Escribe Guillermo Sánchez Porta

El miércoles pasado la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Ley hipócritamente llamado “esencialidad de la educación”. El proyecto presentado por los radicales de la UCR, fue apoyado por Milei y La Libertad Avanza, el PRO, Pichetto y, una vez más, por diputados peronistas de Unión por la Patria. Rechazado por el Frente de Izquierda y sectores del peronismo. Ctera debe romper la tregua y llamar al paro y plan de lucha para frenarlo.

Esta Ley busca liquidar el derecho constitucional de huelga de la docencia. A los gobiernos ya no les alcanza con descontar los días de paro, poner bonificaciones que sólo se cobran si la docencia no falta ni un solo día, amenazar con declarar faltas injustificadas los días de paro. Ahora directamente los quiere prohibir: si hay paro, la mitad de la docencia debe asistir igual a la escuela. ¡Y quien determina quiénes hacen el paro y quiénes deben carnerear, es el equipo directivo!

Si a algún gobierno le importara la educación, lo que debería hacer es aumentar el presupuesto educativo para garantizar escuelas en condiciones de infraestructura (lo opuesto que hoy ocurre), para el nombramiento de docentes y auxiliares faltantes (hoy hay decenas de miles de estudiantes sin docentes), para que la docencia cobre salarios dignos en un turno y así pueda capacitarse en contra turno. Y eso se puede hacer si se lleva el presupuesto al 10% del PBI nacional, si se deja de pagar al FMI, si se suspenden los subsidios a las escuelas privadas. Pero sólo el Frente de Izquierda tiene esta propuesta y realizó una audiencia en contra la esencialidad en la Cámara de Diputados. Los demás partidos patronales, el gobierno nacional y todos los gobernadores, usan a la educación como prenda del ajuste y por eso atacan el derecho de huelga, para tratar de evitar que la docencia luche.

La conducción peronista kirchnerista de Ctera y demás sindicatos que conduce la burocracia Celeste, capitularon vergonzosamente al ajuste de Milei y ni siquiera llamaron a un paro con movilización. Sí, lo impulsamos sectores combativos y por eso Ademys CABA, ATEN Neuquén, Adosac Santa Cruz, entre otros, paramos y movilizamos. En provincia de Buenos Aires, a pesar que Kicillof dijo estar en contra de esa Ley, la burocracia de Baradel de Suteba se negó a parar y apenas llamó a un acto en Congreso “sólo para delegados”. Desde Docentes en Marcha impulsamos y logramos que la Multicolor finalmente llamara a parar provincialmente, con una alta adhesión.

Ante el repudio general de la docencia por la inacción de Ctera, es posible que llamen a alguna medida de fuerza cuando se trate en el Senado. Es necesario que Ctera llame ya a un paro y plan de lucha, con una fuerte campaña de esclarecimiento del desastre de esta Ley de Esencialidad y en apoyo a las provincias que reclaman un inmediato aumento salarial.

Escribe Angélica Lagunas, secretaria general de ATEN Capital

Continúa el plan de lucha de ATEN en respuesta al ataque del gobernador Rolando Figueroa que provocó el conflicto, porque junto con la mayoría de los diputados de los partidos patronales promulgaron una Ley de Incentivo al Presentismo, que destruye el régimen de licencias que tienen los docentes.

El plan de lucha está en su sexta semana en defensa de las condiciones de trabajo y de las partidas de refrigerio para las escuelas.

El sábado 17 se dio la primera mesa de negociación convocada por el gobierno. En la misma, la conducción provincial del TEP, que ingresó sola sin permitir que lo hicieran las seccionales opositoras Multicolor, firmó un acta que no contemplaba uno de los reclamos centrales que llevaron a la huelga, como lo es el artículo 8º de la Ley, que es justamente el que elimina el régimen de licencias. Por ejemplo, una docente embarazada, o con tratamiento de largo tiempo por una enfermedad grave como el cáncer, o protegida por hechos de violencia de género que la lleven a no poder asistir a su trabajo,; puede quedarse sin sueldo. Cualquier docente afectada por esta situación y que esté cumpliendo una suplencia, si la titular del cargo regresó al mismo, esa docente se queda sin sueldo porque no se le reconoce la continuidad de su licencia. O sea, la Ley es un castigo a la que se enferma o se embaraza.

Al haber aceptado el acta y haberla llevado como moción a las asambleas, la conducción provincial perdió a lo largo de la provincia. Por ejemplo, esta moción, en la seccional Capital, donde el propio Marcelo Guagliardo defendió su acuerdo con el gobierno, solo cosechó 268 votos, contra la moción de la conducción Multicolor, que logró 2215 votos en rechazo. Luego se definió, en el Plenario de Secretarios Generales, una nueva semana con paro de 48 horas este miércoles y jueves con marcha a los puentes carreteros. La lucha continúa exigiendo al gobierno que se reabra la mesa de negociación.

El gobierno provincial día a día genera políticas acordes con la motosierra de Milei. Recordemos que su diputado votó la Ley Bases y apoyó enfervorizado el RIGI, que le permite dar un salto en la entrega y el saqueo del gas y el petróleo. También impulsó la Ley contra el régimen de licencias, y ahora impulsa una Ley para que quede legislado el descuento de los días de paro a las y los trabajadores de la educación que realicen medidas de fuerza. O sea, profundiza el ataque coordinado con el presidente Milei contra el derecho a huelga.

Por estas razones, es fundamental redoblar la campaña de apoyo a la huelga docente neuquina, sobre todo exigiendo un plan de lucha nacional de Ctera para que todas las provincias en lucha se fortalezcan. Y aportando al fondo de huelga de las seccionales Multicolor de ATEN, que son las que están sosteniendo con fuerza, masividad y mucha democracia sindical la continuidad de la lucha. En su visita a Neuquén, los diputados nacionales del Frente de Izquierda, trajeron su aporte al fondo de huelga. Así lo hizo nuestra compañera de Izquierda Socialista la diputada Mónica Schlotthauer, que además del aporte acompañó las marchas docentes y se acercó a la asamblea de los trabajadores de Cerámica Neuquén a respaldar el reclamo que hacían sobre la reconexión del servicio de luz.

Escribe Federico Wagner, secretario gremial Media de UEPC Capital

Después de dos meses y medio de conflicto con paros y movilizaciones, el gobernador Martín Llaryora logró que la burocracia provincial Celeste de UEPC impusiera una tramposa “aceptación” a su cuarta propuesta. Con pequeños retoques a las propuestas rechazadas (un sector de jubilados cobrarán con “sólo” un mes de atraso, 10 mil pesos más a sumas no remunerativas), el problema de fondo no se resuelve: los salarios docentes siguen debajo de la línea de pobreza, un inicial de miserables 630 mil pesos.

El acuerdo se firma aunque la mayoría de la docencia lo rechazó, por el mecanismo burocrático de la Celeste provincial. Se hace la “democrática”, con asambleas en las escuelas, para luego filtrar la opinión docente en las departamentales burocráticas controladas por ellos (sobre todo en el interior de la provincia, donde muchas veces ni siquiera las cita) y así llegar con decisiones maniatadas a la provincial, que no reflejan la opinión de la base docente. En Capital, donde hay cerca de 20.000 docentes, fue casi unánime el rechazo. Pero, por el sistema de delegados departamentales sin proporcionalidad directa, una minoría decide por la mayoría.

El debate que se abre entre los luchadores es cómo podemos hacer para que toda la fuerza de la lucha no sea dilapidada por la burocracia Celeste provincial y poder ganar. Desde Docentes en Marcha Bordó venimos insistiendo que es necesario exigir que se llame a asambleas generales en todos los departamentos, para que sea la base docente de manera directa la que debata y decida todo.
La convocatoria a asamblea general debe partir de la combativa directiva de UEPC Capital, para imponer esa mayoría docente a la burocracia y dar el gran ejemplo de la máxima democracia sindical. ¿Imaginan asambleas en la Capital con miles de docentes mostrando el rechazo a las propuestas del gobierno, denunciando a la burocracia de Roberto Cristalli y marchando por el centro de la ciudad? Es así como hacemos en ATEN Neuquén Capital, con asambleas de más de 2 mil docentes desbordando a la burocracia provincial. O en Ademys CABA o en la Multicolor de Suteba. Ese método debe ser el del sindicalismo combativo.

Llaryora y la burocracia tienen un tremendo problema, porque a la UEPC Capital la conduce una directiva combativa y allí es el centro de la lucha, con un cuerpo de delegados que defiende a la docencia y no capitula a las presiones del gobierno. Aunque, lamentablemente, la mayoría de las agrupaciones de la directiva (Tribuna Docente-PO, Construcción, Alternativa Docente-MST, Fuentealba-NMAS) no acuerdan con nuestra política de llamar a una asamblea general para desbordar a la burocracia Celeste. Para poder terminar de una vez con las maniobras de Cristalli y poder seguir la lucha y ganar, llamamos a la docencia a que exija a la burocracia Celeste de UEPC provincial que convoque a asambleas generales por departamento, para debatir cómo seguir. ¡Basta de entregar la lucha de la docencia por migajas!

Escribe Pilar Barbas, dirigente nacional de la Juventud de Izquierda Socialista y secretaria de la Federación Universitaria Argentina (FUA)

En medio del conflicto salarial docente y no docente se trató la Ley de Aumento de Presupuesto Universitario que consiguió la media sanción en la Cámara Baja. El conflicto continuó con un paro docente el 20 y 21 de agosto.
 
El conflicto universitario que arrancó en el primer cuatrimestre sigue sin resolverse, ya que aún falta lo que representa la mayor parte del presupuesto: los salarios de sus docentes y no docentes. Tampoco conseguimos las mejoras edilicias ni el aumento de becas, de vital importancia para muches estudiantes a les que se les hace imposible mantener la cursada. Esta semana, el 20 y 21 de agosto, se desarrolló un paro docente y no docente de 48 horas. En este marco, la semana pasada se votó la media sanción de la Ley de Presupuesto Universitario. Fue una sesión nefasta, donde, para negociar el quórum, primero se trató la esencialidad de la educación, con el propósito de despojar a docentes de primaria y media de su derecho a parar.

Para el aumento del presupuesto universitario se presentaron cuatro proyectos, uno por la UCR, otro por el gobierno, otro por el peronismo y otro por el Frente de Izquierda.

El proyecto aprobado fue el presentado por la UCR, pero se consiguió que se le agregue un anexo por salarios que no estaba contemplado originalmente. En este proyecto votado se propone una actualización del presupuesto universitario basada en la inflación del año pasado, medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), y una indexación bimestral usando un coeficiente que combine un 50% de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), 25% de la variación del dólar y otro 25% de las tarifas de servicios públicos, además de una recomposición salarial para docentes y no docentes con base en el IPC.

El proyecto fue votado por el peronismo y la bancada del Frente de Izquierda Unidad. La aprobación de esta Ley es sin dudas un triunfo de la enorme movilización del 23A, que dejó demostrada en las calles la importancia de la defensa a la educación pública y gratuita en las calles. Pero esto no significa que ya está resuelta la crisis presupuestaria, es claro que la pelea continúa. Primero, porque el conflicto salarial sigue sin resolverse hasta que el presupuesto sea efectivizado. Por eso seguimos en el marco de una semana de paro y jornadas de visibilización. También es importante garantizar, como venimos diciendo, el presupuesto, para que se garanticen las cursadas. Becas integrales, boleto educativo nacional y todo lo que falta.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sacó un comunicado sobre la ley como si fuera un triunfo definitivo, ¿y la continuidad del plan de lucha?

De cara al tratamiento de la Ley en el Senado es fundamental que se convoque a otra marcha universitaria nacional en septiembre, que presione para conseguir que lo vote la Cámara Alta. Por eso exigimos al CIN, a la mesa sindical y a las conducciones estudiantiles de las federaciones estudiantiles y centros de estudiantes a que convoquen a instancias asamblearias e interclaustros para organizar una marcha masiva educativa nacional en septiembre. Sólo la continuidad del plan de lucha nacional en las calles, puede, por un lado, presionar al gobierno para que, de aprobarse el proyecto, no lo vete, pero además, por la conquista de todo el presupuesto efectivo necesario para defender la universidad pública y gratuita.

Escribe Clara S. de Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e Independientes)

En las últimas semanas, de espaldas al rechazo popular expresado en cientos de acciones en todo el país, el gobierno logró la adhesión de tres nuevas provincias al RIGI: Mendoza, Chubut y San Juan, que se suman así a Jujuy y Rio Negro, las primeras en votar la adhesión. En la provincia de Salta, por su parte, se aprobó la adhesión en Diputados, pero quedó en suspenso luego la votación en el Senado mientras una multitud se manifestaba afuera del recinto.

El caso de San Juan resulta emblemático de la amenaza que representa el extractivismo en los territorios y el lobby que ejercen las mineras y petroleras. En esta provincia, donde todas las promesas de crecimiento económico se mostraron falsas, donde en 2015 se sufrió el derrame de mercurio, cianuro y metales pesados sobre cinco ríos, en Jachal, en la Mina Veladero de Barrick Gold, donde hoy se atraviesa una crisis hídrica que ha aniquilado toda actividad productiva ajena a la minería, los diputados de todos los colores se han puesto de acuerdo para votar beneficios aún más cuantiosos para las empresas, con lo que lograron atraer a la minera australiana BHP, conocida por el desastre ambiental de Minas Gerais.

La votación frente al RIGI profundiza la crisis del peronismo, que tanto en San Juan como en Salta aportó los votos necesarios para que el proyecto pase, así como lo hicieron también los diputados del Frente Renovador de Sergio Massa. En la provincia de Buenos Aires, un sector del peronismo criticó a Axel Kicillof por no adherir al RIGI a tiempo para ganar la pulseada por la planta de GNL. El proyecto alternativo promovido por el mismo gobernador bonaerense condensa estas contradicciones ya que ofrece a las multinacionales las mismas garantías que el proyecto oficial.

El peronismo, en materia de extractivismo y saqueo de bienes comunes, no tiene un programa económico sustancialmente distinto, el RIGI trae un marco legal de blindaje para una matriz extractivista que se viene consolidando hace décadas y bajo todos los gobiernos. Por eso necesitamos ejercer toda la presión posible para que respondan a las necesidades de los pueblos y los territorios.

Mientras las “castas” de diputados y senadores negocian entre sí los votos, crece en todo el país la campaña plurinacional contra la adhesión al RIGI, con participación de asambleas ambientales, comunidades indígenas, movimientos sociales, organismos de derechos humanos, espacios culturales y artistas que a nivel político es acompañada por el Frente de Izquierda Unidad. Vamos hacia una nueva semana de movilizaciones y actividades en todo el país para exigir a los legisladores que rechacen este régimen de saqueo.