Escribe Adolfo Santos

El cierre de FATE expone la alianza entre el gobierno nacional y las patronales para avanzar con despidos y precarización. Mientras la empresa incumple acuerdos firmados con el Estado, las y los trabajadores resisten y reclaman la continuidad productiva de la fábrica.

Apoyada en la política de desempleo y precarización laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, la empresa FATE insiste en su decisión de cerrar la fábrica y se niega a avanzar en una negociación con el Sutna. El miércoles 4 fracasó una nueva audiencia de conciliación y el gobierno desató una furiosa represión contra quienes se habían movilizado a la Secretaría de Trabajo.

Este caso es un emblema del momento político actual. A pesar de los roces circunstanciales entre el gobierno nacional y las patronales, ambos se unen contra las y los trabajadores. El Grupo Madanes Quintanilla, que amasó fortunas extraordinarias vendiendo neumáticos a costa del esfuerzo obrero, aprovecha la postura antiobrera del gobierno ultraderechista para avanzar con despidos y redireccionar inversiones hacia sectores más rentables. Lejos de evitar el cierre, el gobierno y sus aliados en el Congreso avalan un modelo económico que profundiza la precarización laboral y la exclusión social.

Por eso, la audiencia del miércoles 4 frente a la Secretaría de Trabajo contó con una importante presencia de organizaciones sindicales, políticas y sociales junto a los trabajadores de la empresa. Incluso la CGT y las dos CTA se vieron obligadas a participar, junto a organizaciones del sindicalismo combativo y la izquierda, para decir “no al cierre” y tratar de poner un freno a esta catástrofe social. Fue una convocatoria en unidad de acción para apoyar los reclamos por la reapertura de la fábrica, la reincorporación de los despedidos y la condena a la decisión unilateral de la empresa.
Ni la patronal ni el gobierno demostraron ningún interés en resolver el conflicto. La audiencia, que se realizó de manera virtual, duró apenas treinta minutos, sin que se alcanzara ningún acuerdo. Sin embargo, la firmeza de la lucha obligó al Ministerio de Capital Humano a multar a la empresa y prorrogar por 5 días la conciliación obligatoria que vencía este miércoles 11.

No hay dudas de que el gobierno ultraderechista acompaña la decisión del Grupo Madanes Quintanilla de cerrar la fábrica, dejando en la calle a miles de familias entre empleos directos e indirectos generados por prestadores de servicios. Además, la empresa está incumpliendo un convenio firmado en mayo de 2025, homologado por la Secretaría de Trabajo y por ARCA (ex AFIP), que la obligaba a no efectuar despidos hasta julio de 2026 a cambio de beneficios impositivos. El incumplimiento de ese acuerdo constituye una estafa al Estado, ya que la empresa rompió unilateralmente el pacto después de haber recibido esos beneficios económicos.

La lucha continúa

Las y los trabajadores de FATE no están dispuestos a bajar los brazos y continúan luchando en busca de una solución. El Sutna acaba de presentar una propuesta a todos los bloques de la Legislatura bonaerense. Convoca a aprobar un proyecto de ley que asegure la continuidad productiva de la empresa, única fabricante de neumáticos para camiones y colectivos del país, para resguardar el transporte público y de mercaderías. Desde la banca de la diputada provincial Mónica Schlotthauer, Izquierda Socialista y el bloque del FIT Unidad vamos a impulsar ese debate en la Legislatura. 
Este 9 de marzo, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro revocó la decisión de desalojar la planta, lo que constituye un golpe para la patronal. Es el fruto de la firmeza demostrada por las y los trabajadores que ocupan pacíficamente la fábrica. Además, el viernes 13 a las 16 se realizará una audiencia pública “En defensa de los trabajadores de FATE” en la sala 1 del Anexo A de la Cámara de Diputados.

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad, junto al sindicalismo combativo, continuaremos apoyando la lucha contra el cierre de FATE y los despidos. Rechazamos esta medida unilateral del Grupo Madanes Quintanilla, que deja a miles de familias sin sustento con el único objetivo de redireccionar sus inversiones para aumentar sus ganancias.

La CGT debe romper cualquier negociación con el gobierno, como las que sostuvo durante el debate de la reforma laboral esclavista para salvar sus propias cajas. Necesitamos que la central sindical, junto con los sindicatos de base, impulse un plan de lucha nacional para frenar los despidos y suspensiones, reabrir FATE y exigir un aumento general de salarios y jubilaciones.

Escribe Adolfo Santos

La complicidad del gobierno con los dueños de FATE quedó clara en la represión desatada el miércoles 4 contra quienes acompañaban la audiencia frente a la Secretaría de Trabajo, en Avenida Leandro N. Alem al 600. Con la justificación de supuestos “incidentes y enfrentamientos”, que nadie vio, la Policía de la Ciudad, apoyada por fuerzas federales, reprimió a trabajadores de FATE, dirigentes y activistas sindicales, sociales y políticos presentes en el lugar.

Fue una señal de apoyo del gobierno a la decisión de los dueños de FATE de cerrar la planta. Con equipos de combate y escudos, arremetieron golpeando con bastones y disparando gas pimienta y balas de goma contra una manifestación pacífica. Luego persiguieron a los manifestantes por varias cuadras, circulando con motos en contramano por la avenida Córdoba e incluso ingresando por la peatonal Florida, causando pánico entre transeúntes.

La persecución continuó por la Plaza San Martín hasta la Plaza Británica, mientras seguían disparando gas pimienta. Buscan disuadir a quienes resisten las medidas económicas del gobierno incluidas en el plan motosierra de Milei, los gobernadores y el FMI. Sin embargo, el gas no logra impedir que amplios sectores continúen desafiando al gobierno con movilizaciones, protestas e incluso con un paro general masivo, como ocurrió el 19F.

La diputada bonaerense Mónica Schlotthauer (Izquierda Socialista/FIT Unidad) presentó en la Legislatura un proyecto de ley para prohibir los despidos y suspensiones en la provincia de Buenos Aires, en medio de la crisis laboral agravada por la motosierra del gobierno nacional.
La iniciativa se presenta tras el cierre de 22 mil empresas en el país y miles de despidos. En territorio bonaerense, durante los últimos, años cerraron 5.800 empresas y se estiman más de 62 mil despidos, con conflictos en fábricas y servicios como SFK en Tortuguitas, FATE en San Fernando y Whirlpool en Fátima. A esto se suman luchas en Granja Tres Arroyos, Lustramax, Dr. Ahorro, Línea 148, Morvillo, Sealed Air, Ilva, Acerías Berisso y la láctea Verónica.

El proyecto plantea medidas de emergencia para frenar esta situación. En su artículo 1° establece que “se prohíben los despidos y suspensiones contra cualquier trabajador de la provincia […] sean registrados o no” y que, en caso de producirse, serán declarados nulos, obligando a la reincorporación inmediata del trabajador.
El artículo 2° dispone que toda empresa que cierre o despida pase a la órbita del Estado provincial, bajo control de sus trabajadores, para garantizar la continuidad de la producción y las fuentes laborales.
El artículo 3º plantea el reparto de las horas de trabajo entre la mano de obra disponible, con reducción de la jornada laboral y salario equivalente a la canasta familiar.
El proyecto busca frenar las arbitrariedades patronales y apoyar las luchas obreras frente a la ola de despidos y cierres de empresas que golpea a la provincia.

* Ver texto completo del Proyecto aquí

Escribe Darío Leguiza, Nodocentes en Lucha, candidato a secretario de Hacienda y Finanzas.

El próximo 12 de marzo, las y los trabajadores de la Universidad de Buenos Aires realizaremos la elección de Comisión Directiva. Se presentarán dos listas: por un lado la Lista 12 Unidad Nodocente, encabezada por el actual secretario general Luciano Cagnacci, y por el otro la opositora Lista 9 “Frente de Lucha Nodocente”, encabezada por Marcelo Bornand, delegado general de la Facultad de Ciencias Sociales.

Dos modelos de sindicalismo

Por un lado está el actual espacio de la directiva burocrática y, por el otro, el Frente de Lucha Nodocente, la Lista 9, como alternativa de oposición. Lo componen las agrupaciones Bordó (PO), Nodocentes del PTS, Nodocentes en Lucha (Izquierda Socialista e independientes), Nodo Trabajadores en Red (Exactas), Nodos de FADU en Lucha, René Salamanca e independientes de facultades e institutos como Derecho, Agronomía, Odontología, Medicina, Filosofía y Letras, Rectorado, CBC, Hospital de Clínicas, Veterinarias y el Instituto Vaccarezza, entre otros.

Este espacio se fortaleció cuando surgieron las autoconvocatorias por la defensa de la obra social para jubilados, tras la resolución del Consejo Superior que en 2022 les quitó el derecho a la permanencia. También se fortaleció con distintas acciones de visibilización, como los abrazos a los hospitales universitarios (Clínicas y Roffo) y la movilización que logró la Ley de Financiamiento Universitario, la cual estipula un aumento salarial del 51%.

Venimos denunciando el intento de un sector del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) de abandonar dicha ley en favor de un proyecto que solo contempla un magro aumento del 12,3% en tres cuotas. Ante este escenario, el Frente de Lucha saluda la iniciativa de los gremios combativos, como AGD UBA, que ya han votado medidas de fuerza para el inicio de clases.

Paramos el 16 de marzo

La bronca por la situación salarial forzó recientemente un giro en la conducción de APUBA, que convocó al paro producto del repudio generalizado por haberse negado en dos oportunidades a acompañar una medida de fuerza nacional de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales por salario. Exigimos la continuidad con un llamado a asambleas para decidir un plan de lucha.

Por un sindicato al servicio de las y los trabajadores: la campaña de la Lista 9 ha recorrido cada rincón de la universidad con un programa claro: derrotar el ajuste mediante la coordinación en asambleas interclaustros y la unidad con otros sectores en lucha, como los trabajadores de FATE.
En las próximas elecciones se ratifica el rumbo que tomará nuestro sindicato. Por eso llamamos a ratificar el voto a la alternativa combativa, democrática y de lucha.

Escribe Nicolás Núñez, Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

Después de meses de bloqueo mediático, el crecimiento de la Campaña “La ley de glaciares no se toca” logró avanzar en instalar en el debate público que la modificación que promueve el gobierno es un favor a las multinacionales mineras. Si bien el gobierno obtuvo la media sanción en el Senado, en Diputados se vio obligado a convocar una Audiencia Pública que puede terminar siendo un revés para la avanzada extractivista.

El pasado jueves 26 de febrero el gobierno logró dar media sanción a la modificación de la Ley de Glaciares en el Senado. No lo hizo gracias a los argumentos de sus representantes, quienes como Enzo Fullone de Río Negro, esgrimieron ideas del tipo de que “los glaciares son rocas congeladas a 4.000 metros de altura que no sirven para nada”. Negando el rol de valiosísima e irrecuperable fuente hídrica para casi la cuarta parte del país. Tal como pasó con la Reforma Laboral esclavista, el avance legislativo de la ultraderecha tiene como condición necesaria el acompañamiento de sectores no sólo del radicalismo, el PRO y los partidos provinciales, sino también del peronismo. Y no se trató sólo del ya habitual acompañamiento de los alfiles legislativos de los gobernadores arrodillados ante Milei y Caputo. En esta ocasión al peronismo kirchnerista se le complicó blandir el discurso de la denuncia a “los traidores”, porque entre quienes avalaron la ley pro-multinacionales mineras se encontró la amiga personal de Cristina Fernández de Kirchner, la catamarqueña Lucía Corpacci. 

Delirando, Javier Milei anunció en su ordinaria apertura de sesiones ordinarias, que de la mano de dar luz verde a las mineras se crearían un millón de puestos de trabajo. Cuando la Ley de Glaciares únicamente protege al 1% del territorio nacional, y teniendo legalizada la explotación del restante 99%, el empleo minero apenas llega al 0.16% del trabajo registrado del país, unos 10.700 puestos que se ponen en pie destruyendo otros (de producción vitivinícola, agrícola-ganadera, turística, etcétera) y que se sostienen en base de frondosos subsidios sea directo o vía gastos tributarios, lo que el Estado deja de recaudar por legislaciones extremadamente benevolentes para las multinacionales como el Código Minero de los ‘90 y ahora el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones. Éste último les asegura a las multinacionales que no se le podrán aumentar las regalías ni imponer condiciones de cuidado ambiental… ¡por 30 años! Tiempo más que suficiente para acabar con el ecosistema irrecuperable de un glaciar.

La Audiencia Pública y la Calle

En paralelo a la aprobación del Senado, la Campaña plurinacional “La Ley de Glaciares no se toca” convocó a acciones en decenas de puntos de todo el país, con epicentro en la Plaza del Congreso. Por su parte, Greenpeace hizo una intervención en las escalinatas del Congreso, que con la represión posterior a la prensa y la ridícula detención de un camarógrafo de A24, terminó también colocando el tema en los medios de comunicación. Pero sigue siendo un punto que atenta contra la movilización la negativa del “ambientalismo popular” (Jóvenes por el Clima, Consciente Colectivo, entre otros) a salir a las calles, y limitarse solo a las redes.

En ese contexto, y al parecer por no contar con los votos asegurados al 100%, el gobierno terminó aceptando convocar a una Audiencia Pública desde la Cámara de Diputados el 25 y 26 de marzo. Si la jugada era blindarse de legalidad, cumpliendo con los requisitos formales del Acuerdo de Escazú, les salió mal: subestimaron la capacidad de organización de quienes rechazamos esta iniciativa, y que en pocos días logramos inscribir más de 20.000 personas para defender la Ley de Glaciares. Ahora el gobierno tiene que optar: o avala que se realice y entonces debería durar meses; o la bloquea total o parcialmente dando un fuerte argumento para una impugnación legal.
La pelea sigue abierta, sumate a darla junto a Ambiente en Lucha e Izquierda Socialista en todo el país.