Escribe Pili Barbas, dirigenta nacional de la Juventud de Izquierda Socialista/FIT Unidad

Comenzando el 2023, el superministro Massa junto al ministro de Educación Perczyk anunció entre bombos y platillos el aumento del 22% en el monto de las becas Progresar.

Este aumento significa que el monto mínimo será de 9000, lo cual es una burla ante la inflación actual, quedando muy por detrás del monto que necesitan miles de pibxs para seguir estudiando. Este anuncio se da la misma semana que aumentó en AMBA el transporte público, lo cual será un golpe directo para la clase trabajadora, y especialmente para la juventud a la cual se le dificultará aún más mantener sus estudios. Recordemos que a mediados del año pasado Massa intentó recortar miles de becas por la “incompatibilidad” con las becas Potenciar Trabajo. Este gobierno no para de tomar medidas de recorte que expulsan de la posibilidad de estudiar a jóvenes en todo el país.

Todo esto está enmarcado en un ataque completo a la educación pública, que tiene su correlato con la votación del presupuesto 2023 que votaron de conjunto tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio, donde ya se prevé un ajuste del 15%. Sin dudas el plan del gobierno nacional de Alberto Fernandez junto a Massa es priorizar el pago de la deuda externa antes que la educación. Desde la Juventud de Izquierda Socialista rechazamos estas políticas del gobierno nacional, como también denunciamos a las federaciones y centros de estudiantes que están en manos del Franja Morada, el kirchnerismo y el peronismo como cómplices de dejar pasar este brutal ajuste. Sin dudas este año será fundamental la pelea por la exigencia de presupuesto para educación en todos nuestros lugares de estudio, para que ningún pibx se quede sin poder estudiar. Para conseguir becas integrales acordes a la inflación, el boleto educativo a nivel nacional y condiciones dignas de cursada.

Sobre el final de 2022, la lucha incansable de Abuelas de Plaza de Mayo tuvo nuevos hitos con la restitución de la identidad de los nietos 131 y 132. Al respecto conversamos con nuestra compañera de Izquierda Socialista Juliana García, hija de Beatriz Recchia y Antonio García, desaparecidos durante la última dictadura militar. Juliana, quien pudo conocer a su hermana nacida en el Centro Clandestino de Detención que funcionaba en Campo de Mayo después de una muy intensa búsqueda, nos contó que siempre estuvo vinculada con Abuelas, donde trabajó en sus equipos técnicos. Y que hoy continúa la búsqueda desde una unidad fiscal que investiga los casos de apropiación durante la dictadura.

Luego de la restitución de la identidad del nieto número 131, Juliana nos transmitió las sensaciones de quienes vienen peleándola hace décadas: “No se venía dando. Pasaron unos 3 años, desde antes de la pandemia. Nunca había pasado tanto tiempo sin poder encontrar un nieto o nieta. Estábamos ya, no desmoralizados, pero lo estábamos necesitando. Encima se dio justo a los días de ser campeones mundiales, así que tuvo un gusto como mundialista de traer la copa”.

Juliana sigue reflexionando: “Todavía faltan recuperar cientos de nietas y nietos. Hay compañeras y compañeros de búsqueda que aún están buscando a sus hermanos y todavía no pudieron darle el abrazo que yo le di a la mía. Es un trabajo muy difícil que lo vino haciendo Abuelas junto a los organismos. Y mucho se pudo hacer gracias al aporte de la sociedad civil, del pueblo, que fue aportando datos. Esos datos son la materia prima sobre la que se hacen las búsquedas. Sigue siendo sumamente importante que continúen esos aportes. Apelamos a romper el pacto de silencio. Porque esto fue un plan sistemático de apropiación que se hizo en clandestinidad porque no tenemos mayores cosas para avanzar. Es importante la apertura de los archivos para avanzar en los juicios. Y para avanzar en la búsqueda de los nietos que faltan son muy importantes estos datos que se puedan aportar, y que se destine mayor cantidad de recursos en esa búsqueda porque no hay más tiempo. Ya muchas abuelas murieron. Las mías no pudieron conocer a su nieta, mi hermana. El encuentro es una necesidad imperiosa. No puede pasar mucho más tiempo para que aparezcan todos los que faltan”.

Escribe Pablo Almeida, Delegado General ATE Mecon

La docencia retoma la actividad laboral en la primera semana de febrero. El día 9 de ese mes se reactivará el juicio por desafuero iniciado el año pasado por el gobierno de la CABA contra Jorge Adaro. Luego de una exitosa conferencia de prensa en repudio al mismo, realizada en las puertas de la escuela 19 de Villa Soldati en diciembre del año pasado ante la primera audiencia judicial, quedó evidenciado el fuerte rechazo de distintas organizaciones políticas, sociales y sindicales, como así también de la docencia, contra este juicio que es un ataque a los trabajadores que salimos a luchar. Los pronunciamientos han sido numerosos.

Para el 9 de febrero fueron citados los testigos de parte, que reiterarán lo expresado en la instancia del sumario administrativo, el legítimo derecho que tenemos los trabajadores de expresar nuestro rechazo a las políticas de ajuste de los gobiernos y en particular a la política de pulverización de la educación pública en CABA por parte de Larreta y Acuña. Quedará expresada también la actitud del gobierno porteño, que además de intentar con este juicio disciplinar a la docencia que lucha, intenta generar un grave antecedente como el de sancionar el derecho a protestar, el derecho democrático de expresar posiciones distintas a las de las patronales y los gobiernos encarnado en el dirigente combativo Jorge Adaro.

Desde Ademys y el sindicalismo combativo realizaremos acciones de acompañamiento a los testigos que serán aprobadas en la primera asamblea abierta del mes de febrero.

Esta acción es parte del plan de lucha que desarrollaremos en pos de lograr un salario igual a la canasta familiar, la lucha por nuestras condiciones laborales y por la defensa de Jorge Adaro y el derecho a la protesta.

En una nueva etapa de la lucha de los trabajadores portuarios -que atravesó todo el 2022- la patronal de TPR (Terminal Puerto Rosario, integrada por Vicentin y Ultramar) quiere imponer el despido de cinco activistas del conflicto, como forma de debilitar la unidad de los trabajadores, luego de haber tenido que ceder al reclamo salarial.

Como los trabajadores rechazaron el acuerdo de la patronal con la conducción del SUPA Rosario, y la huelga sigue, empezaron a apretar con la policía y la “justicia”, deteniendo a tres trabajadores y reprimiendo a familiares e hijes en la puerta de acceso al puerto. Todo con el aval de Perotti y Fernández, que saben muy bien lo que está pasando y dejan correr la represión y los despidos.

Desde Izquierda Socialista nos solidarizamos con esta enorme lucha, impulsando el Fondo de Huelga y la más amplia solidaridad. Exigimos la inmediata liberación de los compañeros presos y la reincorporación de todos los despedidos.

La salida de fondo es que se vaya TPR y se estatice el puerto, para garantizar los derechos de todos los trabajadores y condiciones ambientales adecuadas, y que las enormes ganancias que deja este negocio se pongan al servicio del desarrollo de la región y no de un puñado de empresarios inescrupulosos.

Corresponsal

Escribe Miguel Lamas

Ante las protestas populares contra la toma del poder por Dina Boluarte el 7 de diciembre (con apoyo del Congreso derechista y de las Fuerzas Armadas que destituyeron al presidente Pedro Castillo), se desató una violenta represión. Ya hay más de 50 muertos y centenares de heridos. Fuerzas policiales disparan balas de plomo contra los manifestantes desde helicópteros y edificios, tildándolos de “terroristas”. En las ciudades del sur, Ayacucho y Juliaca se produjeron las más sangrientas masacres. El gobierno de Boluarte decretó el estado de emergencia suspendiendo todos los derechos en gran parte del país.

El ex dirigente del magisterio rural, Pedro Castillo, había sido electo con grandes expectativas populares y un supuesto proyecto de izquierda, pero no solucionó ninguno de los graves problemas del pueblo trabajador y acabó pactado con sectores de derecha para tratar de mantenerse en el poder. La derecha fujimorista quería sacarlo y para eso logró mayoría en el Congreso y una alianza con Dina Boluarte, ex vicepresidenta de Castillo y ahora presidenta.

Esta crisis es la profundización de una debacle social y política que ya lleva años en Perú, donde se destituyeron los últimos cinco presidentes que gobernaron para los ricos y las multinacionales. Mientras tanto se agravaron los problemas del pueblo trabajador, aumentó la precariedad laboral, se eliminaron leyes laborales, se llegó a 70% de informalidad en el trabajo y las empresas mineras multinacionales siguen saqueando al país y destruyendo la agricultura campesina.

La toma del poder por Boluarte, abiertamente aliada a la derecha, fue la gota que rebalsó el vaso, provocando este estallido. Después de una tregua por las fiestas de fin de año, la oleada de luchas no deja de crecer y ahora se propone llegar a Lima. Desde Andahuaylas, Cusco, Ayacucho, Puno y otras regiones del Sur, Centro y Norte del país, se prepara una movilización nacional que debe recibir todo el apoyo del pueblo de esa capital.

Mientras el gobierno de Boluarte recibe el apoyo del Parlamento y la Confiep -la más importante central empresaria-, las organizaciones campesinas, indígenas, populares y de trabajadores de base se unen a las movilizaciones. La CGTP y la CUT, organizaciones sindicales nacionales, llaman a un paro general para este 19 de enero. El sufrimiento, abandono, postergación, explotación y discriminación de las mayorías de los pobres del Perú deben ser resueltos echando al gobierno de Boluarte y al régimen corrupto al servicio de los ricos.

Desde el PT Uníos de Perú (Partido de las Trabajadoras y Trabajadores Uníos), organización de la UIT-CI, llaman a “construir la coordinación de las organizaciones en lucha para lograr una movilización nacional con cortes de ruta, piquetes y otras acciones en Lima y en todo el país, para construir un paro nacional y un plan de lucha unificado. Para lograr construir una nueva Marcha de los 4 Suyos1, -en referencia a las 4 regiones del antiguo imperio incaico- que, a más de 20 años de la caída de la dictadura fujimorista, ésta vez tiene que terminar con el gobierno de Dina Boluarte y con todo el régimen podrido”.

PT Uníos señala en su declaración: “El triunfo del pueblo trabajador es posible y abre enormes posibilidades para conquistar la Asamblea Constituyente libre y soberana que sepulte la constitución de Fujimori que todos los gobiernos sostuvieron, y desde ese espacio discutir todas las medidas necesarias al servicio de las necesidades del pueblo. Tenemos que echar a la asesina Dina Boluarte, al corrupto Congreso, para que gobiernen los únicos que pueden sacar al país de la crisis: ¡los trabajadores, las organizaciones campesinas e indígenas hoy en lucha para impulsar medidas de fondo, para que a la crisis la paguen los capitalistas saqueadores y no el pueblo empobrecido!”

Desde Izquierda Socialista y la UIT-CI llamamos a la más amplia solidaridad internacional con la heroica lucha del pueblo peruano.

1. La Marcha de los 4 Suyos hace referencia a la movilización nacional del año 2000 que terminó con la dictadura de Fujimori. Los “suyos” provienen del tauhuantisuyo, para referirse a los puntos cardinales. Una movilización del norte, sur, este y el oeste que llegue a la capital Lima.