trabajo Social (Cetraso). Tras una semana de campaña y dos días de votación, se impuso la reelección de la conducción que encabezamos desde Izquierda Universitaria (JIS).  La conformación de una lista unitaria junto con las compañeras de En Clave Roja fue un paso  importante para fortalecer este centro de estudiantes combativo, democrático y de lucha.  Sobre todo en un contexto que avanza fuertemente con ajuste y recorte presupuestario, llevado adelante por el gobierno de los Fernández y Massa a la orden del FMI, al que la gestión universitaria acompaña en sus recortes.

Destacamos la gran participación estudiantil que reeligió a la actual gestión del Cetraso con 95.45% de los votos, marcando que durante el año pasado hemos tomado los reclamos estudiantiles, visibilizando las problemáticas, representando las luchas de las y los compañeros, y acompañando en las calles las luchas de la clase trabajadora.

En ese sentido, creemos fundamental seguir conquistando espacios estudiantiles para hacerle frente al constante avasallamiento que aplica el gobierno, el cual recae principalmente en nuestra juventud. Debemos seguir convocando a todas las y los estudiantes a que frente al ajuste en la Universidad y el avance de la derecha, se sumen a participar de los espacios de discusión, de las asambleas y de las acciones para defender la educación pública frente a estos ataques y los que vendrán. Estamos convencides de que la única salida es con nuestros compañeres y en las calles.

Sorpresivamente, el pasado viernes 8 de septiembre la burocracia de la Unión Ferroviaria convocó a elecciones de cuerpos de delegados en todas las líneas metropolitanas para el 18 de octubre. Apenas con un poco más de un mes de antelación y dando plazo de solo siete días para la presentación de las listas. Una clara maniobra burocrática con el fin de generar dificultades a quienes formamos parte de la oposición a la conducción Verde de Sergio Sasia. Pero estas no son todas las dificultades que la burocracia impone a través del estatuto proscriptivo. También hay que cumplir  una serie de requisitos que dificultan poder presentar una lista de oposición en tan corto tiempo, como imponer cupos femeninos desproporcionados a la cantidad de mujeres que trabajan en las líneas, como en el Mitre. En elecciones pasadas en el Belgrano Sur hubo compañeras que fueron despedidas cuando se hizo público que serían candidatas de la oposición. Una clara demostración de la complicidad entre la gerencia peronista y la burocracia de la Verde.

Desde el cuerpo de delegados del ferrocarril Sarmiento y la Bordó continuaremos peleando por el salario, por nuestras reivindicaciones y denunciando el estatuto proscriptivo, por el que, para presentarse, a una lista opositora se le exigen más requisitos que para ser candidato a Presidente de la Nación. Desde la lista Bordó, que encabezan Rubén “Pollo” Sobrero y cada uno de los referentes en las líneas, seguiremos denunciando a la Verde de Sasia y peleando por una nueva dirección en el gremio. Y como lo hacemos desde que asumimos la conducción del Sarmiento, seguiremos construyendo un sindicato combativo y democrático al servicio de las y los ferroviarios, y peleando por un ferrocarril al servicio del pueblo trabajador.
                                                  
Corresponsal
 

El 6 de septiembre se realizó una nueva jornada nacional de lucha docente, organizada por sindicatos, directivos y agrupaciones opositores a la burocracia kirchnerista de Ctera. Mientras se profundiza el ajuste, perdiendo nuestro salario mes a mes frente a la inflación, y avanza en cada provincia la reforma educativa que precariza la docencia y achica los contenidos educativos, la burocracia de Ctera y demás gremios nacionales y provinciales oficialistas siguen apoyando al gobierno y su política.

La coordinación de sindicatos combativos y opositores, como Ademys, GDA Formosa, SAE La Rioja, la Multicolor de Suteba, Amsafe Rosario, ATEN Neuquén Capital, Adosac, entre otros, realizó paros y movilizaciones en distintas provincias, con un acto central en CABA en el Ministerio de Educación nacional, donde hablaron representantes de los sindicatos y agrupaciones convocantes.  Abrió el acto la secretaria general de Ademys, Mariana Scayola, quien resaltó “la necesidad de defender el salario y la escuela pública, frente a la pobreza y escuelas que se caen a pedazos, mientras que la respuesta de Soledad Acuña y Bullrich es acusar a la docencia de ‘mafiosos’ por luchar. ¡Mafiosos son ellos y sus burócratas amigos traidores!”

Por su parte Olga Ortigoza (de Suteba La Matanza, Docentes en Marcha) resaltó el “gran paro bonaerense convocado por la Multicolor, pese a las amenazas de la burocracia Celeste de Baradel y del gobernador Kicillof, que un día antes ofreció un 10% de aumento después de una devaluación del 22%. Mientras Massa devaluó por orden del Fondo, Bullrich dice que ella va a ajustar más y Milei que el ajuste del FMI será un poroto al lado del que él piensa aplicar y que va a privatizar la educación pública. Por eso la única opción en las elecciones es votar por el Frente de Izquierda”. Olga también remarcó que “la Multicolor debe llamar urgente a un plenario provincial presencial para generar la organización que le exija a Kicillof que nos reciba, en vez de negociar con el entreguista de Baradel”.
Llamamos a darle continuidad a esta importante coordinación para la lucha docente.

Corresponsal

Cristian Díaz, obrero metalúrgico de Florencio Varela, se encuentra preso desde el 14 de junio por una denuncia de la Embajada de Israel en nuestro país. Le imputan “odio racial” por haber hecho un posteo en su Facebook festejando la muerte de cuatro soldados israelíes luego de que ese ejército bombardeara Gaza y asesinara a decenas de palestinos. Los atentados, asesinatos, la demolición de casas y la ocupación de tierras por parte del estado sionista contra el pueblo palestino son cotidianos. Cristian lleva noventa días en la cárcel de Marcos Paz por ser solidario con la lucha por una Palestina Libre, acusado de una causa excarcelable.

La avanzada sionista en nuestro país cuenta con la complicidad de los tres candidatos presidenciales del FMI, en Argentina que se arrodillan ante un estado que debería ser repudiado por la comunidad internacional. Así se hizo en su momento con el apartheid de Sudáfrica, producto de lo cual se  logró su caída.

Izquierda Socialista convoca a impulsar en todas las organizaciones sindicales, estudiantiles y barriales el reclamo por la libertad inmediata de Cristian Díaz.

Escribe Federico Novo Foti

En septiembre de 1983, el dictador Reynaldo Bignone promulgó la “ley de autoamnistía”, que buscaba impunidad para los genocidas de la última dictadura militar. La lucha obrera y popular obligó a anularla. Sin embargo, los sucesivos gobiernos peronistas, radicales y macristas continuaron intentado salvar a los genocidas. Hoy lo hacen los ultraderechistas Milei y Villarruel. Pero la lucha por juicio y castigo a los asesinos de la dictadura continúa.

El 22 de septiembre de 1983, el dictador general Reynaldo Bignone firmó la “Ley de Pacificación Nacional” (ley 22.294), que se conocería públicamente como “Ley de autoamnistía” de los militares. A pocas semanas de las elecciones, fijadas para octubre, los militares intentaban cubrir con un manto de impunidad sus crímenes atroces.

En su articulado, la ley suspendía “las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista” y establecía que los jueces dejaran todas las denuncias “sin sustanciación alguna”. Transformaba en ley las concepciones ya definidas en el “Documento Final” de la Junta Militar, elaborado en abril del mismo año, donde reivindicaba la “guerra contra la subversión y el terrorismo”, aunque cínicamente reconocía “errores que, como sucede en todo conflicto bélico, pudieron traspasar a veces los límites del respeto de los derechos humanos fundamentales”.¹

Se instauraba así la falsa “teoría de los dos demonios”, cuyo planteo central era que el país había sufrido una “guerra interna” con dos bandos militares enfrentados y, en aras de la “pacificación nacional”, se proponía dejar impune lo que se calificaba como “excesos en la lucha antisubversiva”. El objetivo era ocultar el terrorismo de Estado y el genocidio perpetrado por los militares.    
 
Intento desesperado de una dictadura moribunda

El 24 de marzo de 1976, los militares encabezados por el general Jorge Rafael Videla dieron el golpe de Estado. La dictadura vino a imponer un brutal plan de ajuste, acordado con las patronales y el imperialismo, y terminar con el ascenso de las luchas obreras y populares iniciado en 1969 con el “Cordobazo”. La dictadura suprimió las libertades democráticas e impuso el terrorismo de Estado, un plan sistemático de represión y muerte contra miles de activistas obreros, estudiantiles y populares, que dejó 30.000 detenidos-desaparecidos, entre ellos, más de cien pertenecientes al Partido Socialista de los Trabajadores (PST), antecesor de Izquierda Socialista.

A comienzos de 1981 el país entró en una profunda crisis económica. Las luchas del movimiento obrero se multiplicaron contra la política económica iniciada por el  ministro José Alfredo Martínez de Hoz y continuada por quienes lo siguieron. La crisis fue tal que el general Roberto Viola, sucesor de Videla, duró sólo seis meses, siendo reemplazado por Leopoldo Fortunato Galtieri. Tras la huelga de la CGT Brasil, el 30 de marzo de 1982, la Junta Militar intentó desviar los cuestionamientos con la invasión a las Islas Malvinas. Pero su maniobra desencadenó un enorme movimiento popular antiimperialista que genuinamente peleó por la recuperación de las islas de manos del imperialismo británico. La rendición impuesta por la Junta Militar, incapaz de romper con el imperialismo, aumentó la bronca contra el gobierno y profundizó su crisis.² Miles de personas salieron a las calles al grito de “rendición es traición” y “¡Junta Militar la vergüenza nacional!”.

La abrupta caída de Galtieri y la disolución de la Junta Militar, el 16 de junio, fue un triunfo revolucionario de las masas populares. La división de las fuerzas armadas y la crisis del régimen militar fue tan profunda que durante dos semanas no hubo gobierno, hasta que el 1º de julio asumió el general retirado Bignone. Pero la dictadura ya estaba herida de muerte. Las huelgas y movilizaciones obreras y populares continuaron bajo su gobierno y restauraron de hecho las libertades democráticas cercenadas por la dictadura. Con el objetivo de frenar la movilización revolucionaria y desviarla hacia las elecciones, pactadas para octubre de 1983, Bignone se apoyó en la Multipartidaria, integrada por el PJ, la UCR, el PC y las dos alas de la CGT.³

Fue durante esa dictadura débil y moribunda que Bignone firmó la ley de autoamnistía con la que los genocidas buscaron evitar el castigo por sus crímenes. La ley contó con el escandaloso apoyo de Ítalo Argentino Luder, candidato presidencial del PJ, que había firmado los “decretos de aniquilación de la subversión” en 1975, los cuales habían servido de excusa “legal” para el golpe de 1976.    
 
La lucha contra la impunidad continúa

Aquella ley fue ampliamente repudiada y, tras las elecciones, el presidente Raúl Alfonsín (UCR) debió anularla. Sin embargo, los intentos por dejar impunes los crímenes cometidos por los genocidas continuaron bajo los llamados a la “reconciliación nacional” de los sucesivos gobiernos. Con ese objetivo, el propio Alfonsín impuso las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, Carlos Menem (PJ) los indultos a las cúpulas militares, los Kirchner (PJ) los juicios a cuentagotas y Macri intentó beneficiar a los genocidas encarcelados con el 2x1. Hoy son los ultraderechistas  Milei y Villarruel quienes levantan las banderas del negacionismo y la impunidad para los torturadores y asesinos de la dictadura.

Pero la masiva lucha popular continúa contra los crímenes cometidos por la dictadura. Logró en estos años anular las leyes de impunidad (Obediencia Debida y Punto Final), los indultos, reiniciar los juicios y frenar los beneficios para los genocidas detenidos. Hoy la lucha sigue contra la impunidad y los negacionistas de ultraderecha que quieren levantar cabeza. Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad, junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, seguimos exigiendo cárcel para los genocidas y justicia por los 30.000 detenidos-desaparecidos (entre ellos nuestras compañeras y compañeros del PST). Una vez más, decimos:  ¡No perdonamos, no nos reconciliamos!

1. Ver Ley 22.294/1983 y “Documento final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo” en la web.
2. Ver Nahuel Moreno. “Argentina: una revolución democrática triunfante”. Ediciones El Socialista, Buenos Aires, 2015. nahuelmoreno.org
3. Ver Nahuel Moreno. “1982: comienza la revolución”. Ediciones CEHuS, Buenos Aires, 2021. nahuelmoreno.org

El MAS contra la autoamnistía

El Movimiento al Socialismo (MAS), fue el partido sucesor del PST. En la nueva situación definida por la irrupción del movimiento obrero y de masas, la conquista revolucionaria de la caída de Galtieri y bajo el débil gobierno de Bignone, se abocó a la tarea de unir y desarrollar las luchas y a construir un partido socialista revolucionario contra los viejos partidos patronales y la burocracia sindical. Conocida la promulgación de la ley de impunidad, llamó a movilizar en rechazo, junto a organismos de Derechos Humanos como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. En un volante titulado “Ni olvido, ni amnistía, toda la verdad” expresaba: “los socialistas del MAS estamos con las Madres, las Abuelas y los Familiares, decididos a no olvidar. […] No olvidemos que los militares secuestraron, torturaron y masacraron a miles de hombres, mujeres y niños, pero tampoco olvidemos que fue el gobierno peronista de Ítalo Luder e Isabel Perón [PJ] el que firmó el decreto que pedía la intervención de las Fuerzas Armadas […] tampoco olvidemos que esa represión se hizo bajo el lema de ‘eliminar a la guerrilla industrial’, y que no fue un general el que lo inventó, sino el doctor Balbín [UCR], que de esa manera pretendía acallar la huelgas […] No olvidemos que si pudieron quedarse siete años en el poder, a pesar del odio de todo el pueblo, fue porque los viejos partidos y sus viejos dirigentes […] les dieron un apoyo total. Y tan correcto es lo que decimos que cuando la dictadura militar estaba derrumbada, como consecuencia de la derrota de Malvinas, estos viejos dirigentes corrieron presurosos a apuntalarla”. El volante terminaba exigiendo la nulidad de la ley de autoamnistía, libertad a todos los presos políticos y gremiales, el levantamiento del estado de sitio y el desmantelamiento del aparato represivo.¹

1. Volante “Ni olvido, ni amnistía, toda la verdad” del MAS (03/10/1983)