Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad

A pedido de Scott Bessent y Barry Bennet, y tras el triunfo electoral de Javier Milei, el gobierno convocó a 20 de los 24 gobernadores (oficialistas, dialoguistas y peronistas) para avanzar en un acuerdo contra la clase trabajadora. 

El acuerdo entre el oficialismo y los gobernadores incluye una agenda de más motosierra y reformas estructurales al servicio del FMI y de la entrega al imperialismo yanqui.

La línea dictada por el imperialismo norteamericano fue ejecutada por Milei, que sentó en su mesa a los gobernadores aliados como Frigerio (Entre Ríos), Poggi (San Luis) y Macri (CABA), junto a los dialoguistas del disuelto frente de Provincias Unidas, entre ellos Pullaro (Santa Fe), Llaryora (Córdoba), Vidal (Santa Cruz) y Torres (Chubut), y a los peronistas Jalil (Catamarca), Jaldo (Tucumán) y Zamora (Santiago del Estero).

El presidente les planteó la necesidad de sancionar cuatro leyes clave para su plan: Reforma Fiscal e Impositiva, Reforma y Modernización Laboral, Reforma del Código Penal y el Presupuesto 2026.

El nuevo pacto constituye una declaración de guerra contra la clase trabajadora, las mujeres y la juventud, que deberán salir a las calles a enfrentarlo. El eje principal de esta agenda reaccionaria será la reforma laboral esclavista. Pero se comenzará por el Presupuesto 2026, primera prueba que debe pasar este pacto. También se incluyen la reforma penal (que contempla la baja de edad de imputabilidad), la reforma fiscal favorable a los ricos y, en un futuro no muy lejano, la reforma jubilatoria, que implicaría la eliminación de las cajas especiales provinciales y un aumento de la edad jubilatoria a 70 años, con una mirada patriarcal que iguala la edad entre hombres y mujeres.

Todo esto a cambio de migajas: los gobernadores ofrecieron su apoyo a un presupuesto de “equilibrio fiscal” a cambio de recibir coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos (ICL) o beneficios impositivos para el petróleo y otros sectores empresarios.

Los peronistas que fueron y los que no

El gobernador peronista de Tucumán, Osvaldo Jaldo, sintetizó la posición del sector al afirmar: “No nos podemos oponer a que se actualicen las leyes laborales”. Jaldo es el caso más paradigmático: junto con Jalil, ha apoyado mediante diputados y senadores leyes clave del gobierno, como la Ley Bases y el DNU de la deuda, y ahora respalda abiertamente la reforma laboral, dejando al descubierto la complicidad del peronismo provincial con el intento de retroceder al siglo XIX los derechos laborales que aún conserva una parte de la clase trabajadora formal.

Por su parte, los cuatro gobernadores peronistas que no fueron invitados (Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego)) expresaron su descontento diciendo que fue “un error del presidente” no haberlos convocado. Sin embargo, esta queja no tiene nada de progresiva: reclaman estar en la foto, no para oponerse a las reformas, sino para negociar su parte del pacto de ajuste.

Así demuestran que no representan una alternativa para el pueblo trabajador. Buscan posicionarse ante la crisis del peronismo, agudizada por el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires, y muestran, una vez más, que no son una salida para enfrentar a Milei ni a su plan de guerra contra la clase trabajadora.

Enfrentemos el pacto de Milei y los gobernadores

Milei y sus cómplices intentarán avanzar en las reformas estructurales del FMI, que la clase trabajadora viene resistiendo desde hace décadas y que forman parte de la agenda de las patronales y el imperialismo para profundizar la superexplotación y el saqueo en nuestro país. Pero ningún resultado electoral ni la complicidad de los gobernadores garantizan que puedan imponerlas.

La historia reciente lo demuestra: cuando el gobierno de Macri, tras ganar las elecciones legislativas de 2017, intentó avanzar en las reformas laboral y jubilatoria, se encontró con una auténtica rebelión popular. Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad, llamamos a organizar la resistencia junto al sindicalismo combativo. Y a exigir a la burocracia de la CGT que rompa el pacto con el gobierno y convoque a un paro general con un plan de lucha para derrotar las reformas estructurales del FMI y el ajuste de Milei.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada en CABA por Izquierda Socialista/ FIT Unidad  

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich renombró la Escuela de la Policía Federal Argentina con el nombre de “Ramón Falcón” y la de Suboficiales con el de “Alberto Villar”. En el marco del 204° aniversario de la creación de la Policía Federal, declaró: “Esta escuela nació por un policía, Ramón Falcón, quien le dio una orientación y además la fundó. Por una cuestión ideológica, le sacaron el nombre y yo instruyo al jefe de la Policía Federal Argentina para devolver la verdad. Es para nosotros un valor innegociable. Y lo mismo haremos con la escuela de suboficiales”. Una declaración que constituye un claro mensaje político. 

A pocos días de dejar la cartera de Seguridad para asumir como senadora, Bullrich reafirma su perfil represivo y reaccionario. No le alcanza con reprimir todos los miércoles a las y los jubilados frente al Congreso o con culpabilizar a las mujeres por la violencia de género que sufren; ahora, además, reivindica a dos personajes nefastos de la historia argentina, responsables de la persecución y el asesinato de trabajadores y luchadores sociales. Dos genocidas: uno que actuó hace más de un siglo bajo las órdenes del presidente Figueroa Alcorta; el otro, a comienzos de los años setenta, bajo el gobierno de Juan Domingo y Estela Martínez de Perón. 

¿Quiénes fueron Ramón Falcón y Alberto Villar?

Ramón Falcón participó en la Campaña del Desierto (1878-1885), comandada por Julio Argentino Roca. A su regreso fue elegido diputado nacional y, en 1906, el presidente Alcorta lo nombró jefe de la Policía Federal. Un año más tarde, durante la Huelga de Inquilinos de 1907, conocida como la huelga de las escobas, dirigió los desalojos violentos de familias trabajadoras que no podían afrontar los aumentos desmedidos de los alquileres. 

El 1° de mayo de 1909, reprimió brutalmente la manifestación obrera en Plaza Lorea, dejando un saldo de once muertos y más de cien heridos. Estos hechos fueron recordados como la Semana Roja, símbolo de la violencia estatal contra el movimiento obrero. 

Alberto Villar, por su parte, tuvo una destacada actuación represiva entre fines de los años sesenta y comienzos de los setenta. Fue uno de los principales organizadores del terrorismo paraestatal en la etapa previa a la última dictadura militar. Bajo la tutela de José López Rega, “Tubito”, como lo apodaban, fue uno de los fundadores de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), organización encargada de perseguir y asesinar militantes de izquierda, sindicalistas y referentes populares. 

Con el aval del gobierno peronista, Villar impulsó las listas negras y la creación de brigadas antiguerrilleras, especializadas en la represión y la tortura, métodos que luego se extenderían a todo el país tras el golpe del 24 de marzo de 1976. 

Amplio rechazo a la apología a los genocidas

Distintos organismos de derechos humanos, personalidades políticas y organizaciones de izquierda, así como nuestras bancas del FIT-Unidad, repudiamos la apología del terrorismo de Estado que realiza Bullrich. Su decisión de homenajear a represores y torturadores es un intento de amedrentar a quienes hoy luchamos contra las políticas de ajuste de un gobierno de ultraderecha que, con el aval de Trump y de los gobernadores, pretende avanzar en una reforma laboral para destruir derechos conquistados hace más de ochenta años mediante la movilización obrera. 

Desde Izquierda Socialista y el sindicalismo combativo sostenemos que esa reforma debe ser enfrentada en unidad y en las calles, con la fuerza de la clase trabajadora organizada. Por eso exigimos a la CGT que rompa el pacto con el gobierno y que prepare un paro general y plan de lucha contra la reforma laboral antiobrera y esclavista, al servicio de beneficiar aún más al empresariado ultramillonario de nuestro país.

Escribe Mariano Soria

El martes 4 llegó a su fin un extenso juicio contra los directivos de Acindar y miembros de las fuerzas represivas y paramilitares de la Triple A, responsables de secuestros, torturas y asesinatos durante la operación Serpiente del Paraná en marzo de 1975. El operativo, ordenado por el gobierno peronista de Isabel Perón y respaldado por la burocracia metalúrgica de Lorenzo Miguel, buscó desarticular a la nueva conducción de la UOM de Villa Constitución.

El Partido Socialista de los Trabajadores (PST), antecesor de Izquierda Socialista, apoyaba activamente a esa dirección e impulsaba su coordinación nacional contra el gobierno, la burocracia sindical y las bandas fascistas que atacaban diariamente a las y los trabajadores combativos. El operativo fue desplegado por unos 4 mil efectivos de fuerzas federales, provinciales y parapoliciales para desmantelar una experiencia de organización obrera y antiburocrática que había puesto en jaque al poder patronal y sindical en la región. En la causa, conocida como El Villazo, se investigaron los secuestros, torturas y asesinatos de 57 víctimas, y se sentaron en el banquillo 17 acusados: dos exdirectivos de Acindar y quince integrantes de las fuerzas de seguridad.

El Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario absolvió a los 17 imputados por mayoría, pese a que el Ministerio Público Fiscal había solicitado prisión perpetua para los exdirectivos de la siderúrgica y penas de entre 10 y 25 años para los expolicías. Uno de los jueces votó en disidencia, considerando acreditados los delitos de lesa humanidad en al menos diez casos. La resolución deja impunes crímenes cometidos bajo el amparo del Estado y las patronales, pese al trabajo incansable de militantes, abogadas y abogados que durante meses reunieron pruebas y testimonios para exigir castigo a los genocidas.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad seguiremos acompañando la lucha para terminar con la impunidad de los crímenes del Villazo.

Escribe Guido Poletti 

Noviembre arrancó con un nuevo mazazo para el ya pulverizado bolsillo del pueblo trabajador: se viene una nueva ola de tarifazos.

El gobierno oficializó aumentos para el gas y la electricidad de aproximadamente un 3,8%. En el caso del gas, los hogares pasarán a pagar más que las empresas, algo que nunca había sucedido en la historia.

También se autorizaron incrementos en la medicina prepaga, que, a las astronómicas facturas mensuales actuales, podrán sumarle subas que rondarán entre el 2,1 y el 2,8%.

El transporte público también aumentó en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El boleto de los colectivos en territorio bonaerense subió un 4,1%, alcanzando los 572,86 pesos para el tramo mínimo. En CABA, el boleto de menor valor pasó a ser de 568,91 pesos.

Desde noviembre, el valor del pasaje en el subte pasó a costar 1.157 pesos para quienes utilicen una tarjeta SUBE registrada. Quienes usen una SUBE no registrada pagarán un valor sensiblemente mayor: 1.839,63 pesos.

También se registraron aumentos en los alquileres. Para los contratos regidos por la vieja ley, la suba será del 42,45%, prácticamente impagable.

Por si todo esto fuera poco, comenzaron nuevos incrementos en la nafta y el gasoil, que, por supuesto, a lo largo del mes repercutirán en el precio de otros productos.

Es mentira que está “domada” la inflación. Los precios siguen subiendo, y en todos los casos superan cualquier incremento de salarios y jubilaciones. Por eso sigue siendo necesario salir a pelear por un salario digno, donde nadie gane menos que el valor de la canasta familiar.

Para eso, la CGT tiene que romper su pacto con el gobierno y lanzar un nuevo paro general y un plan de lucha que empalme con la pelea contra la reforma laboral que está anunciando el oficialismo. Se puede ganar: las y los compañeros del Hospital Garrahan demuestran que, con la lucha, es posible.

Escribe Guido Poletti

Se inició un nuevo juicio por corrupción contra la expresidenta Cristina Fernández y varios de sus funcionarios. Se trata de la conocida “causa de los cuadernos”, donde se entrecruzan coimas millonarias entre grandes empresarios, secretarios y ministros de los tres gobiernos peronistas kirchneristas.

Nunca dudamos de los numerosos hechos de corrupción que rodearon a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. En su momento los denunciamos uno por uno. Basta recordar, por citar un ejemplo, toda la corrupción vinculada a la masacre de Once, denunciada sistemáticamente por nuestras compañeras y compañeros de la seccional Oeste de la Unión Ferroviaria, en especial por Rubén “Pollo” Sobrero y Mónica Schlotthauer.

En este caso, más allá de la evidente responsabilidad de los funcionarios involucrados, resulta escandaloso que la inmensa mayoría de los empresarios cómplices hayan sido liberados de cargo y culpa mediante el simple expediente de transformarse en “testigos colaboradores”. Un auténtico despropósito judicial.

Los gobiernos corruptos

No se nos escapa el oportunismo del momento elegido para iniciar este juicio. Su objetivo es desplegar un show mediático que distraiga del avance del gobierno contra el pueblo trabajador, con nuevas medidas de ajuste y el lanzamiento del ataque mayor: la reforma laboral.

El inicio del juicio, y la decisión de prolongarlo para transformarlo en un “culebrón” que dé rating a los medios de comunicación antikirchneristas, contrasta con la absoluta parálisis de las causas que involucran al presidente Javier Milei y a su hermana Karina. Tal es el caso del Cripto-gate, del que surgen novedades casi a diario desde Estados Unidos, pero que en la justicia argentina continúa cajoneado. Lo mismo ocurre con las denuncias de coimas contra Karina Milei, el famoso “3%” cobrado a costa de las personas con discapacidad.

El gobierno ultraderechista de Milei es escandalosamente corrupto. También lo fue el de Macri, con casos emblemáticos como el de Calcaterra. Y ni hablar de la larga lista de hechos de corrupción del kirchnerismo. Si seguimos hacia atrás, encontramos los históricos escándalos del menemismo (Yoma-gate, Swift-gate, tráfico de armas a Croacia y Ecuador, privatizaciones). En todos los casos se repite el mismo patrón: gobiernos coimeros por un lado, empresarios beneficiados por el otro. Todos socios y felices, a costa del pueblo trabajador.

La deuda externa

Cuando se habla de corrupción, nunca debemos olvidar el mayor monumento a la corrupción de la historia argentina: la ilegal, inmoral, ilegítima y fraudulenta deuda externa generada por la dictadura genocida de Videla y Martínez de Hoz, de la que se beneficiaron innumerables grupos económicos locales y extranjeros, como la familia Macri.

Esa deuda fue luego reconocida, pagada y multiplicada por absolutamente todos los gobiernos posteriores: Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando De la Rúa, los Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y ahora Javier Milei. Dentro de esa cadena hubo operaciones fraudulentas como el megacanje de 2001 (por la que el hoy ministro Federico Sturzenegger debería estar preso, de no haberlo salvado la Corte Suprema), o los negociados con bancos internacionales como el JP Morgan y el Deutsche Bank, donde trabajaron Luis “Toto” Caputo, Santiago Bausili y toda la actual plana mayor del equipo económico de La Libertad Avanza.

¿Cuál es la salida?

Nuestra posición siempre fue clara: todos los responsables deben ser condenados y devolver lo robado, sin excepciones, incluyendo a los empresarios beneficiados por estos negociados. Pero la conclusión más profunda es que la corrupción está estructuralmente ligada a los gobiernos patronales y a sus políticas de entrega al capital imperialista, con sus consecuencias de ajuste, endeudamiento y saqueo.

La única salida es que gobiernen quienes no tienen complicidad con este pasado: las y los trabajadores y la izquierda, poniendo en marcha un programa obrero y popular que comience por dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI, con Trump y con todos los lazos que atan al país al sometimiento político y económico del imperialismo yanqui.