El pasado 4 de marzo Juan Carlos Giordano se hizo presente en la puerta de la planta de Klaukol en Virrey del Pino, La Matanza. Un grupo de vecinos autoconvocados estaba haciendo un bloqueo frente a la fábrica. Ya son más de cien las vecinas y vecinos fallecidos por la contaminación que emana en el barrio Las Mercedes, noventa y nueve a causa de cáncer. Klaukol irradia sílice en el aire (vidrio molido), entre otros contaminantes. Nadia Carabajal, vecina del barrio, de tan solo 27 años, se encuentra luchando por su vida. Hubo una asamblea donde se relataron casos escalofriantes de vecinos que perdieron a todos sus familiares. “Klaukol mata y nadie hace nada”, dicen.

Hace más de una década vienen reclamando el traslado de la planta a 8 kilómetros del casco urbano, como establece la ley para fábricas de nivel 3 de contaminación, y que se preserve la fuente de trabajo (con obreros que también se enferman). Los vecinos, con la compañera Susana Aranda a la cabeza, vienen dando esa pelea en las calles, juzgados y medios de comunicación, pero la multinacional suiza Klaukol goza de impunidad y favores del intendente peronista Espinoza y la Justicia local. Todos operan para protegerla. “Estamos frente a la Mercedes-Benz, donde los obreros se enferman por Klaukol, y el burócrata del Smata Pignanelli no dice nada”, relata Susana.

Giordano llevó la solidaridad de Izquierda Socialista, siendo el primer diputado nacional en visitar el barrio, difundiendo inmediatamente el caso con un video junto a los vecinos y el compromiso de denunciarlo nacionalmente. Nuestra militancia desde hace tiempo es parte de esta gran lucha junto con otras organizaciones.

Corresponsal

Escribe Mercedes de Mendieta, legisladora porteña electa por Izquierda Socialista/FIT Unidad

El 1° de marzo se iniciará el año parlamentario en la Legislatura porteña con el discurso de Horacio Rodríguez Larreta. Desde la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones (BFS), de la cual somos parte, se convoca a movilizar para rechazar la privatización de Costa Salguero al servicio del negocio inmobiliario.

Durante los catorce años de gobierno de PRO en la ciudad de Buenos Aires se ha profundizado la privatización de tierras públicas al servicio del negocio inmobiliario. Más de 300 hectáreas han sido utilizadas para construir torres de lujo mientras crece el déficit habitacional y miles de trabajadoras y trabajadores son expulsados porque no pueden pagar un alquiler y, menos aún, acceder a la vivienda propia. Una ciudad cada vez con más cemento, donde los espacios verdes van desapareciendo y no se respetan los criterios de la Organización Mundial de la Salud de destinar 10 metros cuadrados de espacio verde por habitante. Un modelo de ciudad expulsiva.

Luego de treinta años de concesión de estas tierras, PRO y sus aliados del PS y del bloque de Lousteau acuerdan entregarlas para construir torres de lujo y comercios con un valor que supera los 9.000 dólares el metro cuadrado. Queda claro que ningún trabajador podrá acceder a estos inmuebles. Serán para unos pocos, aunque probablemente muchos se sumarán a las más de 250.000 viviendas ociosas de la ciudad.  

Destacamos que este proyecto tiene su origen en la votación de 2018 del “Distrito Joven”, que legalizó la privatización precaria realizada en los años ’90 para boliches y clubes. En esa ocasión, PRO no solo contó con los votos de sus aliados de GEN, la Coalición Cívica y el PS, sino también con todos los del Bloque Peronista, hoy parte del Frente de Todos.

Estamos en una fuerte pulseada contra la privatización de Costa Salguero y Punta Carrasco. El gobierno de Larreta buscará avanzar lo más rápido posible con esta votación una vez iniciado el año parlamentario, que rechazaremos con nuestro legislador Pablo Almeida. El proyecto viene siendo rechazado en las calles con caravanas y acciones de visibilización y en los más de dos meses de audiencias públicas.

Desde nuestra agrupación Ambiente en Lucha te invitamos a redoblar los esfuerzos y a concentrar en las puertas de la Legislatura este 1° de marzo junto con la Coordinadora BFS para que caiga el proyecto de privatización y se recupere el espacio ribereño para el disfrute de las y los trabajadores.

Escribe Agustín Gigli, dirigente de Izquierda Socialista Esquel

Luego del fuerte apriete de Alberto Fernández al PJ chubutense, el gobernador Arcioni convocó a una sesión extraordinaria para el 5 de febrero para aprobar, de una vez, la zonificación minera en Chubut. El jueves 4 de febrero se convocó a una jornada nacional contra la minería en Chubut. Fue un día histórico para la movilización antiminera. Logramos nacionalizar la lucha como nunca antes, se sumaron decenas de ciudades en todo el país. Para esto tuvo un rol central la Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones, de la que formamos parte, que respondió al llamado de la UACCh (Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut).

Para poder sesionar el 5 en Diputados se convocó a la Comisión de Ambiente. Pero la comisión no pudo “modificar” el proyecto de zonificación (el 128/20) y pasó a un cuarto intermedio para el jueves. La presión de la enorme movilización dio resultado. Ese día tampoco pudo “concluir con su tarea” y suspendieron la sesión extraordinaria del viernes. Paralelamente la jueza Arbilla de Esquel hizo lugar al recurso presentado por vecinos dictando la suspensión de la sesión hasta que se resuelva la cuestión de fondo respecto a la falsedad ideológica y la ilegalidad del proyecto de Arcioni. Seguramente también influenció el lapidario informe del CenPat-Conicet que se conoció en la semana, que solicita retirar el proyecto oficial y tratar la Iniciativa Popular.

Algunos sectores del peronismo quieren adjudicarse la suspensión del tratamiento de la ley y dicen que hay que seguir “mejorándola”. No es así. No la pudieron aprobar debido a la lucha en la provincia y en el resto del país, donde ambientalistas y la izquierda nos movilizamos contra el saqueo y la contaminación. Así, se hizo una importante y gran marcha en CABA donde estuvieron los diputados nacionales Juan Carlos Giordano y Mónica Schlottahuer, entre otros dirigentes de Izquierda Socialista y del Frente de Izquierda. ¡Algunos periodistas de Rawson hablaron de los gritos de Arcioni en la casa de gobierno al enterarse que sus planes no pueden avanzar!

Como hay mucho en juego, la repartija aumenta con tal de aprobar la zonificación. Por dar un ejemplo, Arcioni decidió otorgar un 2% de las regalías por minería a la burocracia de los sindicatos mineros que tengan afiliados en los proyectos, unos 200.000 dólares anuales sólo por el proyecto Navidad. También se esclareció lo que significa para el gobierno un fondo anticíclico: se inmoviliza el 10% de las regalías recibidas para pagar salarios de las mineras si es que la actividad disminuye a causa de una baja del valor del mineral. Así, el Estado pasa a ser garante de los salarios de las multinacionales, con plata de las regalías provinciales.

Desde Ambiente en Lucha e Izquierda Socialista seguimos impulsando la movilización junto a las asambleas y organizaciones ambientales para lograr que se retire el proyecto de zonificación y se apruebe sin modificaciones el proyecto de ley impulsado por Iniciativa Popular.

Izquierda Socialista junto a su militancia y Ambiente en Lucha en la marcha y acto en CABA desde la Casa de Chubut, Obelisco y la Secretaría de Minería junto a organizaciones ambientalistas, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia y otras agrupaciones sociales y de la izquierda. En el acto habló nuestro diputado Gringo Giordano junto a otros referentes.

Escribe Rodolfo Sánchez,  Izquierda Socialista Bariloche

Al momento de escribir esta nota se cumplen 13 días desde el comienzo del incendio forestal de grandes proporciones en la zona de El Bolsón. El fuego ya consumió más de 7.000 hectáreas de bosque andino, viviendas, galpones y mató muchísimos animales.

Al contrario que otras regiones del país, los meses de verano son la estación seca en la zona Andina patagónica. Las altas temperatura que superan los 30 grados, la bajísima humedad ambiente y el viento, son una combinación fatídica para la propagación del fuego.

En 2020, bajo este mismo gobierno de Alberto Fernández con su ministro de Medio Ambiente Juan Cabandié y su secretario Sergio Federovisky, se quemaron aproximadamente 900 mil hectáreas en 22 provincias argentinas. Los incendios más resonantes y que duraron meses fueron a lo largo del río Paraná, afectando 300 mil hectáreas. Otra cantidad similar se dio en las sierras de Córdoba.

Para 2020 el Plan Nacional de Manejo contra el Fuego tuvo asignado 8.7 millones de dólares de presupuesto, una suma ridícula si se tiene en cuenta que el costo para remediar los daños producidos por los incendios (aproximadamente 1% del PBI) ronda en los 4.000 millones, aunque el relato oficial es que los incendios fueron consecuencias del fenómeno climático de El Niño.

En la Plaza Pagano, los vecinos de El Bolsón se autoorganizan y reciben donaciones para asistir a los brigadistas y bomberos voluntarios que en Río Negro hace años luchan por tener una ART. El Intendente Bruno Pogliano (del partido provincial Juntos Somos Río Negro), más preocupado por el turismo, los negocios inmobiliarios y fiel lacayo del magnate Lewis, presionado por las llamas que están cerca del Barrio Unión, pidió al gobierno nacional que enviara más recursos. El mismo Cabandié contestó que ya mandaron todos los recursos disponibles, o sea tres aviones, tres helicópteros y 101 brigadistas. Una triste realidad, sumada al relato durante el gobierno de Cristina Fernández de que estaba comprando 26 aviones hidrantes para combatir los incendios forestales. La gobernadora Arabela Carreras (de Juntos Somos Río Negro) acaba de declarar la emergencia. “Desde 1964 no se veían estas condiciones meteorológicas excepcionales”, dijo. Una falacia completa, porque los incendios en la zona andina patagónica son probables en verano por sus altas temperaturas y baja humedad. Simplemente recordemos las 15 mil hectáreas quemadas en Bariloche durante 1996, con Menem como presidente y María Julia Alsogaray en medio ambiente.

Gobierno tras gobierno se escudan en situaciones climáticas excepcionales y veraneantes imprudentes, pero lo concreto es la falta de presupuesto, medios y recursos materiales y humanos para prevenirlo, ya que los pocos brigadistas que hay suelen tener situaciones de trabajo precarizadas a través de contratos temporales.

¡Basta de que se tiren la pelota entre los distintos gobiernos! ¡El gobierno nacional, el provincial y municipal deben poner todos los recursos necesarios en la emergencia para frenar el fuego!