Escribe Guillermo Sánchez Porta

El gobierno del ultraderechista Javier Milei arrancó su mandato decretando el “Protocolo Bullrich”, cuyo objetivo es amedrentar y prohibir, de ser posible, las movilizaciones y la protesta social de la clase trabajadora y sectores populares. Y así intentó imponerlo cada vez que pudo, llegando a reprimir acciones de jubiladas y jubilados, mostrando su rostro más antipopular.
 
Fue el sindicalismo combativo y la izquierda quienes salimos rápidamente a denunciarlo, repudiarlo y enfrentarlo, cada vez que el gobierno utilizó la policía y las fuerzas de seguridad contra los reclamos sociales. Es que un brutal ajuste como el de Milei sólo puede meterse con represión. Lo mismo ocurrió contra la Ley Ómnibus, la Ley Bases y los diferentes decretos de cierres, despidos y ataque a los derechos laborales, sociales y democráticos, recortes a la educación, la universidad, la salud, las jubilaciones. Estuvimos en primera línea luchando y movilizando para defender esas conquistas.
 Tan brutal es el plan de Milei que hasta la burocracia sindical peronista se vio obligada a llamar a movilizaciones y hasta a dos paros generales después de cinco años de inacción: el 24 de enero y el 9 de mayo. Estos estuvieron acompañados por grandes movilizaciones, hicieron caer la Ley Ómnibus y frenaron decretos. Pero después del segundo paro, la CGT empezó a pactar con el gobierno y las patronales. Arregló parcialmente el financiamiento de algunas Obras Sociales, dejó pasar y legalizar medidas de la reforma laboral, trató de seguir cobrando cuotas sindicales y aportes extras de las paritarias, entre otras cosas que pactó a espalda de las y los trabajadores. Por eso cerró las puertas a darle continuidad al paro nacional y, a pesar del brutal ajuste, la pérdida salarial, los miles de despidos y cierres de empresas, las privatizaciones y el saqueo, los ataques a las conquistas del movimiento de mujeres y disidencias, siguen el pacto con Milei, abandonaron medidas de acción y aíslan los conflictos en curso.

 Eso hace la burocracia sindical que controla la CGT y las CTA. Garantizan, como todo el peronismo, la gobernabilidad y la tregua. En vez de ponerse al frente de la defensa de los derechos y los intereses de la clase trabajadora y sectores populares. Por eso su modelo sindical no van más.
Pero, a pesar de las traiciones de la burocracia sindical, son miles los que salieron a luchar contra el ajuste de Milei. Como habíamos alertado, la motosierra sería contra los trabajadores. Hubo huelgas de docentes en casi todas las provincias, con Neuquén, La Rioja y Santa Cruz a la vanguardia. Paros impulsados por nuevas conducciones combativas, como las de ATEN Neuquén Capital o el SAE (docentes riojanos) o en Misiones y Jujuy. O autoconvocadas como con la Multicolor bonaerense.  Las y los estudiantes y gremios universitarios hicieron una tremenda lucha nacional. Lucharon las y los ferroviarios del Sarmiento por las condiciones laborales, denunciando los despidos y la privatización del ferrocarril. Lo mismo los gremios aeronáuticos de Aerolíneas. Los trabajadores de la salud, con el Garrahan y el triunfo del Bonaparte. Los petroquímicos de Río Tercero, los textiles de Tierra del Fuego, los gremios santacruceños contra el RIGI, los aceiteros, metalúrgicos, sectores de UTA, de camioneros, portuarios, los heroicos jubilados y jubiladas, así se vieron luchas por todo el país. Lo que no hubo fue continuidad del paro nacional que tiró la Ley Ómnibus. Si la CGT no hubiera pactado, la motosierra de Milei hubiera sido derrotada. No es por falta de voluntad de lucha de la base trabajadora, como nos quiere hacer creer el peronismo. Es por esos dirigentes traidores. Por eso hay que pelear por cambiar la dirección de la clase trabajadora y su modelo sindical, por otro combativo y democrático.

 Ante esta situación este año impulsamos y fundamos la Corriente por la Unidad del Sindicalismo Combativo y Democrático, A Luchar. Encabezada por el “Pollo” Sobrero, Mónica Schlotthauer y los dirigentes ferroviarios de la Bordó, Mariana Scayola y directivos de Ademys, Angélica Lagunas de ATEN Capital, Carolina Goycochea del SAE, los municipales de Vicente López, Pablo Almeida del Mecon, Mónica Mendez de Cicop y tantos otros dirigentes de diferentes gremios del país. Una corriente sindical que impulsa la unidad del sindicalismo combativo y democrático para poder luchar y ganar, y pelear por sacar a la burocracia de los sindicatos. Política que fue fundamental para lograr recuperar UEPC de Córdoba Capital con la nueva conducción que integramos, “Unidad desde las Escuelas”. Y también para el gran triunfo del final del año, con la 7 Multicolor que ganó Adosac Río Gallegos y ganó el primer sindicato provincial docente recuperado, Adosac Santa Cruz, directivas que también integramos. Y por el surgimiento de tantos miles de trabajadoras y trabajadores que quieren luchar, nos preparamos para seguir dando pelea y recuperando sindicatos en 2025, como ATEN Neuquén, Amsafe o Ademys. Y por lograr nuevos delegados y comisiones internas.

 Ponemos A Luchar al servicio de todos los luchadores que quieran la unidad para pelear por un modelo sindical combativo y democrático y los llamamos a sumarse. Para poder recuperar los sindicatos y organizar la lucha para derrotar los ajustes de Milei, los gobernadores y las patronales.

Escribe Rubén “Pollo” Sobrero, secretario general Unión Ferroviaria Oeste

Desde el 2014, con el gobierno de Mauricio Macri, el sindicalismo combativo logró una coordinación importante permanente, que fue la creación del Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC), con los dirigentes de los principales sindicatos y corrientes combativas, la Unión Ferroviaria Oeste, el Sutna, Ademys, ATEN Capital, Ceramistas de Neuquén, AGD UBA, filiales de Adosac, entre otros, la corriente que conformamos con A Luchar, la CSC de PO, Ancla del MST, 18 de diciembre del NMAS, MAC del PTS. Con un programa de fondo para resolver los graves problemas de las y los trabajadores y sectores populares, acompañamos las principales luchas, hicimos acciones, plenarios y coordinamos, lo que continuó durante los cuatro años de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa. Lamentáblemente con la asunción de Javier Milei inexplicablemente el Partido Obrero (PO) cambió de política y se negó a que la Mesa del PSC se reuniera, apostando a que fueran el Sutna y su frente piquetero los organizadores de cualquier acción común, en una absurda e inaceptable política de autoproclamación. Seguimos llamando al PO a que cambie su postura, regrese a la política de unidad del sindicalismo combativo y se convoque a la Mesa del PSC para coordinar las luchas.

Escribe Diego Martínez

La corrupción, la impunidad y la búsqueda inescrupulosa de ganancia se llevó la vida de 194 personas la fatídica noche del 30 de diciembre de 2004.
La movilización logró la destitución de Aníbal Ibarra, entonces jefe de gobierno de CABA, aunque nunca fue condenado judicialmente por los hechos. Omar Chabán, empresario responsable del evento, murió en la cárcel.
 
Aquella noche de diciembre quedará grabada para siempre en la retina de millones. Mientras tocaba Callejeros en el boliche República de Cromañón, una bengala impactó sobre una media sombra que nunca debió estar en el techo. Entonces, estalló el horror. Encerrados en una trampa mortal sin salida, casi doscientos pibes y pibas murieron víctimas de la asfixia. El 40% perdió la vida intentando socorrer a otros.  

La morgue y los colapsados hospitales aledaños, fueron testigos del peregrinar de miles de padres, en su mayoría de origen trabajador, que hacían lo imposible por identificar el paradero de sus hijos e hijas.
 
“Ni una bengala ni el rocanrol. A nuestros pibes los mató la corrupción”

 La respuesta inmediata de Anibal Ibarra, aliado del entonces presidente Néstor Kirchner, fue intentar deslindarse de los hechos.
Los medios de comunicación intentaron responsabilizar a la banda y a la persona que encendió la bengala. Hablaban de “tragedia” y no de lo que fue: una verdadera masacre, cuya responsabilidad corresponde a Omar Chabán, Ibarra y demás funcionarios políticos.
En el lugar había tres mil personas cuando sólo estaba habilitado  para mil. Una de las salidas de emergencia estaba bloqueada y no había evacuación independiente en el entrepiso. La última inspección databa del año 1997 y se había extendido la habilitación en base a coimas. La policía incumplió con el operativo de emergencia necesario.

Todos estos hechos implicaban directamente a Chabán, a la policía, a los funcionarios intervinientes y al propio Ibarra, quien tenía la responsabilidad de supervisar la gestión de los funcionarios.
Intentando salvarse, Ibarra y sus socios ofrecieron indemnizaciones a familiares a cambio de no presentar denuncias en su contra, recurrieron a amenazas y aprietes, y hasta sucedió la muerte dudosa de dos testigos claves de los hechos.
Los dirigentes políticos patronales de aquel entonces sostuvieron al jefe de gobierno. Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde, junto al propio Ibarra intentaron organizar un plebiscito trucho para relegitimar su gestión que fracasó rotundamente.
Con el aval de Mauricio Macri, ellos mismos pactaron el ingreso de Juanjo Álvarez, responsable directo del asesinato de Kosteki y Santillán en el 2002, al gobierno de la Ciudad, para abonar a la “gobernabilidad”.

“Ibarra, Chabán la tienen que pagar”

Nada de esto logró amedrentar la movilización popular. Desde un primer momento, los familiares se organizaron en asambleas en los barrios y en la plaza Once, en donde  luego se levantó un santuario que recuerda a las víctimas de la masacre. Se hicieron movilizaciones semanales que luego se convirtieron en mensuales. Allí se reclamaba por justicia y cárcel para Ibarra y Chabán.

Fruto de la movilización, Chabán fue encarcelado y murió en prisión en 2014. Se logró un hecho histórico: la suspensión y el posterior juicio político y destitución de Ibarra en febrero de 2006.

El ex jefe de Gobierno señalaba al juicio político como un “golpe institucional de la derecha” orquestado por Macri. Néstor Kirchner lo había calificado de “disparate” unos meses antes. Días antes del veredicto, Kirchner se refirió al intendente como “ mi querido amigo Ibarra”.
Pese a esto, la movilización empujó a las y los diputados patronales que habían sostenido a Ibarra, incluidos algunos peronistas kirchneristas a votar en su contra.

Aunque fue destituido en sus funciones, nunca fue enjuiciado  por la masacre. La justicia patronal garantizó su impunidad. Después de presentarse como candidato sin éxito su carrera política quedó en el ocaso. Se cumplió el pronóstico de nuestra querida Mariana Marquez, compañera de nuestro partido. Ibarra se convirtió en un “cadáver político”.

Argentina República de Cromañón

La movilización por la masacre de Cromañón expuso un entramado de corrupción e impunidad al servicio del lucro inescrupuloso, demostrando que para los empresarios, sus políticos y jueces adeptos la vida del pueblo trabajador no vale nada.

Lo mismo se volvió a demostrar con la masacre de Once, el “Cromañón ferroviario” tantas veces anunciado  por los trabajadores de la Bordó ferroviaria que se llevó cincuenta y dos vidas bajo el gobierno de Cristina Kirchner en 2012. Algo similar se había demostrado con la tragedia de LAPA con Fernando De La Rúa y en la tragedia de Time Warp en 2016 bajo el gobierno de Macri. Los distintos gobiernos patronales, más allá de sus diferencias políticas, privilegian la ganancia patronal  por sobre vida de las y los trabajadores y sectores populares.

Para evitar que estas horribles masacres vuelvan a ocurrir es necesario dar pelea contra los partidos patronales junto al Frente de Izquierda Unidad e Izquierda Socialista, luchando por un gobierno de los trabajadores en camino al socialismo para que de una vez por todas la vida del pueblo trabajador valga más que las ganancias capitalistas.

 ¡Los pibes y pibas de Cromañon presentes, ahora y siempre!

Escribe Diego Martínez

Recordamos en estas palabras que hicieron eco en el pueblo trabajador a nuestra querida Mariana Márquez, mamá de Liz fallecida en Cromañón. Mariana fue una de las principales referentes de la lucha de los familiares en su momento más álgido y, pocos meses después de la masacre, murió a causa de un cáncer que ya había superado y se reactivó por la angustia que le provocó la muerte de su hija. Desde entonces pasó a ser la muerte número 195.

Con motivo de la interpelación a Ibarra en la Legislatura en febrero de 2005 Mariana le dijo en la cara en una sesión televisada para todo el país: “Hace unos días tuve que enterrar a mi hija pero vos sos un cadáver político. Sos una circunstancia. Esto le podría haber pasado a cualquiera porque hay una red de corrupción que sustenta el poder político. Pero te tocó a vos Ibarra, hacete cargo […] No creo en la J usticia porque todos son parte de este sistema corrupto. Por eso siempre vamos a estar movilizados buscando justicia, en contra de la impunidad”.
Unas semanas antes de morir le dedicó una carta a su hija: “ No me esperes todavía, porque hay muchas cosas para arreglar en este mundo injusto que me arrebató al ser que más amaba”. Así la recordaremos para siempre.

Escribe Diego Martínez

Nuestro partido acompañó desde un primer momento los reclamos de los familiares y su movilización. Planteamos cárcel a Ibarra, Chabán y todos los responsables. Asistencia de salud y psicológica para familiares y sobrevivientes.

Junto a Mariana Márquez, José Guzmán y otros familiares impulsamos la conformación de AVISAR, una organización de familiares que dio una pelea consecuente por justicia, siendo independiente de cualquier gobierno o sector patronal, acompañando todas y cada de una de las acciones de lucha que realizaron los familiares en estos veinte años con epicentro en cada 30 de diciembre.

A través de nuestras bancas en la legislatura porteña acompañamos en los últimos años el reclamo de expropiación del edificio de Cromañón para que se convierta en sitio de la Memoria para todas las víctimas de  la corrupción y la impunidad en el país. Se logró un  avance con la Ley de Expropiación sancionada en 2022 pero hay que seguir la pelea para que el proyecto se consume.

A través de nuestra diputada Mercedes Trimarchi, Izquierda Socialista/FIT Unidad, actualmente estamos acompañando la pelea de los familiares para que desde la Legislatura se declare como masacre y no como “tragedia” lo sucedido. Además de lograr un resarcimiento económico vitalicio para el conjunto de los familiares contra la política del PRO que pretende otorgar los subsidios solamente a un sector de ellos.